Desde el gremio Ademys anunciaron la medida de fuerza que regirá este lunes y estará acompañada por una concentración al mediodía en la Jefatura de Gobierno.

Docentes de la Ciudad nucleados en el gremio Ademys anunciaron que el próximo lunes 21 de febrero que realizarán un paro de 24 horas con movilización a la Jefatura de Gobierno para exigir una recomposición salarial, “con ajustes, tarifazos y acuerdo con el FMI no podemos empezar”, agregaron.
 
“La deuda es con la educación”, anunciaron en el pliego de reclamos para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. El primer pedido es un “salario igual a la canasta familiar”, así como la “recomposición salarial docente con todas las sumas al básico”, “actualización mensual por inflación” y que “ningún cargo por debajo del salario inicial”.

Por su parte, la secretaria de prensa del gremio docente Marisabel Grau, agregó, “Resolvimos en una asamblea la convocatoria a un paro de 24 horas para el próximo lunes 21 de febrero, el día en que el Gobierno de la Ciudad estipuló el inicio del ciclo lectivo en inicial y primaria. Consideramos que no están dadas las condiciones por muchísimos problemas, para que se inicie el ciclo lectivo”, señaló la dirigente en diálogo con FM La Patriada.

En el mismo tono, Grau afirmó que el primer problema es de orden salarial, ya que el Gobierno porteño que encabeza Rodríguez Larreta “no ofreció absolutamente ningún porcentaje de aumento” para el sector docente.
 
Además, desde el gremio hicieron referencia a los concursos y actos públicos por los que pidieron transparencia y que estén bajo control de la docencia. Así como la “disolución de la CoREAP” y  “restitución de las Juntas de Clasificación y Disciplina docente con sus funciones históricas y el voto directo de la docencia”. La titularización masiva en media, superior y programas socioeducativos también fue exigida.

Sobre las medidas por el coronavirus, pidieron “protocolos adecuados a la situación epidemiológica y vacunación”. Así como más “presupuesto para infraestructura y generación de vacantes genuinas con construcción de escuelas”.
 
Por otra parte, exigieron la “regularización de la Obsba y plena vigencia de las licencias estatutarias, rechazamos la flexibilización laboral a través del MIA”.

En una recorrida por el Partido de la Costa el presidente visitó un parador público de actividades gratuitas, celebró la temporada récord y elogió el “fruto del trabajo en conjunto”.

En un encuentro con empresarios del sector turístico e intendentes bonaerenses en la localidad de Mar de Ajó, el presidente Alberto Fernández valoró a la actividad como un factor dinamizador de la economía y generador de empleo y aseguró que “si se defiende el turismo argentino se defiende el país”.

En una recorrida por el Partido de la Costa, Fernández destacó las medidas tomadas durante la pandemia para asistir a los sectores más golpeados por la Covid-19, que posibilitaron una recuperación que dio pie para que la actual temporada de verano sea “récord”, dijo, con una movilización de 20 millones de personas y un impacto económico directo que se estima en más de 375.000 millones de pesos, se informó oficialmente a través de un comunicado.

“Si defendemos el turismo argentino y si podemos tener esta temporada es por todo lo que hicimos trabajando juntos”, sostuvo el Presidente, quien enumeró una por una las medidas impulsadas por el gobierno para permitir la reactivación del sector, como el Plan PreViaje y, en un marco más amplio, el Plan Nacional de Vacunación y las obras viales de conexión entre localidades.

Además, y en redes sociales, resaltó que la actual es “una temporada récord, con un 15% más de turistas que en la prepandemia y un 25% más de trabajadores contratados”.

Acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello; el intendente local, Cristian Cardozo, y la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, Fernández recorrió una playa deportiva y luego se reunió con representantes de empresarios del sector turístico e intendentes en Mar de Ajó, unos 365 kilómetros al sudeste de la Capital Federal.

El primer mandatario visitó uno de los paradores públicos que fueron desplegados también en Miramar y Villa Gesell, donde se desarrollan actividades recreativas gratuitas para toda la familia, entre las que se destacan clases y espacios para practicar vóley, handball, tenis, fútbol y fútbol tenis, además de talleres, clínicas deportivas y espectáculos.

