Un amplio abanico de organizaciones presentó un amparo ante el “intento del radicalismo de desconocer a delegados de 90 centros de estudiantes”. Apuntan a Emiliano Yacobitti, diputado y armador de Martín Lousteau.

Organizaciones del movimiento estudiantil denunciaron a la actual conducción de la Federación Universitaria Argentina (FUA), a cargo del radicalismo, por haber convocado a elecciones para este sábado tras haber “invalidado a delegados de 90 centros de estudiantes” que representan a distintas universidades del país.

Acorde a la denuncia, impulsada por espacios peronistas, de izquierda e independientes, la Franda Morada busca que, por medio de prácticas “fraudulentas y proscriptivas”, los congresales que representan a estos 90 Centros de Estudiantes no acudan a votar para evitar una eventual derrota en la elección de la conducción de la FUA.

En función de este reclamo, la Secretaria General de la FUA, Constancia Bossio, afirmó: “queremos que los delegados y delegadas de todos los centros puedan votar en la FUA. No vamos a avalar las maniobras proscriptivas que son el manotazo de ahogado de una agrupación que ya perdió”.

En ese sentido, las agrupaciones denunciantes, entre las que se encuentran la Cámpora, el movimiento Evita, la  que conformaron el Frente Malvinas Argentinas, anunciaron la presentación de un amparo judicial para “denunciar este proceso electoral fraudulento” que recayó en el Juzgado de María Servini de Cubría.

Actualmente, el presidente de la FUA es Bernardo Weber, un dirigente estudiantil que responde al diputado nacional y operador político, Emiliano Yacobitti, quien además es la mano derecha del senador Martín Lousteau.

Para visibilizar el reclamo y exigir una nueva convocatoria que “permita votar a la totalidad de los centros de estudiantes del país”, las agrupaciones denunciantes realizarán este viernes 2 de diciembre, a las 10.00 horas, una conferencia de prensa en la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ubicada en Puán 480.

Las agrupaciones que impulsan la denuncia contra la Franja Morada son Juventud Universitaria Peronista; La Cámpora; Movimiento Universitario Evita; La Mella en el Frente Patria Grande; Auge; Corrientes Estudiantil Popular Antiimperialista; Movimiento de Participación Estudiantil; Frente Universitario Nacional por la Emancipación; Frente de Estudiantes Tecnológicos Independientes y Movimiento Universitario de Izquierda.

Se trata de Carolina López Mónaco, la Miss Argentina que es secretaria del diputado de Juntos por el Cambio vinculado al intento de asesinato de la vicepresidenta.

Carolina López Mónaco, una de las asesoras del diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman, entregó este jueves a la fiscalía su teléfono celular y la clave de acceso, al declarar por segunda vez como testigo en la causa por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

López Mónaco declaró bajo juramento de verdad durante poco más de hora y media ante Rívolo y al concluir el trámite el fiscal le preguntó si podía entregar su celular para ser peritado, a lo cual la testigo accedió, según fuentes judiciales.

Además suministró la clave y aclaró que se trata de un aparato nuevo que adquirió en los últimos tiempos, informaron a Télam fuentes del caso.

En ese sentido, dijo al fiscal que el aparato anterior que usaba al momento del episodio en la confitería Casablanca el 30 de agosto pasado, lo tiene una hermana suya y lo puso también a disposición en caso de ser necesario, explicaron las fuentes.

López Mónaco quien se desempeñó en el Ministerio de Seguridad en 2017 y luego fue nombrada colaboradora de Milman en el Congreso negó además conocer a algún referente de la agrupación Revolución Federal.

También le preguntaron cómo reaccionó el equipo de trabajo de Milman cuando se supo del intento de magnicidio a la Vicepresidenta la noche del 1 de septiembre y dijo que hubo un clima de consternación.

Tras la declaración de López Mónaco comenzó la de Ivana Bohdziewicz, asesora de Milman en Diputados, que seguía pasado el mediodía

Ambas acompañaban a Milman el 30 de agosto en la confitería Casablanca, dos días antes del atentado sufrido por la exmandataria, cuando un testigo dijo haber escuchado decir al legislador “cuando la maten voy a estar camino a la costa”

Las colaboradoras del legislador llegaron poco después de las 9.30 a los tribunales federales de Retiro y esperaron en el quinto piso, sede de la fiscalía de Carlos Rívolo, hasta que fueron llamadas para comenzar una segunda declaración testimonial en la causa.

