Durante una sesión especial, la Cámara de Diputados trató la iniciativa de Boleta Única, aprobó el régimen de incentivo a la construcción y la ley de respuesta integral del VIH y sancionó un proyecto de desarrollo del cannabis medicinal

En el comienzo de la sesión, se debatió la iniciativa de Boleta Única de Sufragio, impulsada desde la oposición. El pleno de la Cámara emplazó a las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para que se constituyan y empiecen a debatir el cambio en el sistema electoral dentro de un período determinado. La moción fue aprobada por 132 votos contra 114.

Posteriormente, la Cámara baja le dio media sanción a la norma que representa un alivio fiscal para la construcción con 172 votos afirmativos; 20 negativos y 45 abstenciones.

El proyecto, de autoría del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, establece una prórroga sobre los plazos de la ley que busca promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios.

Como miembro informante del proyecto, la diputada Mónica Litza, del Frente de Todos, explicó que se propone restablecer la ley 27.613 en los alcances de la normalización de tenencias de moneda nacional y extranjera para la inversión pública.
Litza destacó también “la importancia que tiene la construcción en el impulso de la economía, actúa a modo de una gran locomotora que impulsa a otros sectores de la economía”.

Por su parte, la diputada Victoria Morales Gorleri, del PRO, consideró que “en un país con alto nivel de pobreza, no podemos no encontrar herramientas que logren revertir esa situación”.

“Nos pareció muy importante poder dar una prórroga para dar una respuesta, entendiendo la necesidad urgente de reactivar el sector”, alegó. Al mismo tiempo, consideró que “la clase media y las personas vulnerables necesitan tener una oportunidad de empleo y necesitamos aumentar la oferta de viviendas”.

Ritondo, como autor del proyecto, explicó que “este es el resultado de un trabajo hecho con la Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA y la Cámara Argentina de Desarrolladores”. “Decidimos avalar esa propuesta productiva para el sector de la construcción”, explicó.
El bloque Evolución Radical adelantó que se abstendría, mientras que Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, rechazó la norma y criticó que “se premia a quienes evadieron”.
Por otra parte, Diputados le dio media sanción al proyecto de ley que declara de interés público nacional la respuesta integral a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana – VIH -, las Hepatitis Virales, la Tuberculosis – TBC – y las Infecciones de Transmisión Sexual – UTS – y plantea la derogación de la Ley 23.798.

El proyecto obtuvo 241 votos afirmativos y 8 negativos y será girado al Senado. La norma busca un abordaje integral que brinde contención e información para terminar con la discriminación y los prejuicios que acarrea la enfermedad. Fue respaldada por organizaciones de la sociedad civil que se hicieron presentes en los palcos del recinto.

Como miembro informante, la diputada Mónica Fein (Socialista) sostuvo que “el VIH es una pandemia que se ha extendido por más de 40 años, que no siempre estuvo en el debate público y que se ha llevado más de 36 millones de vidas”.

“Esta ley es una herramienta que viene a dar una mirada integral para avanzar en el camino de reducir la desigualdad, terminar con la estigmatización y hostigamiento, y salvar vidas”. subrayó.

Como autora del proyecto, la diputada Ana Carolina Gaillard, del Frente de Todos, remarcó que “esta ley, que salva vidas, viene a proponer un paradigma distinto, con un enfoque de derechos humanos y un abordaje social integral del VIH”. “Es una enfermedad que ha generado estigma y discriminación, pero con esta norma venimos a traer dignidad”, señaló.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se manifestó a favor diciendo que “acompaño esta ley en general y en particular porque en lo más profundo de mi convicción tengo la esperanza personal y colectiva de que nos merecemos que exista ese día que llegue la cura”.

El proyecto establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. Además, promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Por último, también se sancionó el proyecto por la cual se crea el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial. Fue por 155 votos afirmativos, 56 negativos y 19 abstenciones.

Como miembro informante, la diputada Mara Brawer (FdT), destacó las propiedades del cannabis medicinal: “Se usa toda la planta, más de 25 mil productos están reconocidos en el mundo, por eso es tan importante esta ley, hoy nace una nueva industria en Argentina”.

