La Embajada de esa nación euroasiática afirmó que es “infundada” la acusación de los diputados opositores. Otra opereta para perjudicar al Gobierno con una falsa denuncia.
La Embajada de Turquía en Buenos Aires expuso la fake news que publicó el diario La Nación que usaba como base la denuncia de los diputados de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman y Ricardo López Murphy, en la que afirmaban que la Agencia Federal de Inteligencia había sido alertada por la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía sobre la presencia del avión venezolano iraní antes de su llegada a la Argentina.
“El supuesto intercambio de inteligencia con respecto al avión de carga por parte de la Organización Nacional de Inteligencia Turca con sus contrapartes argentinas y brasileñas es completamente infundado”, explicó la Embajada de Turquía en una nota dirigida al secretario general de la redacción de La Nación.
El propio titular de la AFI, Agustín Rossi, se hizo eco de la comunicación de la Embajada turca que los medios no difunden.
“Brasil y Turquía habrían alertado a la AFI por el avión venezolano y la oposición pide investigar a siete funcionarios”, era el enfoque que le dio La Nación a la noticia que luego se replicó en todos los medios de manera corporativa.
“una vez revisado detenidamente, se puede ver claramente que se trata de un documento fraudulento que contiene un emblema inexacto de la agencia de inteligencia turca que probablemente haya sido copiado y pegado de Wikipedia”, indica el mensaje de la embajada contra la nota.
La agencia de inteligencia turca “no tiene ningún papel ni participación en el caso judicial en curso con respecto en curso con respecto al avión de EMTRASUR”. Y agregó: “Reitero que todas las referencias hechas a Turkiye en su noticia del 5 de julio son infundadas y no reflejan la realidad”, dice la nota.
En medio de la cruzada entre el Gobierno y la Corte Suprema, tanto en las redes sociales como en todo el país se viralizó la frase “Con Cristina no se jode”.
En una semana marcada por el video que publicó Cristina Fernández de Kirchner, titulado “De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia“, donde la vicepresidenta cargó contra el “Poder Judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen”, tanto las redes sociales como varias paredes del país aparecieron con una nueva consigna: “Con Cristina no se jode”.
Desde este martes en varios puntos del país, se pudieron observar diferentes pintadas en apoyo a la ex presidenta.
Además de las pintadas, en las redes sociales cuentas de organizaciones políticas, y distintos usuarios también se viralizaron flyers y mensajes de apoyo a Cristina.
El ex presidente realizó una recorrida por esa localidad del Conurbano bonaerense y fue abordado por vecinos que lo rechazaron.
Este miércoles, Mauricio Macri junto a dirigentes del PRO realizó una recorrida por Ituzaingó, pero fue repudiado cuando buscó una foto con vecinos de esa localidad del Oeste bonaerense, que recordaron su pésima gestión de gobierno.
Primero, un kiosquero de diarios se negó a saludar a Macri y le dijo “acá no sos bienvenido” y lo dejó con el brazo extendido. “Yo no te doy la mano”, repitió ante la insistencia del ex mandatario.
Segundo, una vecina le grito al ex mandatario: “Danos de comer con la que te robaste, con eso danos de comer”, mientras Macri buscaba salir airoso del desplante del kioskero.
Todo quedó registrado en video por una vecina, que lo acercó al diario La Ciudad de Ituzaingó. le insiste la mujer al funcionario, que continuó su camino junto a una comitiva de media docena de funcionarios.
El gobierno jujeño de Gerardo Morales realizó espionaje contra decenas de organizaciones políticas, sociales y sindicales y armó fichas de los referentes de cada sector.
Una investigación que surgió a partir de una causa judicial provincial, reveló que el gobierno jujeño de Gerardo Morales realizó espionaje contra decenas de organizaciones políticas, sociales y sindicales y armó fichas de los referentes de cada sector.