Antes de ingresar a la fiscalía, reiteraron en declaraciones a la prensa que “no es cierto para nada” lo que dijo el testigo sobre la frase atribuida a Milman.

“Es todo un falso testimonio”, agregó López Mónaco, antes de ingresar a la fiscalía.

A la audiencia asistían también los apoderados de la Vicepresidenta querellante en la causa, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal

Ambas, según se probó en la causa, estuvieron en la mesa con Milman el día en que el testigo dijo haberlo escuchado decir esa frase.

En cuanto al testigo, la fiscalía busca volver a tomarle declaración pero sufrió un ACV y el trámite dependerá de su estado de salud.

Rívolo tomó el miércoles declaración de manera remota a través de la plataforma Zoom a otro testigo, el diputado Marcos Leito, quien según fuentes del caso dijo que es habitual concurrente a Casablanca y no recordaba ese día en particular.

Los abogados de la querella llegaron con el reclamo del secuestro de los celulares hasta la Cámara Federal porteña que el viernes pasado emitió una resolución en la que señaló que era una medida procedente pero que antes debían llevarse a cabo otras, que tenían que ver con declaraciones testimoniales.

“Las familias encuentran un futuro de dignidad”, aseguró el mandatario en San Luis.

El presidente Alberto Fernández dijo este jueves en San Luis que “algunos piensan que las viviendas son temas que debe resolver el mercado”, pero remarcó que “mucha gente no puede acceder a las condiciones que el mercado exige”, al entregar la vivienda 70 mil en la ciudad de Villa Mercedes.

“Son 70 mil familias que encuentran un futuro de dignidad. Estamos esperando que llegue marzo, porque en los primeros días de ese mes vamos a entregar la vivienda 100 mil en la Argentina”, destacó el Presidente.

El acto contó con la presencia del gobernador, Alberto Rodríguez Saá, del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti y de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina.

Las casas que se entregaron este jueves requirieron una inversión del Gobierno nacional de 1.848 millones de pesos.

En San Luis ya se entregaron 1.072 viviendas Fonavi, 58 en el marco del programa Casa Propia y 47 del Procrear, a la vez que se adjudicaron 316 créditos hipotecarios, con una inversión total de 11.100 millones de pesos.

Se encuentran en ejecución 1.097 viviendas Casa Propia, 32 Casa Activa, 87 Procrear, 74 lotes PNASU y 757 créditos hipotecarios, alcanzando 12.657 millones de pesos de inversión.

Gestiones de Massa.

Un mes después de que el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) habilitara el desembolso de 700 millones de dólares para la Argentina que permitieron fortalecer reservas, el mismo organismo aprobó otro crédito millonario, que fue celebrado por el ministro de Economía, Sergio Massa y el Frente de Todos.

Fue el propio funcionario el encargado de anunciar la novedad: “El Directorio del BID aprobó un crédito por 500 millones de dólares”, dijo a través de las redes sociales. Esos desembolsos impactan positivamente sobre las reservas. Junto al “dólar soja II”, el gobierno esperar terminar el año con 40 mil millones de dólares en el Banco Central, de los cuales, 10 mil millones son de libre disponibilidad. Una gran noticia para la estabilidad del país.

Según aclaró Economía, esos fondos se destinarán “a compensar los gastos que desde el Estado realizamos para mitigar el impacto del cambio climático, que provoca inundaciones y sequías que afectan a nuestras economías regionales”. Es decir, son fondos que el país ya utilizó y ahora el organismo compensa.

La violencia de la derecha.

El ex jefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, está involucrado en causas de contrabando y espionaje, lo que es un escándalo en el país vecino. Pero la historia no termina ahí.

Ahora, la oposición denuncia que una empresa de seguridad que opera en Estados Unidos le encomendó a Astesiano el armado de “fichas” con “información personal” sobre los senadores del Frente Amplio Mario Bergara y Charles Carrera. Como contó LPO, ambos legisladores presentaron una demanda penal ante la Fiscalía por la concesión del Puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie.

