El diputado Nacional está siendo investigado por el atentado contra Cristina Kirchner. Estuvo en Lanús durante el lanzamiento de Néstor Grindetti como candidato a gobernador.

Por su estrecho vínculo con Patricia Bullrich, Gerardo Milman estaba llamado a ser uno de los grandes jugadores del “ala dura” PRO en las próximas elecciones generales.

Sin embargo, una conversación en un espacio público desencadenó una investigación en su contra por la posible participación o conocimiento respecto al atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner, al decir “cuando la maten, yo estoy camino a la costa”.

Luego de aquella denuncia, que llegó a manos de la Justicia y donde se comprobó el almuerzo mencionado por el testigo, Milman bajó su perfil al máximo y desapareció de la vida pública e incluso de las sesiones en el congreso.

Pero ayer, luego de varios meses de ausencia, volvió a mostrarse en público durante el acto de lanzamiento de Néstor Grindetti al que asistió también Patricia Bullrich.

“Es una provocación y una ofensa que Néstor Grindetti siente en su acto de lanzamiento a Gerardo Milman. Un personaje nefasto que días antes del atentado a Cristina Fernández de Kirchner ya sabía lo que iba a pasar” sostuvo el concejal del Frente de Todos en Lanús, Julián Álvarez, sobre la presencia del diputado en el acto proselitista que tuvo que renunciar a la vicepresidencia del bloque de Juntos en la Cámara baja y además no estuvo en la apertura de sesiones ordinarias que se llevó a cabo el 1 de marzo.

 “Me parece que se magnificó un hecho y se dio difusión pública y no hay problema. Somos personas públicas”, se limitó a declarar Milman a C5N en el acto.

Avanza la convocatoria para el encuentro que se realizará el próximo sábado 11 que busca romper la proscripción de la vicepresidenta para las elecciones.

El próximo sábado 11 de marzo, las organizaciones políticas y sociales encuadradas bajo la conducción política de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, realizarán un Plenario de la Militancia en el distrito bonaerense de Avellaneda.

La fecha y la consigna elegida para la convocatoria son contundentes. Por un lado, se trata del 50° aniversario del 11 de marzo de 1973, cuando el peronismo volvió a ganar las elecciones luego de 18 años de proscripción con la candidatura de Héctor Cámpora.

En Avellaneda, uno de los distritos donde la vicepresidenta tiene el mayor caudal de votos, se espera una gran convocatoria. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, salió fuerte en sus redes con la consigna al igual que el intendente local, Jorge Ferraresi. Si bien aún no trascendió la presencia de la vicepresidenta, se espera la presencia de un amplio abanico de dirigentes del peronismo.

Una de las claves del acto será, de cualquier modo, manifestar públicamente el apoyo a la exmandataria tras el veredicto del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que le dictó la inhabilitación especial perpetua en primera instancia, y avanzar con el pedido para que sea candidata en las próximas elecciones.

El pasado 16 de febrero, en la reunión que se realizó en la sede del PJ nacional, se definió la creación de una comisión para avanzar en romper la proscripción de la vicepresidenta.

El Presidente habló sobre los incendios que dejaron a medio país sin luz horas después de su encendido discurso ante la Asamblea Legislativa.

El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes noche “no tener dudas” sobre el apagón ocurrido el miércoles tras su discurso ante la Asamblea Legislativa “fue un sabotaje”, durante una entrevista con C5N.

Al respecto, el Primer Mandatario enfatizó que fue para “desviar el eje” de su discurso en el Congreso y contó que “sólo se prendió fuego abajo de la torre”.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien investiga los incendios que el miércoles pasado provocaron el apagón de energía eléctrica que afectó a millones de hogares de gran parte del país, ordenó buscar imágenes de cámaras de seguridad pública y privada de zonas cercanas y la recolección de testimonios de vecinos, a sabiendas de que las pericias técnicas pueden demorar algunos días.

El magistrado investiga cómo, cuándo y dónde se originaron los focos de incendio que afectaron las torres de alta tensión y que derivaron en el masivo corte de luz.

El fuego se inició en un campo que pertenece a un exfuncionario del gobierno del exintendente macrista Nicolás Ducoté, Ricardo Elliot, quien se desempeñó en el área de la secretaría de Servicios Públicos de Pilar.