Según especificó el periodista Franco Mizrahi para el portal El Destape, entre las víctimas figuran concejalas con fueros que fueron vulnerados, dirigentes gremiales y militantes sociales. Las tareas de inteligencia las realizó la policía local a pedido de un fiscal provincial. ¿El objetivo? “Individualizar a los referentes de cada organización” que se manifestó contra el gobernador el 1 de abril pasado durante el acto de apertura del año legislativo de la Cámara de Diputados de Jujuy, cuando Morales dio un discurso.
“Siendo las 8:00 horas se designaron los grupos de trabajo que se infiltrarían en las distintas organizaciones”, se lee en el acta que da inicio a las actuaciones sumarias. La orden de infiltrarse la dio el día previo el fiscal Diego Funes, quien encomendó la tarea a la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad jujeño, es decir, al propio gobierno de Morales.
El objetivo fue “proceder a la individualización e identificación de los dirigentes y de las personas que tomen asistencia a los miembros pertenecientes a los distintos movimientos y se recepcione denuncia a los individuos que resulten víctimas de los diferentes inconvenientes que susciten”. Es decir, ya había una presuposición de que habría “inconvenientes”. Para realizar este procedimiento se “conformaron diversas comisiones” en la policía local.
En el marco de esta causa, el 6 de julio se realizaron 16 allanamientos en casas de los referentes y sedes de los movimientos sociales espiados. Una de las allanadas es la concejala de Calilegua, Fani Martínez, de la Tupac Amaru, a quien le vulneraron los fueros. “A ella le allanaron la casa. El allanamiento para los legisladores establece que primero se los debe imputar, luego indagar y finalmente se les puede hacer un allanamiento, por única vez. Nada de eso se respetó”, explicó la abogada de Martínez, Alejandra Cejas.
Martínez no fue la única concejala a la que le violentaron los fueros. Lo mismo sucedió con la concejala Lorena Alfaro del bloque FORJA, quien integra el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. En su caso, le hicieron inteligencia, le sacaron fotos y hay un expediente con sus datos particulares. Pero no actuó ningún juez de control en el proceso contra ella.
La causa judicial iniciada por el fiscal Funes continúa abierta. Este martes, por ejemplo, la Justicia inició el análisis de los equipos secuestrados por la policía de Morales durante esos 16 operativos. Parece una “excursión de pesca” en pos de ver qué se encuentra ya que la investigación se inició sin una denuncia concreta.
¿Qué se investiga? Según un comunicado que emitió el Ministerio Público de la Acusación (MPA) jujeño el 6 de julio, el día de los 16 allanamientos, se investigan “hechos denunciados por supuestos damnificados que señalan que serían extorsionados por dirigentes de organizaciones sociales que los amenazarían con quitarles los planes sociales si no realizan aportes o asisten las marchas que convocan, entre otras circunstancias”. Es decir, se investiga una supuesta extorsión y una asociación ilícita por la presunta denuncia de damnificados. Pero la forma en que se inicia la pesquisa fue falseada por el MPA en su comunicado.
El propio Funes mintió al día siguiente, el 7 de julio, cuando ante la prensa sostuvo que el caso se inició “a raíz de diversas denuncias que pusieron en conocimiento de la autoridad policial y de la Fiscalía que en algunos casos personas vulnerables social y económicamente habían sido amenazadas o amedrentadas con perder sus beneficios sociales en caso que no asistieran a marchas o no pagaran una suma de dinero para las organizaciones”.
El expediente da cuenta de que las actuaciones se iniciaron de oficio por voluntad del fiscal Diego Funes el 31 de marzo pasado cuando ordenó la infiltración de las organizaciones y no por denuncias de supuestos damnificados. Los presuntos “damnificados” se fueron a buscar a la manifestación con la infiltración de las organizaciones. “Las denuncias las armaron posteriormente”, explica Cejas.
Es tal la desprolijidad de la justicia jujeña que los abogados defensores de las personas que fueron espiadas recién pudieron acceder el expediente el pasado 15 de julio. Es decir, tres meses y medio después de iniciado el caso. Allí se toparon con las órdenes de infiltración y las fichas de los dirigentes políticos, sociales y sindicales.