El Gobierno anunció que reflotará unas 70 obras programadas y discontinuadas durante el gobierno de Mauricio Macri bajo el sistema de participación público privado.

El Ministerio de Obras Públicas reflotará unas 70 obras programadas y discontinuadas durante el gobierno de Mauricio Macri bajo el sistema de participación público privado (PPP), cuyas licitaciones tienen un costo de un tercio de los valores proyectados por la administración precedente.

“Esta semana estuve en (la localidad bonaerense de) Cañuelas iniciando la primera obra ex PPP. Las estamos licitando y las ponemos en cabeza de Vialidad Nacional”, explicó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a la Agencia Télam.

El ministro advirtió que las licitaciones bajo este formato de financiamiento “sale un tercio de lo que salía con el gobierno macrista”.

En este sentido, aclaró que sobre un total de 70 obras proyectadas en su momento bajo la modalidad PPP, apenas se avanzó “un 2%”. En el mismo tono, puntualizó que “Estos trabajos van a beneficiar la logística y el desarrollo de toda la zona productiva de la provincia de Buenos Aires”.

Katopodis recordó que “fue una decisión del presidente Alberto Fernández ponerle fin a un modelo que fracasó y perjudicó los intereses de los argentinos y argentinas”, y remarcó que se logró “rescindir los contratos PPP de los seis corredores viales y Vialidad Nacional va a ir completando estas obras”.

El proyecto en la autopista Ezeiza-Cañuelas consiste en la reconstrucción de la calzada a lo largo de cinco kilómetros, en dos carriles con un ancho de 3,65 metros cada uno y banquinas pavimentadas. Los trabajos incluyen tareas de excavación, compactación y colocación de una nueva capa asfáltica.

Además, beneficiará el flujo de 13.100 vehículos que transitan diariamente para el traslado de productos agrícola-ganaderos, desde el centro de Buenos Aires hacia la zona metropolitana sur, como así también al movimiento turístico desde y hacia el Aeropuerto de Ezeiza.

El Ministerio encabezado por Katopodis, a través de Vialidad Nacional, tiene en carpeta la concreción de alrededor de 70 obras ex PPP que apenas avanzaron un 2% en el gobierno anterior.

Una de las más importantes es la construcción del tramo final de la autopista en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte, que implica una inversión de $ 10.309 millones.

También se prevé la construcción de la autopista en el tramo Mercedes-Suipacha (provincia de Buenos Aires), con una inversión de $ 9.240 millones.

Además se presupuestó una inversión de $ 6.196 millones para el mantenimiento y repavimentación para la autopista San Miguel del Monte sur, entre los kilómetros 104 y 113.

Otras obras que avanzan en el proceso licitatorio son el tramo interno del acceso a Cañuelas por la calle Pellegrini, con una inversión de $ 5.092 millones.

También se repavimentará el tramo entre General Villegas y Rufino, con un costo estimado de $ 4.568 millones, a la vez que invertirán $ 485 millones para mantener y repavimentar la autopista Buenos Aires-Rosario

El listado se completa con la concreción de obras en el tramo final del acceso a la localidad bonaerense de Las Flores, la repavimentación del tramo Trenque Lauquén-Pellegrini, y la construcción del tramo Autopista 7-Carmen de Areco.

La inversión total estimada en este primer proceso licitatorio para las obras en jurisdicción bonaerense ronda los $ 46.000 millones, de acuerdo a las proyecciones de Obras Públicas

En cuanto a la evolución de la obra pública en general, Katopodis subrayó que “actualmente tenemos 3.700 obras en todo el país”.

“Había 370 cuando llegamos (al Gobierno), de las cuales el 70% estaban paralizadas desde el 2018, cuando fueron a tocar la puerta del FMI”, indicó el ministro, quien afirmó que “este momento de la Argentina, después de haber resuelto la pesada deuda que nos dejaron, nos sentimos obligados a gobernar con una consigna muy clara, que se sienta que el Estado y el Gobierno se ocupan de la gente”.

El tope lo propuso el director nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista, Marcelo Positino, al exponer en el inicio de la audiencia pública para analizar las propuestas de un nuevo cuadro tarifario.

La Secretaría de Energía planteó este jueves que los ajustes en las distintas etapas de transporte y distribución de electricidad para que se reflejen en un incremento de “entre el 17% y el 20%” en la tarifa establecida en la factura de los usuarios.