Luego explicó el rol de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) que se creará con la ley. “La Agencia va a regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva y articular con otros organismos del Estado”, aseveró.

El diputado Ricardo Buryaile (UCR) dijo que “la sociedad nos pide empatía, no estamos en presencia del mejor proyecto, pero es un paso adelante, estamos apostando a la salud pública, a miles de personas que le vamos a mejorar la calidad de vida”. “El objetivo específico es el marco regulatorio comprendiendo todas las etapas de la producción, de ninguna manera estamos contemplando el uso recreativo”, aclaró.

La norma crea el marco normativo para la producción, comercialización nacional con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo el desarrollo de la cadena productiva sectorial.

Solo 8 diputados votaron en contra de una ley reclamada por cientos de organizaciones civiles.

La sanción del proyecto, que ahora deberá ser discutido por el Senado, fue festejado por los asistentes de organizaciones civiles que reclamaban la actualización de la ley del SIDA, que data de 1990. Se trata de una iniciativa que apunta a tratar de modo integral el VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual. Sin embargo, ocho legisladores decideron darle la espalda a los afectados por esas enfermedades. Los miserables…

A pesar de los 241 votos a favor, hubo ocho diputados que votaron en contra. Cuatro de ellos, corresponden a los denominados lilerales: los diputados de Avanza Libertad, José Luis Espert y Carolina Píparo y el bloque de La Libertad Avanza de Javier Milei y Victoria Villarruel. Además, se sumaron los legisladores del macrismo, Ricardo López Murphy, Pablo Torello, Francisco Sánchez y Paula Omodeo.

“Con @JMilei votamos NO a mantener lobbys. En vez de garantizar derechos aumentan los privilegios, se crea 1 observatorio de VIH dentro del INADI, o sea seguimos con la fiesta del gasto, pago a la militancia y cargos públicos a gente como Donda. Con mi voto NO. Solo 8 dijimos NO”, escribió en sus redes sociales, Villaruel.

“Hay una pulsión para que todo sea gratuito o para que lo cubran las obras sociales”, afirmó Espert, sobre el artículo que obliga a las prestadoras a cubrir el tratamiento para las enfermedades.

Los manifestantes pidieron la renuncia del titular del Consejo de la Magistratura, entre otros reclamos. El 24 de mayo se repetirá la marcha.

Este jueves, los Tribunales fueron el centro del reclamo por un Poder Judicial más democrático. Distintos dirigentes sociales y políticos, además de organismos de derechos humanos, se reunieron para pedir el juicio ­político y la remoción de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, actualmente presidida por Horacio Rosatti.

En el acto central se leyó un documento, el cual expresó: “Este Poder Judicial con esta Corte a la cabeza, en todo este tiempo, convalidó un sistema de injusticia como nunca antes se viera en democracia y de ese modo tributó, con holgura, a la ruptura del pacto democrático que había sido sellado por la sociedad toda, tras la noche más oscura de su historia”.

Militantes de la Multisectorial por una Justicia Democrática, Feminista e Independiente se concentraron esta tarde en la porteña Plaza Lavalle, ubicada frente al Palacio de Tribunales, con el objetivo de exponer varias demandas, entre ellas una justicia independiente.

Además, referentes de organizaciones de derechos humanos, de centrales sindicales y de agrupaciones feministas, religiosas y políticas acordaron expresar allí sus críticas al hecho de que el presidente del máximo tribunal del país, Horacio Rosatti, se haya incorporado el mes pasado al Consejo de la Magistratura, luego de que la Corte Suprema modificara la composición de ese cuerpo con potestad para administrar el Poder Judicial, proponer jueces y promover sanciones contra los magistrados.

Ayer fue la primera de dos movilizaciones previstas para este mes. La próxima será el 24 de mayo, convocada a través de las redes sociales por el juez Juan Ramos Padilla en reclamo de la “renuncia de la totalidad de los miembros” del máximo tribunal de justicia del país y ante lo que calificó como “el golpe institucional que consumaron Horacio Rosatti y sus amanuenses”.

Frente a la sede de la Corte Suprema llegaron ciudadanos de a pie y militantes de organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, APDH, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).

También fueron sumándose dirigentes de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT y el Frente Sindical de la CGT, más organizaciones sociales y políticas, entre ellas el Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala, como también agrupaciones religiosas y feministas.

El proyecto propone que el incremento del 45% pautado en el mes de marzo por el Consejo del Salario se cobre en agosto y no en enero del 2023.

El diputado nacional Máximo Kirchner (Frente de Todos) presentó hoy, junto a legisladores de la rama sindical y de los movimientos sociales, un proyecto de ley por el cual se propone adelantar al mes de julio la totalidad de los aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) pautado para el 2022.

El proyecto propone que el incremento del 45% pautado en el mes de marzo por el Consejo del Salario se cobre en agosto y no en enero del 2023.

“La evolución del SMVM es fundamental y actúa como referencia para diferentes instancias de negociación laboral; establece los porcentajes de aumento que actualizan el Seguro de Desempleo, fijan el valor hora para los trabajadores jornalizados; y son tenidos en cuenta para las actualizaciones del programa Potenciar Trabajo y las Becas Progresar“, explicaron los diputados en los fundamentos de la iniciativa.

Entre los firmantes del proyecto se encuentran Vanesa Siley, Hugo Yasky, María Rosa Martínez, Sergio Palazzo, Claudia Ormachea, Carlos Ponce, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Verónica Caliva, Pablo Carro, Carlos Cisneros y Juan Carlos Alderete.

Se trata de una línea de incentivos económicos para aquellos beneficiarios que quieran capacitarse o insertarse en el mundo laboral registrado.

El Gobierno oficializó este jueves la creación de la “línea de acción ‘Potenciar Empleo’ como parte del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local ‘Potenciar Trabajo'”, cuyo objetivo es “generar los incentivos necesarios” para que los beneficiarios de este plan “puedan incorporarse al trabajo asalariado registrado en el sector privado”.

Por medio de la Resolución 410/2022 que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, y que lleva la firma del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, “el Salario Social Complementario pasará a conformarse como un incentivo para la inclusión laboral como parte de una prestación económica individual para los titulares del programa”, según se explica en los fundamentos de la norma.

El objetivo es “identificar las necesidades de capacitación y formación profesional, las posibilidades existentes para realizar entrenamiento en el trabajo y el desarrollo de inserciones laborales en el empleo registrado asalariado, previo diagnóstico de los perfiles de titulares de acuerdo a sus conocimientos, experiencias y habilidades para actividades específicas”.

La línea de acción está destinada a “los y las titulares del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva Local-Potenciar, y de aquellos programas que, por Resolución del Ministerio de Desarrollo Social, se incorporen a futuro”, según se remarca en la normativa.

“Dichos titulares, para que puedan incorporarse al empleo asalariado registrado en el sector privado deberán contar con una antigüedad no inferior a los tres meses en el Programa”, se consigna.

Las personas que participen de esta línea de acción deberán asistir a los espacios de formación y capacitación profesional.

La prestación económica individual será de carácter mensual a modo de “incentivos” y será “una suma equivalente al 50%)del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) establecido por el Consejo Del Salario Mínimo Vital Y Móvil”.

“Su percepción implica la suspensión del cobro del Salario Social Complementario establecido por la Resolución MDS N° 1868/2021”, y se “abonará por un lapso de doce meses a contar desde la fecha de ingreso del trabajador”, indica la norma.

“Los empleadores adherentes podrán contabilizar como parte del salario el monto de la prestación económica individual a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y abonarán a las trabajadoras y trabajadores contratados, como mínimo, la diferencia necesaria para alcanzar el salario establecido para la categoría laboral que corresponda, de acuerdo con las normas legales y convencionales que resulten aplicables”, precisa el texto.

Será a partir de la semana que viene. El jefe de Estado visitará España y Alemania.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, viajará la semana que viene a Europa para reunirse con jefes de Estado y empresarios. La visita al Viejo Continente tiene como destinos a España y Alemania, informó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en su conferencia de prensa habitual.

“Se va a encontrar con jefes de Estado, empresarios y diferentes tipos de reuniones“, agregó la funcionaria nacional, quien señaló que la Cancillería dará a conocer de manera formal la agenda del jefe de Estado en Europa en las próximas horas.

A la espera del detalle de la agenda programada por la Cancillería argentina aún resta confirmar si el mandatario visitará Francia tras la reelección de Emmanuel Macron en el reciente ballotage contra Marine Le Pen.

El presidente argentino manifestó su apoyo al liberal tras su triunfo en los comicios desde su cuenta de Twitter. “Confío en que el pueblo francés encontrará en Emmanuel Macron el camino hacia el respeto de la diversidad en un marco democrático que todos debemos promover y consolidar”, sostuvo el mandatario.

La gira internacional será breve, la comitiva presidencial partirá el lunes a tierras europeas para emprender el retorno el jueves de la misma semana.

Sobre el detalle, la ministra de comunicación aclaró que se trata de un viaje programado que iniciará en España con un encuentro con Pedro Sánchez para luego trasladarse a Alemania a efectuar una reunión junto al canciller Olaf Scholz.

La última vez que Alberto Fernández estuvo en el exterior fue en el mes de febrero cuando visitó al ruso Vladimir Putin en Moscú, luego fue a China para mantener una bilateral con Xi Jinping y participó de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing y de allí voló a Barbados, en su primera excursión como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.

El extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, podrá viajar a Uruguay y a Brasil del 12 de mayo hasta el 19 de junio próximo por autorización del juez federal Julián Ercolini, quien instruye en la causa que se sigue por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

En este sentido, Arribas pidió autorización para lo que se suponen serán unas vacaciones extra largas. Desde el 12 de mayo y hasta el 19 de junio inclusive viajará a Brasil y Uruguay por motivos familiares y laborales, según argumentó.

Cabe mencionar que, Arribas no solo está procesado en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, sino que está en la mira del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la investigación sobre la mesa judicial bonaerense, por ser señalado como quien autorizó la grabación de la reunión en Banco Provincia

“La viabilidad de la autorización aquí considerada tiene sustento en la sujeción del peticionante al proceso y en el cumplimiento hasta ahora de las obligaciones que le fueran impuestas”, expresó Ercolini en su resolución.

Por esas razones, el magistrado aseguró no encontrar “obstáculo alguno que impida hacer lugar a lo que aquí se peticiona”, por lo que permitió que el exespía Arribas pueda viajar fuera del país por 39 días consecutivos.

El juez que ahora lleva la causa por el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan, también habilitó ayer un nuevo viaje del expresidente Mauricio Macri a Estados Unidos, el tercero a ese país en lo que va del año, por un tiempo considerablemente menor que el de Arribas. El expresidente permanecerá fuera de Argentina entre el 10 y 15 de mayo.

Los procesamientos de Macri, Arribas y Majdalani por supuesto espionaje ilegal a familiares de los marinos del hundimiento del ARA San Juan están bajo revisión de la Cámara Federal porteña.

Vale recordar, que el pasado 1 de diciembre Macri fue procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino desaparecido durante el Gobierno de Cambiemos, resolución que fue apelada por la defensa del expresidente.

La iniciativa apunta a rresponder inquietudes ambientales en torno al proyecto que busca desarrollarse a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

En el marco de la creación de una mesa de trabajo interdisciplinaria, el gobierno de Alberto Fernández lanzó una consulta pública para recibir planteos y responder inquietudes ambientales en torno al proyecto de explotación petrolera offshore que busca desarrollarse a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

A la espera que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resuelva si mantiene o no el freno a las actividades relacionadas con la explotación petrolera, la consulta pública tendrá eje en las actividades relacionadas a la exploración petrolera, en las líneas de base ambiental y, finalmente, en potenciales impactos y sus programas de mitigación.

El Concejo Deliberante de Mar del Plata aprobó una propuesta del bloque de Acción Marplatense, que contempla una convocatoria amplia para que diversos sectores puedan expresarse sobre la explotación petrolera.