“Desde fines de marzo hasta los allanamientos no sabíamos que existía este expediente”, afirmó a este medio el abogado Luis Paz, quien defiende a tres integrantes de la Tupac Amaru, a un integrante del Movimiento Evita y a otro militante del Frente de Organizaciones por la Liberación, que son solo algunos de las decenas de espiados. “Lo que revela esta causa es que en Jujuy, las libertades de reunión, expresión y de protesta están seriamente comprometidas por el avance grotesco de Morales y su Poder Judicial”, añadió el letrado.
Dado la gravedad de este expediente, en el que se vulneraron los derechos más elementales, se analiza el pedido de nulidad de todo lo actuado, realizar una denuncia contra el fiscal Funes y otra contra Morales en la justicia federal por la violación de la Ley de Inteligencia Nacional.
La infiltración
En la causa quedó registro de una cronología casi minuto a minuto de la manifestación de las organizaciones. Por ejemplo, se informa qué agrupaciones llegan primero a la evento del 1 de abril, cuántos militantes son y demás detalles. A la vez, tal como consta en el expediente, se anexaron “informes con fotografías” de los asistentes a la manifestación.
Por eso, a lo largo del expediente pueden verse fotografías e identificación de los referentes de las diversas organizaciones que participaron de la marcha del 1 de abril. Entre los espiados aparecen concejales con fueros, dirigentes de ATE y del SEOM (el gremio que nuclea a los Empleados y Obreros Municipales), la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), exdiputados provinciales del FIT, militantes del Movimiento Evita, de Barrios de Pie, de UTEP, del Polo Obrero, de la CCC y la lista continúa.
En diversos casos, a la imagen se acompaña DNI, dirección y hasta el Facebook de los “objetivos”. También hay un anexo fotográfico con imágenes de los locales partidarios y hasta de las viviendas de los “investigados”.
Personal de la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad jujeño, que estaba a cargo del comisario general Marcelo Rodríguez, llevó adelante la “identificación” de los manifestantes.
“Es todo ilegal. No hay delito. No hay un denunciante”, explica la abogada la abogada Alejandra Cejas. “El fiscal ordena que la policía se infiltre en las organizaciones y vea qué saca. Así aparecen en el expediente estas fotos de casi toda la dirigencia opositora a Morales. Y la policía dice que, en el marco de la infiltración, habló con personas que no se animan a denunciar pero que dicen que sufrieron delitos. Esa sería la base de la supuesta extorsión”, añade la letrada en diálogo con este medio.
A esto se suma que el 13 de abril pasado el abogado Luis Paz presentó un habeas corpus colectivo porque las organizaciones estaban denunciando la presencia policial en las puertas de sus sedes y en las casas de sus referentes. “Ante esa presentación, la Justicia respondió que no había una investigación en proceso. Entonces ¿qué están haciendo? Inteligencia”, grafica Cejas.
“La revelación de este expediente y el uso de prácticas de infiltración de las fuerzas de seguridad provinciales develan la alta complicidad y las relaciones espurias entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial de Jujuy y el Ministerio Público de la Acusación”, señala Luis Paz. Y aclara: “Digo esto porque el expediente se inicia de oficio a través de una agencia policial, que depended exclusivamente del ministerio de Seguridad, o sea de Gerardo Morales, y que fue creada en 2016 y puesta en funcionamiento en 2018 con la finalidad de perseguir delitos de narcomenudeo. Tenía como una de sus herramientas la infiltración pero a organizaciones mafiosas de narcotráfico”.
Esto implica que hubo una manipulación de una agencia creada para otra cosa para infiltrar a organizaciones políticas, sociales y sindicales.
“Han violado preceptos constitucionales muy claros”, afirma Cejas. Y advierte: “Jujuy es un laboratorio donde la derecha ve qué puede hacer para luego llevarlo a todo el país”.
Por tal motivo, la abogada adelantó que están “trabajando en una defensa técnica y política”. “Acá no solo discutimos el Código de Procedimiento de Jujuy. Se violaron normas nacionales e internacionales de primer nivel, que son la esencia de nuestra democracia”, sentenció.
