La empresa alimenticia Mc Cain planea cerrar su planta en Pilar debido a las medidas económicas del gobierno de Javier Milei, podría dejar a sus 40 trabajadores sin empleo.

La reconocida multinacional de alimentos congelados, Mc Cain, ha dejado entrever la posibilidad de cerrar su planta ubicada en Pilar hacia la mitad de este año, según información revelada por uno de sus gerentes el pasado viernes. Este anuncio ha sembrado incertidumbre entre los trabajadores, ya que podrían peligrar hasta 40 puestos de trabajo en la zona.

La decisión de clausurar las operaciones en la planta se fundamenta en una preocupante caída del 50% en las ventas durante los últimos meses, según informes del portal local El Diario de Pilar. Este descenso abrupto en las ventas ha llevado a la empresa a adoptar medidas drásticas para hacer frente a la situación económica desfavorable.

En la actualidad, la planta de Mc Cain en Pilar no está llevando a cabo proyectos a largo plazo, sino que opera únicamente para agotar el stock existente de insumos, cumpliendo así con los compromisos contractuales establecidos. Esta estrategia pone en evidencia las dificultades financieras que enfrenta la empresa en la región.

La preocupación también recae sobre el futuro de los trabajadores, muchos de los cuales llevan años laborando en la empresa, algunos incluso bajo contratos temporales sin perspectiva de estabilidad laboral. La falta de información acerca de posibles indemnizaciones agrava la incertidumbre y la inquietud entre el personal afectado.

Mc Cain, reconocida por sus productos congelados como las papas bastón y pizzas, tiene una larga trayectoria en el mercado alimenticio. Fundada en Canadá en 1914, la compañía expandió sus operaciones a Pilar en el año 2007 tras adquirir la empresa local Sibarita. La planta en Pilar, con capacidad para producir hasta 600.000 unidades mensuales, ha sido clave en la producción y distribución de alimentos congelados en la región.

Ante esta situación, queda en el aire el destino de Mc Cain en Pilar y el impacto que podría tener en la economía local y en los trabajadores afectados por esta decisión empresarial.

La empresa Mc Cain, originaria de Canadá desde 1914, produce pizzas congeladas tras adquirir a Sibarita en 2007.

Recientemente, estuvo cerca de ser vendida a Tomasso, pero la operación fracasó debido a la negativa de ambas partes a asumir las indemnizaciones de los trabajadores. Esta situación ahora está relacionada con el posible cierre de la planta en Fátima.

Fuente: La Insuperable

Se tara del director de Control y Fiscalización Pesquera, quien presentó su renuncia en medio de una controversia ligada a supuestas presiones ejercidas por Cancillería para favorecer a un empresario chino.

Otra vez una baja. Esta vez en Cancillería. En un nuevo episodio que agita el escenario gubernamental, Julián Suárez, quien hasta el día de ayer se desempeñaba como Director de Control y Fiscalización Pesquera, ha presentado su renuncia en medio de una controversia ligada a supuestas presiones ejercidas por Cancillería en favor de un empresario chino.

La renuncia de Suárez, un funcionario de tercera línea que provenía del gobierno anterior, ha desencadenado una ola de especulaciones debido a los motivos detrás de su partida. Se dice que recibió una llamada intimidatoria por parte de un alto funcionario de Cancillería, bajo la dirección de Diana Mondino, para intervenir a favor de un buque pesquero vinculado a un empresario chino.

El problema está vinculado con la pesca. La merluza negra es una especie altamente codiciada y escasa en el mercado. Con un precio de venta que puede alcanzar hasta los USD 30,000 por tonelada, su valor comercial es considerablemente elevado. En el Mar Argentino, se autoriza la pesca de alrededor de 3,700 toneladas de merluza negra por año. Por lo tanto, el hallazgo de 163 toneladas en un solo barco en un día representa una cifra significativa, equivalente a casi 5 millones de dólares en valor de venta final.

El ahora ex Director de Control y Fiscalización Pesquera ocupó su cargo durante toda la gestión de Alberto Fernández y contaba con 15 años de experiencia en el ámbito gubernamental. Ayer, presentó su renuncia de manera irrevocable ante el Subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla.

