Se siguen conociendo detalles escandalosos de la “gestapo” que funcionó durante el macrismo.

La Subcomisión de Inteligencia del Congreso citó para el martes próximo al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, en el marco de la investigación sobre el armado de causas judiciales a referentes gremiales en la gestión de Cambiemos.

Conte Grand, una de las figuras más polémicas en la llamada “mesa judicial” macrista, fue citado a declarar tras la actual difusión por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de un video de 2017, en el que se ve a ex altos funcionarios de la exgobernadora bonaerense y actual diputada María Eugenia Vidal, exdirectivos de la AFI y empresarios, diseñando estrategias de persecución y armado de causas a gremialistas de la construcción de La Plata.

Además de recibir a Conte Grand, el mismo martes se buscará tomar declaraciones a dos representantes de dos empresas para establecer cuál de ellas comercializó el equipamiento con el que se grabó la reunión realizada en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia. De manera insólita, y a pesar de todas las pruebas, Conte Grand sigue siendo procurador de la provincia de Buenos Aires. Es el jefe de los fiscales. Antes, fue funcionario macrista. La división de poderes no importa cuando se trata de dirigentes macristas.

Ayer, la subcomisión de la Bicameral de Inteligencia del Congreso había convocado a Hernán Cassasa, un subcomisario bonaerense a quien se le atribuyen audios en los que menciona el accionar de la “mesa judicial” macrista y nombra a los exfuncionarios que la integraban con el objetivo de perjudicar a dirigentes sindicales de la provincia de Buenos Aires.

La citación a Cassasa fue adoptada por los miembros del grupo de trabajo, integrado por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdes, y el legislador de Juntos por el Cambio Miguel Angel Bazze.

En el audio, el policía cuenta que estuvo al frente de algunas de las causas encuadradas en el accionar de la mesa judicial bonaerense y hace referencia directa al procurador bonaerense.

Énfasis del gobierno de Kicillof en la prevención vial.

Los datos surgen de un relevamiento de la dirección provincial de Emergencias Sanitarias y Catástrofes de la provincia de Buenos Aires, que compara las atenciones realizadas en cinco rutas y playas de la costa bonaerense, durante las dos primeras semanas de 2022 en relación con 2021. Los accidentes de tránsito en las principales rutas de acceso a los distritos de la Costa Atlántica se redujeron en un 41 por ciento durante los primeros 15 días del mes, en comparación a igual período de 2021. El dato preocupante es que la asistencia a turistas que necesitaron atención mediante ambulancias y camionetas 4×4 se duplicó en este año.

“Fortalecimos el operativo verano donde la dirección de Emergencias, a través del Sistema Integrado de Emergencias SIES, garantizó la atención de todas las situaciones que se presentaron en la zona veraniega y pudimos trabajar fuertemente en la prevención de riesgos, como los que implican los accidentes viales y la movilización de bonaerenses a la zona costera”, destacó el director provincial de Hospitales bonaerenses, Juan Riera. Para el gobierno de Axel Kicillof es prioridad reducir una problemática muy grave en el país, como son los accidentes viales.

Según informes oficiales, en las últimas dos semanas se contabilizaron 35 accidentes viales, 24 menos que en 2021, cuando se registraron 59. En detalle, Ruta 2 pasó de 28 a 23 accidentes; Ruta 63 pasó de 3 a 4; Ruta 11 pasó de 18 a 8; Rutas 74/56 pasó de 10 a 0.

El relevamiento también contabiliza las atenciones realizadas por el personal de emergencias en el Partido de la Costa, San Clemente, Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar, Villa Gesell, Costa Esmeralda, San Bernardo, Mar del Plata, Necochea y Miramar. En comparación con 2021 donde se pasó de 162 a 412 asistencias a turistas en ambulancias y camionetas 4×4, especialmente distribuidas para garantizar la atención en la costa bonaerense.

Así lo aseguró el comisario Hernán Casassa ante una comisión del Congreso.

El comisario y contador Hernán Casassa confirmó ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que él es la persona que habla y explica en dos audios revelados cómo funcionaba la mesa judicial y cómo era el mecanismo de armado de causas en la provincia de Buenos Aires durante el macrismo. Ratificó el rol de María Eugenia Vidal en la “gestapo” destinada a perseguir personas que no simpatizaban con el macrismo.

Según sus dichos, que reconstruyó Página 12, la exgobernadora Vidal, su exjefe de Gabinete Federico Salvai y el procurador Julio Conte Grand participaban de la mesa judicial nacional que se reunía los jueves cada quince días por convocatoria de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Además vinculó a las dirigentas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto con el espionaje y el uso dudoso de información para crear expedientes.

Casassa había sido citado por una subcomisión de la Bicameral conformada para estos temas que integran Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y el radical Miguel Bazze. Se presentó al mediodía del jueves con buena predisposición y, además de confirmar los audios y el contenido, entregó material para mostrar el nexo entre Carrió, Vidal y la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, una dependencia que ya en la grabación señalaba como clave en la recolección ilegal de información.

Cada vez hay más pruebas del rol de los funcionarios de primer nivel del macrismo, como Vidal y Carrió, en la persecución a dirigentes opositores. Nunca antes en la historia de la democracia pos 1983, hubo un gobierno con mecanismos de persecución más propios de una dictadura que de un gobierno elegido por el pueblo. ¿Quedará impune?

La Provincia imputó de oficio a Andrómaco y SC Johnson & Son por los productos “Dermaglós Solar” y “Off!” por presuntas infracciones a la ley de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, como falta al deber de información y publicidad engañosa.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, imputó de oficio por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial a los Laboratorios Andrómaco S.A., por su crema “Dermaglós Solar” y a la empresa SC Johnson & Son Argentina, por su repelente “Off!”, dos productos ligados a la prevención de enfermedades y al consumo estacional en una temporada récord para el Turismo bonaerense. 

Las supuestas infracciones, por falta al deber de información y publicidad engañosa, fueron detectadas por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones.

En los relevamientos realizados por la Provincia, se constató que la empresa Laboratorios Andrómaco S.A. publicita en sus productos para la protección solar (Dermaglós Solar FPS 30, FPS 40 y FPS 50 Envase familiar de 380 ml) un supuesto “30% regalo” indicando en la parte superior del envase, resaltado, de color amarillo y letras mayúsculas.

Sin embargo, de la investigación efectuada no resulta posible determinar en forma clara, detallada y suficiente en qué consiste el “beneficio” publicitado, ya que, por ejemplo, no se informa si se trata de una cantidad extra en el contenido del producto; si se trata de un porcentaje de descuento sobre el precio de dicho producto o; si el envase es un 30% más grande que otro de iguales características y que posee idéntico valor. De esta manera, las y los consumidores no cuentan con la información necesaria y suficiente al momento de realizar la compra.

Además, la empresa no puede garantizar el precio en góndola que permita a las y los consumidores acceder al supuesto beneficio, generando, por lo tanto, un engaño: el “regalo” no existiría, pero induciría a las y los consumidores a comprar un producto en condiciones equivocadas.

En el caso de la imputación a la empresa SC Johnson & Son de Argentina, por su repelente de insectos “Off! extra duración”, la Provincia constató la infracción por publicidad engañosa en el marco de la normativa relacionada a Lealtad Comercial, que garantiza la transparencia en las relaciones comerciales y el acceso a información esencial sobre productos y servicios comercializados.

En el rótulo del envase, la empresa destaca en su parte superior, en color amarillo y letras mayúsculas, la inscripción “tamaño económico 50cm3 gratis”, mientras que en el reverso destaca “290 cm3 al precio de 240 cm3”. Sin embargo, la empresa no puede garantizar que en todo punto de venta el envase de 290 cm3 sea vendido al valor de 240 cm3.. Además, en los relevamientos provinciales no fue posible identificar en góndola el envase de 240 cm3 o su valor unitario, para poder verificar el supuesto beneficio para quien lo consuma.

Se persigue, de esta manera, evitar que las y los consumidores, por medio de inexactitudes o de publicidades poco claras y engañosas, sean inducidos a error o falsedad en la adquisición de productos o servicios. Y proteger el derecho de las y los consumidores a tener una información adecuada, completa y veraz en sus relaciones de consumo.

Desde la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios destacan que, en ambos casos, se trata de productos destinados al uso familiar y la protección de la salud, especialmente en época de verano y de altas exposiciones a los riesgos de las radiaciones solares y las picaduras de insectos.

Las empresas han sido notificadas y poseen 5 días hábiles e improrrogables, para presentar su descargo.

Así lo declaró el comisario Casassa ante la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. El jefe policial participó de varios allanamientos.

El comisario y contador Hernán Casassa confirmó, ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, que él es la persona que habla y explica en dos audios cómo funcionaba la mesa judicial y cómo era el mecanismo de armado de causas en la provincia de Buenos Aires durante el macrismo.

Además de ratificar el contenido, su relato fue incluso más lejos: contó que la exgobernadora María Eugenia Vidal, su exjefe de Gabinete Federico Salvai y el procurador Julio Conte Grand (a quienes ya mencionaba en la grabación) también participaban de la mesa judicial nacional que, según dijo estar al tanto, se reunía los jueves cada quince días por convocatoria de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El jefe policial también vinculó a las dirigentas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto con el espionaje, y el uso dudoso de información para crear expedientes, según Página 12.

Casassa había sido citado por una subcomisión de la Bicameral conformada para estos temas que integran Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y el radical Miguel Bazze. Ayer, el uniformado también entregó material para mostrar el nexo entre Carrió, Vidal y la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, una dependencia que ya en la grabación señalaba como clave en la recolección ilegal de información.