Como se trata de una zona rural, la justicia no espera acceder a cámaras con imágenes directas del lugar de los hechos (más allá de aquellas con la que ya cuenta el juzgado) pero sí de las vías de acceso al terreno donde se produjo el incendio para ver quién o quiénes circularon por allí.

El ex guardia de Campo de Mayo obtuvo la libertad condicional luego de haber sido condenado el año pasado por haber sido parte del engranaje de secuestro y desaparición de trabajadores y militantes.

La Cámara Federal de San Martín concedió la libertad condicional al represor Roberto Fusco, condenado a 11 años y 6 meses de prisión el 6 de julio pasado por delitos de lesa humanidad.

La decisión del Tribunal de Apelaciones se fundamentó en que el condenado represor cumplió los dos tercios de su pena, pese a que aún no está firme, y quedó en condiciones de ser excarcelado bajo la figura de libertad condicional.

“Sin haber roto los pactos de silencio sobre los miles de cuerpos desaparecidos y las personas nacidas en cautiverio que siguen sin conocer su identidad, Fusco podrá caminar suelto por la calle” denunció la agrupación HIJOS Capital mediante un comunicado compartido en las redes sociales.

Al planteo de excarcelación se habían opuesto la fiscalía y la querella porque la condena impuesta en un juicio oral fue apelada y se pide ante Casación la prisión perpetua mientras que la defensa reclamó la absolución.

La fiscalía se opuso al remarcar que ” se acreditó que el nombrado Fusco cumplió funciones de celador en el Centro Clandestino de Detención en Campo de Mayo” en la última dictadura cívico militar.

Se trata de cámaras de última generación que permiten el reconocimiento facial inmediato de personas con pedido de captura.

El Gobierno nacional anunció que habilitará a las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe a utilizar el Sistema de Identificación Segura (SIS) y que financiará la adquisición de 600 cámaras de vigilancia que utilizan el reconocimiento facial para la ciudad de Rosario, con el fin de brindar apoyo a la política de seguridad en el distrito.

Así fue acordado en un encuentro que se realizó en el Salón de los Escudos de Casa Rosada entre el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, y el gobernador Omar Perotti.

La firma del acuerdo se produce un día después de que un supermercado de la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, fuera atacado a balazos en Rosario, y de que el presidente Alberto Fernández considerara que “algo más habrá que hacer” para combatir la violencia y el crimen organizado en esa ciudad.

“Con la seguridad no se especula. Hay que trabajar todos los días para combatir al crimen organizado y en esta pelea se requiere políticas de Estado sostenidas en el tiempo y del esfuerzo de todos los sectores”, dijo De Pedro tras la reunión.

En ese marco, agregó que se están poniendo “las herramientas del Gobierno nacional a disposición de cada uno de los gobernadores y gobernadoras para que puedan fortalecer y tecnificar la lucha contra el crimen organizado”.

Por su parte, Rossi destacó “el enorme trabajo que viene realizando el Ministerio del Interior de la Nación”, y señaló que el acto sirvió para “ratificarle al gobernador y a los funcionarios provinciales el compromiso inclaudicable del Gobierno nacional de trabajar junto con la provincia y con cada uno de los municipios de la provincia para combatir ese flagelo que tanto nos preocupa a todos nosotros”.

A su turno, el gobernador Perotti dijo que para su Gobierno “es de suma importancia poder realizar este acuerdo para poder utilizar estas aplicaciones que combinan perfectamente con las inversiones que se vienen realizando en la incorporación de tecnología al área de seguridad”.

“Particularmente creemos que la tecnología a aplicar suma a los esfuerzos que cada una de las instituciones policiales y fuerzas federales: Tener capacitación, tener logística, tener recursos y tener la posibilidad de acceder rápidamente a la identificación de personas. Entendemos es un aporte importante. La particularidad que vivimos en Rosario, en la provincia de Santa Fe”, completó.

Mediante el uso de este sistema desarrollado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), los efectivos del Gobierno provincial podrán realizar la identificación biométrica inmediata y segura de prófugos o personas con antecedentes penales.

Por otra parte, en esta primera etapa, Interior otorgará financiamiento para la instalación en la zona de Rosario de cámaras de vigilancia de última generación en la vía pública, permitiendo el reconocimiento facial inmediato de personas con pedido de captura en la vía pública en Rosario.

En la firma del convenio también estuvieron presentes el director nacional del Renaper, Santiago Rodríguez; la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano; el ministro de la Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach; y la secretaria de Gestión Federal de esa provincia, Candelaria González del Pino.

