Según la UIA, estas políticas podrían desencadenar un fuerte impacto negativo en la producción local y el empleo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) ha emitido una fuerte advertencia sobre las graves consecuencias que podría tener la apertura indiscriminada de importaciones en el país, impulsada por la reducción de aranceles a productos finales. Según la UIA, estas políticas, implementadas sin abordar los problemas de competitividad que afectan a la economía nacional, podrían desencadenar un fuerte impacto negativo en la producción local y el empleo.

Durante la reunión de la Junta Directiva, se presentó el informe “Costo argentino: elementos clave para lograr competitividad”, el cual revela que, a pesar de que la productividad de la industria argentina supera el promedio regional, el país enfrenta asimetrías en infraestructura, presión tributaria, costos energéticos y logísticos, entre otros, que socavan la competitividad frente a sus competidores internacionales. Estas deficiencias se encuentran “puertas afuera de las fábricas”, lo que genera un escenario adverso para las cadenas de valor industriales.

Desde marzo, el gobierno ha reducido aranceles y eliminado ciertas barreras aduaneras para diversos productos como alimentos, acero, madera, neumáticos, y electrodomésticos, en un intento de aumentar la oferta y combatir la inflación. Sin embargo, los industriales advierten que estas medidas están afectando directamente a empresas locales, algunas de las cuales ya han cerrado y despedido trabajadores.

Sectores como la metalmecánica, confección, madera y automotores han sido los más golpeados en los últimos meses. Además, se criticó la eliminación de los valores criterios de importación, una herramienta que ayudaba a combatir la subfacturación y el dumping, lo cual, según la UIA, agrava aún más la competencia desleal y amenaza la supervivencia de empresas argentinas que generan empleo e invierten en tecnología.

Trump y las contradicciones de Milei

Un aspecto que resalta como contradicción en la postura del candidato libertario Javier Milei es su reivindicación del expresidente estadounidense Donald Trump. Milei ha expresado admiración por Trump, quien promovió políticas económicas proteccionistas e industrialistas, enfocadas en la protección de los empleos y las industrias estadounidenses mediante tarifas, aranceles a la importación, subsidios y otras intervenciones estatales. Este enfoque choca frontalmente con el modelo libertario de Milei, que defiende la eliminación de barreras comerciales, la reducción del Estado y una apertura irrestricta al mercado global. Mientras Trump apostó por proteger el empleo local con medidas intervencionistas, Milei propone una apertura que, según advierte la UIA, podría poner en riesgo el empleo y la producción nacional.

La advertencia de la UIA pone de relieve no solo los riesgos económicos de estas políticas, sino también la incoherencia en el discurso de Milei, que apoya a un líder con un enfoque opuesto al que él mismo promueve para Argentina.

Mirtha Legrand recibió un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) por su carrera en el cine argentino y durante su discurso apoyó la lucha universitaria, en medio de los reclamos y tomas de las casas de estudio en reclamo de un mayor presupuesto universitario. Se distanció del presidente Javier Milei, que quiere terminar con las universidades públicas.

Tras ser ovacionada durante su ingreso al escenario, Mirtha expresó: “Ni siquiera en mis más remotos sueños imaginé estar acá recibiendo este reconocimiento. Recuerdo cuando comencé mi carrera en el cine, tenía 14 años. Desde entonces tuve una vida llena de experiencias maravillosas, con aprendizajes, con aciertos y errores, pero siempre actuando de buena fe. Se los puedo asegurar. Y si algo me ha mantenido en pie todo este tiempo fue la pasión por lo que hago, esa chispa que nunca se apaga y que me sigue impulsando día tras día”.

Durante su discurso, “La Chiqui” no quiso dejar de mencionar la lucha universitaria que se está llevando a cabo en todo el país: “En un momento histórico para las universidades públicas de mi amado país, no quiero dejar de expresar apoyo y mi orgullo a todos los que hicieron grande la universidad pública Argentina”, remarcó.

Y continuó: “Una potencia mundial como Estados Unidos tiene solo diez universidades públicas, Argentina tiene 70. Está muy bien que los distintos gobiernos hagan un saneamiento de lo que está mal, pero con el máximo cuidado, con respeto y preservando un tesoro que tenemos, que nos envidia el mundo entero: la educación universitaria gratuita”.

