El panorama electoral en Merlo parece ser el más complejo de los últimos años. Con un Raúl Othacehé que corre el riesgo de quedar atado al estancamiento de Sergio Massa y un candidato de las entrañas del sciolismo que se presenta con optimismo y en crecimiento, el final de la película todavía es una incógnita.

Desde el sector de Gustavo Menendez se muestran muy confiados en su performance en los futuros comicios y se entusiasman con el crecimiento de la imagen positiva que el gobernador de Bueno Aires en esas tierras del oeste bonaerense.

Pero como en todo el conurbano, los pingos se ven en la cancha y para eso hay que defender voto a voto en cada una de las escuelas del distrito. Por ello desde Grande Merlo ya lanzaron una campaña para capacitar fiscales que puedan sostener esa tarea.

En las últimas horas desde el bunker naranja capacitaron a los primeros 800 militantes de distintas extracciones que fiscalizarán el acto eleccionario.

En el distrito se posan no sólo las miradas de los merlenses, sino de gran parte del arco de la política bonaerense. Se trata del municipio con más electores de la primera sección electoral, por lo que de su destino depende gran parte del futuro político de ese conglomerado en el que el massismo espera sus mejores resultados.

Se viven días convulsionados en San Isidro. A la falta de encuadre electoral de su jefe comunal, se le agrega la fuerte polémica que se desató en la localidad luego de que trascendiera que Gustavo Posse, habría donado dos móviles de patrulla a Coronel Pringles.

Vale recordar que el jefe comunal pringlense, Carlos Oreste, fue el primer intendente en saltar desde el massismo al “Espacio Abierto”, la corriente comandada por el alcalde de San Isidro y que hoy no terminar de encontrar un encuadre más amplio.

En este marco, concejales de la oposición hicieron una denuncia sobre el tema y realizaron un pedido de informes al titular del ejecutivo local.

Según manifestaron, se trata de dos Volkswagen Gol que están “totalmente blindadas por el Municipio de San Isidro", y se entregaron por Gustavo Posse a Carlos Oreste, para que sea utilizados por el distrito que este último gobierna.

Además, los opositores sostienen que este hecho “no fue ni siquiera informado en el Boletín Oficial del municipio”, sino que tomaron conocimiento de esto a través de la información publicada en el diario El Orden de Pringles.

Según señala ese matutino, el propio Oreste indicó: “quiero agradecer a mi amigo personal, el Intendente de San Isidro doctor Gustavo Posse, su presencia en la ciudad para firmar este importante convenio, para de ésta manera colaborar con el Municipio de Pringles en seguridad, dado que San Isidro es un modelo no solo para nosotros sino para todos los municipios de la provincia de Buenos Aires”.

“Que nos entreguen estos vehículos, que van a servir para complementar lo que ya tenemos, y poder copiar el modelo de seguridad de San Isidro, es realmente muy importante para nosotros, dado que nuestra patrulla urbana ahora va a incorporar estos dos Volkswagen Gol 1.6 totalmente blindados que van a permitir a nuestros empleados trabajar en mejores condiciones de seguridad, y además que la policía nos quiera acompañar. Las unidades cuentan con los requerimientos que exige la ley”, publicó al respecto el diario pringlense.

Las sesiones legislativas del concejo deliberante de Malvinas Argentinas iniciarán recién este viernes 24 de abril, con casi un mes de retraso.

De esta manera el cuerpo parlamentario del distrito acumula casi cinco meses sin sesiones.

Desde la oposición política hablan de “falta de respeto a la democracia”. La demora tiene que ver con la decisión del intendente Jesús Cariglino de postergar el inicio de sesiones.

El acto que se celebrará este viernes, según la Ley Orgánica de las Municipalidades, debió llevarse a cabo el 1º de Abril.

