El ex ministro de planificación apunto contra una acción coordinada del macrismo y la embajada de Estados Unidos

El miércoles 1 de marzo, Argentina sufrió un gran apagón que dejó sin electricidad al menos a 20 millones de personas, el 40% de la población, en medio de la peor ola de calor que ha sufrido el país en 20 años, así como de una sequía devastadora. Las temperaturas han llegado a alcanzar los 35°C en algunos lugares (la temperatura corporal es de 37°). Grandes franjas de la zona metropolitana de Buenos Aires y al menos otras siete provincias se vieron afectadas y, aunque se restableció parte de la electricidad al cabo de unas horas ese mismo día, la electricidad no se restableció por completo en el país hasta dos días después. 

Gracias a años de desinversión bajo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri (2015-2019), la red eléctrica argentina no está en buen estado, y se producen pequeños apagones con cierta regularidad. Pero el ministro de Economía, Sergio Massa, ya ha presentado una denuncia penal ante el juez Adrián González Charvay pidiendo que se investiguen tres incendios provocados deliberadamente bajo una línea de transmisión de alta tensión de 500 KW fuera del área metropolitana de Buenos Aires, lo que provocó que se incendiara. Esto a su vez provocó el cierre de secciones de la red interconectada, lo que obligó a desconectar la central nuclear Atucha I como medida de precaución. Eso eliminó 10.000 MW de la red interconectada de los 25.000 MW que era la demanda en ese momento. Seis millones de hogares se quedaron a oscuras. 

Casi de inmediato los círculos vinculados a Macri comenzaron a gritar que Atucha representaba una grave “amenaza nuclear” para el país. ¿Quién necesita energía nuclear? 

La cuestión pertinente aquí es si el apagón representa un ataque a la infraestructura civil del país, de la que el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que podría producirse a escala internacional si no se investigaban a fondo las revelaciones de Seymour Hersh sobre el papel de Estados Unidos en la voladura del Nord Stream. Fíjense en las amenazas que los círculos geopolíticos estadounidenses y occidentales lanzan contra el puerto peruano de Chancay que China está construyendo. Fíjense en las amenazas que profirió contra Argentina la representante María Elvia Salazar (republicana por Florida), en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes el 1º de marzo, por atreverse este país a colaborar con China en asuntos espaciales y militares; dijo que Argentina ha “hecho un pacto con el diablo” y amenazó con que “deben estar prevenidos” antes de que sea demasiado tarde. 

Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en las presidencias de Nestor Kirchner, y de Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015) (que ha participado en dos conferencias internacionales del Instituto Schiller) declaró a Radio Gráfica el 3 de marzo: “Creo que ahí hay intereses de que Argentina abandone su plan nuclear, por eso se le dio tanto protagonismo a Atucha por la caída del sistema. Hay toda una operación tendiente a voltear los acuerdos que habíamos firmado nosotros con China y con Rusia para la construcción de tres centrales nucleares más. Quieren vincular la obra con la corrupción y energía sucia”. 

Luego, con agudeza, señaló, “Hay que mirar cómo le va a Alemania, que está volviendo al carbón y encima los yankis le volaron el gasoducto que habían construido con Rusia para asegurar el suministro”, en referencia a las revelaciones que hizo el periodista estadounidense Seymour Hersh. La realidad, explicó, “es que hay intereses por parte de Estados Unidos para que el país no se desarrolle de manera soberana. Lo dijo Laura Richardson [jefa del Comando Sur] muy clarito, nada de litio, nada de energía nuclear y recursos energéticos”. 

En cuanto a endilgarle la culpa por el apagón a Atucha, De Vido le dijo a La Política Online que la “Operación Atucha” tiene “ribetes geopolíticos”. El país está a punto de completar su planta de enriquecimiento de uranio que es 100% argentina; y la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM) está por terminar su prototipo de reactor modular pequeño, “y esto no les gusta nada a las potencias nucleares. Esto le preocupa al Comando Sur. Poner a Atucha como responsable no fue un error casual”.

(Con información de EIR, RadioGrafica y LPO)

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, advirtió que si el fiscal federal vuelve a faltar al Congreso podrían iniciar “un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública”.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en una nueva jornada en la que se resolvió volver a citar al fiscal federal Carlos Stornelli, quien no asistió a exponer ante ese cuerpo, bajo la advertencia de hacerlo comparecer por la fuerza pública.