El tope lo propuso el director nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista, Marcelo Positino, al exponer en el inicio de la audiencia pública para analizar las propuestas de un nuevo cuadro tarifario provisorio para las distribuidoras Edenor y Edesur, que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) bajo la órbita del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)

“Se plantea la fijación de precios que se defina de forma tal cuyo impacto final en las facturas de los usuarios oscile entre el 17% y el 20%”, expresó Positino. El funcionario señaló en su exposición que en 2021, en un contexto de crecimiento de la demanda y la generación, hubo una emergencia hídrica caracterizada por la bajante más aguda del caudal del río Paraná en 77 años.

En consecuencia, la generación de energía hidroeléctrica cayó 17,1% y debió recurrirse a una mayor generación térmica (con un mayor consumo de combustibles, que en el caso del gasoil creció un 137%) y, en menor medida, por energías renovables. “Por estas circunstancias se prevé que los costos aumenten en 2022 respecto de 2021”, advirtió el funcionario.

En el Palacio San Martín quedará una placa, que fue descubierta por Santiago Cafiero y Javier Timerman, en recordación del ex canciller que falleció el 30 de diciembre de 2018.

Días atrás en el Palacio San Martín, Cancillería homenajeó a Héctor Timerman, en un acto que contó con la presencia de funcionarios, exfuncionarios, familiares y amigos del ex canciller. Su hermano Javier tomó la palabra y relató cómo comenzó la persecución judicial que sufrió y le impidió en pleno macrismo tratarse un cáncer en los Estados Unidos.

“Estábamos en Nueva York. Héctor haciendo el tratamiento experimental contra el cáncer. Suena el celular y era Graciana (Peñafort), su abogada y amiga, desde Buenos Aires. Le dijo: ‘Héctor no vuelvas, vas a ir preso y es una condena a muerte’. Héctor hizo las valijas esa noche. Era buscar justicia o la salud. Héctor vino a buscar justicia, quería declarar ante el juez y sabía lo que le esperaba”, contó Javier notablemente emocionado .

En el salón del Palacio San Martín se respiró un aire de reivindicación, no sólo a Timerman, sino a una larga serie de dirigentes y exfuncionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Krichner, hostigados, espiados y hasta encarcelados por el gobierno de Mauricio Macri.

“Pasaban los días”, agregó Javier Timerman, “y perversamente no le permitían declarar. Mi hermano empezaba a perder la memoria. Me pedía que lo fuera a visitar para ayudarle a recordar, incluso para volver a enseñarle cómo se usaba el celular. Fue una lucha tremenda: murió buscando justicia”.

El final de la historia es conocido. Timerman murió procesado por el juez Claudio Bonadío, en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán. Pero el Tribunal Oral Federal número 8, por unanimidad, sobreseyó a todos los imputados por inexistencia de delito. En el fallo, se dejó asentado expresamente que “pese a que la acción penal se extinguió por fallecimiento, se deja constancia que no se afecta el buen nombre y honor de Héctor Marcos Timerman”. Fue una mención inhabitual en un fallo.

El Poder Ejecutivo marcó la cancha no sólo porque el acto fue oficial, sino también por la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur. También estuvieron en primera fila el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini -que estuvo preso en la causa del Memorándum-; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el diputado Eduardo Valdes; funcionarios, exfuncionarios -el exvicepresidente Amado Boudou y el ex secretario de Transporte- Juan Pablo Schiavi, ambos encarcelados- y numerosos integrantes de la familia Timerman, entre ellos Jordana, la hija de Héctor. 

“Es posible -dijo Graciana Peñafort– una gestión pública que no priorice el interés personal  la propia vanidad, el buen nombre, sino los intereses de la Argentina, y eso es lo que hizo Héctor Timerman. Murió un hombre pero no un legado”.

Desde Moscú, el actual embajador Eduardo Zuaín, exvicecanciller de Timerman, envió un emocionado mensaje de video: “Héctor nos va a seguir acompañando en el sueño de la Patria Grande, en la integración regional y la lucha por la soberanía efectiva en las Malvinas”.

El acto fue cerrado por Santiago Cafiero: “Este es un acto de reparación que buscamos desde el primer día, porque era necesaria esta justicia histórica, rodeados de afectos, de amigos y admiración; y creo que es el inicio de un camino de reivindicación de su testimonio y entrega”.