Cabe señalar que la subsecretaría está bajo la órbita de Fernando Vilella, secretario de Bioeconomía (anteriormente Agricultura), quien a su vez está dentro del organigrama del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

La salida fue intempestiva y, según cuenta el sitio especializado Revista Puerto, es producto de “amenazas” de la Cancillería vinculadas al buque Tia An. 

Según cuenta ese medio, el ministerio que conduce Diana Mondino presionó a Suárez luego de la decisión del entonces funcionario de hacer volver el barco a puerto por ejercer actividades de pesca ilegal con la captura de 142 toneladas de merluza negra.

En este contexto, Suárez denunció que recibió llamadas intimidatorias de Pablo Ferrara, funcionario de Cancillería y sobrino de Mondino que lo instó a dar de baja la orden.

Según el medio LPO , en las Fuerzas Armadas hay inquietud por las posibles consecuencias en el cambio impuesto en el Régimen Nacional de Pesca que provocó el rechazo de los gobernadores patagónicos, que consideran que entrega el Mar Argentino a flotas extranjeras. 

Como adelantó este medio, el cambio dispuesto e incluido por el gobierno en la ley ómnibus es considerado por las provincias como “una entrega” de los recursos del Mar Argentino a flotas extranjeras, que barrerá con los empleos del sector.

Fuente: con información de LPO y revista puerto

El referente de camineros aseguro que “de 12.000 kg de residuos de carga ahora solo llevan 5.000”

El co-secretario general de la CGT y adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, lanzó críticas contundentes hacia las políticas económicas del gobierno nacional. Moyano expresó su preocupación por el impacto de estas políticas en diversos sectores, especialmente en el transporte, y rechazó cualquier intento de llevar a cabo una reforma laboral.

Durante la entrevista, en el programa “Duro de Callar”, Moyano señaló que las políticas económicas actuales están generando complicaciones significativas, particularmente en el sector del transporte, donde la falta de actividad se hace sentir de manera intensa. “Estas políticas económicas están complicadas, al no haber actividades se siente en el transporte”, afirmó Moyano, subrayando que el gobierno no está evaluando adecuadamente las consecuencias de sus acciones y está afectando negativamente a diversas actividades económicas.

El líder sindical también hizo hincapié en el impacto directo que estas políticas de ajuste están teniendo en el consumo y la industria. Moyano ilustró su punto de vista con un ejemplo concreto: “Cuando hay una economía normal, un camión de recolección de residuos carga 12.000 kilos de residuos por noche o por día. Hoy está cargando 5.000 kilos”. Esta disminución en la carga, explicó, “refleja no solo una caída en la industria, sino también en el consumo de alimentos, lo cual representa un desafío significativo para el país”.

Además, Pablo Moyano aprovechó y dedicó un párrafo aparte para cuestionar el número oficial de inflación publicado por el INDEC. Según Moyano, el 13,2% de inflación reportado no refleja con precisión la realidad económica que están experimentando los ciudadanos.

Fuente: Línea Sindical

Los gobernadores patagónicos avanzan en la puesta en funcionamiento del bloque regional, que en el Senado hizo su primera demostración de fuerza política conjunta en el rechazo al mega DNU de Milei. 

Además de rechazar la marcha atrás en la quita del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, advirtieron sobre los riesgos que implica la apertura de importaciones para las pymes y confirmaron que aún no recibieron la nueva Ley Ómnibus que el Gobierno busca que acompañen.

“Por primera vez en mucho tiempo las provincias tenemos una centralidad política muy importante y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para llevarla al Congreso de la Nación”, dijo el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presidente del bloque regional.

Tras plantear que “lejos de ser una debilidad esa atomización que hay en el Congreso, es una fortaleza como pocas veces en la historia”, advirtió que “el desafío de los legisladores nacionales es despojarse de prejuicios, de mezquindades partidarias y entender que los intereses de la nación y de las provincias tienen que estar por encima de cualquier mandato o disciplina de bloque”.

“No va a haber muchas oportunidades como esta y nadie se tiene que enojar, porque vivimos en un país federal y soberano, y el Congreso tiene que trabajar y tiene que debatir. El Congreso no es una escribanía, nadie se tiene que enojar porque alguien piense distinto a lo que dice el oficialismo. No se trata de traidores y patriotas”, agregó.