Desde la oposición salieron a achacarle a Cariglino, que además quiere ser Gobernador, una “falta de respeto por la democracia” y a “los vecinos” del distrito. “Creemos que la tardanza se debió a una decisión política pero que llevó a una falta importante porque no se pudo sesionar casi durante todo este mes”, afirmó la concejal Mariana Zuccarini.

Zuccarini, junto al resto del espectro K, narró que se enteraron sobre la fecha pautada para el inicio de las sesiones a través de un periódico local, y que luego llegó la notificación de la Presidencia. “Esto también es una falta de respeto a los vecinos porque en este tiempo se pudieron haber llevado varios debates”, cuestionaron.

“Ya pasaron casi cinco meses en el que HCD no funciona y esto atenta contra la democracia”, observaron. Por último, de cara al nuevo período de ordinarias, se mostraron expectantes: “El municipio hace lo que cree y no lo que necesita el barrio; ojala, aprueben nuestros proyectos porque lo que hacemos no es un capricho sino una necesidad del vecino”.

"Va a tener 60 empresas localizadas, generará 1.500 empleos y un centro de formación" aseguró, en declaraciones a la prensa, el ministro de Ciencia, Producción y Tecnología.

Pero además manifestó que el parque industrial, que tiene una inversión superior a los 10 millones de pesos, "será un espacio para reclutar gente y capacitar a la vez” y consideró que ello va a permitir al sector empresarial privado, en un hecho de confianza con la Provincia, impulsar un nuevo emprendimiento en la localidad de Pilar”.

Asegurando que la prioridad será otorgar espacio a las pequeñas y medianas empresas, precisó que “las Pymes son las que concentran el 70% y 80% del empleo de la Argentina, son sectores, que como en la economías desarrolladas, son una base importantísima en materia económica y aquí en la Provincia ha habido una decisión del gobernador Daniel Scioli de impulsar el apoyo financiero a las mismas".

“La gente cuando recibe un microcrédito, le da confianza, sabe que le cambia la vida. Tratamos de apoyar y ver cómo podemos generar el eje del desarrollo”, agregó y remarcó que “los parques industriales se han triplicado a lo largo de la gestión, en su mayoría en el interior, eso habla de un desarrollo federal, mirando hacia adentro”.

Sostuvo que “lo estamos haciendo también con la fundación DAR y los equipos técnicos a través de 35 cadenas de valor nacionales para generar un esquema de desarrollo”.

Juan Zabaleta y Diego Bossio inauguraron el edificio de UDAI y anunciaron que la apertura de otra oficina de atención al público en la localidad de William Morris, en el partido bonaerense de Hurlingham.

Luego de cortar la cinta inaugural, Zabaleta remarcó: "Desde el 2005 viví una etapa maravillosa en la ANSES, cuando (el ex presidente) Néstor Kirchner decidió trabajar en el plan que incluyó a 3 millones de nuevos jubilados".

"En Hurlingham hay 28 mil nuevos jubilados, cuando antes sólo había 1.000, en tanto que 7 mil son titulares de la tarjeta ARGENTA", precisó el concejal.

Elogió a Bossio al señalar que "este organismo hoy tiene a un director que camina, gestiona y resuelve, por eso le agradezco a Diego la posibilidad de que Hurlingham tenga un nuevo edificio para atender a nuestro abuelos y abuelas".

Y agregó: "Seguramente a Diego (Bossio) le esperan nuevos desafíos en la política que los asumirá con responsabilidad como todo el trabajo que realiza en la ANSES, así como a nosotros nos tocará asumir con responsabilidad la posibilidad de seguir transformando Hurlingham".

Por su parte, Bossio dijo que "este es un acto (por la tarea que viene realizando ANSES) de reparación para miles y miles de argentinos. No nos olvidemos que la Argentina pasó por momentos

difíciles como tener el 25 por ciento de desempleo, empresas fundidas, colas en las embajadas de Italia y España".

"Pero gracias primero a Néstor (Kirchner) y ahora a la Presidenta Cristina (Fernández de Kirchner) se están sanando esas heridas", añadió el titular de Anses.