El ex presidente es el referente nacional con el peor diferencial de imagen de menos cincuenta.

Mauricio Macri tiene la peor imagen entre todos los dirigentes nacionales en la provincia de Buenos Aires, con 73 de negativa y un diferencial de menos 50. El Frente de Todos, medido por marca, y Axel Kicillof, medido por candidato, lideran las encuestas por 4 puntos, que aumentan a 5 con la proyección de indecisos.

Macri es seguido en ese ranking por el ibertario Javier Milei, con menos 26 de diferencial. Esto permite inferir que el electorado bonaerense es hoy refractario a las políticas neoliberales, probablemente porque la experiencia de los años comprendidos entre 2016 y 2019 está aún fresca en la memoria. El dato remite a la reciente afirmación del Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, según quien “no se trata de elegir entre oficialismo y oposición sino entre dos oficialismos, el actual y el que gobernó el período anterior”.

Estos números explican también fenómenos como el éxodo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que tras su experiencia bonaerense, volvió a hacer política del otro lado del a General Paz, a salvo del rechazo de quienes gobernó. Es probable que el apoyo, cada vez más explícito, de Mauricio Macri al tándem Patricia Bullrich – Cristian Ritondo opere en suelo bonaerense como lo que popularmente se conoce como “un collar de melones”. De hecho, en todas las encuestas que analizan la interna opositora, la dupla Larreta- Santilli se impone cómodamente a los halcones. En este caso, 51 a 38.

Santilli tiene un desconocimiento importante, 21 puntos, que lo obliga a trajinar fuerte la provincia en los próximos meses. Llama la atención que Cristian Ritondo, tras haber sido ministro de Seguridad durante los 4 años de gobierno de Vidal tenga un desconocimiento aún mayor que el de su principal competidor, de 29 puntos.

En la categoría “voto a presidente”, siempre en territorio bonaerense, la ventaja del Frente de Todos se estira a 6,5 puntos: 37,6 a 31,1. La simulación contempla la existencia de otras candidaturas peronistas, vinculadas a gobernadores o ex gobernadores como Schiaretti o Urtubey, cuya presencia en el cuarto oscuro no es todavía un hecho.

Estos datos fueron obtenidos de una encuesta presencial, sobre 2.070 casos, entre mayores de 16 años, realizada entre el 4 y el 14 de febrero pasados. Sin embargo, la muestra tiene una particularidad. Se compone de tres tercios: uno representa a la tercera sección, otro a la primera y el último a las restantes secciones, pero la tercera sección representa hoy alrededor del 38% del padrón provincial.

Acumula denuncias por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tres juicios ejecutivos de la AFIP.

Semanas atrás, una denuncia que aterrizó en el juzgado de Ariel Lijo pasó casi desapercibida entre los avatares de la arena política. La ex gobernadora y actual diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, fue denunciada por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La denuncia fue presentada por el abogado Yamil Castro Bianchi, quien aseguró en la documentación que existen serias irregularidades e inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por la referente de Juntos.

En efecto, una investigación llevada adelante por Realpolitik durante el 2021, ya había revelado que Vidal había presentado una declaración jurada de 3 millones de pesos, pero al mismo tiempo había adquirido un exclusivo departamento de varios cientos de miles de dólares en La Isla, uno de los sectores más exclusivos de la ya coqueta Recoleta.

En efecto, entre los años 2018 y 2020, siempre de acuerdo a sus declaraciones juradas, Vidal logró un meteórico ascenso en sus ahorros, pasando de 3 millones a unos 50 millones de pesos, en un crecimiento que deja atrás las expectativas más optimistas de cualquier empresario argentino.

Sus números, ciertamente, son llamativos. Desde el mes de diciembre de 2021 tiene un salario de 329 mil pesos en la Cámara de Diputados de la Nación, pero sus consumos de tarjeta de crédito superan ampliamente los 250 mil pesos, vive en un exclusivo barrio de elevadas expensas y hasta se dio el lujo de contratar OSDE, una de las obras sociales más caras del mercado.

Mientras la denuncia de Castro continúa su marcha en los juzgados federales, se mantiene una incógnita sobre los tres juicios de ejecución fiscal que le inició la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre los últimos días del 2019 y los primeros de 2020, que recayeron en la secretaría Civil Nro. 8, del juzgado Federal Nro. 3 en lo Civil, Comercial y Contable Administrativo de Lomas de Zamora.