Respaldo a Kicillof

Los gobernadores patagónicos también cuestionaron a Milei por respaldar al diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, que había llamado a no pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires. “Es un muy mal ejemplo desde un cargo público que tiene la obligación de hacer cumplir la ley platear una desobediencia de estas características. Que el Presidente inste a la gente a no pagar o a no cumplir con una ley es un hecho inaudito y grave, es algo que no se puede aceptar”, dijo el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Desarrollo Productivo

Mientras Milei centra su agenda de gestión en la disciplina fiscal, los gobernadores patagónicos plantean un programa paralelo, con eje en el desarrollo regional y bajo la consigna de que “se sale de la crisis del desequilibrio fiscal con desarrollo y producción”, según dijo el mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

“Estos seis gobernadores y el resto de las regiones vamos a poner sobre la mesa esos debates que han sido relegados por muchísimo tiempo”, advirtió Torres, en el mismo sentido.

El objetivo del bloque es llevar al Congreso proyectos y propuestas que tengan por finalidad entender las asimetrías del país y las necesidades propias de cada región, para potenciar su matriz productiva y generar empleo. Creen que no es el idioma que habla el Gobierno nacional, por eso lanzaron el Consejo regional.

También buscan darle mayor relevancia al Parlamento, en contrapartida a los ataques permanentes de Milei, que lo llamó “nido de ratas”. “Hay que discutir todo, pero en el marco de la democracia el lugar es el Congreso”, remarcó el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

La idea de los mandatarios patagónicos es “derivar en un montón de iniciativas parlamentarias”. “Los gobernadores de distintos espacios políticos no solo nos ponemos de acuerdo en una agenda de desarrollo, sino también para actuar políticamente. No solo lo vamos a poner sobre la mesa, sino que nos vamos a poner de acuerdo para ir hacia una Argentina como la que soñamos todos, competitiva, pujante y profundamente federal”, aclaró Torres.

Además, Melella alertó que “la apertura de importaciones tiene un efecto muy negativo en las pymes” y que “se van a beneficiar cinco o seis empresas”. “Queremos pedirle al Gobierno nacional que tenga en cuenta a las pymes y desde la Patagonia queremos pedir un plan de desarrollo y de crecimiento”, agregó.

“Estamos convencidos de que el país se tiene que desarrollar por regiones y acercar diferencias y asimetrías, por eso este entendimiento productivo de la región es fundamental para regionalizar las políticas productivas”, dijo el presidente de Came, Alfredo González.

Se busca una estrategia en Diputados para aprobar la iniciativa del Ejecutivo.

El presidente Javier Milei encabeza una nueva reunión de equipo en Casa Rosada luego del rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en el Senado del pasado jueves. Lo hace junto a sus principales ministros, pero también con la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La intención es afinar la línea que le permita al Gobierno conquistar el respaldo de la Cámara Baja para que el mega decreto mantenga la vigencia. Otra de las claves de la gestión libertaria es avanzar con la Ley Ómnibus que posibilite el Pacto de Mayo previsto a firmar el 25 del mismo mes en Córdoba.

Tras los rumores de distanciamiento entre el Presidente y su Vice, desmentidos desde la administración libertaria, ambos buscaron bajarle el tono a la tensión y se vuelven a mostrar juntos, luego de compartir el acto en homenaje a las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel.

En su despacho desde las 7.48, Milei esperó con paciencia la llegada de cada uno de sus principales colaboradores, hasta el último de ellos, Martín Menem, quien llegó a Casa Rosada en un taxi.

Se reúnen desde las 8.55 en el salón Eva Perón los ministros Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mario Russo (Salud), Mariano Cuneo Libarona (Justicia) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Los dos ausentes son la canciller, Diana Mondino, con agenda de actividades en Vietnam, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que hasta el momento no participa del intercambio.

Los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia), Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica), Eduardo Serenellini (Prensa) y José Rolandi (Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete) también son parte de la reunión junto al vocero presidencial, Manuel Adorni, y al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Será este martes en rechazo a las cesantías en esa importante Secretaría.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) movilizará este martes a la Secretaría de Derechos Humanos en rechazo a los despidos efectuados por el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, en la Secretaría de Derechos Humanos. “Dejaron sin empleo a trabajadores que tienen entre 8 y 16 años de prestación de servicio”, manifestaron.

Según denunció la delegada de ATE, Paula Donadío, que hasta el momento la Secretaría de Derechos Humanos registró 26 despidos, cinco de ellos de trabajadores que llevaban a cabo su labor en espacios de Memoria y a fin de mes vencen 100 contratos que no serían renovados.