El Senado publicó un comunicado donde informan que “el aumento otorgado la semana pasada al personal del Congreso de la Nación no aplica a los legisladores y legisladoras”.
A través de un comunicado conjunto de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se informó que “el aumento otorgado la semana pasada al personal del Congreso de la Nación no aplica a los legisladores y legisladoras”.
El breve texto asegura que “cualquier aumento a senadores y senadoras y diputados y diputadas, deberá ser tratado y aprobado por el pleno de cada Cámara”.
El jueves pasado se anunció el acuerdo paritario para la recomposición salarial de los trabajadores del Congreso de la Nación en dos tramos: 30% a partir del 1 de julio y otro 30% desde el 1 de Octubre.
Además, se especificó que habrá una instancia de revisión en noviembre, cuando se comparará el aumento salarial con la evolución de la inflación.
En ese sentido, se evaluará la posibilidad de incorporar una suma fija no contributiva para el personal, exceptuando a los legisladores nacionales.
El acuerdo se cerró durante una reunión en el Salón Delia Parodi que compartieron autoridades de Diputados y del Senado con representantes de los gremios que conforman UPCN Congreso, APL y ATE Congreso.
EL COMUNICADO DE LA CÁMARA DE SENADORES
La presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados informan que el aumento otorgado la semana pasada al personal del Congreso de la Nación no aplica a los legisladores y legisladoras.
Cualquier aumento a senadores y senadoras y diputados y diputadas, deberá ser tratado y aprobado por el pleno de cada cámara.
Desde el Ministerio de Transporte convocaron a las cámaras empresarias de colectivos para intentar destrabar el conflicto, luego que comenzaran desde este martes una reducción del 50% de las frecuencias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como respuesta al retraso en el pago de subsidios.
La reunión tendrá lugar este miércoles al mediodía, y tendrá como objetivo encontrar una solución al conflicto que este martes afectó a miles de usuarios.
Este martes, más de 100 líneas de colectivos de la Ciudad y el Conurbano redujeron sus frecuencias diarias en un 50% por la protesta de tres cámaras empresarias que reclaman por un atraso en el pago de los subsidios.
En este marco, se registraron largas filas de usuarios y mucha bronca. La medida generó malhumor y resignación en algunos puntos neurálgicos, como el barrio porteño de Constitución, donde había largas colas de personas esperando colectivos frente a la estación.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Autotransporte de Pasajeros, José Troilo, dijo que la deuda de subsidios al transporte por parte del Estado es “mes a mes y en este momento está en el orden de los 18.000 millones de pesos”. Y aseguró que la medida de fuerza continuará hasta que se normalicen los pagos.
En diálogo con Radio con Vos Troilo aseguró que sin los subsidios “el boleto (de colectivo) debería estar en 150 pesos” en el AMBA. Argumentó que “del ingreso de una empresa, el 90% son compensaciones tarifarias (subsidios). Solo el 10% ingresa es de forma directa por SUBE (venta de pasajes). Y si tenemos en cuenta que desde 2019 no hay aumento de tarifas, hace años que no hay utilidad”.
La vicepresidenta replicó un video de Mauricio Macri junto a Eduardo Feinmann, donde el líder de la oposición reconoce que “fue una propuesta de Pepín Rodríguez Simón” nombrar a Rosenkrantz y Rosatti.
En una especie de fe de erratas del video que publicó este lunes, Cristina Fernández de Kirchnerutilizó sus redes sociales para remarcar que fue el prófugo macrista Pepín Rodríguez Simónquien le propuso a Mauricio Macripublicar el decreto 83/2015 del 14 de diciembre de 2015, mediante el cual designó a los dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti
“Ayer el periodista Víctor Hugo Morales señaló que había omitido un hecho esencial en el análisis sobre La Corte de los Cuatro: “el 50% de esta Corte fue propuesta por Pepín Rodríguez Simón, que hace 587 días está prófugo en Uruguay”. Tiene razón, me había olvidado de esto”, escribió la vicepresidenta.
Junto al mensaje, Cristina replicó un fragmento de una nota que le hizo el periodista Eduardo Feinmann al propio líder de Juntos por el Cambio en pleno macrismo, donde Macri reconoce que “fue una propuesta de Pepín Rodríguez Simón”.
El jefe de Gobierno porteño salió a opinar del video que publicó este lunes la vicepresidenta, donde denuncia “la decadencia” de la Corte Suprema y apunta contra un sector del Poder Judicial.
Horas después de que Cristina Fernández de Kirchner publicara un video con duras críticas a la Corte Suprematitulado “De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia”, el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta salió con los tapones de punta a defender al máximo tribunal: “Basta de atacar a la justicia, hay que enfocarse en resolver los problemas”, publicó en Twitter.
En el video, Cristina se enfoca, principalmente, en el accionar de la Justicia con Mauricio Macri en el poder pero alcanza también a varias polémicas sucedidas posteriormente, e incluye la relación entre el máximo tribunal y los medios de comunicación, con Clarín en el centro de la escena.
En este marco, Rodríguez Larreta aprovechó las declaraciones para intensificar su modo campaña y salió a pelearse con el Gobierno nacional. “Basta de atacar a la justicia, hay que enfocarse en resolver los problemas”, lanzó.
“Estamos viviendo mucha angustia e incertidumbre. En esta situación crítica, el Gobierno Nacional, desconectado de los problemas de la gente, decidió volver a atacar a la Justicia y a la Corte Suprema”, escribió en defensa de los jueces que puso el macrismo en la Corte.
“No hay desarrollo posible sin un Estado confiable, seguridad jurídica e igualdad ante la ley. Defender una Justicia independiente es indispensable para nuestro desarrollo”, escribió y finalizó: “El Gobierno tiene que parar con los ataques a la Justicia y dedicarse a bajar la inflación y la pobreza, combatir la inseguridad, generar empleo, mejorar la educación. Debe abandonar las agendas personales y ocuparse de la agenda de los argentinos. De eso se trata gobernar”.
El mandatario utilizó su cuenta de Twitter para replicar el video que publicó este lunes la vicepresidenta. “Nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática”, sentenció.
Este martes el presidente Alberto Fernández replicó el mensaje que lanzó Cristina Fernández de Kirchner en clara oposición a la Corte Suprema, y coincidió en que la Justicia está “deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática”. En el mismo tono, insistió en la necesidad de “reconstruir una Justicia Federal que respete y haga respetar los derechos constitucionales”, al referirse a la publicación que realizó ayer la vicepresidenta.
“He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió Cristina Fernández de Kirchner. He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática“, afirmó el mandatario a través de un hilo en su cuenta de Twitter.
He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió @CFKArgentina. He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática. https://t.co/DBF38JuBLp
El Presidente compartió el mensaje publicado el lunes también en Twitter por la Vicepresidenta, en el que criticó a la Corte Suprema de Justicia y afirmó que hay “un Poder Judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen”, lo que coloca “a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional”.
En su publicación, Fernández realizó un repaso por diversos antecedentes, que comienza en “la designación por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti”, una decisión tomada por Mauricio Macri y que, según el mandatario, dio cuenta de “la decisión de manipular la justicia” por parte de Cambiemos.
“Durante el macrismo, la Justicia Federal construyó ‘doctrinas’ que resultaron patéticos instrumentos para perseguir a opositores y aplicar la prisión preventiva como penas anticipadas. Imputaron responsabilidades objetivas y aplicaron el derecho penal de autor sin vergüenza alguna”, abundó el Presidente en el mismo sentido.
Cuando todo eso ocurría, añadió Fernández, “el máximo tribunal del país adoptó una posición pasiva que permitió que tanto maltrato a la justicia por parte de la Justicia Federal fuera posible”.
“De todo ello hubo responsables por acción y por omisión. Muy pocos tuvieron la dignidad de no sumarse”, agregó.