Stornelli había sido convocado como testigo para que explique los motivos por los que pidió el cierre de la causa que había sido iniciada para investigar los presuntos chats filtrados entre Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia Marcelo D’Alessandro. El funcionario público le mandó una nota al procurador interino, Eduardo Casal, donde le decía que sólo está dispuesto a declarar por escrito porque considera que así se lo permiten sus “inmunidades funcionales“. 

El jefe de los fiscales, por su lado, intentó cubrirse con una presentación donde avisa que le informaría a Stornelli lo que le notificó la presidenta del cuerpo, Carolina Gaillard: el testimonio, según el reglamento, sólo puede ser presencial.

Sin la presencia del fiscal, la comisión -que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT)- continuó esta tarde con el análisis de las pruebas y testimonios contra el accionar de la Corte, como parte de las audiencias que lleva adelante ese cuerpo desde fines de enero, luego de que el presidente Alberto Fernández y una decena de gobernadores impulsaran el juicio político contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Gaillard dio inicio a la reunión, avisó que la comisión de Juicio Político pediría volver a citar al fiscal y advirtió que “si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública”.

“Consideramos que Stornelli tiene que venir a declarar de manera presencial. Vamos a volver a citarlo nuevamente”, anunció la presidenta de la comisión, al rechazar el planteo del fiscal para declarar por escrito. El planteo del oficialismo para volver a citar a Stornelli fue votado en la comisión y aprobado por 16 votos.

¿Podría ser llevado por la fuerza pública? Ese camino está previsto para los casos en que un/a testigo se ausenta. Pero en este punto, Stornelli sí puede invocar sus fueros como fiscal, que le dan inmunidad. Fue, de hecho, lo que le permitió especular con eludir durante ocho meses la indagatoria a la que lo había citado el juez Alejo Ramos Padilla en el llamado D’Alessiogate, la investigación sobre una organización de espionaje paraestatal en la que sigue procesado. Sólo se presentó cuando el juicio político por su rebeldía ya era casi un hecho consumado.

En tanto, la Comisión también aprobó remitir a la Justicia la exposición ante la comisión del juez Sebastián Ramos por presunto falso testimonio y la incorporación como testigos de los abogados Marcelo Mazzeo y Juan Manuel Olima, a propuesta del FdT.

En su exposición, Ramos, que brindó testimonio el pasado 23 de febrero ante esa comisión, archivó a instancias de Stornelli una denuncia vinculada a unos chats que involucran a D’Alessandro con Robles, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos “mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.

En el desarrollo de la reunión se produjeron fuertes cruces entre los diputados del oficialismo y de la oposición, que le atribuyó al FdT “un manejo ilegal de la comisión” y aprovechó la audiencia para cuestionar al gobierno nacional por la situación de violencia e inseguridad en Rosario.

En el marco de la reunión, el diputado de la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, rechazó la actitud de Gaillard de, según dijo, tomarse “la atribución de interpretar el reglamento” para pedir la concurrencia presencial de Stornelli y sostuvo que el fiscal “no se negó a declarar sino que pidió hacerlo por escrito”, por lo tanto, afirmó, “no es un testigo reticente”.

Además de Stornelli, la comisión había convocado para esta audiencia a la titular de la fiscalía federal 1 de La Plata, María Roteta, quien se excusó de asistir por cuestiones personales, pero pidió reprogramar su presencia.

En tanto, se espera para el resto de este martes las exposiciones del exsenador nacional por la UCR y extitular de la Unidad Fiscal AMIA Mario Cimadevilla y los secretarios judiciales de la Corte Sergio Nápoli y Gustavo Naveira.

Trabajadores judiciales decidieron aceptar la propuesta de la Provincia tras deliberar en asambleas presenciales en las 20 departamentales.  

Tal como se hizo con docentes y estatales, la oferta del Gobierno bonaerense fue de un 40% al mes de julio, a abonar en tres tramos: 20% de aumento al básico en marzo; 6% de aumento al básico en mayo con Mesa de Monitoreo y revisión; 14% de aumento al básico en julio y reapertura de la negociación paritaria en agosto

A esto se suma un importante incremento de los topes que excluyen el cobro de asignaciones familiares, llevando los mismos a $404.062 (tope ingreso bruto individual) y $808.124 (ingreso familiar bruto).

Asimismo, de acuerdo a lo reclamado en la mesa paritaria por la AJB, desde el IPS se confirmó que la primera cuota del aumento acordado, será abonada a jubilados y jubiladas judiciales con los haberes del mes de marzo.

Por su parte el Secretario General de la AJB Hugo Ruso expreso: “Creemos que esta propuesta a la que se arribó en las negociaciones, si bien es perfectible, es un paso para paliar la difícil situación inflacionaria que día a día corroe nuestros salarios, y desde la AJB, expresamos al Ejecutivo que continuaremos bregando por que la paritaria 2023 logre, como sucedió el año pasado, superar la inflación y continuar en una senda de sostenida recuperación salarial”.

Nissan Argentina comienza a exportar camionetas a Chile y Ford anuncio inversiones

Nissan Argentina anuncia que ha comenzado sus exportaciones a Chile, en línea con el compromiso anunciado un año atrás. Más de 50 camiones cruzarán la Cordillera de los Andes transportando 300 pickups Nissan Navara, nombre con el que la pickup se comercializa en el mercado chileno, que conforman el primer lote de camionetas salidas de Fábrica Santa Isabel que arribaran a Chile.

«En el modelo de negocio de Nissan, la exportación y apertura de nuevos mercados juega un rol fundamental en la aspiración de ser una de las tres marcas top de la región. Hace unas semanas comenzamos a exportar a Colombia, y hoy anunciamos Chile; hito tras hito que nos permiten seguir haciendo historia en América del Sur» dijo Guy Rodríguez, Presidente y Managing Director para Nissan América del Sur.

Al igual que el vehículo que ya comenzó a exportarse a Colombia, la Nissan Navara es producida bajo la normativa de emisiones Euro 6. Con la incorporación de este tipo de motorización Nissan produce vehículos que emiten menor cantidad de gases y partículas contaminantes. Esto forma parte de los compromisos asumidos por la compañía japonesa a nivel global bajo su Green Program 2022.

A inicios del 2022 se anunció la apertura de los nuevos mercados de exportación, Colombia y Chile, bajo la normativa de emisiones Euro 6. Y para abastecer la creciente demanda se implementó un segundo turno de producción en Fábrica Santa Isabel, el cual permite a Nissan duplicar su producción anual. Finalmente, en enero de 2023, comenzaron las exportaciones al mercado de Colombia.

Por su parte Daniel Justo, presidente de Ford Sudamérica y Martin Galdeano, presidente de Ford Argentina, anunciaron durante una reunión con Sergio Massa, ministro de Economía, la decisión de realizar una nueva inversión de 80 millones de dólares destinada mayormente a la fabricación en Argentina de una nueva familia de motores de alta tecnología que impulsarán a la próxima generación de la pick-up Ranger.

Con este anuncio, el total de inversiones para la producción de la próxima generación de la pick-up Ranger en el país alcanza un total de 660 millones de dólares.

Fabricar esta nueva familia de motores demandará una importante transformación de la planta de motores de Pacheco, incorporando las últimas tecnologías y procesos productivos de Ford a nivel global, así como conceptos de manufactura 4.0.

La prioridad en el diseño de esta planta y sus procesos es entregar motores de alta calidad para los clientes de Sudamérica. El inicio de producción de los nuevos motores en Planta Pacheco tendrá lugar durante el año 2024.

(con información de AGENDAR)

La decisión de la nueva gestión de la Aduana de fiscalizar la carga de Paraguay redujo a cero los casos de carga de droga detectada en Buenos Aires, pero el narco hallo buen clima de negocios en el Uruguay de Lacalle Pou.

En el puerto de Buenos Aires, antes del cambio de autoridades en la Aduana que se concretó en junio del año pasado, comprobaron que contenedores paraguayos con destino a Europa, contenían cocaína oculta entre cargas de carbón, arroz, cueros, pinturas, maíz, madera y hasta hubo un caso en la estructura del contenedor.

Antes de Junio se conocieron importante casos: fueron encontrados 23 toneladas de cocaína en cajas de pinturas que fueron secuestradas en Alemania y tenía a Israel como destino, 11 toneladas bajo la fachada de cueros a Bélgica, 697 kilos en una doble pared de un contenedor a Portugal y 543 kilos en un contenedor de Maderas con rumbo a España.

“A partir que asumen las nuevas autoridades de la Aduana se comenzó a escanear todos los transbordos de origen Paraguay con destino final Europa y África, se aumentó el control documental del peso y la integridad de los precintos de origen. Asimismo, se intensificó el intercambio de información con Paraguay y Uruguay”, reveló una fuente al tanto del proceso.

La decisión de extremar los controles hizo que no se registraran nuevos contenedores con droga en el puerto de Buenos Aires, pero aumentaron los casos en Montevideo. En junio del año pasado, se encontraron 5 toneladas de cocaína que eran dirigidas a Bélgica en un contenedor de arroz, en septiembre 1822 kilos en un contenedor de azúcar y en noviembre 653 kilos fueron secuestrados en Uruguay en un contenedor de carne, también rumbo a Bélgica.

En Uruguay vinculan este “libre paso” de drogas al puerto de Montevideo a la falta de controles del gobierno de Luis Lacalle Pou. Incluso, no descarta que esté involucrado el ex jefe de seguridad del presidente uruguayo, Alejandro Astesiano, detenido por contrabando y acusado de espiar opositores, empresarios y hasta a la ex esposa de Lacalle Pou.

Cabe recodar que el Puerto de Montevideo estuvo envuelto un escándalo político tras un intento del gobierno de darle la licitación a un empresa belga por medio siglo. “El poder político no es ajeno a lo que pasa en el puerto y la mitad del espacio aéreo de Uruguay no tiene radares, pasan como quieren”, comentó a LPO una fuente uruguaya que sigue de cerca este tema.

Con la instrumentación de nuevos controles, empezaron a saltar casos río arriba. En diciembre del año que acaba de terminar, la Aduana de Paraguay informó el secuestro de 1647 kg. de cocaína en un contenedor con destino a Portugal que iba a transbordar en el Puerto de Montevideo.

El poder político no es ajeno a lo que pasa en el puerto de Montevideo y la mitad del espacio aéreo de Uruguay no tiene radares, pasan como quieren.

La firma registraba un antecedente de septiembre del 2021 cuando en Portugal secuestraron 700 kg de cocaína en la pared de un contenedor de la firma Agroforestal Tacuatí SA. En ese entonces, la Dirección General de Aduanas de la Argentina abrió una Investigación Preliminar en la PROCUNAR para investigar si hubo conexiones en Argentina sobre el hallazgo en Portugal, que quedó a cargo del juez federal, Diego Amarante.

El caso motivó el interés de Departamento Narcotráfico de la Aduana argentina y de agencias internacionales por la novedad en el ocultamiento de la carga. Desde la Argentina incluso alertaron a Paraguay sobre Agroforestal Tacuati SA y otras firmas vinculadas, pero las autoridades paraguayas prefirieron enfocarse en la empresa de transporte, informaron a LPO fuentes oficiales. Sin embargo, un año después la misma firma quedó involucrada en otro caso de narcotráfico lo que terminó de descartar conexiones en Argentina. En este último caso, la droga estaba oculta en la carga de granos.

Estas revelaciones no son aisladas. Están vinculadas al ojo que puso Estados Unidos a las empresas de Horacio Cartes, el socio de Mauricio Macri, sancionadas por el Departamento de Estado por lavado, contrabando y vínculos con el terrorismo.

LPO

La causa está caratulada como “incendio u otro estrago” y “entorpecimiento de servicios públicos”. La investigación busca esclarece si hubo accionar humano “malicioso”.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó la identificación catastral y nominal del terreno afectado por el incendio que derivó en un masivo apagón el 1 de marzo último, además de requerir datos satelitales vinculados al área, entre otras medidas de prueba dispuestas en la causa.

El magistrado lleva adelante la investigación tras una denuncia presentada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y entre otras medidas ordenó “la identificación catastral y nominal del terreno afectado por el siniestro” para dar con sus titulares.

Además, se requirió a la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) que remita al juzgado “datos satelitales” sobre el área que fue afectada por los incendios, cuya presunta intencionalidad se investiga.

En concreto se pidieron imágenes previas a las 14 horas del 1 de marzo y de ser posible “inmediatamente” posteriores, además de un cálculo de la superficie afectada y la cantidad de los “focos de calor” detectados.

De la investigación participan 60 efectivos de la Policía Federal, pertenecientes a las superintendencias de Agencias Federales, Investigaciones Federales, Bomberos y Aviación Federal, se detalló.

Así lo afirmó la senadora de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos en una entrevista radial.

La integrante de la Cámara alta bonaerense, Tersa García, en diálogo con el programa Que vuelvan las ideas de la AM 530. Somos Radio se refirió al calamor popular para que Cristina Fernández de Kirchnerse presente en las elecciones presidenciales próximas.

Al inicio de la entrevista, la senadora bonaerenses resaltó la gestión de Axel Kicillof y manifestó que toda su gestión “generó oportunidades para toda la provincia de Buenos Aires”.

“El tema de la obra pública es un eje central en la gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires”, agregó García para luego señalar: “La única tensión que tuvo Axel Kicillof fue algunos de los intendentes de la pandemia y la post-pandemia”.

Más tarde la senadora de la provincia de Buenos Aires recordó que en los años de presidencia de Mauricio Macri se “determinó aumentar la coparticipación en CABA en desmedro de las demás provincias”.

En ese sentido, García señaló: “Estamos frente a un problema de distribución, el asunto no es solo crecer, sino también distribuir”.

A la hora de analizar el escenario electoral, la integrante de la Cámara Alta bonaerense, reclamó: “Queremos que Cristina sea candidata, sabemos que está proscripta, por más que algunos digan que no”.

En el caso de la llamada “Megabanda”, el Tribunal Oral y Criminal Nº 2 lo consideró coautor penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional y encubrimiento. Los fundamentos se conocerán el 17 de abril.

El ex juez de Garantías de La Plata, César Ricardo Melazo, fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión por ser jefe de una banda mixta que ejecutaba robos y secuestros extorsivos junto a otros funcionarios judiciales, policías, presos con salidas transitorias y barrabravas.

En el fallo dictado este lunes, el Tribunal Oral y Criminal Nº 2 consideró al ex magistrado como “coautor penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional y encubrimiento”.

Vale aclarar que Melazo ya estuvo detenido 4 años y 8 meses y este lunes no estuvo presente en la sala de audiencias del Fuero Penal de los tribunales ubicados en calle 8 entre 56 y 57. Para evitar presenciar su condena presentó un escrito solicitando ese beneficio alegando razones “de índole personal, física y psíquica”.

El juicio arrancó en 2022 y tuvo muchas interrupciones. En la causa hay al menos nueve imputados, además del ahora condenado Melazo.

Ellos son el expolicía de la Bonarense, Carlos “Mencha” Barroso Luna; el excomisario mayor, Gustavo Bursztyn; el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena; Adrián “Quichua” Manes (preso por homicidio); el asesor de seguros y hermano del excampeón mundial de fútbol Daniel Bertoni, Carlos Bertoni; y los operadores judiciales Héctor Vega; Martín Fernández y Enrique “Quique” Petrullo”.

Además, ya fueron condenados en un juicio abreviado los ex barras Rubén “Tucumano” Herrera, Javier Ronco y Ángel Custodio “Pipi” Yalet, que confesaron ser integrantes de la asociación ilícita y haber organizado el secuestro de la hija del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

Según la acusación de los fiscales, Melazo fue el jefe de una megabandaque ejecutaba robos en propiedades vacías, realizaba asaltos a mano armada y se dedicaba a la venta de estupefacientes, entre otros delitos.

La fiscalía también pidió que se investigue la participación de Melazo, “en calidad de autor intelectual”, en el crimen de Juan Farías. Este último sospechan que era miembro de la banda y que fue asesinado en un ajuste de cuentas interno tras un robo.

Además, reclamó que se investigue si Melazo y otros dos imputados incurrieron en enriquecimiento ilícito de funcionario público y lavado de dinero. También destacó que la investigación fue impulsada tras “robos de grandes cantidades de dinero y bienes de mucho valor, que se perpetraban en viviendas y negocios cuando las víctimas estaban ausentes”.

“Los delincuentes sabían lo que iban a buscar, dónde encontrarlo, y que en el momento del golpe no se iban a encontrar con nadie. Las víctimas favoritas de estos escruches eran, en general, grandes comerciantes platenses, personas vinculadas al negocio del fútbol y testaferros”, señalaron.

Por eso no le llamó la atención a nadie que estuviesen registrados a nombre de Melazo o de sus familiares varios vehículos de alta gama; lotes en Cariló, una importante propiedad en Gorina; varias sociedades anónimas y cuentas bancarias que registraban extracciones millonarias y compras de dólares. Incluso se lo veía asiduamente en el lujoso edificio ubicado en calle 7 esquina 34, donde según fuentes informadas posee una o más propiedades.