En el Palacio San Martín quedará una placa, que fue descubierta por Cafiero y Javier Timerman, en recordación del canciller que falleció el 30 de diciembre de 2018. El final fue un extenso y emocionado aplauso que, como señaló Peñafort, “es un homenaje tardío, pero le hubiera gustado ver esto, esta reparación”. 

Por su parte, también participó Hebe de Bonafini, titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, quien hizo llegar su mensaje a través de sus redes sociales porque no pudo estar presente. “Nunca olvidaré que en mi primer viaje a Estados Unidos, en la primera fila, escuchándome, estabas vos”, escribió.

“Mi emoción de hoy es igual a la de aquel día. Mientras, y hasta que nos encontremos, esperame en alguna estrella, como siempre, mirándome dulcemente”, publicó Bonafini.

La portavoz de la Presidencia indicó que esa medida ayudaría a que los alimentos “lleguen de una manera más económica a los hogares” y servirá para combatir la inflación.

El Gobierno confirmó este jueves que analiza crear una Empresa Nacional de Alimentos ante la inflación en el país, que a lo largo del último mes estuvo impulsada, principalmente, por la suba de los comestibles.

De esa manera, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, sostuvo en su conferencia habitual de todos los jueves, que el objetivo es controlar los aumentos de precios y ayudar a los pequeños y medianos productores.

“La inflación es un daño para la mesa de los argentinos y el Gobierno evalúa una solución, no porque le interese políticamente, sino porque es su deber modificar la vida de la gente”, dijo la funcionaria.

La portavoz presidencial recordó que hubo crecimiento de precios en verduras frescas que no forman parte de esos acuerdos y adelantó que el Gobierno ya está tomando estrategia en este sentido, como buscar que los pequeños productores puedan llegar a distribuir sus mercaderías y que los precios de productos estacionales se desacoplan de los precios internacionales.

Cerutti describió que entre las prioridades que tendrá esa estructura estatal será que las verduras y hortalizas lleguen con precios más bajos a los hogares. “El Gobierno está empeñado en ver de qué manera puede ayudar a los pequeños y medianos productos”, ratificó.

En este sentido, también se había pronunciado el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti que aseguró en las últimas horas que se requiere más intervención del Estado en los precios de los alimentos.

“Hay que reconstruir instrumentos estatales que permitan establecer regulaciones frente a lo que es el libre mercado en la asignación de recursos de alimentos. Necesitamos en trigo, maíz, carne y leche un desvínculo con los precios internacionales”, indicó.

El secretario de Comercio aseguró que hay precios que aumentaron menos en lo que va del mes.

La inflación de enero cerró con un alza de 3,9% y continua azotando el bolsillo de los argentinos. Los aumentos de los últimos 12 meses dio 50%. Sin embargo, Feletti se mostró algo optimista con lo que pueda pasar en febrero y marzo. “Lo que dio la primera quincena de febrero es menos que la primera de enero”, afirmó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

“Del relevamiento que tenemos, que no es el Indec, todos los días recibimos declaración jurada de los precios de supermercados”, dijo y adelantó que “lo que dio la primera quincena de febrero es menos que la primera de enero”. Sin embargo, aclaró: “No me atrevo a pensar en 3% todavía”.

Además, destacó que la inflación núcleo, de los insumos clave de la economía, retrocedió del 4,4% al 3,3% en enero, lo que podría impactar sobre los precios generales de la economía.

Sin embargo, el secretario de Comercio Interior remarcó que “para pensar en 2% necesitamos más regulación”, y aprovechó para criticar al macrismo por haber “desmantelado” las herramientas de control de precios que se encontraban activas hasta diciembre de 2015.

Igualmente, el funcionario se mostró preocupado por el precio de las frutas y verduras. “Yo creo que hay un problema de regulación de estos productos”, dijo, respecto a las frutas y verduras. “Así como nosotros logramos que en los productos envasados, procesados de góndola, con la canasta amplia de los 1300 productos de Precios Cuidados establecer una oferta razonable, compatible con el ingreso medio, acá en el Mercado Central el precio del tomate estaba $150 y en las verdulerías se vendía a $600 o $700”, agregó. “No quiero estigmatizar al verdulero, que aprovecha la ocasión”, dijo.