“Desde ATE, nuestra principal preocupación son las fuentes de trabajo. Hay compañeros y compañeras con familias atrás o con proyectos de vida ya iniciados que, de un día para otro y sin ningún tipo de explicación, se vieron sin trabajo“, sostuvo Donadío.

En esta línea, la sindicalista del gremio que nuclea a los estatales nacionales denunció que el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Alberto Baños, no quiere recibir a los estatales gremialistas al alegar “cuestiones de agenda“, debido a que recién este lunes volvió de un viaje a Costa Rica.

Por esta razón, desde las 11 horas ATE estará desarrollando una actividad en la Secretaría de Derechos Humanos, ubicado en el predio de la exESMA para “luchar contra el desguace” del organismo, y “hacer oír la voz de compañeros y compañeras que en este momento se encuentran sin tareas“.

Según la delegada de ATE Nana González Rehermann, sumado a los 26 despidos, a finales de este mes vencen 100 contratos que no van a ser renovados. “Han despedido a trabajadoras y trabajadores que tienen entre 8 y 16 años de prestación de servicio en el área”, cuestionó.

En ese sentido, ATE remarcó que el Gobierno de Milei está realizando un vaciamiento en las áreas de Derechos Humanos y en las políticas de Memoria, con, por ejemplo, el cierre del Sitio de la Memoria de la provincia de Corrientes, o la reducción del personal en áreas que implican a las Leyes de Reparación, Prensa y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

La ex titular de PAMI cruzó al gobierno de Javier Milei.

La diputada nacional y ex titular del PAMI, Luana Volnovich, cruzó al gobierno de Javier Milei luego de que el vocero Manuel Adorni asegurar que estaban avanzando con una “auditoría profunda” a raíz de los “gastos astronómicos” que se habrían realizado durante su gestión.

“El Gobierno y un nuevo cuento del tío”, disparó Volnovich en cuenta de Instagram y siguió: “Hoy el gobierno lanzó ataques a nuestra gestión en PAMI. Puro cuento. Los 4 años fueron superavitarios”.

“Es más, el 10 de diciembre último dejamos casi 300 mil millones, que ahorramos durante nuestra gestión, en un plazo fijo y en el fondo de inversión del Banco Nación. Tanto la AGN como el Banco Nación pueden dar cuenta de eso”, subrayó.

A su vez, Volnovich dijo que el PAMI bajo su gestión “tuvo dos pilares: superávit y ahorros” y agregó: “Pero gestionar es más que administrar, por eso a las obras sociales se las evalúa por la calidad y cantidad de prestaciones que cubren”.

De esa forma, destacó las medidas que se llevaron a cabo y que derivaron en un “astronómico incremento en las prestaciones”.

En ese sentido, señaló a los medicamentos gratuitos para los afiliados, la instalación del sistema Libertad Elegir y la digitalización de la receta de papel.

“¿Por qué miente el gobierno? ¿Por qué gasta plata y tiempo en operaciones?”, preguntó y continuó: “Estarán tratando de justificar el ajuste que preparan”. “¿Será que quieren recortar medicamentos y prestaciones?”, disparó.

La denuncia del Gobierno sobre el PAMI

Adorni compartió en conferencia de prensa los resultados preliminares de la auditoría sobre el PAMI. “Se recortaron desde el 10 de diciembre $90 mil millones en gastos políticos, innecesarios o provenientes de la ineficiencia”, aseguró.

“En diciembre se eliminaron el 75% de las secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias y el 100% de las coordinaciones”, sumó.

En ese sentido, dijo que, si no se realizaba el ajuste en el organismo “en mayo dejaba de ser operativo por el abultado déficit que estaba acumulando”.

Y concluyó: “Fue tan grande el despilfarro que se encontraron gastos en publicidad de dimensiones astronómicas equivalentes, por ejemplo, a todo un año entero de reactivos para los afiliados que sufren de diabetes”.

Fracaso de las clásicas recetas de la derecha.

La consultor Zuban Córdoba publicó su última encuesta sobre la imagen de Javier Milei y la percepción de la población sobre el rumbo del gobierno a 100 días de haber asumido. Malas noticias para el gobierno libertario.

En ese marco, el rechazo al gobierno pasó de 54,7 a 57,4 contra un 42,7 de apoyo, tres puntos menos que en febrero.