Así lo estipuló el fiscal Guillermo Marijuan al reiterar que no hay pruebas para procesar a la ex vicepresidenta en la llamada causa “ruta del dinero K” donde se condenó a prisión al empresario Lázaro Báez 

El fiscal federal Guillermo Marijuán reiteró que no existen pruebas para procesar a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa “ruta del dinero K”, en la cual se condenó al empresario Lázaro Báez por lavado de activos. Este nuevo dictamen se emitió por orden de la Cámara Federal porteña.

Cristina Fernández de Kirchner ya había sido sobreseída en esta investigación, luego de un primer dictamen de la fiscalía. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión tras aceptar como querellante a la asociación civil “Bases”, que cuestionó la validez del sobreseimiento y solicitó su nulidad.

En respuesta, el Tribunal de Apelaciones ordenó que Marijuán volviera a expedirse sobre la situación de la ex mandataria. El fiscal cumplió con esa instrucción en un nuevo dictamen presentado ante el juez federal Sebastián Casanello.

“Debo señalar que, oportunamente, se ha analizado de manera detallada la situación procesal de Cristina Elizabet Fernández con las pruebas existentes en el expediente, las cuales, inexorablemente, me llevaron a la conclusión y petición de sobreseimiento que mantengo en todos sus términos”, afirmó Marijuán en su presentación, a la que tuvo acceso Noticias Argentinas.

Marijuán rechazó “de plano y de manera contundente” el planteo de nulidad sobre el dictamen del 24 de mayo de 2023, donde había solicitado el sobreseimiento de Fernández de Kirchner por falta de pruebas. Casanello, en su momento, dio lugar a esa solicitud.

El fiscal insistió en que la evidencia recolectada es insuficiente para demostrar la participación de la ex vicepresidenta en los hechos por los que fue indagada. Ahora será Casanello quien deberá decidir si valida o declara nulo este nuevo dictamen.

Marijuán también criticó la decisión de la Cámara Federal de aceptar como querellante a la asociación “Bases”. Según el fiscal, dicha organización se presentó en la causa después del sobreseimiento de Fernández de Kirchner, sin que hasta la fecha se comprenda claramente su fundamento para ser admitida como parte en el proceso.

Esta inclusión, argumentó el fiscal, genera “una insólita e inédita inseguridad jurídica para las partes”, al advertir que este tipo de situaciones podría abrir la puerta para que cualquier persona participe de un proceso penal invocando un “agravio general e indirecto”.

Marijuán cuestionó la intervención de “Bases”, señalando que “durante años no participó del proceso, no tuvo acceso al expediente y se desconoce cómo obtiene información”, destacando que su accionar tiene “un claro sesgo político” y busca “aprovechar la trascendencia pública del caso”.

En la causa que investigaron Casanello y Marijuán, se juzgó y condenó a Báez, dueño de Austral Construcciones, por lavado de activos. El empresario fue sentenciado a 12 años de prisión, aunque la Cámara Federal de Casación redujo la condena a 10 años. Además, su hijo Martín Báez recibió una pena de 6 años y 6 meses de cárcel por lavar 55 millones de dólares, junto a otros 17 acusados que también fueron condenados.

Ya son cinco las muertes violentas en lo que va del mes, una cifra que contrasta fuertemente con la imagen oficial que intenta minimizar la crisis de seguridad.

Este martes 15 de octubre, una balacera en un taller de la calle Cafferata al 2900 dejó un saldo de un hombre muerto y dos heridos en Rosario, profundizando la ola de violencia que azota la ciudad. Con este hecho, ya son cinco las muertes violentas en lo que va del mes, una cifra que contrasta fuertemente con los reportes oficiales que intentan minimizar la crisis de seguridad en la región asegurando que la misma esta bajo control.

El ataque se produjo cuando dos individuos a bordo de una motocicleta Honda CB 250 abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en la vereda de un taller, para luego huir. La víctima fatal fue identificada como Julio César Reybet, de 37 años, quien fue trasladado al Hospital Centenario, donde falleció poco después. Dos hombres más, de 24 y 53 años, resultaron heridos y fueron llevados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

La policía detuvo a dos sospechosos, un hombre y una mujer, en el pasaje Amazonas al 3100, donde también encontraron una motocicleta con pedido de captura y una pistola 9 mm.

Este ataque se suma a otros crímenes ocurridos en octubre, como el asesinato del policía Andrés Farías el 3 de octubre, el homicidio de Jonatan Rodríguez el 6, el de Matías Zamora el 11 y la doble muerte de Lautaro Escobar y Javier Ramírez el día 13. Todos estos hechos evidencian que la violencia narco en Rosario sigue imparable, mientras las autoridades nacionales hacen puestas en escena con despliegues cinematográficos de fuerzas para dar apariencia de que la situación esta bajo control.

Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, Estados Unidos continúa reforzando su presencia militar y de espionaje en América Latina.

Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, Estados Unidos continúa reforzando su presencia militar y de espionaje en América Latina. Durante una reciente visita, el enviado del presidente Joe Biden no ofreció detalles específicos sobre cómo se implementará esta estructura, ya que la iniciativa depende principalmente del gobierno argentino, en colaboración con figuras como Patricia Bullrich, aunque afirmó no haber tenido contacto con ella en esta ocasión.

A pesar de ello, no se descarta la posibilidad de que Estados Unidos proporcione financiamiento, entrenamiento técnico y agentes de inteligencia para fortalecer un centro de espionaje en suelo argentino. El diplomático subrayó que ya se están asignando “fondos adicionales” para expandir esta capacidad hacia 2026, y agregó que el objetivo es profundizar esta colaboración con países fuera de la región, como ya ocurre en Europa.

Aunque el proyecto está siendo liderado por Argentina, aún no se ha hablado con otros países vecinos para establecer una red regional de intercambio de información que ayude a frenar el tráfico de drogas sintéticas. Según el enviado estadounidense, el país norteamericano busca posicionarse como un “buen socio” de Argentina en esta lucha, asegurando que no pretende imponer su visión, sino colaborar después de haber sufrido las devastadoras consecuencias del abuso de drogas sintéticas, especialmente del fentanilo, que se ha convertido en la principal causa de muerte entre estadounidenses de 18 a 49 años desde 2019.

Esta iniciativa, aunque disfrazada de cooperación en seguridad, refleja una estrategia más amplia por parte de Estados Unidos para instalar bases de control militar y de inteligencia en la región en zonas estratégicas, utilizando la lucha contra el narcotráfico, el cuidado del medioambiente y el “terrorismo” como justificación para expandir su influencia geopolítica.

El jefe de los troll libertario admitió: “Mi esposa entró a trabajar en la subsecretaría de políticas universitarias con el gobierno de Milei”.

En medio de un discurso contra la “casta política” y la apropiación del Estado por parte de los militantes políticos, el tuitero libertario expuesto en el programa “¿La Ves?” de TN reveló una realidad contradictoria: mientras critica a quienes utilizan los recursos públicos para su beneficio personal, acepta sin reparos que “muchos amigos” suyos trabajan en la comunicación de la Casa Rosada. Según él, le parece “perfecto” que hayan conseguido esos cargos, lo cual resalta cómo los allegados al poder dentro del partido libertario acceden a puestos públicos, pese a sus pronunciamientos contra el sistema que dicen combatir.

Este influencer, famoso por sus duras críticas al Estado, tampoco aclaró quién financia el canal de streaming “Carajo”, donde conduce el programa “La Misa”, limitándose a decir que proviene de un inversor privado. La falta de transparencia sobre los vínculos financieros y su aceptación del acceso de sus conocidos a cargos oficiales subraya una contradicción común entre quienes condenan a la “casta” política, pero se benefician de ella.

El 44% de la deuda se encuentra en moneda local, mientras que el 56% está nominada en moneda extranjera, lo que expone al país a riesgos cambiarios.

En los primeros nueve meses del gobierno de Javier Milei, Argentina ha experimentado un incremento significativo en su deuda externa. Según datos de la Secretaría de Finanzas, la deuda bruta alcanzó los USD 460.068 millones a septiembre de 2024, lo que representa un aumento de USD 89.395 millones desde que Milei asumió el poder. De ese total, USD 457.587 millones están en situación de pago normal. Solo en el mes de septiembre, la deuda creció USD 1.661 millones en comparación con agosto.