En cuanto a las posibles medidas a tomar para evitar estas subas en productos como frutas y verduras, el economista señaló que una de las posibilidades sería “tener un sistema de compras a término” de productos de Mercado Central. A propósito de eso, adelantó que están trabajando en analizar si esto es una posibilidad: “Yo pedí que me digan cuanto sale comprar parte de la producción antes de tiempo y fijar precio y cuando está cosechada ofertarla”.

Por otro lado, dijo que también evalúan otro mecanismo, que involucraría a los intendentes, principalmente del Gran Buenos Aires. “Es el mecanismo que se saca del Mercado Central y se crean formas de comercialización que contrapesen el precio de la verdulería”, puntualizó.

Por último, hizo un analisis del efecto del programa Precios Cuidados. “Estamos teniendo un 70% de cumplimiento del programa”, manifestó, producto de una caída en el abastecimiento que se habría generado por falta de personal a raíz del alza de contagios de Covid-19 en enero. “Calculamos que hacia marzo esto estará normalizado”, señaló.

Sobre la necesidad de que el programa llegue a los comercios de cercanía, adelantó que se encuentran trabajando en esa posibilidad con una medida que permita evitar el diferencial de precios que se genera respecto a la gran cadena. “En góndola estamos tratando de elaborar una canasta de 75 productos para que el almacén pueda competir”, destacó.

La aplicación de este nuevo programa, que aún está en desarrollo y que alcanzará a una porción menor de productos debido al tamaño de las almacenes, “demorará 15 días”, confirmó Feletti. Todas medidas para el principal problema de la economía: la inflación. Con los números actuales, ningun oficialismo tiene chances electorales. Y el gobierno lo sabe.

El presidente encabezó un acto en Tecnopolis donde anunció la construcción de 100 escuelas técnicas. “Debemos darle oportunidades a todos de crecer y desarrollarse”, aseguró Alberto Fernández.

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto donde se anunció la construcción de 100 escuelas técnicas, dijo que cree “en una Argentina industrializada, que produce” y afirmó que la preocupación de su Gobierno es que todos “vuelvan a educarse” para dejar atrás la “página de la penuria”.

El jefe de Estado, que anunció que el 2 de marzo participará de la inauguración del ciclo lectivo en las provincias de Catamarca y La Rioja, se pronunció de ese modo al encabezar un acto en el complejo Tecnópolis, donde se anunció la construcción de 100 escuelas técnicas, acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Educación, Jaime Perczyk; de Cultura, Tristán Bauer, y del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y gobernadores e intendentes.

Ante una platea integrada mayoritariamente por adolescentes, Fernández utilizó en varios pasajes de su exposición términos en lenguaje inclusivo y saludó el esfuerzo de muchos chicos que dieron su testimonio sobre la importancia de la educación en sus vidas.

“La Argentina es una y debe crecer toda. Debemos darle oportunidades a todos de crecer y desarrollarse”, afirmó el presidente a poco de iniciar su discurso.

En el mismo tono dijo que así como “el mundo se desarrolló a una velocidad vertiginosa”, es necesario “adecuar la educación a esa velocidad vertiginosa”.

Al señalar el carácter central de la formación, de la ciencia y de la técnica, el primer mandatario reiteró que “las sociedades más ricas son las que desarrollaron la ciencia y el saber” y puso como ejemplo a Finlandia, país que ha conseguido los mejores estándares sociales y de vida.

El programa presentado hoy recibirá una inversión de 35.500 millones de pesos, tendrá como objetivo lograr la inclusión e innovación educativas, y la formación profesional, además de la integralidad en la oferta de la Educación Profesional Secundaria.

Para ello, se anunció la construcción de 100 nuevas escuelas técnicas con criterio modular y la oferta en 500 instituciones de todo el país para que chicos puedan terminar la secundaria con “mucha formación profesional”.

“¿Cuál es el sentido de darle importancia a la educación técnica? Que entre terminar el colegio y encontrar un modo de vivir y crecer en la vida, no haya mucho tiempo. Es darle instrumentos para que sepan qué tienen para aportar y cómo pueden construirse su propio futuro”, afirmó el Presidente.

