El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad del mega DNU del presidente Javier Milei, que entró en vigencia este viernes. Lo hizo con el patrocinio del exjuez del tribunal, Eugenio Zaffaroni.
El gobierno de La Rioja pidió al máximo tribunal que declare la “inconstitucionalidad manifiesta” del DNU 70/2023 de desregulación económica, que dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación y que asuma la “competencia originaria” para entender en el asunto.
Lo hizo a través de una “acción declarativa de certeza” presentada por el gobernador Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra, según el escrito al que tuvo acceso Ámbito.
Además, se reclamó al máximo tribunal del país que habilite la feria judicial de enero que inicia la semana próxima para resolver la causa, en el primer planteo que llega de manera directa a la Corte contra el decreto del Gobierno de Javier Milei que empezó a regir desde hoy.
En la “acción declarativa de certeza” se pidió que se declare “la nulidad absoluta e insanable del decreto n°70/2023 por resultar manifiestamente contrario a la Constitución” y que de manera inmediata “se dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos”, reseñó Ámbito Financiero.
El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, aseguró ayer que el próximo 24 de enero en el paro nacional convocado por la CGT habrá un millón de personas en la calle. De alcanzarse este número, se trataría de una de las manifestaciones más masivas de la CGT. “¿Cómo nos piensan parar?”, ironizó el líder sindical.
En diálogo con Radio Splendid, Furlán destacó, consultado sobre qué espera que ocurra con el protocolo antipiquetes: “¿Cómo van a hacer para parar un millón de personas en la marcha del 24 de enero? Un millón de personas vamos a movilizar”.
“Después de haber conocido el contenido del DNU y las leyes que plantean una brutalidad violentando la Constitución Nacional y derechos de toda índole. Hay un ensañamiento enorme del Gobierno con los sectores del trabajo y populares, beneficiando a los sectores mas concentrados de la economía. No hay que perder de vista que mientras nos somete a esta situación, a los sectores del poder los protege de una manera muy grosera”, agregó.
La CGT convocó al paro general a partir de las 11 del miércoles 24 de enero. El paro incluirá una movilización al Congreso. Además, la CGT presentó un recurso de amparo contra el DNU por “inconstitucional”. El cosecretario general, Héctor Daer, había afirmado que hay que “voltear el decreto”. El 10 de enero en la sede de la CGT habrá un plenario nacional de sus delegaciones regionales.
El Ministerio de Infraestructura comunicó hoy que la tarifa de los colectivos del AMBA pasará a ser de $76,92 para el tramo inicial a partir de enero del 2024 y adelantó que habrá un nuevo aumento en febrero. Por ahora, la motosierra de Javier Milei no llegó al transporte público. Se espera que el boleto llegue a los 500 pesos durante el año próximo.
“Se busca reducir paulatinamente la incidencia del subsidio a la oferta que ha generado graves distorsiones en el actual modelo, incrementando la participación en el ingreso de las empresas de la tarifa pagada por los usuarios”, aseguraron desde Infraestructura.
El ministerio acordó convocar a una audiencia pública para la primera quincena de enero para “establecer una tarifa en el AMBA equivalente a la misma que está vigente en los conglomerados urbanos del interior del país” y afirmó que “la misma regirá a partir del 1 de febrero”.
El Gobierno mantendrá los dos bonos por $55.000 para todos los jubilados que cobren un haber mínimo y se acreditarán entre enero y febrero, según adelantó ANSES. Es un aumento mísero si se considera que la inflación entre diciembre y febrero será del 30% mensual. Además, el gobierno de Javier Milei liberó el precio de los medicamentos, lo que impactará fuertemente sobre los ingresos de los jubilados.
Según prevé el ministro de Economía, Luis Caputo, se buscará hacer un recorte muy fuerte sobre jubilados y pensionados, que pagarán parte del brutal ajuste que Milei lleva adelante. Como se sabe, el ajuste no lo pagará la casta ni la política, ya que el gobierno libertario no prevee recortes en los salarios de los funcionarios, que ganan sueldos cercanos a los 3 millones de pesos.