El 44% de la deuda se encuentra en moneda local, mientras que el 56% está nominada en moneda extranjera, lo que expone al país a riesgos cambiarios. Según el Ministerio de Economía, gran parte del incremento se debe a las diferencias de cambio y a la indexación de la deuda en pesos ajustada por CER, que superó la tasa de devaluación del dólar (crawling peg), sumando un equivalente de USD 4.714 millones solo por este factor. La mayor parte de la deuda corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, que representan el 81% del total.

Este crecimiento alarmante no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia que se inició durante el mandato de Mauricio Macri.

Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, la deuda externa creció en USD 100.000 millones, alcanzando los USD 323.177 millones al finalizar su gobierno. Macri heredó una deuda de USD 240.665 millones y su administración la incrementó significativamente, principalmente a través de emisiones de bonos en los mercados internacionales y acuerdos con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). La política de endeudamiento de Macri dejó al país en una situación crítica, marcada por la falta de acceso a financiamiento internacional en los últimos meses de su gestión y una recesión económica profunda.

La comparación entre ambos gobiernos revela un patrón de crecimiento acelerado de la deuda externa, lo que coloca al país en una situación delicada frente a sus obligaciones internacionales. Mientras el gobierno de Macri fue responsable de un incremento sustancial de la deuda, el gobierno de Milei continúa esta tendencia con un fuerte crecimiento en los primeros meses de su mandato, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad financiera de Argentina a largo plazo.

La renuncia de Juan Cruz Molina Hafford a la presidencia del INTA desató preocupación entre los trabajadores, quienes temen que el Ministerio de Economía avance con ajustes más severos y recortes de personal.

La presión ejercida desde el Ministerio de Economía para profundizar los ajustes y reducir el personal ha culminado con la renuncia de Juan Cruz Molina Hafford, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Su salida ha generado preocupación entre los empleados del organismo, quienes temen un inminente recorte más agresivo.

Tensiones con el Ministerio de Economía

En su carta de renuncia, dirigida al ministro de Economía Luis Caputo y no al presidente Javier Milei, Molina Hafford mencionó diferencias sobre los pedidos del Ministerio, que buscaba aplicar recortes más profundos dentro del INTA. “Tuve alguna diferencia entre los pedidos del Ministerio y mi propuesta de gestión”, afirmó. A pesar de ello, agradeció al equipo directivo del INTA y se mostró orgulloso de los logros alcanzados durante su gestión.

En declaraciones al medio Bichos de Campo, Molina Hafford confirmó que la presión del Ministerio para aplicar ajustes más agresivos fue uno de los factores determinantes de su renuncia.

Recortes y retiro voluntario

Aunque los detalles de su salida no han sido completamente revelados, trascendió que la insistencia de Caputo para que el INTA redujera su personal mediante un programa de retiros voluntarios fue clave en la decisión. El organismo había lanzado un plan para reducir su plantilla de 6.700 empleados en 900 personas, pero el programa tuvo una escasa adhesión, con apenas 250 inscriptos. Ante esta situación, el Ministerio decidió extender la vigencia del operativo, sin lograr resultados significativos.

Preocupación por el futuro del INTA

Tras la renuncia de Molina Hafford, los trabajadores del INTA temen un escenario de ajustes más severos que impacten directamente en su estabilidad laboral. La posibilidad de un achicamiento del organismo ha generado incertidumbre sobre el futuro de la entidad, cuyo rol es fundamental para el desarrollo del sector agropecuario en Argentina.

La medida de fuerza es para exigir mejoras salariales y en cuestionamiento a las políticas de ajuste del Gobierno.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado un paro total de 36 horas con movilización hacia el Ministerio de Desregulación Estatal, en protesta contra las políticas lideradas por Federico Sturzenegger. Según el gremio, Sturzenegger ha estado actuando “en las sombras” con intenciones perjudiciales, y denuncian que el último aumento salarial es insuficiente para hacer frente a la creciente inflación.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, argumentó que las paritarias de este año han quedado un 34% por debajo de la evolución de los precios. “El Gobierno intenta usar las paritarias de la Administración Pública como un mecanismo para disciplinar al resto de los sectores. El último aumento es miserable, y los empleados públicos apenas sobreviven. El número de estatales bajo la línea de pobreza es el más alto en décadas. Es urgente reabrir las negociaciones salariales”, enfatizó Aguiar.