El mandatario también apuntó directamente al funcionamiento del máximo tribunal y afirmó que el “desapego a la ley y a elementales normas éticas” queda de manifiesto cuando el presidente de la Corte Suprema, Rosatti, es “al mismo tiempo, el presidente del Consejo de la Magistratura”, puesto al que accedió “poniendo en vigencia una norma derogada y votándose a sí mismo”.
La Vicepresidenta ha afirmado que en una causa en la que se la enjuicia y en la que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita. Esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal.
En ese pasaje, el jefe de Estado hizo alusión a la reforma de la ley que ordenaba el funcionamiento del organismo que designa y juzga a los magistrados, cuya inconstitucionalidad fue declarada por la Corte, 15 años después de recibir el caso.
Sobre lo afirmado el lunes por la Vicepresidenta, respecto de que una “sentencia ya está escrita” en su contra, el Presidente dijo que “esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal”.
“Cuando quise reformar la Justicia Federal algunos no me acompañaron. Cuando hablé del mal funcionamiento de la Corte fui criticado. Dijeron que buscaba la impunidad de ciertos acusados. Los que lo decían son los que aseguran su impunidad con este sistema lamentable de justicia”, añadió el jefe de Estado.
“Pueden hablar de las formas y del video de Cristina Kirchner, pero NO dejemos de debatir el problema y buscar una solución. Como Presidente sigo comprometido en que los argentinos contemos con una justicia honesta e independiente de los poderes políticos y fácticos como merecemos”, concluyó su publicación.
Así lo afirmó el ex ministro de la Corte e integrante de la CIDH, al referirse a los avances del lawfare en el país.
El ex ministro de la Corte Suprema de Justica (CSJ) e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, denunció este martes que “Hay un plan para proscribir a Cristina“.
En declaraciones realizadas a AM 530-Somos Radio el jurista planteó: “Todo esto es el lowfare funcionando a dos velocidades sincronizadas“, y luego agregó: “El lowfare funciona para perseguir al que se tiene enfrente, pero también para proteger y encubrir a los propios“.
En ese sentido, Zaffaroni ejemplificó: “El sobreseimiento de Macri es un escándalo porque lo hacen los mismos jueces que él designó”.
Luego,el integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló acerca de la existencia de “un programa dirigido a la proscripción de Cristina para las elecciones del año que viene“.
Tras valorar el contenido político de los vídeos que publicó ayer la Vicepresidenta, el ex ministro de la CSJ, puntualizó: “Toda esta catástrofe que se producen en el Poder Judicial es resultado de defectos institucionales que el propio Poder judicial“.
Siguiendo esa línea, Zaffaroni propuso una “corrección” de los defectos constitucionales, con una reforma en la Carta Magna “que nos pueda proveer de una organización del Poder Judicial conforme a algunos de los modelos que funcionan en el mundo“.
El reconocido jurista, señaló que al no registrarse ninguna modificación o reforma en el Poder Judicial, la persecución a Cristina y a otros funcionarios empeoraría y luego denunció: “El lowfare está funcionando, se siente empoderado y está avanzando”.
“Es Cristina, es Milagro, puede ser cualquiera de nosotros. Van a ir por los empresarios de Pymes, sindicalistas, cualquiera que les moleste”, advirtió el ex miembro de la CSJ y luego remató: “Tenemos un poder judicial que si todavía no actuó autoritariamente es porque no lo necesito, pero si lo tiene que hacer lo hará“.
Más tarde, Zaffatoni se refirió al proyecto de la ampliación de la CSJ y señaló: “En Europa, entre los tribuales constitucionales y de casación (que realizan el mismo trabajo que nuestra Corte) son 50, 60 o 70 jueces“.
En otro pasaje de la entrevista, el jurista expresó: “La Corte resuelve cuestiones que tienen importancia económica. Te plantean una inconstitucionalidad, nadie la plantea por un abstracto interes en la vigencia de la Constitución, siempre detrás de eso hay intereses específicos”.
Para finalizar, el juez analizó porqué el gobierno de Alberto Fernández no realizó una reforma constitucional, o fuertes cambios en el Poder Judicial, y sintetizó: “No se intentó nada”.