De este modo, la jubilación mínima en diciembre fue de $105.712,61. Con el bono, los que perciben el haber mínimo alcanzaron a cobrar los $160.713.
Desde este viernes entró en vigencia el controvertido DNU 70/2023 anunciado por cadena nacional que cosechó más de una veintena de impugnaciones judiciales.
Desde las 0 horas de este viernes entró en vigencia el controvertido DNU 70/2023 anunciado por cadena nacional la semana pasada por el presidente Javier Milei y que cosechó desde entonces más de una veintena de impugnaciones judiciales para que se suspenda su aplicación por entender que viola la separación de poderes y que es profundamente inconstitucional.
En el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires había hasta el mediodía del jueves al menos 25 amparos y otros dos de la CGT y la CTA ante la justicia del Trabajo.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari rechazó disponer una precautelar de suspensión de los efectos del DNU en el proceso colectivo iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad porque “al día de la fecha, las disposiciones del DNU 70/2023 no han entrado en vigencia”.
Por su parte, la CGT apeló este jueves la decisión del juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet que desestimó el dictado de una medida cautelar “interina” que suspenda el capítulo IV del Decreto vinculado a la reforma laboral porque aún no entró en vigencia.
El magistrado concedió la apelación, habilitó días y horas inhábiles del 28 y 29 de diciembre y ya giró el expediente a la sala ocho de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
“Debe tenerse en cuenta, asimismo, que el DNU 70/23, pretende introducir modificaciones permanentes y no de coyuntura o de emergencia temporal (en derecho individual del trabajo y derecho colectivo) y esta circunstancia es relevante porque no se trata de implementar remedios temporales para una alegada crisis, lo que constituye otro motivo de invalidez ostensible”, argumentó la CGT en su presentación al reclamar una medida cautelar de “no innovar” y la suspensión de la puesta en vigencia del Título IV del DNU 70.
El decreto podrá ser tratado por el Congreso de la Nación, donde debe ser validado inicialmente por la Comisión Bicameral y luego aprobado por mayoría por al menos una de las dos cámaras legislativas. En caso de ser rechazado en ambas cámaras el DNU quedará sin efecto, por lo que no se descarta tampoco un freno a nivel legislativo, aunque no en lo inmediato.
La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo está integrada por 8 senadores y 8 diputados que tendrán a su cargo el deber de analizar si el Poder Ejecutivo cumplió con los requisitos de forma como los plazos y si está justificada la “necesidad” y la “urgencia”.
Sin embargo, el tratamiento del DNU verá un obstáculo tras el dictamen de la comisión bicameral: debido a las sesiones extraordinarias convocadas por el propio gobierno nacional, el paquete de medidas que apunta a desregular la economía no podrá votarse en el pleno de ninguna de las dos cámaras legislativas hasta el 1° de marzo.
Al presentar el Decreto de Necesidad y Urgencia a la que denominó “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, el presidente Milei repasó algunas de las medidas que incluye y justificó el ajuste con el remanido argumento de “la enorme crisis” producto de “100 años de colectivismo” que dice haber heredado.
Algunas de las medidas del DNU
Derogación de la Ley de Alquileres.
Derogación de la Ley de Abastecimiento.
Derogación de la Ley de Góndolas.
Derogación de la Ley del Compre Nacional.
Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía.
Derogación de la Ley de Promoción Industrial.
Derogación de la Ley de Promoción Comercial.
Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.
Derogación del régimen de sociedades del Estado.
Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.
Modernización del régimen laboral, un eufemismo para avanzar en la flexibilización laboral.
Reforma del Código Aduanero.
Derogación de la Ley de Tierras.
Modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia reproducción azucarera.
Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola.
Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera.
Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.
Implementación de la política de cielos abiertos.
Modificación del Código Civil y Comercial.
Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar para permitir contratos en moneda extranjera.
Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.
Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga.
Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales.
Establecimiento de la receta electrónica.
Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos.
Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas.
Desregulación de los servicios de internet satelital.
Desregulación del sector turístico, “eliminando el monopolio de las agencias de turismo”.
Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores.
La alícuota mensual se dispara un 110% pero los ingresos anuales se incrementan en menos de un 50%.
En lo que representa un fuerte golpe a la clase media, el plan económico de Luis Caputo avanzó sobre los monotributistas con un incremento del 110,90% en la alícuota mensual a partir de enero. No obstante, los parámetros de facturación se incrementaron en apenas un 49%.
Según se desprende de la actualización hecha por AFIP de la tabla anual para el Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes, los contribuyentes de la categoría A -la más baja- podrán facturar hasta $2.108.000 anuales, mientras que la cuota pasa de $5.750 a $12.128.
Para la Categoría K, la más alta, la cuota mensual irá de los $50.717 actuales a $106.964, mientras que el tope de facturación pasa a $16.957.968 anuales.
Considerando encuestas de diversas consultoras que analizaron el perfil socioeconómico y laboral de los votantes, la medida impacta contra un segmento considerable del electorado que optó por Javier Milei.
En recientes declaraciones a LN+, el Presidente fue consultado por próximas medidas para regular la actividad de trabajadores monotributistas y autónomos, a quienes instó “a competir”.
Por el cambio de gobierno, había una demora en el anuncio del incremento del monotributo por parte de AFIP.
La decisión se toma a pesar del pedido del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad para que se otorgue una prórroga para efectuar la recategorización semestral del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
Frente a este incremento, hay sectores profesionales que reclaman una modificación urgente del régimen y de la modalidad de actualización de parámetros y escalas, al considerar que, ya en la primera mitad del año próximo se registrará un significativo número de excluidos y de recategorizados a las categorías más altas del régimen.
Pablo Moyano adelantó que “será multitudinaria” e involucrará a los “perjudicadas por esta locura que lleva adelante el ‘enviado del cielo’ que se caga en el Congreso y los trabajadores”
El Comité Central Confederal (CCC) de la CGT declaró este jueves un paro general nacional a partir de las 12 del 24 de enero, que incluirá una movilización al Congreso en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica dictado por el Gobierno de Javier Milei.
Además, se aprobó la realización de un plenario de delegaciones regionales en el Salón Felipe Vallese de Azopardo al 800 el próximo 10 de enero, una presentación judicial en rechazo del DNU y solicitar reuniones con todos los bloques parlamentarios de ambas cámaras para debatir “su acompañamiento” contra esa medida y la Ley Ómnibus elevada al Congreso por la administración Milei.
También decidió mantener reuniones con las otras centrales obreras (CTA y su par, la CTA Autónoma) para articular acciones conjuntas, y facultó al consejo directivo nacional para aprobar “las medidas pertinentes en la oportunidad que requiera la actual situación”.
Este último punto de la resolución del Confederal implica que el consejo directivo podrá adoptar las medidas de fuerza consiguientes que crea oportunas según la evolución de la situación política, económica y social por la que atraviesen los trabajadores y la sociedad.
Además, los informantes dijeron que la CGT se encargaría de “monitorear” el clima social durante enero y, probablemente, declarar una huelga nacional para febrero, pero esa presión determinó adelantar la fecha para el 24 de enero.
En una conferencia de prensa posterior al Confederal, en el Salón Felipe Vallese, el cotitular de la CGT Héctor Daer afirmó que “la ‘Ley ómnibus’ es de forma exponencial peor que el DNU”; advirtió que el Gobierno pretende “transformar” el país “sin una mirada de progreso” y remarcó que la central obrera “no tiene contacto” con el Ejecutivo.