Bossio sigue buscando apoyos clave en los territorios. Por ello se reunió con la Federación Argentina de Municipios y desembarca en cada localidad que le pueda garantizar un respaldo que podría ser definitorio en las próximas PASO.

Se trata de un asentamiento ubicado en Beccar, a cuyos habitantes el intendente que arribó recientemente al PRO, Gustavo Posse, le ofreció un subsidio de 350.000 pesos con el fin de que se radiquen "en otras provincias o municipios".

Ante esta situación, la diputada del Frente para la Victoria María del Carmen Pan Rivas presentó un proyecto de expropiación con el objeto de adjudicarles las tierras a sus actuales ocupantes con el cargo de la construcción de vivienda propia.

Esa iniciativa obtuvo media sanción en diciembre de 2014 en la Cámara de Diputados bonaerense y anoche fue convertida en ley en el Senado.

Al respecto, el subsecretario de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Gobierno provincial, Francisco Cafiero, celebró la sanción de la ley y afirmó que "hoy los vecinos cuentan con seguridad jurídica y legal, y nadie los puede echar del barrio donde viven en familia y realizaron sus actividades por más de 30 años".

Manifestó que “se demostró que el derecho, la historia y la pertenencia de los vecinos del barrio Uspallata a San Isidro, valen más que la millonaria especulación inmobiliaria que pretende realizar el Municipio. Posse debe aceptar la ley".

En octubre pasado, a través de un proyecto de ordenanza enviado al Concejo Deliberante, Posse planteó que se abonaría un subsidio de 350.000 pesos a los vecinos "para la compra o construcción de la solución habitacional elegida por cada familia, en otros municipios o provincias".

En el texto se aclaró que sólo "ante casos excepcionales y si las circunstancias lo ameritan" los vecinos podrían comprar o construir inmuebles "ubicados en San Isidro".

"Concluido el plan y erradicadas las viviendas y sus pobladores, el Ejecutivo procederá a la venta del predio, (ubicado en Iberlucea y Padre Acevedo de la ciudad de Béccar), mediante los procedimientos previstos por las leyes que lo rijan", agregó.

Por entonces, la propuesta generó el rechazo del Defensor del Pueblo de la Provincia, Carlos Bonicatto; de concejales kirchneristas del distrito y por referentes provinciales del oficialismo al considerarla "discriminatoria".

La vicejefa de gobierno porteño y precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por el PRO, María Eugenia Vidal, visitó la localidad bonaerense de Lújan. En el marco de sus recorridas de campaña, Vidal estuvo en el territorio gobernado por el vecinalista radical Oscar Luciani, aunque no se mostraron juntos.

Durante la visita, la macrista tomó nota de los reclamos de los vecinos de la organización “Juntos por Luján”, con los que se juntó en el Club Santa Elena, y de los comerciantes de la zona de embarcadero que pueden resumirse en tres grandes problemáticas: “Inundaciones. Obras hidráulicas. Planificación”.

“Hoy los vecinos nos pidieron obras hidráulicas. Se sienten abandonados y quieren planificación, que este tema sea política de estado”, señaló Vidal y acusó a las jerarquías más altas del gobierno bonaerense por la seguidilla de inundaciones que azotaron la zona desde 2012 a la fecha como consecuencia de los desbordes del río Luján y que afectaron a los barrios más carenciados.

“Nosotros nos pusimos a trabajar en este problema en la ciudad y los resultados son notorios. Como lo hicimos ahí lo podemos llevar adelante a partir de diciembre en la provincia de Buenos Aires”, prometió la candidata PRO y recordó las obras del Maldonado, el Vega y los reservorios que se están realizando en la Capital Federal.

Respecto de esos trabajos, Vidal señaló que “son obras que son caras, que son a largo plazo y que quizá no son tan visibles pero para los que viven en esas zonas son muy importantes: le cambian la vida a la gente”.