En ese sentido, dijo que la principal preocupación es “que la Argentina vuelva a educarse, que todos vuelvan al colegio, que los maestros vuelvan a enseñar, que los chicos vuelvan a estudiar”.

“Creemos en una Argentina industrializada, que produce, que requiera de técnicos que puedan hacer su aporte”, expresó y agregó que “si la industria crece, crece el trabajo, si el trabajo crece, matamos a la pobreza, si matamos a la pobreza, nuestra sociedad será mejor”.

Allí fue cuando le pidió “a todes” que el 2 de marzo próximo, fecha de inicio de las clases, se de “vuelta la pagina de la penuria”.

“Ustedes merecen vivir en un país mejor. Un país mejor exige que el Estado esté presente, nos exige que todos tengamos las mismas oportunidades y, mientras gobierne esta patria, le voy a dar oportunidades a todos y a todas”, apuntó.

Las nuevas unidades tendrán una superficie total de 3.000 metros cuadrados y contarán con aulas, talleres, laboratorios, biblioteca, SUM y espacios de encuentro y productivos vinculados a especialidades como economía del conocimiento y bioeconomía, agroindustria y alimentos, energías, minería, petróleo y gas, tecnología 4.0, mecánica automotriz y metalmecánica.

En acto, que empezó con un show musical a cargo de diferentes artistas, se pudo escuchar a jóvenes explicando sus vivencias dentro de la Escuela Técnica.

También estuvieron los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti; de Catamarca, Raúl Jalil; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

Y entre los intendentes se registraron las presencias de Mayra Mendoza (Quilmes), Julio Zamora (Tigre), Lucas Ghi (Morón), Fernando Espinoza (La Matanza) y Carlos Ramill (Escobar).

La interventora de la AFI Cristina Caamaño afirmó que esas escuchas se obtuvieron mediante un sistema “punto a punto” que llevó adelante la gestión del macrismo entre 2016 y 2019.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño puso a disposición este miércoles de la Justicia 105.000 archivos de audio de escuchas resguardados en el organismo y obtenidas durante el macrismo entre 2016 y 2019, en presunta violación a la Ley de Inteligencia.

“Para mí la orden tenía que venir del Presidente (por entonces Mauricio Macri); el objetivo era escuchar online” como parte del “espionaje ilegal”, evaluó la funcionaria en declaraciones a la prensa antes de ingresar a los tribunales federales de Retiro.

Caamaño entregó un escrito al actual juez que lleva la causa por “espionaje ilegal” que hasta el año pasado se investigó en Lomas de Zamora, Marcelo Martínez De Giorgi.

En ese escrito al que tuvo acceso Télam, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia advirtió que “puede verificarse que, en la práctica, las escuchas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, de la mano del Director General (de la AFI), Gustavo Arribas y la Subdirectora General, Silvia Majdalani, volvieron a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia”.

Esto implicaría una “flagrante contradicción con lo dispuesto por la Ley N° 25.520 y su modificatoria, Ley N° 27.126”, se agregó en relación a la Ley de Inteligencia.

La existencia de esos archivos había sido informada por la AFI a la justicia de Lomas de Zamora pero nunca fueron solicitados, pese a que están preservados y “a entera disposición a efectos de coadyuvar en la presente pesquisa”, se explicó ahora a Martínez De Giorgi.

Según detalló en el escrito y explicó la funcionaria a la prensa, esas escuchas se obtuvieron mediante un sistema “punto a punto” que la gestión del macrismo en la AFI implementó con la Dajudeco, el organismo a cargo de las escuchas judiciales que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Es preciso resaltar que la información que se ordenó resguardar forma parte de un procedimiento gestionado enteramente por las máximas autoridades de este Organismo entre los años 2016 y 2019”, se destacó en el escrito.

A través del entonces Servicio Jurídico de la AFI “se requerían intervenciones telefónicas ante los magistrados a cargo de distintas investigaciones”

Posteriormente “diligenciaban la autorización judicial pertinente ante la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco), para finalmente recibir el material a través de un sistema de contenido de audios y transcripciones que funcionaba en un servidor ubicado en el Organismo”.

“Dicho sistema implicaba una conexión de enlace tipo punto a punto que conectaba la Dajudeco con la Agencia Federal de Inteligencia”, agregó.

Mediante el enlace, “los audios eran enviados directamente al Organismo desde donde el Servicio Jurídico, en principio, procedía a la transcripción de las comunicaciones recibidas y luego se las derivaba al área que se encargaba de su análisis”.

La información obtenida “mediante la interceptación telefónica impulsada por la AFI y efectivizada por la Dajudeco era recibida prácticamente en tiempo real, toda vez que las ‘escuchas’ eran transferidas a más tardar al día siguiente de realizadas en un formato de archivo zip’”, explicó.

“En resumen, la Agencia encabezaba la pesquisa ante la autoridad jurisdiccional, impulsaba la interceptación telefónica, trasladaba la orden judicial a la Dajudeco, procedía a la transcripción, procesaba la información y, tanto el audio como la transcripción, se almacenaban, sin gestionar ante la autoridad pertinente el destino final del material almacenado”, detalló.

Esto se habría hecho “a pesar de que en muchos casos podría no resultar de interés para las causas de referencia”. El sistema implementado se llamó Sidea.

“Creo que la AFI macrista, además de no haber destruido estos 105.000 archivos que se supone que todos tienen un requerimiento judicial, lo que hizo Arribas con una resolución fue más o menos convertirse en juez, él le pedía a la Justicia y la Justicia daba la autorización”, refirió Caamaño en sus declaraciones periodísticas.

En la AFI están preservadas “un montón de escuchas que no se destruyeron. Quiero que el juez Martínez De Giorgi sepa eso”, agregó.

El 24 de diciembre de 2015, el entonces presidente Macri firmó un decreto por el cual sacó las escuchas telefónicas de la órbita de la Procuración General de la Nación y esa tarea quedó encomendada a la Dajudeco.

El organismo de control precisó que los operativos “permitieron detectar diferencias de hasta 150% entre las ventas observadas y las declaradas, así como un 50% de informalidad laboral entre los trabajadores y las trabajadoras relevadas”.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó maniobras de evasión impositiva y trabajadores no registrados en un operativo de fiscalización en establecimientos gastronómicos de Nordelta, en el norte del conurbano bonaerense, informó este miércoles el organismo.

“En los controles desplegados por inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social se labraron actas por irregularidades en el 70% de los restaurantes fiscalizados“, indicó la AFIP en un comunicado.

La AFIP precisó que los controles “permitieron detectar diferencias de hasta 150% entre las ventas observadas y las declaradas, así como un 50% de informalidad laboral entre los trabajadores y las trabajadoras relevadas”.

“Las empresas incumplidoras serán sancionadas con multas y, cuando corresponda, fiscalizadas en forma integral“, agregó al respecto.

Durante las tareas de control “se evidenció que uno de los más reconocidos restaurantes de Nordelta estaba inscripto como monotributista y no cumplía con las normas de facturación, además de no tener a ningún trabajador registrado”, aseguró el organismo dirigido por Mercedes Marcó del Pont.

La AFIP señaló que, de un total de 85 trabajadores relevados, el 50% estaba sin registrar.

En ese sentido, subrayó que las acciones del operativo realizado “buscan proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras para generar inclusión laboral”.

Además de controlar la facturación y la determinación de impuestos, desde la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social “se analiza el cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores, así como el ingreso de las obligaciones referidas a los aportes y contribuciones”, añadió.

El principal objetivo es la detección en forma temprana de incumplimientos a las normas de facturación y previsionales, aplicando las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

En la presente temporada estival, “más de 200 inspectores de la DGI de todo el país participaron de las distintas tareas de control y fiscalización presencial realizadas sobre restaurantes, centros comerciales, balnearios, cervecerías, hoteles y guarderías náuticas”, indicó la AFIP.

El operativo llevado a cabo en Nordelta se suma al reciente registrado en Puerto Madero y en esos controles “se identificaron diferencias de hasta 200% entre las ventas observadas y las declaradas y un 25% de informalidad laboral entre los trabajadores relevados por el organismo”, agregó.

Los procedimientos se suman a los efectuados en supermercados de la Costa Atlántica en donde se detectaron casos de explotación laboral, y empleo infantil y no registrado, y a los que surgieron del trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), en los que se detectaron 37 embarcaciones sin declarar en una guardería náutica de San Isidro.