Foto: Camila Godoy
Su par en el triunvirato de la central, el camionero Pablo Moyano, señaló que la movilización del 24 de enero “será multitudinaria” e involucrará a organizaciones sindicales y sociales “perjudicadas por esta locura que lleva adelante el ‘enviado del cielo’, que se caga en el Congreso y en los trabajadores”, y aseguró que “no existe contacto con el Gobierno”.
“La CGT no propuso la dinámica. En menos de una semana el Gobierno transformó la Argentina de forma absoluta y no lo hizo con una mirada de progreso. Nos lleva al país pastoril. Por eso afirma que el mejor presidente fue Julio Argentino Roca”, afirmó Daer.
Para el dirigente del gremio de Sanidad, el DNU que desreguló la economía “tiene características ilegales y apunta contra los derechos individuales de los trabajadores, los colectivos, contra el sistema universal y solidario de salud y contra otras cuestiones”.
“Se trata de una transferencia real de los sectores trabajadores, que pierden capacidad de acción ante derechos plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales“, dijo Daer.
Foto: Camila Godoy
Agregó sobre el proyecto de ley “Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos”, enviado al Congreso, que “atenta contra los jubilados” porque “hace desaparecer la fórmula jubilatoria, y contra las indemnizaciones de ley, además de promover las privatizaciones de las empresas del Estado”.
Moyano dijo que habrá cese de actividades para “proteger a los trabajadores y que puedan marchar” hacia el Parlamento, y detalló que “seguramente” participarán ambas CTA, la UTEP y todos los movimientos sociales perjudicados por el DNU.
“Estaremos en la calle como siempre defendiendo un sólo interés, el de los trabajadores. La protesta se realizará también para defender a las empresas del Estado“, como YPF, Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos, Radio Nacional y Télam, aseguró.
Moyano sostuvo que de no ser de esa forma “se las regalarán a sus socios, cuyos más grandes beneficiarios son Paolo Rocca y Mercado libre, que le bancaron la campaña, por lo que se repiten los ’90 y vuelve el menemismo que se creía erradicado”, resaltó.
Imagen aérea de la movilización en Tribunales en contra del DNU de este miércoles 27 de diciembre / Foto: Leandro Blanco
El diputado nacional Sergio Palazzo, de los bancarios, reclamó a la justicia que observe “con mucho detenimiento” la medida del presidente Javier Milei, porque atenta contra “la situación de los trabajadores”, a la vez que denunció que “arrogarse las facultades de legislar durante dos años, con posibilidad de extenderlo otros dos más, significa eliminar prácticamente el Congreso Nacional”.
El titular de la Asociación Bancaria dijo que “el DNU tiene consecuencias nocivas”; afirmó que “arrogarse las facultades de legislar dos años, con posibilidad de otros dos más, es la eliminación del Congreso”, y subrayó que Milei “cambió el orden jurídico de la Argentina”.
Según todas las fuentes gremiales, el Gobierno debería reflexionar sobre “su accionar” y tender puentes de diálogo para “no incursionar o profundizar un conflicto con la sociedad en general y el pueblo trabajador, que es el principal perjudicado por estas medidas”.
De esta manera el estado no conservaría ninguna intervención en el sector y se desharía hasta del manejo de la infraestructura, en una visión radicalizada que no existe en prácticamente ninguna parte del mundo.
En este sentido, el proyecto va notoriamente más allá del modelo ensayado en la década de 1990, que implicaba la entrega en concesión de la explotación de los servicios a un operador privado durante un cierto plazo (típicamente, de 30 años), tras el cual los bienes concesionados revertirían al Estado, su propietario.
En cambio, la iniciativa presentada este miércoles no sólo implica un retiro de cualquier tipo de intervención directa del Estado sobre la operación ferroviaria, sino la venta de la infraestructura ferroviaria, que es patrimonio público, al sector privado.
Se trata de una visión radicalizada, que no existe en prácticamente ninguna parte del mundo. Excepción hecha del muy particular caso de Japón –una privatización parcial y muy regulada de partes del sistema–, sólo Gran Bretaña intentó una medida semejante en tiempos del gobierno conservador de John Major: Margaret Thatcher siempre se opuso por considerarla una idea excesiva. Apenas tres años después de la privatización la infraestructura ferroviaria británica debió ser reestatizada y en la operación, si bien subsisten concesionarias privadas –muy cuestionadas–, cada vez tiene mayor participación el Estado. Hasta The Economist y Bloomberg han publicado columnas en que la privatización ferroviaria británica es considerada un fracaso tanto en términos económicos como de servicio.
En el resto de Europa, el modelo de separación vertical entre operación e infraestructura (que es ley en la Argentina, a pesar de que su implementación no se haya desplegado plenamente) fue creado explícitamente con el objetivo de permitir la participación privada y la competencia en la operación de los servicios de cargas y pasajeros, pero manteniendo siempre la gestión y la propiedad de la infraestructura en manos del Estado, un reclamo que en cuanto a la red ferroviaria argentina de hecho comparten hasta las concesionarias cargueras todavía vigentes (NCA, Ferrosur y FEPSA).
La privatización estructural del sistema abre una etapa de enorme incertidumbre para los ferrocarriles en la Argentina: no sólo por la falta de certezas sobre la existencia de potenciales interesados en invertir en el negocio –tal como advirtió la entonces candidata presidencial Patricia Bullrich–, sino sobre la misma continuidad de los servicios, especialmente los de pasajeros, que son por definición deficitarios, en el caso de que fracase su futura privatización.
Un aspecto particularmente alarmante de la propuesta es que una vez transformados los terrenos ferroviarios en propiedad privada, no existiría ninguna garantía de que los mismos continúen estando afectados a ese uso específico. En este contexto, podrían ser vendidos por sus eventuales dueños para cualquier otro uso: su venta como terrenos sería más rentable para el sector privado que su explotación ferroviaria.
Por lo demás, no termina de quedar claro cuál sería el beneficio para el interés público de esta enajenación de patrimonio y cesión de negocios a privados, toda vez que cualquier operador privado de pasajeros requiere de subsidios estatales para funcionar, que los estándares de los servicios aún concesionados son menores a los estatales, y que hasta informes de organismos internacionales certifican que la operación estatal es más barata que la privada.
Vale recordar, a fin de cuentas, que la renovación masiva de material rodanteen los trenes metropolitanos del AMBA realizada durante los últimos diez años, así como la incorporación de nuevo material para cargas y renovaciones de vías realizados con préstamos de China, sólo fue posible por la inversión estatal en el sistema. Cabe preguntarse, en fin, si la obsesión de Javier Milei con privatizar todo sin matices ni distingos se apoya sobre alguna premisa racional o directamente no admite discusión: entonces estaríamos hablando de algo muy distinto.
El proyecto de ley enviando al poder legislativo contempla que el poder ejecutivo pueda disponer a discreción propia del ingreso o egreso de tropas, facultad que por mandato constitucional le corresponde al Congreso Nacional, de aprobarse, se estaría ante una situación de extrema gravedad.
Por Ignacio Corradi
El Proyecto de Ley “Ómnibus”, denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, viene dando que hablar por su manifiesta inconstitucionalidad en las diversas áreas sobre las que pretende legislar, la defensa nacional no quedó ajena a estas controversias. En este sentido el Capitulo II de la citada proyecto de ley dedicado a la Defensa Nacional, establece en sus Artículos 345 y 346 que sea facultad del Poder Ejecutivo Nacional la autorización para el ingreso o egreso de fuerzas militares.
Capitulo II de la polémica Ley Ómnibus.
Los artículos citados en el proyecto de Ley enviando al congreso por el gobierno del presidente Javier Milei en ningún momento hacen mención a la potestad del Congreso Nacional en esta materia, se trata de disposiciones totalmente unilaterales que le otorgarían al PEN la discrecionalidad de disponer del ingreso de fuerzas armadas extranjeras al territorio nacional con todo lo que ello implica tanto en lo que hace a la seguridad de los intereses nacionales como en materia de Derechos Humanos para la propia población ya que el propio poder ejecutivo podría de esta manera otorgar a discreción un marco de inmunidad jurídica a las fuerzas que ingresasen al país. En conclusión, se trata de una iniciativa claramente inconstitucional ya que dicha facultad le corresponde por mandato de nuestra ley suprema al Congreso de la Nación, el articulo 75 inciso 28 es muy claro cuando establece: “El Congreso (por ser el representante de las provincias y del pueblo de la nación) debe tomar estas decisiones que traen consecuencias tan importantes para el país: Permitir que entren tropas extranjeras a la Argentina, y permitir que salgan tropas nacionales fuera de la Argentina”.
Ignorar o hacer caso omiso del mandato constitucional en este aspecto tan delicado podría traer graves consecuencias.
El abogado Pablo Llonto hizo una primera lectura de los puntos más importantes del proyecto de ley y cuestionó duramente su contenido.
El mega proyecto de ley ómnibus que presentó el presidente Javier Milei impactará de lleno en materia de derechos humanos. Especialistas aclararon que “no se mete con la Obediencia Debida”, aunque advierten por una regresión en un aspecto central, al considerar que de aprobarse se reglamentará el gatillo fácil. Qué podría pasar con los represores presos por delitos de lesa humanidad.
El abogado especializado en Derechos Humanos Pablo Llonto explicó en declaraciones radiales los puntos principales de la ley ómnibus enviado por Javier Milei al Congreso y puntualizó las modificaciones que habrá en términos de los juicios por delitos de Lesa Humanidad y crímenes de gatillo fácil.
“Primero quería llevar un poco de tranquilidad a las víctimas y familiares de víctimas en delitos de Lesa Humanidad. Porque anda circulando una mala interpretación de este proyecto en el sentido de señalar que se mete la Obediencia Debida”, remarcó.
Sobre este punto, que circuló mucho en los medios y redes sociales, dijo que si bien “el proyecto tiene barbaridades de punta a punta, no hay una modificación” en el tema de los delitos de Lesa Humanidad y la Obediencia Debida, que prevé una presunción iuris et de iure para de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas con un grado por debajo de coronel.
“Eso ha estado siempre en el Código Penal, después tuvo una ley especial para los delitos de Lesa Humanidad. Los tribunales, los jueces, la Corte, todos los tribunales del país han dicho que no se aplica para estos casos. En ese sentido, no es así lo que se está diciendo. No hay “restauración”. Siempre estuvo”, aclaró.
Llonto, en este punto, añadió sobre el segundo gran avasallamiento en términos de derechos humanos: “En el inciso 4 le han agregado unas líneas al texto, porque dicen que se debe interpretar a favor de las fuerzas de seguridad. Esto está hecho para la Policía y el gatillo fácil. Seguramente que de este artículo, si pasara, esto lo van a utilizar los defensores de quienes cometan delitos de gatillo fácil”.
Y este punto sí se toca con los delitos de los genocidas: “Seguramente algún defensor de Lesa Humanidad también se agarre de esto para intentar meterlo. Pero los tribunales han rechazado”. A lo que añadió: “Sí los agregados que hay al tema de impedirles a los familiares de las víctimas querellar contra el funcionario público que haya cometido este delito. Es claramente sobre el caso Chocobar”.
En este contexto, Llonto opinó: “Hace unos días que estamos diciendo que el Congreso se puede reunir y sesionar para el rechazo del DNU, para no entrar en esta trampa de creer que como en las sesiones extraordinarias hay un límite para tratar nos metieron el DNU”.