Además, un 55 por ciento entiende que el gobierno va en la dirección incorrecta contra un 42,4 que eligió la otra opción.

Después, y como era previsible, el 88% de los argentinos entiende que el ajuste brutal lo está pagando la gente y no la casta, como había anunciado Milei en campaña. Como Mauricio Macri en 2015, otra vez un líder de la derecha miente sobre cuáles serán sus políticas económicas.

El Ministerio de Salud de la Nación reportó 120 mil casos y 79 muertes por dengue en la temporada 2023/2024, de las cuales 69 pertenecen al año vigente. Los datos se desprenden del último informe epidemiológico de la cartera. En comparación al mismo periodo de 2023, se registró un aumento de casos de 11,3 puntos porcentuales. Mientras, el gobierno de Javier Milei niega el problema y rechaza incorporar la vacuna contra la enfermedad.

Según el Ministerio de Salud, es la primera vez que se registran tantos casos acumulados a esta altura del año. Además, los casos confirmados y fallecidos representan un récord para la temporada 2023/2024, que se registra en un período de 52 semanas y que actualmente va por la 10. Esto ocurre en un contexto de alerta epidemiológica en la región de las Américas según la Organización Panamericana de la Salud.

De los 120.007 casos de dengue registrados en el período, 109.313 fueron autóctonos (sin antecedentes de viaje), 3.917 importados y 6.777 en investigación. La incidencia acumulada hasta ahora en el país es de 255 casos cada 100 mil habitantes. Hubo 248 casos calificados como dengue grave, que representaron al 0,20% del total de casos nacionales. En el informe también destacan la persistencia de casos, aún en la época invernal.

El gremio que lidera Gerardo Martínez aseguró que la situación es “extremadamente seria”, y preparar un plan de lucha para frenar la caída de la cantidad de trabajadores en actividad.

La construcción en la Argentina perdió más de 80 mil puestos de trabajo desde diciembre pasado, cuando asumió el presidente Javier Milei. De esta forma, de los 440 mil trabajadores que había en julio pasado, se redujeron un 11 por ciento hasta fines de año, un 18 por ciento en enero y un 20 por ciento en febrero, y se estima que en marzo “continuarán bajando dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída”. Así lo afirma un estudio realizado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que lidera Gerardo Martínez, quien adelantó que por la crisis del sector iniciará “plan de lucha territorial” y buscará conformar “alianzas programáticas con cada gobernador”.

Según el sindicalista, que es secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, “la construcción genera que por cada 100 empleos activos hay unos 30 indirectos que se ven beneficiados por el desarrollo”. “En el mundo, la industria de la construcción es madre de la industria”, dijo. En el informe elaborado por la UOCRA, destaca que “los 360 mil puestos de trabajo con los que comenzamos este mes continuarán bajando dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída, e incluso en grandes obras se mantuvo en planta un importante número por la figura de la suspensión, situación que cesó durante marzo”.

Esos 80 mil puestos (que se perdieron) están estrechamente relacionados con ocupados en obras públicas -agregó-, “dado que históricamente alrededor del 25 por ciento de los empleos están relacionados con las obras que tienen financiamiento del sector público central y de las provincias”.

Situación muy seria

El gremio que encabeza Martínez resaltó que “esta situación tan extremadamente seria se produjo ante las decisiones gubernamentales de no pagar un peso de certificados de obra nacionales, ni aun aquellas financiadas por los organismos internacionales, y dejar de transferir a las provincias los fondos por convenios de financiamiento compartido”.

Sostuvo que “en las provincias más chicas, muy dependientes de las obras de vivienda sociales y otras obras públicas, son las más afectadas Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero, mientras aquellas jurisdicciones en las cuales las obras privadas tienen más relevancia han sufrido menos el impacto, como CABA, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Tucumán”.

“Estas obras privadas que amortiguaron la caída son obras en ejecución que no pueden pararse pero han disminuido su ritmo y no vemos obras de reemplazo para compensar el ritmo a su finalización”, advirtió el sindicato de la construcción en su informe sobre la crisis del sector.

“Es inaceptable que el gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno, que no convoque al diálogo social y que ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país”, dijo la UOCRA en un documento difundido a fines del mes pasado, en el que anunció que declaró “el estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras públicas y privadas del país”.

Fuente: Data Gremial