Posible evasión.

Un operativo realizado por personal de la Dirección General de Aduanas-AFIP logró desbaratar un contrabando de placas para minado de criptomonedas valuadas en más $240 millones. La carga se encontraba en un camión de una empresa paraguaya que ingresó a la Argentina proveniente de Chile.

El cargamento hallado durante un procedimiento en el Paso Fronterizo Internacional Cristo Redentor, en Mendoza, consistía en unas 300 cajas, en las que se hallaron equipos de informática, más precisamente 300 placas para minado WHATSMINER M31S+ y WHATSMINER M30S+.

El camión transportaba un cargamento declarado de 1.089 cajas con receptores de TV por Internet, controles remotos y conectores. Sin embargo, al pasar por el escáner arrojó imágenes que despertaron sospechas en el personal aduanero: lo que veían en la pantalla era incompatible con lo que el camión debía estar llevando, reseñó Ámbito Financiero.

Así, procedieron a una revisión física de la carga y, en primer lugar, encontraron que tenía un excedente no declarado. Las 300 cajas con placas de minado c

ripto que no correspondían con lo declarado fueron valuadas en más $240 millones.

Sector clave.

El presidente Alberto Fernández busca avanzar en la industrialización del litio, un mineral clave en el actual contexto mundial. Pero el país no quiere vender el mineral en bruto sino que pretende “agregar valor”. Para ello, quiere que las empresas mineras destinen hasta el 20% de su producción para la planta de celdas y baterías de la empresa estatal YPF-TEC.

“Trabajamos junto con los gobiernos provinciales y el sector privado para agregar valor, para generar trabajo argentino”, aseguró Fernández durante su discurso. Además, informó que se busca que el mineral sea valorado como un “recurso estratégico”, e informó que Argentina, junto con Bolivia y Chile, posee el 60% de las reservas mundiales.

El mes pasado, las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, donde se encuentran las reservas argentinas, se reunieron para avanzar en una mesa que permita pensar de modo estratégico el desarrollo del mineral. Hoy, las exportaciones de litio están en torno a los 800 millones de dólares pero podrían llegar a los 10 mil millones en la próxima década.

La Vicepresidenta recibió en su despacho del Senado a una delegación del Comité de Expertas de la Organización de Estados Americanos.

Cristina Fernández de Kirchner se reunió en su despacho de la Cámara alta con el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial de ese comité al país para abordar la violencia contra las mujeres, informó la Dirección de Prensa de la Cámara alta.

En la reunión, que continuará este viernes, se trató el atentado sufrido por la vicepresidenta el 1 de septiembre del 2022, señalaron fuentes parlamentarias.

Por otra parte, este viernes se realizará una conferencia de prensa para informar sobre el encuentro.

Luego de la primera jornada de trabajo, Marcela Huaita Alegre, integrante de la comitiva, señaló: “El año pasado nos hemos pronunciado en varias oportunidades en preocupación de la violencia política contra las mujeres que se da en toda Argentina y la región de América Latina”.

“En esos pronunciamientos, como comité que monitorea la convención de Belén do Pará, hemos ofrecido la asistencia técnica a los diferentes Estados y estamos muy agradecidos que el Estado de Argentina haya aceptado este ofrecimiento de asistencia técnica”, añadió.

En un breve contacto con la prensa, remarcó que hubo reuniones con “diferentes instancias del Poder Legislativo y Judicial”, como así también con el Poder Ejecutivo para “escuchar cuáles son los avances, pero también los retos y obstáculos en esta materia”.

“También de manera importante nos hemos reunido con quienes han sufrido situaciones de violencia política en diferentes ámbitos del espacio público”, precisó.

El trabajo en el país, aclaró Alegre, “todavía no ha terminado”, por lo que mañana se brindarán “algunas recomendaciones preliminares”, antes del informe final que será presentando en las próximas semanas.

La delegación está encabezada por su presidenta, Huaita Alegre, de Perú, e integrada por Leila Linhares Barsted, de Brasil; Lourdes Montero Justiniano, de Bolivia, y Sylvia Mesa Peluffo, de Costa Rica.

También la conforman la secretaria técnica del MESECVI, Luz Patricia Mejía Guerrero, y la responsable de la comunicación, Tatiana Bensa.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, en 1994, formalizando la definición de la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, como una violación de sus derechos humanos.

El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI, responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención.