El Presidente viaja junto a más de treinta empresarios a una ceremonia religiosa que hacen mucho ruido y caen mal en la Santa Sede.

En el Vaticano hay ruido por la comitiva que armó Javier Milei para visitar al Papa Francisco, que incluye a más de 30 empresarios. El presidente se verá con el Sumo Pontífice el 12 de febrero y estará acompañado de tres ministros, de su hermana Karina y del Secretario de Culto, Francisco Sánchez, que había atacado al Papa cuando era diputado.

Pero Milei también estará acompañado de empresarios como Eduardo Eurnekian, Daniel Funes de Rioja y Alejandro Elsztain, hijo del dueño de IRSA y quien acercó a Milei a la organización judía ortodoxa Jabad Lubavitch.

En el Vaticano llama la atención que Milei se haya rodeado de empresarios para participar de una ceremonia espiritual. “Es como caer con botines a un partido de básquet”, dijeron desde Roma.

También hay malestar porque Milei eligió al Vaticano como su segunda escala luego de visitar a Israel. El presidente tiene un contrapunto extra con Francisco: quiere mudar la embajada a Jerusalén, pero el Papa rechaza esa idea, como lo hizo cuando Donald Trump propuso la misma idea que ahora pregona Milei.

El Papa define a Jerusalén como una ciudad única, “sagrada para los hebreos, cristianos y musulmanes” y prefiere mantener el “statu quo” como como capital de un estado judío y otro palestino.

“No sea cosa que ese día el Papa se levante resfriado”, advierten en el Vaticano ante el ruido que ya genera la visita de Milei.

El encuentro se dará días después de que el gobierno libertario, por medio de Sandra Pettovello, decidiera tercerizar parte de la ayuda alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera).

Fue una tocada de oreja a la Iglesia Católica, que horas antes del anuncio de la ministra de Capital Humano hizo una fuerte advertencia al gobierno nacional para que garantice la ayuda alimentaria a los comedores.

Pese al reto de la Iglesia y del acuerdo con los evangélicos, Pettovello se sumó a la comitiva de Milei en Roma.

El gobernador entrerriano criticó la decisión del Banco Central de no permitir que las provincias tomen anticipos en los bancos para abonar los salarios.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, reconoció este martes que el Gobierno nacional «se había comprometido a tener una instancia de diálogo» con los mandatarios provinciales «entre la sanción» de la ley «Bases» el viernes pasado y el debate en general del proyecto, pero confirmó que «esa convocatoria no existió» y reclamó que está «esperando eso, diálogo y consenso».

Frigerio apuntó a llegar a un «acuerdo para que (el presidente, Javier Milei) tenga las herramientas que necesita para el equilibrio fiscal», pero que esas medidas «no tienen que ser en detrimento» de las provincias, y explicó que «hay un espacio para dialogar y llegar a un acuerdo».

El mandatario provincial consideró que esas instancias de diálogo y búsqueda de consenso «hasta ahora ha sido escueta, no ha sido efectivo ni eficiente», pero recalcó que «hay espacios» para lograrlos.

Si no se aprueba la norma, el Gobierno nacional «no va a poder combatir la inflación», consideró, pero al mismo tiempo explicó que esos «instrumentos que necesita» no debe ser bajo el «desfinanciamiento de las provincias».

«Las provincias son el nivel de gobierno que tiene los bienes y servicios más sensibles como la salud y educación, y es necesario tener las herramientas para cumplir estos servicios», completó Frigerio en conferencia de prensa.

En cuanto al contenido del proyecto de ley que comenzó hoy a debatirse en particular, el gobernador entrerriano dijo que los legisladores de esa provincia «no van a votar facultades delegadas que puedan generar un impacto negativo ni nada que conspire contra la autonomía y federalismo de las provincias».

Además, apuntó a que «no todas las empresas estatales son iguales ni tienen el mismo impacto en el desarrollo de la Argentina», por lo que rechazó la privatización de YPF, Banco Nación y del Invap (Investigación Aplicada).

Sin embargo, el mandatario manifestó que otras empresas «no se sabe si contribuyen al bienestar de la gente, pero se llevan gran parte de los recursos que paga la gente para financiar, en subsidios, sus déficit enormes».

Finalmente, Frigerio criticó nuevamente la decisión del Banco Central (BCRA) de no permitir que los Gobiernos provinciales puedan tomar anticipos en los bancos para poder abonar los salarios los primeros días de cada mes y, entre otras consideraciones, pidió que «eso se rectifique».

La senadora bonaerense opinó sobre la inflación y respaldó al gobernador de la provincia de Buenos Aires en la discusión por los fondos de Coparticipación.

La senadora de Unión por la Patria, Teresa García, salió a respaldar el reclamo del gobernador Axel Kicillof por el recorte de la coparticipación y advirtió que la administración del presidente de la Nación, Javier Milei, busca “congelar la economía a costa del cierre de pymes y de que los trabajadores pierdan el trabajo”.

En este sentido, Teresa García se refirió a la pelea que viene dando el gobernador Kicillof por la compartición para el territorio bonaerense. “La batalla que da es muy responsable y la tenemos que acompañar, porque la Nación no puede desproteger a la Provincia dónde viven 17 millones de habitantes”, apuntó.

En declaraciones radiales, la titular de la bancada del oficialismo en el Senado bonaerense consideró que las medidas políticas y económicas del Gobierno nacional, se tratan de una “construcción de una fantasía con sectores peligrosos con Caputo y (Federico) Sturzenegger” a la cabeza. “Ya sabemos a dónde nos llevaron en otra oportunidad”, recordó.

En ese sentido, la legisladora bonaerense criticó las estimaciones oficiales que hablan de una inflación en torno al 25% para enero. “Es un chiste porque cuando uno va a un almacén o carnicería se da cuenta que la inflación es del 45%”, fustigó.

En rigor, de acuerdo al análisis de la senadora García, la baja del índice de precios al consumidor responde a la pérdida del poder adquisitivo. “Cuando la gente no tiene plata en el bolsillo, no puede comprar, entonces algún punto de la inflación va a bajar a costa del enfriamiento de la economía”, explicó.

Ayer, el gobernador Kicillof publicó un mensaje en X en el que se quejó por la coparticipación, reclamó más fondos para la provincia de Buenos Aires y criticó el ajuste de Milei. “Ajustar a las provincias no es atacar a ‘la casta’, es fundir a los argentinos”, aseguró

“Lo que resulta inviable es este sistema arbitrario de coparticipación de impuestos”, dijo Kicillof y agregó: “Las provincias necesitan de un Estado Nacional que reconozca los acuerdos federales y las normas vigentes”.

Los usuarios de altos ingresos sufrirán un importante aumento en las boletas por su servicio eléctrico.

Este lunes, la Secretaría de Energía, mediante una Resolución publicada en el Boletín Oficial, estableció el aumento de las tarifas de luz a partir de febrero, para los usuarios de nivel N1, de mayores ingresos, “hasta tanto se ponga en vigencia el nuevo sistema de subsidios que considerará la capacidad de pago de cada consumidor”.

Según se detalla en la medida, el Gobierno definió que, una vez que se oficialice la Canasta Básica Energética, entrará en vigencia un nuevo sistema de subsidios a las tarifas de luz, por lo que, “para evitar impactos bruscos en los costos del servicio”, los usuarios de niveles medio y bajo no verán cambios en sus facturas hasta entonces.

De esta manera, la Secretaría de Energía fijó un aumento en el precio estacional de la energía entre febrero y abril del 110% aproximadamente, de manera que, se verá reflejado con un 50% de incrementos en las facturas de los usuarios de ingresos altos.

A su vez, la medida del Gobierno fijó un aumento de cinco veces para los Precios de Referencia de la Potencia, lo que se verá trasladado a las boletas dentro de dos meses, así como también estableció subas en el precio del transporte.

Cabe mencionar que, el aumento final de las tarifas de luz, reflejado en las boletas de los usuarios, se conocerá una vez que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) tome los valores y los oficialice, por lo que se calcula que tendrán un impacto del 350% en marzo.

De esta forma, la iniciativa de la Secretaría de Energía sobre las tarifas de luz, alcanzará a unos 3,3 millones de usuarios de nivel 1, entre los que se encuentran los hogares de altos ingresos, pequeños comercios e industrias, que pasarán a pagar de $21 a $46 kW/h por precio estacional.

Publicado en el Boletín Oficial, lleva la firma del Presidente del ministro del Interior.

El Gobierno nacional oficializó la intervención de los medios de comunicación públicos por el plazo de un año y designó a los funcionarios que estarán a cargo.

Quien fuera administrador del Grupo América por casi 20 años, Diego Martín Chaher, junto a Diego Sebastián Marías, quien se desempeñara como legislador del Pro y también fuera miembro del Consejo de la Magistratura, serán los interventores adjuntos que ha designado el ejecutivo, y que estarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, al comando de Nicolás Posse.

A pesar de que el plazo de intervención es por 12 meses, la normativa destaca que dicho período podrá “ser prorrogado por única vez” por la Jefatura de Gabinete de Ministros, comandada por Nicolás Posse.

En los considerandos del decreto, el Gobierno precisa que “a los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público, resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas” y que “a los efectos de llevar a cabo una transformación en los medios públicos resulta menester disponer la intervención de las mencionadas sociedades con el fin de definir su conducción y contribuir a optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones que cumplen”.

Además, el decreto habilita al Interventor Diego Chaher y el Interventor Adjunto Diego Marías a tomar las siguiente acciones:

Elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto aconsideración del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y/o aprobar uno nuevo.

Evaluar, modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias y/o aprobar uno nuevo.

Modificar el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo y/o aprobar uno nuevo.

Modificar la denominación de los organismos, previa conformidad del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva.

Revisar la administración de compras y contrataciones.

Disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado de los mismos.

Presentar la rendición de cuentas.

Operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas.

Designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas.

Así lo registró un relevamiento realizado por la CAME.

El mes pasado marcó una baja de 28,5% interanual, según la medición a precios constantes de CAME, y en términos intermensuales desestacionalizado, se registró un descenso de 6,4%, impulsado por “un mal desempeño en el sector comercial, marcado por escasas transacciones y una baja afluencia de público en los locales”, de acuerdo a la entidad empresaria.

Los resultados surgen del Índice de Ventas Minoristas Pymes de CAME, elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.256 comercios minoristas del país, realizado del 1 y 2 de febrero de 2024, precisó la entidad en un comunicado difundido hoy.

Desde CAME destacaron que “a pesar de este escenario desafiante, el sector textil emergió como la excepción, logrando un aumento del 0,9% en comparación con enero del año anterior (en aquella ocasión había registrado una baja del 14,4%)” y atribuyeron ese incremento a la combinación de ofertas atractivas y a las compras realizadas en gran cantidad por turistas internacionales que recorrieron las ciudades argentinas.

En términos generales, los comercios consultados por este medio, coinciden en que enero fue un mes perdido. Debido en su mayoría a la incertidumbre económica y al abusivo aumento de los precios, que no fue a la par del aumento salarial. Para el consumidor promedio, todo resultó costoso, y esto hizo que la gente comparara lo justo y necesario, priorizando las necesidades más urgentes para cuidar sus ingresos.

Por sectores, seis de los siete rubros relevados en diciembre registraron caídas interanuales en sus ventas, en donde la mayor retracción anual se detectó en Farmacias (-45,8% i.a.), seguido por Alimentos y Bebidas (-37,1% i.a) y el único sector en alza fue Textil e Indumentaria (+0,9% i.a.).

“Enero en La plata es un mes muy bajo en ventas, porque la ciudad queda vacía y sumado a esta crisis, se ha notado mucho la merma, la gente compra muy poco, hoy comer es un lujo, no se puede pensar en ahorrar, en irse de vacaciones, en comprarse ropa, la gente lo único que puede hacer es ver cómo llega a fin de mes. Nosotros no queremos subir los precios por subirlos, porque nos perjudica, pero no nos queda otra. Todos los días los proveedores nos mandan listas actualizadas y si no aumentamos, perdemos. Estamos entre la espada y la pared.”, nos comentaba Carlos, kiosquero del centro platense.

El gremio de ferroportuarios se movilizó a la sede central del organismo para exigir la reincorporación de todos los cesanteados.

El gobierno despidió sin causa a unos 60 profesionales en la Administración General de Puertos (AGP). La mayoría de ellos en condición de planta y con más de 10 de años de antigüedad. Protesta del gremio que nuclea a los ferroportuarios.

Sorpresivamente y sin causa aparente, el Gobierno Nacional despidió hoy a unos 60 trabajadores que cumplían tareas en la Administración General de Puertos (AGP).

Se trata de un universo heterogéneo de empleados, la mayoría de planta y con más de 10 años de antigüedad que se anoticiaron del despido al momento de querer ingresar a cumplir sus tareas cotidianas. «Quisieron ingresar para trabajar y personal de prefectura y de seguridad privada les impidió el acceso».

«No hay ningún patrón ni ningún motivo aparente que guíe los despidos», explicaron desde el gremio de ferroportuarios, el que los representa.

Se cree que la única finalidad es reducir la planta de personal aunque la AGP es un organismo que tiene financiamiento propio y que incluso tiene superávit.

El gremio de ferroportuarios nacional APDFA, que lidera Adrián Silva, encaró hoy mismo una movilización de protesta a la sede central del organismo, en Puerto Madero. Pidió la reincorporación de todos los cesanteados.

También la seccional local de APDFA, que no está alineada con la conducción nacional, repudió las cesantías y pidió la reincorporación de todos los despedidos.

Por la movilización las autoridades se comprometieron a tener un encuentro. Será el próximo viernes a las 11 horas.

El oficialismo consiguió apoyo de bloques opositores dialoguistas para pasar a un cuarto intermedio hasta hoy a las 12. Quedan 140 oradores para votar en general y persisten las diferencias en varios temas.

La Cámara de Diputados continuará este jueves a las 12 el debate del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” impulsada por el Gobierno nacional, luego que en la noche del miércoles, pasadas las 21.30, se dispusiera un cuarto intermedio en medio de acusaciones cruzadas entre los legisladores del oficialismo y Unión por la Patria (UxP), que denunciaron desconocer los cambios del dictamen puesto a discusión, y en el contexto de estos debates, se registraron en inmediaciones del Congreso incidentes entre efectivos de las fuerzas de seguridad y militantes de izquierda.

En tanto, el oficialismo espera que el dictamen de mayoría aprobado en un plenario de comisiones de la Cámara baja se apruebe este jueves en general y el viernes en particular, según indicaron fuentes parlamentarias.

En el debate de la iniciativa que establece la emergencia pública, una reforma del Estado y la privatización de empresas públicas, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que “en base a las conversaciones en Labor Parlamentaria se invita a pasar un cuarto intermedio”, ante lo cual el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, remarcó que la medida tenía que ser votada, y el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, presentó una moción de orden en ese sentido.

“El oficialismo pasó de querer aprobar la ley ómnibus en un día, a pedir un cuarto intermedio de 14 horas. El motivo es claro: siguen metiendo mano en el texto a votar porque no tienen la mayoría necesaria para aprobar las facultades delegadas y las privatizaciones”, denunció Martínez, quien aseguró no disponer del texto definitivo que se está tratando.

En tanto, el liberal José Luis Espert le replicó que “todos los que dicen que no hay dictamen, mienten”.

“El dictamen está a disposición desde el viernes 26 y desde hoy -por ayer- está impreso en cada banca. Me parece bien el cuarto intermedio porque es una ley muy importante y a las 4 de la mañana, cuando sesionamos no hay nadie viéndola. Esta votación la tienen que ver todos”, remarcó el legislador.

La sesión se reanudará este jueves para agotar la lista de oradores y proceder a votar en general a la noche, para lo cual el oficialismo tenía garantizado unos 140 votos que serán aportados por la Libertad Avanza (LLA), UCR, Hacemos Coalición Federal, PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Buenos Aires, Creo, Avanza la Libertad, y Unidad Mendocina.

El gobernador bonaerense aseguró que la potencia productiva no debe ser interrumpida por las iniciativas emanadas desde el Gobierno nacional.

El mandatario bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que la provincia de Buenos Aires “tiene una potencia productiva inmensa y no tiene que ser interrumpida por las políticas implementadas por el Gobierno nacional” y afirmó que con su gestión va a “defender a los empresarios, a los trabajadores y a todos los que crean en el desarrollo” del distrito que gobierna.

“La provincia de Buenos Aires es sinónimo de producción y particularmente de industria”, indicó durante el encuentro desarrollado en la Gobernación bonaerense junto a miembros de su gabinete.

En esa línea, destacó que el territorio bonaerense es el que “mayor peso tiene en la participación, en la cantidad de establecimientos, en la variedad de ramas industriales y en el volumen de los trabajadores y trabajadoras; y ante una situación como la que estamos viviendo, era imperioso reunirnos”.

Y apuntó: “Lo que estamos viendo no es otra cosa que un plan de ajuste ortodoxo, convencional y clásico, como se hizo, en mayor o menor medida, en otras experiencias históricas”.

“Los ajustados son los trabajadores, los pequeños productores, los cooperativistas, los vulnerables, la Cultura, la Ciencia y la Universidad; y las consecuencias recaen sobre la producción, la demanda, la baja del consumo y el poder adquisitivo”, agregó.

El gobernador se comprometi a trabajar para aquellos empresarios y productores que contribuyan al desarrollo Foto Prensa GPBA
El gobernador se comprometió a trabajar para aquellos empresarios y productores que contribuyan al desarrollo / Foto: Prensa GPBA.