Vale mencionar que durante la caminata a Lujan, la funcionaria PRO no fue secundada por ningún referente local del radicalismo -Luciani llegó a la intendencia de la mano de una alianza entre radicales y vecinalistas- ni de la Coalición Cívica-ARI, fuerzas con las que competirán en las internas de agosto.

Todavía se lee en las calles de Morón “Marina es + amor para Morón” en los carteles por los cuales la ex diputada nacional duhaldista, Marina Cassese, lanzó su propia precandidatura a la intendencia hace apenas unos días. Ahora cuenta con una ayudita, con el apoyo de la “adolfista” Mesa Peronista de Morón (Me.Pe.Mo.).

Ambos espacios formaron el Frente de Unidad por Morón (FUM), que buscará disputar la intendencia con la candidatura de Cassese. La Mesa del FUM acordó participar en las PASO apoyando la candidatura a la intendencia de la ex diputada nacional Marina Cassese, destacando su trayectoria “exitosa” al frente de la Secretaría de Economía de los municipios de Morón y de Merlo.

La mesa de conducción del Me.Pe.Mo. es presidida por el dirigente de Compromiso Federal Mauro Avila, y los seguidores de Rodríguez Saá -en tanto- aportan un “nutrido” equipo de jóvenes y profesionales con experiencia electoral.

Recordemos que el Frente Renovador ya cuenta con la candidatura del massista Martín Marinucci. La decisión de Cassese se le suma la iniciativa de pelear por la candidatura en las primarias de Jorge Laviuzza, hombre de Darío Giustozzi; Domingo Bruno, referente local de Luis Barrionuevo; y Vanesa Sosa, la elegida de Jesús Cariglino, sin contar la deserción del macrista Ramiro Tagliaferro, que abandonó el Frente Renovador para competir por el PRO.

“Nena, por qué no te dejás de joder con Acuña. ¿Vos querés ser boleta?” fue la expresión de la voz del otro lado del teléfono de Silvana Varela, a las 22.11 horas del domingo 8 de abril.

Silvana Varela inició, en 2012 una investigación, junto a Gonzalo Ucha, en la que se sospechaba de una firma vinculada al intendente de Hurlingham, Luis Acuña, y su familia. Esa firma es FASIEM SRL, y según consta en la investigación, sería una empresa creada a los fines de comprar inmuebles y automotores en el exterior.

Según consta en el Boletín Oficial, FASIEM S.R.L fue constituida el 15 de diciembre de 2005 y está conformada por María Azucena Echosor, diputada nacional por el Frente Renovador y esposa del jefe comunal; y los hijos del matrimonio: Fabrizzio Acuña, socio-gerente de la empresa y concejal de Hurlingham; Emiliano Acuña, edil en uso de licencia, trabajando para su madre en la Cámara de Diputados de la Nación; y Silvina Acuña, también empleada de Echosor.

En su momento Varela expresaba que “Se notaba que era una empresa que no tenía actividad real. Había muchas compras y pocas ventas”.

Fue en abril de 2014 cuando la investigación salió a la luz, tras el pedido de informes al Registro de la Propiedad de la Provincia, en el que se detectó que la empresa familiar escondía propiedades inmobiliarias y automotores en nuestro país, en Brasil y en Uruguay.

“Una vez que analizamos y chequeamos los vínculos de los inmuebles con los Acuña, publicamos la información en abril de 2014”, señaló.

A la par, el abogado Jorge Cancio, quien también actúa como defensor de familiares de las víctimas de mala praxis en Malvinas Argentinas, elevó la investigación a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), por considerar que podría estarse ante la presencia de delitos tributarios y lavado de dinero.

Tras algunos meses, la PROCELAC no sólo corroboró la existencia de los bienes, sino que agregó otras propiedades que los integrantes de la familia poseían de manera individual.