Esta información fue recopilada por la Policia Científica tras recuperar el celular del exjefe de la seguridad presidencial. De allí también se destaca que un militar retirado uruguayo figura como gerente de la compañía y dice en un mensaje a Astesiano el pasado 18 de marzo sobre los Senadores espiados: “Los quieren atar para que retiren la denuncia”. “Necesito todos los datos personales y vinculaciones que me puedas conseguir”, volvió a escribir dos días después.

El escándalo que envuelve a la derecha uruguaya es parecido al que involucró al gobierno de Mauricio Macri. Los dos gobiernos se jactan de su supuesto “republicanismo” y defensa de la democracia” pero en la realidad suelen usar prácticas similares a las implementadas por las dictaduras.

En el caso argentino, el gobierno macrista llegó a espiar a más de 400 personas, donde se incluye a rivales internos de Macri. La justicia argentina no quiere investigar. ¿En Uruguay también ganará la impunidad?

Increíble.

El fanatismo de los ciudadanos de Bangladesh por la Selección Argentina no es nuevo. Sin embargo, no dejan de sorprender las muestras de cariño cada vez que juega la albiceleste. Tal es así que, este miércoles, luego del triunfo argentino ante Polonia, por 2 a 0, se vivió una fiesta en el país asiático.

Pocos minutos después de finalizado el encuentro, cientos de hinchas festejaron en las calles, con banderas argentinas y las caras pintadas de celeste y blanco. Los festejos en ese país fueron superiores a los que ocurrieron en Argentina.

Incluso, un móvil de un canal local estaba transmitiendo en vivo, desde una de las plazas públicas donde se transmitía el partido en pantalla gigante, cuando Julián Álvarez puso el 1 a 0 para Argentina y desató la alegría de los bangladesíes, que lo celebraron descontroladamente, casi igual que los festejos en el país.

¿Qué dirá la derecha argentina?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Uruguay divulgó los datos fiscales consolidados correspondientes al año móvil a octubre. El resultado es negativo en una cifra equivalente al 2,8% del PBI, dos décimas por encima de lo registrado en el mes anterior.

Así las cosas, Uruguay presenta más déficit que Argentina. ¿Qué dirá la derecha argentina ahora, que suele poner a ese país como ejemplo?

El aumento se debió principalmente a mayores erogaciones por inversiones y por intereses de deuda, aunque se redujeron los gastos no personales en la administración central.

Como ocurrió en toda la región, el déficit fiscal se disparó por la pandemia, por el gasto para enfrentar al COVID. Pasó en Argentina, en Uruguay y en toda la región, aunque la derecha nacional solo quiera ver el problema en nuestro país.

La Secretaría de Comercio formalizó las sanciones que podría aplicarle a las empresas. Los municipios tendrán un rol clave.

La Secretaría de Comercio de la Nación, a cargo de Matías Tombolini, estableció sanciones económicas para las empresas que suscribieron al programa Precios Justos e incurran en incumplimientos. La medida se formalizó este miércoles a través de la Resolución 118 publicada en el Boletín Oficial. Las multas pueden llegar al millón de pesos y superarlo en caso de reincidencia.El gobierno nacional sigue puliendo el acuerdo de precios que implementó en noviembre durante 4 meses. Días después de la oficialización de Precios Justos se autorizó a los municipios a realizar “actividades de fiscalización, control y juzgamiento” del convenio y, tiempo después, se incorporaron las naftas. Ahora, se formalizaron las sanciones que podrán imponer a las empresas que hayan adherido e incurran en incumplimientos (eventualmente detectados por los Estados locales).En el caso de ofertas de productos del programa a precios superiores de los establecidos por el convenio, las multas se ubicarán entre $500.000 a $1.000.000, el mismo rango si ocurre una falta de oferta en cada sucursal de las empresas de al menos el 80% de los productos previstos, siempre y cuando no se oferten productos sustitutos.Se aplicará una sanción de $200.000 hasta $400.000 si existiera una falta de correcta identificación mediante la señalética del programa en cada sucursal de las empresas participantes de al menos el 80% de los productos incluidos en los convenios correspondientes. Asimismo, la resolución establece multas de $150.000 a $300.000 si se utilizara esa señalética “en la oferta de productos objeto de fiscalización que no se encuentren incluidos en los anexos de los convenios correspondientes”.Por último, se fijan multas de $250.000 a $500.000 al “establecimiento de alguna restricción al número de productos de venta por consumidor o grupo familiar sin que esté previamente autorizado por la Secretaría de Comercio”. La norma precisa que, en caso de reincidencia, “se podrá aplicar un incremento de hasta el 40% de las multas”, incremento que podrá llegar al 100% “en el caso de segunda reincidencia”.