Además del reclamo salarial, ATE exige el fin de los despidos en el sector público, rechaza el cierre de organismos estatales y se opone a la reforma administrativa impulsada por el gobierno de Javier Milei. También anticiparon que podrían realizar protestas en diversas rutas del país, mientras se convocarán asambleas en los organismos que se sumen a la medida.

El gremio alertó que más del 75% de los trabajadores estatales perciben sueldos por debajo de la línea de pobreza, establecida en $964.620, con los empleados provinciales y municipales siendo los más afectados. Muchos de estos últimos, incluso, ganan por debajo de la línea de indigencia.

Por otra parte, ATE ha definido un paro en las universidades para el jueves 17 de octubre, y participará en la movilización organizada por la CTA Autónoma el miércoles 23 de octubre hacia el Congreso, con el objetivo de presentar firmas para anular el DNU 70/23.

Tras un extenso plenario federal con más de mil delegados de todo el país, ATE votó de manera unánime realizar esta huelga para exigir al gobierno la reapertura de paritarias y un aumento que recupere el poder adquisitivo perdido durante la gestión de Milei. La medida de fuerza comenzará el martes 29 a las 12 del mediodía, con una movilización hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, ubicado en Av. Roque Sáenz Peña 788, y se prolongará hasta el miércoles 30.

“No podemos tolerar más a este gobierno. Tenemos que profundizar nuestro plan de lucha porque los salarios ya no alcanzan para vivir dignamente. Hay que frenar a Milei antes de que destruya por completo el derecho constitucional a un salario justo”, señaló Aguiar.

El líder de ATE también cuestionó duramente a Sturzenegger, señalando que “el gobierno miente, se aferra a la casta y está perdiendo apoyo popular. Debemos exponer a Sturzenegger, quien ha estado operando en las sombras con acciones malintencionadas. Nos movilizaremos para rechazar el cierre de organismos y las irregularidades en la aplicación de la Ley de Bases”, concluyó Aguiar.

Alumnos de ocho facultades de la UBA y de otras universidades del interior del país se suman a las tomas en reclamo un mayor financiamiento de las universidades nacionales con diferentes medidas de fuerza como ollas populares y hasta clases públicas. 

Las medidas se dan tras la ratificación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario y ahora reclaman que se amplíen las partidas previstas para las universidades en el Presupuesto 2025. Los alumnos de Medicina, Exactas, FADU, Ingeniería, Sociales, Psicología, Derecho y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires decidieron tomar las facultades e impulsarán otras medidas de fuerza complementarias durante la semana, reseñó Política Argentina.

Específicamente los alumnos de Derecho que llevan la medida por 24 horas, cortarán la avenida Figueroa Alcorta y marcharán a Plaza de Mayo a las 18.30. Una hora y media más tarde volverán reunirse en asamblea para discutir si continúa o se levanta la toma. Mientras que en Exactas, FADU, Ingeniería y Medicina se decidió avanzar con una toma de 72 horas, desde el cierre de la asamblea hasta la noche del miércoles.

Los estudiantes de Ciencias Médicas cortarán ese día a las 18 la avenida Córdoba, en la esquina con Junín. Se sumarán a este reclamo Farmacia y Bioquímica, Ingeniería, Económicas y Derecho. Por su parte, Exactas y la facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo harán una protesta conjunta en Ciudad Universitaria. Planean cortar la avenida Lugones, también en la tarde del miércoles.

En Sociales se votó tomar la facultad hasta el viernes, para ensamblar el reclamo con el paro nacional que ya había anunciado el Frente Sindical de Universidades Nacionales para el jueves 17 de octubre. Mañana harán un “semaforazo” desde las 17, en inmediaciones de la sede de la calle Santiago del Estero, y retomarán las asambleas la semana que viene para discutir la continuidad de la lucha.

Psicología y Filosofía y Letras también estarán tomadas por los alumnos hasta el viernes. En ambos casos, los estudiantes de estas facultades se sumarán a los cortes de calle y movilización hacia Plaza de Mayo el miércoles a las 18.