Vale aclarar, además, que el ex magistrado gozaba de una fuerte protección de sectores de la dirigencia política local vinculados al Partido Justicialista. También tenía fluidos vínculos con importantes figuras del peronismo bonaerense.

La fiscalía señaló que entre 1996 y el 2017, el ex juez hizo 40 viajes al exterior, a Estados Unidos, España, Emiratos Árabes, Panamá, Italia, Chile, Brasil, Uruguay, entre otros países.

Por qué cayeron

La banda fue desarticulada en el marco de la investigación del homicidio de Juan Roberto Farías, un ex preso que integraba la organización y que fue asesinado en 2010 por un presunto ajuste de cuentas.

Según se menciona en el expediente, en ese año la banda había planificado un robo a la casa de un director técnico de fútbol. Luego el asalto fue cancelado pero Farías decidió cometerlo igual , y de esa forma encontró la muerte.

“La investigación determinó que los jefes policiales liberaban zonas y los miembros de la banda cometían los asaltos en comercios, fábricas y casas particulares. También aparecen mencionados abogados y funcionarios de Casación, entre ellos el excamarista Martín Ordoqui, quienes también habrían otorgado beneficios a los integrantes de la banda”, destacó TN.

Melazo renunció a su cargo en junio de 2017, cuando estaba apartado de sus funciones de manera preventiva, por un jury de enjuiciamiento abierto en su contra en virtud de tres denuncias que pesaban sobre él por mal desempeño y presuntas irregularidades en su juzgado. Un año después, fue detenido y hasta el día de hoy continuó en prisión.

Horas después de que se conozcan los fundamentos de la condena en su contra, la vicepresidenta recibirá el título “Honoris Causa” de la Universidad Nacional de Río Negro.

A horas de que la Justicia diera a conocer los fundamentos de la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad, la ex presidenta estará presente en un acto que se llevará a cabo en Río Negro, donde recibirá el título “Honoris Causa” de la Universidad de esa provincia, ubicada en Viedma, informó C5N.

Cabe recordar que el pasado 6 de diciembre, la líder del Frente de Todos recibió el veredicto por parte del Tribunal Oral Federal Nº2, donde fue acusada y juzgada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

De esta manera, se espera que la vicepresidenta se refiera a las revelaciones que se harán el jueves 9 de marzo y que, como se prevé, haga mención de su posible candidatura a la presidencia para las elecciones de este año.

Trabajadores sanitarios nucleados en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) se manifestaron en la entrada del barrio privado Greenlands, donde reside el ministro Quirós.

Las protestas de los enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires en contra de Fernán Quirós, llegaron hasta la puerta del country de San Fernando, provincia de Buenos Aires, en donde reside el Ministro de Salud de CABA. 

Así como ocurrió durante 2020, el pasado sábado los trabajadores sanitarios nucleados en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) realizaron una caravana en la entrada del barrio privado Greenlands y pidieron que cerca de 4000 licenciados “tengan idénticos derechos a los profesionales de la salud en CABA”. 

Los enfermeros, que llevan meses reclamando un aumento salarial y mejoras en sus condiciones laborales, se mostraron indignados por la falta de respuesta por parte del Ministro, quien se había comprometido a reunirse con ellos para llevar adelante una solución. 

A la vez, denunciaron que los salarios son insuficientes y que no hay condiciones laborales adecuadas para desarrollar su profesión. “No hay una oferta salarial que sea acorde a la realidad, hay atrasos en el pago, sin contar con el desgaste que implica el trabajo que realizamos todos los días”, afirmaron. 

En su reclamo, también exigieron una mayor inversión en la salud para garantizar mejoras en la calidad de los servicios de salud. Ante la puerta del country, pidieron a Quirós “que comprometa a mejorar la situación de los hospitales públicos, de los Centros de Salud, y de los servicios que se ofrecen para los pacientes”. 

Finalmente, los trabajadores sanitarios señalaron que la situación de los enfermeros es insostenible y que es necesario que el Ministro se comprometa a encontrar una solución rápida a la problemática. “Necesitamos que el ministro cumpla con su palabra y se reúna con nosotros para buscar una solución a la situación que estamos viviendo”, sentenciaron.

ArgentinosOnline