Se trata del diputado que el 30 de agosto, 48 horas antes de que se concretara el atentado fallido, se escuchó decir a dos colaboradoras la frase: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”, entre risas.

La justicia federal volvió a convocar como testigos a las dos colaboradoras del diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman que lo acompañaron el 30 de agosto en la confitería Casablanca cuando, según un testigo de la causa, habría hecho referencias al ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que ocurriría dos días después, informaron fuentes judiciales.

La convocatoria, para el jueves por la mañana, fue dispuesta por el fiscal federal Carlos Rívolo, quien se encuentra al frente de la investigación desde la semana pasada por decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, que le delegó la instrucción en medio de fuertes críticas de la querella.

Las colaboradoras de Milman son Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, quienes ya declararon en el expediente: las contradicciones en sus testimonios en relación a sus respectivas presencias en la confitería Casablanca y al tema de conversación motivaron que en su momento la querella reclamara que se les secuestren los teléfonos celulares.

Fue la negativa a realizar esa medida de prueba -el secuestro de los teléfonos celulares- la que generó las más fuertes criticas de los abogados de la querella, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, hacia el trabajo de la jueza Capuchetti, al punto de que reclamaron su apartamiento de la causa.

Los abogados de la querella llegaron con el reclamo del secuestro de los celulares hasta la Cámara Federal porteña que el viernes pasado emitió una resolución en la que señaló que era una medida procedente pero que antes debían llevarse a cabo otras, que tenían que ver con declaraciones testimoniales.

“Es inaudito tener que explicar por qué es importante contar con la única prueba que podría haber corroborado un testimonio de extrema gravedad sobre un atentado que podría haber cambiado la historia de nuestro país”, remarcaron en su momento los abogados de la querella al reclamar el secuestro de los celulares para buscar allí cualquier mención o indicio que pudiera permitir corroborar o descartar la pista.

“El resto del testimonio (del testigo) se corroboró con lo declarado por Bohdziewicz y Gómez Mónaco y la prueba producida por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Si lo que vuestra señoría esperaba es que las dos testigos admitieran haber escuchado que su jefe dijo (´cuando la maten yo estoy camino a la costa´), la única forma de dilucidar la verdad de lo sucedido el 1 de septiembre parece que será a través de alguna confesión inesperada”, explicaron.

La situación social.

El Gobierno oficializó el pago de un bono de $10 mil para jubilados y pensionados que cobre el haber mínimo y de $7 mil para quienes cobren dos haberes mínimos. El mismo se abonará entre diciembre y febrero para compensar la pérdida de poder adquisitivo a causa de la inflación.

Lo hizo a través del Decreto 788/2022 que fue publicado hoy en el Boletín Oficial. De esta forma el Gobierno intenta recuperar el poder de compra de los sectores pasivos luego de una suba de precios que corre al 100% anual.

La implementación de un bono en lugar de un aumento por esta vía le permite al Gobierno manejar el nivel de gastos y acomodar las cuentas fiscales para cumplir con las metas con el FMI. Un incremento sobre el haber puro elevaría la base de erogaciones.

De acuerdo a la información oficial, quienes cobren hasta $50.124, recibirán el bono de $ 10 mil, entre  $53.124,26 y menos de $100.248,52 recibirán $ 7 mil pesos.

En tanto, quienes perciben un importe superior a $50.124 y menor o igual a $ 53.124, “el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $60.124,26″.