Al mismo tiempo, impulsó una denuncia penal federal contra los Acuña que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de Morón, a cargo del juez Juan Pablo Salas, y en la Fiscalía de Sebastián Basso. Fue Salas quien, la semana pasada libró un exhorto a Brasil y Uruguay para que brinden información sobre las supuestas propiedades (se calcula que son 9, además de autos y camionetas) de los Acuña en esos países.

De la denuncia formulada se desprendió que existían motivos suficientes para cuestionar la real capacidad comercial de la firma FASIEM S.R.L, ya que su capacidad económica no se condecía con la actividad comercial real para adquirir la cantidad de bienes que tenía registrados a su nombre.

Sobre la amenaza y las dificultades que vive a diario, la periodista expresó: “El miércoles a última hora publicamos la nota sobre mi testimonial en nuestro sitio web. Sin embargo, a las pocas horas el servidor que sostiene la página fue hackeado. Prácticamente estuvimos 24 horas fuera de línea”, denunció Varela.

Esteban Vallarino, del Partido Socialista (PS), Gabriel Jara (GEN) y Nahuel Segovia y Andrea Vanuffelen de Libres del Sur solicitaron informes por los incumplimientos a la Ley 14.050, mas conocida como Ley de Nocturnidad o “Ley Scioli”, tras los hechos que acabaron con la vida de Diego Aljanati, un menor de 13 años atropellado por la Policía luego de corridas provocadas por los patovicas del boliche.

El 28 de marzo de 2015, en las inmediaciones del boliche Club Leloir / Enjoy, Diego Aljanati (de 13 años de edad) fue atropellado por una camioneta de la Policía Bonaerense a cargo del Comando de Prevención Comunitaria de Ituzaingó.

Los violentos episodios que provocaran el fallecimiento de Diego, ocurrieron al finalizar la matiné a la que había asistido, cuando en una persecución coordinada por los patovicas de Club Leloir y el patrullero policial ubicado habitualmente en el frente del local, intentaron despejar la puerta para preparar el ingreso de los mayores al siguiente turno de la trasnoche.

Luego de varias corridas y golpes, numerosos grupos de jóvenes fueron desplazados hacia las calles interiores del barrio y a unos 300 metros del boliche el patrullero policial circulando en exceso de velocidad (por una calle de tierra a más de 50 km/hr) embistió a Diego sobre la calle Los Cardales a escasos metros de la Colectora de la Autopista del Oeste.

Los ediles salieron a denunciar el hecho y a exigir controles y cumplimiento de la Ley, mediante un comunicado en el que expresaban: "Este trágico hecho desnuda varios incumplimientos legales, entre los que resaltan las violaciones a la Ley 14.050 que prohíbe la asistencia a locales bailables de menores de 14 años, fija el horario de cierre de la matiné a las 23 horas y obliga a fijar cámaras de vigilancia en las entradas".

El Concejal Esteban Vallarino (PS), manifestó al respecto: “los patovicas actuaron en la vía pública como si fueran los dueños de la calle, cuando eso está terminantemente prohibido. Lo más grave, es que lo hicieron dándole órdenes a la Policía y dirigiendo un operativo de represión para “limpiar” la puerta y proteger los intereses comerciales del boliche, lo que terminó muy mal”.

Apuntándole a la gestión de Alberto Descalzo, Vallarino aseguró que: “Los controles del Municipio han fallado y al mismo tiempo el accionar policial agravó las cosas, lo que provocó la muerte de Diego. La Ley Scioli establece en forma patente en su art. 11 la clausura definitiva cuando se detecten la asistencia de menores de 14 años a los boliches. Es necesario que cumplan con la Ley y se clausure Club Leloir en forma urgente y definitiva.”

“Es necesario que el estado asuma la protección de los niños, niñas y adolescentes evitando los abusos de patovicas y policías que solo están preocupados por los intereses comerciales de empresarios amigos del poder que violan la Ley sin ningún problema” concluyó.