Según precisaron desde el Ejecutivo nacional, el objetivo de la consulta pública es “recoger las inquietudes y observaciones de la ciudadanía sobre los proyectos y sus correspondientes estudios de impacto ambiental y la mejora del proceso de consulta sobre los proyectos Pozo Argerich e YPF Cuencas Argentina Norte (CAN) 102”.

Con relación a la Cuenca Argentina Norte 102, esta se encuentra a unos 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata. La primera actividad a desarrollarse, tiene como objetivo obtener información detallada sobre la geología del subsuelo, para tener una mejor comprensión de la potencial existencia de reservas de hidrocarburos, que permitan la explotación petrolera.

De ser aprobada, la actividad será realizada en conjunto por YPF S.A. y la empresa noruega Equinor. Entre las voces oficialistas que defendieron el proyecto, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas sostuvo que la explotación petrolera “generaría 220.000 empleos” a la vez que aseveró que “el impacto en divisas sería tal que desaparecería el problema del cepo cambiario”.

En conjunto con el lanzamiento de la consulta pública, el Gobierno anunció la creación de la Mesa Interinstitucional destinada a coordinar las acciones sobre los distintos proyectos en estudio vinculados con la explotación petrolera en el Mar Argentino.

La directora de comunicación de Analogías, Marina Acosta, analizó el último informe de la consultora sobre la situación política en Argentina. “Lo más relevante es que el apoyo al Gobierno sigue estable, en torno al 34%. La imagen se encuentro en el número más bajo en los últimos 18 meses, está en el 38%“, contó.

Más allá de esos números, la consultora contó que “creció el pesimismo sobre la marcha del país. Lo que coincide con la falta de apoyo al oficialismo”, insistió. “El 80% de los argentinos ve problemas en relación al empleo y los salarios”, resaltó en diálogo con AM 530.

En ese sentido, aseguró que “la gran preocupación que complica la imagen del gobierno es la pérdida del poder adquisitivo”. La encuesta se realizó en abril, justo después del mes con la inflación más alta (casi 7%) en muchos años.

Por otro lado, Acosta se refirió a las propuestas de dolarización: “Cuando se analiza la propuesta de dolarización, vemos que recibe mucho apoyo de los jóvenes, que no vivieron la crisis de 2001”, aclaró.

La ampliación de la planta se realizará en Pacheco.

Siguen las inversiones en el sector privado: Volkswagen Argentina anunció ayer una inversión de US$ 250 millones en los próximos cinco años y la incorporación de 400 nuevos puestos de trabajo, que serán destinados a la renovación de la pick up Amarok que se produce en la Planta de General Pacheco, el comienzo del montaje de motocicletas Ducati en Córdoba y un proyecto de localización de piezas para el modelo Taos.

La economía no para de crecer: al 10% del 2021, se espera un 4% para este 2022. Además, el empleo sigue aumentando, después del ajuste brutal macrista, que destruyó el aparato productivo y mandó la desocupación por arriba del 12%. Desde 2019, pero con claridad desde el año pasado, Argentina viene recuperando su tejido industrial.

El proyecto ya había sido anticipado por los directivos de la firma al presidente Alberto Fernández en la reunión que mantuvieron en Casa de Gobierno el 10 de marzo pasado. En el encuentro en la planta de General Pacheco se informó que la compañía en los últimos años “lleva invertidos en Argentina más de US$ 1.000 millones, que permitieron la modernización en tecnología e infraestructura de sus plantas productivas y una nueva planta de pintura con tecnología única en el país”.

Esos recursos fueron destinados por Volkswagen a “la modernización de sus dos centros industriales en Argentina y la renovación de sus productos, con un claro foco en la exportación”, lo que permite exportar vehículos terminados y cajas de cambio varias de las terminales del grupo en el mundo. 

La inversión anunciada el miércoles se encuentra en línea con el proceso de transformación de Volkswagen con inversiones de más de US$ 1.200 millones para la región entre 2022 y 2026 que dará impulso a la digitalización y descarbonización en América del Sur.