“Nuestra provincia tiene una potencia productiva inmensa y no tiene que ser interrumpida por estas políticas”, planteó el gobernador y agregó que desde su lugar va a “defender a los empresarios, a los trabajadores y a todos los que crean en el desarrollo de la provincia de Buenos Aires”.

Durante el encuentro también tomó la palabra el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, quien consideró que ante “un momento muy particular tenemos que generar condiciones para que haya crecimiento productivo a lo largo y ancho de la Provincia y eso requiere, como siempre, de un Estado presente”.

“Cuando se apuntala la producción y el trabajo, la economía crece y se generan mejores condiciones de vida. Necesitamos de un empresariado comprometido”, indicó.

Nuestra provincia tiene una potencia productiva inmensa y no tiene que ser interrumpida por las políticas que está implementando el Gobierno nacional.

De la reunión participaron además los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la subsecretaria de Industrias, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y la presidenta del Fondo de Garantías de Buenos Aires, Verónica Wejchenberg.

Además estuvieron referentes de la Confederación General Empresaria (CGERA), Marcelo Fernández; de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato; de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Daniel Cámpora; del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira; del Movimiento Productivo 25 de Mayo, Juan Ciolli; de la Mesa Empresaria de San Martín, Norberto Fedele; de Industriales de la Provincia de Buenos Aires y la Unión Industrial de General Rodríguez (UIGER), Juan Fera; así como también representantes de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino.

Para la entidad, la situación económica pone en riesgo la continuidad de las 1.400 empresas que la integran, así como los puestos de trabajo.

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) convocó a su Consejo Federal para definir líneas de acción, “ante la delicada situación que atraviesa el sector de la construcción en el país”.

El encuentro se realizará este jueves 1 de febrero y tiene como objetivo “abrir un espacio de diálogo y acción conjunta entre los actores del sector, en busca de estrategias que permitan superar esta drástica situación y reactivar la obra pública en Argentina”, señalaron desde la Cámara.

La convocatoria se realiza en el marco de lo que consideran “una parálisis generalizada de la obra pública, con cerca de 3.500 proyectos inconclusos en todo el país, que ponen en riesgo la actividad de las 1.400 empresas asociadas en Camarco que dan empleo a más de 500 mil trabajadores”.

Desde la entidad subrayan que el sector tiene un “efecto multiplicador” sobre el empleo y la actividad económica general de más de 140 sectores productivos, de gran relevancia en todo el territorio nacional. El Consejo Federal es el órgano superior de la Camarco, donde están representadas más de 1.400 empresas socias y las delegaciones de todo el país.

Durante el encuentro, convocado de manera extraordinaria “por la gravedad de la situación”, los consejeros expondrán los problemas que afectan al sector, “como la parálisis de la obra pública, el retraso de los pagos, el impacto de la elevada inflación y las altas tasas interés”, indicó la entidad en un comunicado.

Según la Camarco, “se trata de una ecuación que pone en riesgo la continuidad de muchas empresas, con la pérdida no sólo de capital sino también de los conocimientos productivos que ello implica, y el consecuente impacto sobre el empleo. Un sinnúmero de empresas asociadas se encuentra en una situación límite que requiere definiciones de manera urgente, ya que el quiebre de la cadena de pagos pone a las compañías al borde de la desaparición en cuestión de semanas”.

El presidente de la entidad, Gustavo Weiss, señaló pocos días atrás a NA que “una crisis como esta es inédita. Hemos pasado períodos de paralización pero esta crisis nos impacta con muchas obras en ejecución, con empresas con mucha carga, mucha deuda. En 2001 las empresas tenían pocos contratos, entonces se pudo capear”.

Weiss aceptó que el problema es de difícil solución. “Si estuviese la plata sería fácil. Pero hay que ver si la solución alcanza para un 10% de las obras en ejecución o a un 70%. Ya sabemos que para el 100% no va a estar. Pero sí sabemos que la solución no está en el corto plazo. Sin ninguna duda las obras van a seguir paradas en el largo plazo”, dijo en una entrevista exclusiva con Noticias Argentinas.

El dirigente empresarial adelantó que “va a haber un sin número de convocatorias empresarias porque había mucho trabajo y las empresas se endeudaron en los bancos para seguir trabajando. Hoy muchas de las empresas tienen deuda bancaria que corre al 130%, con proveedores, con la AFIP”.