El gobierno de Javier Milei ha decidido obedecer las órdenes del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, presidido por la jueza Loretta Preska, y entregar información clave sobre las reservas de oro del Banco Central y otros activos soberanos y estartegicos de Argentina.

La administración de Javier Milei ha decidido cumplir con las ordenanzas dispuestas por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, presidido por la jueza Loretta Preska, al entregar información estratégica sobre las reservas de oro del Banco Central y otros activos soberanos de Argentina. Esta medida, que surge en el marco del juicio por la expropiación de YPF por el cual el país recuperó un activo estratégico de la economía que le permitió entre otras cosas impulsar el desarrollo de la formación Vaca Muerta siendo actualmente uno de los principales inversores en la cuenca neuquina.

Esta ordenanza de la justicia yanqui y la subordinación del gobierno libertario marcan una preocupante claudicación frente a los intereses extranjeros, particularmente de Estados Unidos, poniendo en peligro la soberanía y la seguridad nacional.

En el conflicto legal, el fondo buitre Burford Capital busca una indemnización de 16.100 millones de dólares por la nacionalización de YPF en 2012. Ahora, el gobierno argentino deberá revelar detalles sensibles, incluyendo:

• Ubicación de las reservas de oro del Banco Central, comprometiendo información clave de la seguridad financiera del país.
• Cuentas soberanas, incluyendo aquellas de embajadas y diplomáticos, exponiendo activos que deberían estar protegidos por el principio de inmunidad soberana.
• Bienes potencialmente embargables, lo que abre la puerta a un saqueo de recursos nacionales.

La jueza Preska dejó en claro que Argentina debe entregar toda la documentación requerida, sin importar su ubicación o custodia. Esta decisión, aceptada por el gobierno de Milei, evidencia una sumisión ante los dictados extranjeros, relegando los intereses nacionales a un segundo plano.

Implicaciones alarmantes

1. Riesgo de pérdida de recursos estratégicos: El acceso a información sobre las reservas de oro y otros activos podría facilitar embargos, debilitando aún más la posición económica del país.
2. Soberanía comprometida: La entrega de datos sensibles bajo presión extranjera supone una grave erosión de la independencia del Estado argentino en la gestión de sus recursos.
3. Dependencia externa: Este movimiento confirma la alineación del gobierno de Milei con los intereses de las potencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos, sin salvaguardar los intereses del pueblo argentino.

Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, señaló oportunamente que trasladar el oro a Londres, conocido por su vulnerabilidad a embargos, fue una decisión riesgosa: “Los argentinos no siempre son conscientes de las consecuencias de sus decisiones”, subrayó Maril. “Enviar el oro a Londres, epicentro de embargos, fue un error estratégico que ahora alimenta la narrativa de los fondos buitre”.

En lugar de defender la soberanía nacional, la gestión de Milei parece optar por priorizar el cumplimiento de mandatos foráneos, dejando a la Argentina en una posición de vulnerabilidad ante el capital internacional y las decisiones de tribunales extranjeros. Esta sumisión no solo pone en riesgo la economía, sino que también compromete el futuro político y estratégico del país.

El Ministerio dirigido por Sandra Petovello difundió un indicador alternativo de pobreza que agrava la cifras difundidas anteriormente por el gobierno.

El Ministerio de Capital Humano difundió un nuevo indicador de pobreza multidimensional que revela que el 61% de la población enfrentaba, a mitad de 2024, carencias en ingresos, vivienda, salud o educación. Este dato contrasta marcadamente con los informes tradicionales publicados previamente por el Indec, que situaban la pobreza en niveles considerablemente más bajos, alimentando las dudas de expertos y organismos independientes sobre la veracidad de los datos oficiales.

El indicador, desarrollado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, toma en cuenta dimensiones estructurales como vivienda, educación, empleo, salud y servicios básicos, adoptando un enfoque de derechos en lugar de limitarse al cálculo de ingresos. Este índice fue discontinuado durante el gobierno de Alberto Fernández tras críticas sobre su metodología, pero ahora resurge con cifras alarmantes que evidencian un aumento significativo de la pobreza multidimensional, alcanzando al 61% de la población en el primer semestre de 2024, frente al 55,4% del segundo semestre de 2023.

Este reconocimiento oficial de cifras más elevadas resulta significativo, ya que da respaldo a las advertencias de estudios independientes que alertaban sobre un nivel de pobreza mucho mayor al que el gobierno había admitido previamente. La metodología tradicional del Indec, centrada únicamente en ingresos, calculó una pobreza del 52,9% para el primer semestre de 2024. Sin embargo, el cruce de esta medición con el nuevo enfoque multidimensional eleva considerablemente el porcentaje, marcando una realidad social más compleja y difícil de ignorar.

Los datos del informe destacan carencias graves: hacinamiento, precariedad laboral, inasistencia escolar y falta de acceso a servicios básicos o doble cobertura de salud. Estas cifras contrastan con las lecturas más optimistas del gobierno sobre la recuperación económica y subrayan los efectos de la inflación, la devaluación y la recesión en los sectores más vulnerables.

El reconocimiento de estos índices por parte del propio gobierno refuerza las sospechas sobre la falta de transparencia en las estadísticas oficiales previas y subraya la necesidad de políticas públicas que aborden de manera integral las múltiples dimensiones de la pobreza en Argentina.

“La calle no es para dormir. Hay que terminar con esto. Levantar a todo el que no lo entiende”, expresó con total insensibilidad el legislador libertario en la red social X.

El legislador libertario Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, desató una ola de críticas tras proponer una agenda que busca desplazar por la fuerza a las personas en situación de calle, sin ofrecer soluciones reales al problema de la marginalidad. En un polémico posteo en la red social X, Marra escribió: “La calle no es para dormir. Hay que terminar con esto. Levantar a todo el que no lo entiende”, dejando entrever una visión insensible y punitiva hacia uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Sus declaraciones reflejan un intento por disimular el crecimiento de la pobreza en Argentina, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, mientras se alinea con políticas del gobierno porteño que buscan criminalizar la pobreza en lugar de atender sus causas estructurales.

Para Marra, quienes duermen en las calles lo hacen “por elección” o por falta de comprensión de las normas, ignorando u omitiendo deliberadamente el trasfondo de desigualdad, exclusión y falta de oportunidades que condena a miles de personas a esa situación extrema.

La calle no es para dormir. Hay que terminar con esto.

Levantar a todo el que no lo entiende. pic.twitter.com/om0hTnn0P6

— Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) January 21, 2025

Una realidad ineludible

Las personas viviendo en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires se incrementaron un 35 por ciento en el último año, según cifras oficial del gobierno porteño, alcanzando las 4.416. Se sabe que en estos casos, el número en negro es generalmente alto, con lo cual algunas organizaciones estiman que el número real sería el doble A pesar de esto, los refugios disponibles cuentan con capacidad para atender solo al 50% de la demanda, dejando a miles sin un lugar donde resguardarse.

Organizaciones sociales y especialistas han señalado que esta problemática no puede resolverse con acciones represivas, sino con políticas públicas integrales que incluyan acceso a la vivienda, programas de empleo, atención en salud mental y tratamiento para quienes padecen adicciones. Sin embargo, las palabras de Marra, lejos de proponer soluciones, parecen encaminarse hacia una agenda violenta que estigmatiza y criminaliza a las personas en situación de calle.

Criminalización de la pobreza: una política sistemática

La postura de Marra no es aislada, sino coherente con las medidas que el gobierno porteño ha implementado en los últimos años, como desalojos forzados y restricciones al uso del espacio público. Estas políticas, en lugar de atender las causas profundas de la exclusión social, buscan invisibilizar el problema y desplazar a quienes lo padecen.

El mensaje del legislador libertario pone de manifiesto un evidente desprecio clasista, la falta de empatía y voluntad política para enfrentar de manera estructural una crisis social que afecta cada vez a más personas. En lugar de señalar culpables entre las víctimas de la desigualdad, se necesita un compromiso real para garantizar el derecho a la vivienda digna y el acceso a una vida mejor para todos los ciudadanos.

El 48% de los consultados por Pulso Research asegura que “no le cree” al gobierno nacional las cifras que da a conocer todos los meses a través del Indec sobre la inflación.

Un reciente informe de Pulso Research evidencia una alarmante desconfianza pública en las estadísticas oficiales presentadas por el gobierno nacional, especialmente en relación con la inflación y la pobreza. Según el sondeo, el 48% de los consultados asegura que “no le cree” a las cifras difundidas mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), mientras que apenas el 36,8% confía en los datos publicados por la entidad dirigida por Marco Lavagna.

La percepción negativa sobre las estadísticas oficiales de inflación ha mostrado un aumento sostenido. En la medición previa, el nivel de desconfianza se situaba en el 44,2%, y antes de eso, en el 42,2%. Este crecimiento coincide, paradójicamente, con los informes del gobierno que reflejan una tendencia a la baja en los índices inflacionarios. Para muchos ciudadanos, estos números generan más dudas que un alivio real palpable en sus vidas cotidianas.

La desconfianza es aún mayor en lo que respecta a los datos sobre pobreza. Más de la mitad de los encuestados (51,2%) asegura no confiar en las cifras proporcionadas por el Indec, mientras que apenas un 35,2% cree en ellas. Actualmente, el Indec mide la pobreza a partir de los ingresos y compara estos con el costo de una canasta básica teórica. Sin embargo, la metodología actualmente utilizada parece ser insuficiente para generar confianza en un sector significativo de la población.

Frente a este escenario, y ante la desconfianza generada en el propio gobierno por sus mismos datos, la administración libertaria anunció que trabaja en un “índice propio” para medir la pobreza, que incluirá indicadores sociales actualmente no contemplados. Este nuevo enfoque estará bajo la responsabilidad del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, en colaboración con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS).

Mientras tanto, la oposición también es objeto de atención en el informe de Pulso Research. En este ámbito, Cristina Fernández de Kirchner se destaca como la principal figura opositora, con un 28,7% de los encuestados que la identifican como líder. Sin embargo, un 27,6% afirma no saber quién lidera la oposición, y un 20,7% considera que ese espacio político carece de liderazgo claro. Más lejos en la lista aparecen Axel Kicillof (5,8%) y Mauricio Macri (3%).

En definitiva, el aumento en la desconfianza hacia las estadísticas oficiales subraya un problema de credibilidad que desafía la relación entre el gobierno y la ciudadanía, al tiempo que abre interrogantes sobre la eficacia de los métodos actuales de medición y comunicación.

Cuando hace dos semanas el Banco Central informó la operación del crédito “repo” por USD 1000 millones, las reservas brutas tocaron un récord nominal de casi USD 33.000 millones. Sin embargo, desde la primer semana de enero a esta parte no dejaron de caer. Este martes se ubicaron en USD 30.280 millones. El gobierno busca mantener el dólar baratísimo a cualquier costo.

En las dos primeras semanas de enero, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había quemado reservas por USD 618 millones para evitar que se le escape la divisa. El dato surge de una presentación que hizo el Banco Central este martes.

Lo llamativo es que hasta ahora el Banco Central encadenó más de diez ruedas con saldo positivo, con compras superiores a los USD 100 millones diarios. Pero como debe pagar deuda, las reservas siguen en rojo y en enero empeoraron porque el gobierno además usa fondos para que no se disparen los dólares paralelos. Hoy, las reservas reales están alrededor de USD 10 mil millones, el mismo nivel que las dejó Massa.

“Que la rueda cambiaria finalice con saldo positivo no necesariamente se traduce en acumulación de reservas”, explicó el analista consultado. “La rueda en el mercado oficial es el resultado de exportaciones e importaciones. En caso de que el saldo sea positivo, esos dólares pueden tener otros destinos que las arcas del Central, como compromisos de deuda, pago de importaciones o intervención para frenar el dólar”, agregó un analista financiero en diálogo con La Política online.

El presidente Javier Milei defendió al magnate Elon Musk, quien asumirá como ministro de Eficiencia del nuevo Gobierno de Estados Unidos, en medio de las críticas por el saludo nazi en el acto de asunción del flamante presidente Donald Trump.

“A la basura woke (socialismo cool) le empieza a llegar el vuelto”, señaló el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter) al citar un tuit del eurodiputado Juan Carlos Girauta, quien compartió un video de su discurso en el que cuestionó las críticas a Musk por su saludo con el brazo extendido.

Al respecto Milei señaló: “En su fatal arrogancia han hecho mucho daño y las personas de bien han despertado. Se vienen nuevos vientos… VIVA LA LIBERTAD CARAJO”. Era previsible.

El gobierno de Axel Kicillof tras una ardua negociación, logró garantizar la preservación de los puestos de trabajo en la planta que la firma Danica había cerrado hace pocos días.

Tras semanas de gestiones, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, logró destrabar el conflicto laboral y económico que mantenía paralizada la histórica planta de Dánica en Llavallol. La fábrica, cerrada desde diciembre de 2024, reabrirá sus puertas el próximo 27 de enero gracias a un acuerdo que garantiza la preservación de los puestos de trabajo y brinda un alivio a la comunidad local.

Una intervención decisiva

El Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa, desempeñó un rol fundamental al mediar entre la empresa y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Aceite (SOEIA). Durante una audiencia clave, el gobierno ofreció el Programa de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo (PREBA), que consiste en una asistencia equivalente al 50% del salario mínimo, vital y móvil por trabajador, permitiendo viabilizar la operación.

Este apoyo financiero, junto con la disposición de las partes para llegar a un entendimiento, permitió superar los desacuerdos respecto a salarios y condiciones laborales, asegurando la continuidad de la producción y el mantenimiento de 40 puestos de trabajo en una primera etapa, con posibilidades de ampliación.

Un respiro para la comunidad

La planta de Dánica, que funcionó durante más de 80 años y llegó a emplear a 150 personas, representa un símbolo industrial en Llavallol. Su cierre en 2024 había generado preocupación y malestar en la región. Ahora, su reapertura no solo devuelve actividad económica, sino también esperanza a los trabajadores y a la comunidad que depende directa e indirectamente de su funcionamiento.

El convenio alcanzado establece que los trabajadores percibirán el 65% del salario aceitero, complementado por la asistencia del PREBA, lo que elevará los ingresos al 70%-75% según la categoría y antigüedad. Este acuerdo, avalado por el sindicato, tendrá una vigencia inicial de tres meses con posibilidad de extensión hasta un año, siempre que se mantenga la plantilla sin despidos.

La reapertura no solo asegura la preservación de los empleos actuales, sino que deja abierta la posibilidad de ampliar la dotación de personal si se logran las condiciones económicas necesarias.

Compromiso con el empleo y la industria

El resultado demuestra el compromiso del Gobierno bonaerense con la protección del empleo y la revitalización de sectores productivos estratégicos. La intervención oportuna en el conflicto de Dánica es un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden articular soluciones efectivas para garantizar la continuidad laboral y el desarrollo económico en contextos desafiantes.

El Gobierno Nacional, bajo el argumento de una supuesta “recuperación salarial”, implementó un reajuste del 11,78% en las escalas del Impuesto a las Ganancias, incorporando a miles de trabajadores y autónomos al régimen tributario.

El Gobierno Nacional, bajo el argumento de una supuesta “recuperación salarial”, implementó un reajuste del 11,78% en las escalas del Impuesto a las Ganancias, incorporando a miles de trabajadores y autónomos al régimen tributario. Esta medida, que comienza a regir en enero de 2025, establece un mínimo imponible que se actualiza por debajo del aumento real de los salarios, lo que incrementa significativamente la cantidad de personas afectadas por este gravamen.

Nuevos límites y más contribuyentes

El piso mínimo para tributar quedó fijado en $2.280.700 brutos (equivalente a $1.892.937 netos), mientras que para quienes deduzcan cónyuge y dos hijos menores de 18 años, este se eleva a $3.024.494 brutos ($2.516.337 netos). Para los trabajadores autónomos, los ingresos mensuales promedio que obligan a tributar oscilarán entre $1.468.658 y $1.631.843 según la categoría.

Estas cifras, lejos de aliviar la carga fiscal, ampliarán el universo de contribuyentes, afectando principalmente a los trabajadores de ingresos medios. Según expertos, el ajuste basado exclusivamente en el IPC desconoce el impacto real de la inflación y las particularidades económicas de los distintos sectores.

Consecuencias económicas y presión fiscal

El economista Daniel Garro advirtió sobre las implicancias de esta medida: “Más contribuyentes bajo Ganancias significa menos dinero disponible para el consumo y más ingresos para el Estado, lo que podría desacelerar la economía en un contexto ya complicado”. Además, señaló que el mecanismo de actualización semestral genera un efecto regresivo, afectando mayormente a los sectores medios mientras que los ingresos más altos permanecen protegidos.

Por su parte, Juan Luis Bour, de FIEL, destacó que la medida refleja un modelo tributario que prioriza la recaudación por sobre el bienestar de los contribuyentes. “Este sistema no considera el deterioro del poder adquisitivo ni los efectos acumulativos de la inflación. Se trata de un ajuste que, lejos de dar alivio, agrava la presión sobre los ingresos reales”, aseguró.

Promesas incumplidas

Bajo el gobierno de Javier Milei, quien prometió un alivio económico y un sistema tributario más equitativo, esta ampliación del Impuesto a las Ganancias contradice los compromisos asumidos. Mientras el discurso oficial habla de justicia fiscal, la realidad muestra cómo el peso de la carga tributaria recae principalmente en los trabajadores, dejando intactas las grandes fortunas.

El esquema actual perpetúa una distribución desigual del esfuerzo económico, erosionando el poder adquisitivo y el consumo interno. A medida que más personas son alcanzadas por el impuesto, se profundiza la desconexión entre las políticas fiscales y las necesidades reales de los contribuyentes, consolidando un modelo que prioriza la recaudación por sobre la equidad.

El Gobierno Nacional inició el proceso de compra de tres nuevas locomotoras diésel-eléctricas a la compañía china CRRC que tendrán como destino al ferrocarril San Martin.

En una clara contradicción con las declaraciones realizadas en campaña, el Gobierno Nacional inició la compra de tres nuevas locomotoras diesel-eléctricas a la empresa china CRRC International CO LTD, desembolsando un pago inicial de 2 millones de dólares. Estas locomotoras serán destinadas a la línea San Martín, que actualmente opera con un servicio reducido debido a la falta de material rodante.

Además, se concretó un acuerdo adicional por 130 millones de dólares con CRRC SIFANG para adquirir repuestos destinados a las líneas ferroviarias Roca, Sarmiento y Mitre. Este convenio incluye insumos críticos para realizar mantenimientos largamente postergados, como bogies, sistemas de frenado y materiales eléctricos, que comenzarán a llegar en el segundo semestre de 2025.

Emergencia Ferroviaria como marco del acuerdo

Estas decisiones se justifican en el contexto de la Emergencia Ferroviaria, decretado por el gobierno libertario, en este sentido el convenio con CRRC se da en un marco de contradicciones evidentes respecto a los dichos del presidente Javier Milei, quien durante su campaña de 2023 afirmó categóricamente que no haría negocios con “ningún comunista”, incluyendo a China. “Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí, los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí”, aseguró en su momento. Ahora, con la firma de este millonario contrato con una empresa controlada por el Partido Comunista Chino, el Gobierno demuestra un giro en su postura, priorizando acuerdos estratégicos con Beijing.

Conflictos sindicales tensan el escenario

Paralelamente, el sector ferroviario enfrenta un clima conflictivo. El sindicato La Fraternidad, que representa a los trabajadores del sector, anunció la posibilidad de un nuevo paro nacional tras no alcanzar un acuerdo salarial con Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE). “No estamos discutiendo dinero, sino alimentos; queremos garantizar el carácter alimentario del salario ferroviario”, subrayó el gremio, que denuncia la insuficiencia de las propuestas empresariales frente a la creciente inflación.

Mientras el Gobierno busca fortalecer el sistema ferroviario con acuerdos internacionales, las tensiones internas con los trabajadores y las críticas por el cambio de rumbo en su política exterior reflejan un escenario complejo y lleno de contradicciones.

Hace solo días, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció un recorte en el gasto estatal. Sin embargo, salieron a la luz otros gastos y uno de ellos es la creación de un cargo a la medida del exjefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, por más de 5 millones de pesos.

Y es que el presidente del Club Atlético Independiente cobrará $5.852.000 por encabezar una nueva área denominada Unidad de Asuntos Políticos, de la cual muchos dudan si tendrá alguna responsabilidad real de gestión. ¿Ñoqui VIP?

“Designar, a partir del 9 de enero de 2025, a Néstor Osvaldo Grindetti, D.N.I. 11.553.269, C.U.I.T. 20-11553269-4, como titular de la Unidad de Asuntos Políticos, bajo la órbita de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos”, dice el Decreto 23/25, publicado el viernes pasado.

Esta designación se conoce luego de que El Destape sacara a la luz que el propio Macri también aprobó un contrato por $41.700.000 para que el bailarín Julio Bocca dirija el Ballet del Teatro Colón.

En diálogo con El Destape, el Gobierno de la Ciudad aclaró que el sentido de la creación de este cargo para Grindetti es con fines políticos y que mantendrá la relación con los bloques legislativos para conseguir la aprobación de leyes que son de interés del Poder Ejecutivo, así como también interactuará con municipios y provincias.

Por otro lado, el Gobierno porteño también estipuló que este área que dirigirá el exintendente de Lanús tendrá una caja para otorgar contratos por $ 9.240.000. “Establecer que el Régimen Modular de Plantas de Gabinete la Unidad de Asuntos Políticos se integra con veinticuatro mil (24.000) unidades retributivas”, dice el artículo 8 del Decreto 19/2025.