La administración bonaerense presentó los requisitos para acceder a los nuevos créditos que otorga el Banco Provincia a MiPyMEs de Cultura y Turismo.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia habilitaron líneas de créditos “Provincia Cultura” y “Provincia Turismo” destinados a PyMEs bonaerenses de dichas áreas.

La nueva medida se enmarca en los programas de reactivación productiva que busca el Gobierno bonaerense para recuperar el empleo y la producción en los sectores más golpeados por la pandemia de coronavirus.

Los préstamos son por montos de hasta $7 millones para las empresas de la industria cultural, y de hasta $10 millones para las del sector turístico. Los mismos tienen un plazo máximo de 24 meses, con 12 meses de gracia para el pago de capital. Los desembolsos son a pago único, y la tasa de interés es del 0% durante los primeros 12 meses de devoluciones, y los siguientes tienen una tasa fija del 18% anual.

Según destacaron desde Producción, ambas líneas de crédito tienen bonificaciones de tasa gracias al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FoNDeP), garantías del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) y el Fondo de Garantías de Buenos Aires (FoGaBA).

El juez que investiga el armado de causas a dirigentes sindicales por parte de funcionarios del gobierno bonaerense anterior, le dio 48 horas a las empresas de celulares para que informen si los acusados tenían celulares a su nombre.

La justicia federal de La Plata le pidió al gobierno bonaerense que entregue los teléfonos celulares y la computadora que usó María Eugenia Vidal cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

En el marco de la investigación a la mesa judicial, donde al menos 15 personas están acusadas de armarles causas a sindicalistas, el juez le requirió a la Gobernación “que indique si es posible identificar el/los número/s de teléfono fijo y/o móvil utilizados utilizados por María Eugenia Vidal en el período comprendido entre el 1° de mayo de 2017 y 31 de diciembre de ese mismo año, así como la CPU asignada a la nombrada y/o a su secretaría privada en la gobernación durante el lapso aludido”.

El magistrado solicitó lo mismo respecto a Marcelo Eugenio Villegas, exministro de Trabajo bonaerense; Roberto Gigante, exministro de Infraestructura; y Adrián Grassi exsubsecretario de Justicia.

“En todos los casos, se deberá solicitar que se proporcionen a este Juzgado los números de abonados telefónicos que puedan ser identificados, y que las CPU´s que se individualicen de acuerdo a los términos solicitados, sean entregadas o puestas a disposición de este órgano”, indicó el magistrado.

Asimismo, el juez les pidió a las empresas de telefonía celular que indiquen –en un plazo perentorio de 48 horas- si en el período comprendido entre el 1° de mayo de 2017 y el 31 de diciembre de ese mismo año, poseían líneas telefónicas a su nombre y, en su caso, que informen los números de abonados correspondientes a: Adrián Grassi, Roberto Gigante, Juan Pablo Allan, Julio César Garro, Juan Sebastián De Stéfano, Darío Alberto Biorci, Diego Luis Dalmau Pereyra, Marcelo Eugenio Villegas y María Eugenia Vidal”.

El gobierno bonaerense informó que buscarán alejarlos de la atención al público y, en caso de no contar con el aval, deberán realizarse una prueba PCR todas las semanas.

Los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que realicen atención al público en espacios cerrados y no cuenten con el pase sanitario que acredite las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, deberán ser reubicados o testearse cada semana para poder cumplir con sus tareas.

El Pase Libre COVID-19 no solo es obligatorio en restaurantes, bares y eventos masivos, entre otras actividades; sino también en la administración pública y por ello quienes no dispongan de él deberán dejar de atender directamente al público.

Las autoridades sanitarias provinciales indicaron que se les reasignarán nuevas tareas alejadas a la gente y en los casos en que no sea posible el traslado deberán realizarse una prueba PCR todas las semanas.

Así lo detalló el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en una conferencia de prensa desde Miramar, donde confirmó además que la Provincia adhiere al nuevo esquema de aislamiento para contactos estrechos de positivos sin síntomas. “Hay una actualización del Pase Libre COVID-19: las personas que atienden al público en lugares cerrados deben tener al menos dos dosis; si esto no es así deben reasignarles tareas para que no estén a frente de la atención público y si esto no es posible tendrán que hacerse todas las semanas un PCR”, explicó el ministro.

El funcionario informó además que desde la entrada en vigencia del pase sanitario en la provincia de Buenos Aires, el 21 de diciembre último, se realizaron más de 20 operativos donde se inspeccionaron unos 260 locales gastronómicos, recreativos, bancos e instituciones públicas. Los distritos donde se realizaron estos operativos de control de pase fueron La Plata, San Vicente, Quilmes, Avellaneda, General Pueyrredón, San Isidro, General San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Berazategui, Moreno, Morón.

Se trata de Martín de Vargas, quien se presentó en el edificio municipal para hacer un trámite pero le prohibieron el ingreso.

Ocurrió el lunes último, cuando el abogado Martín De Vargas fue a realizar una diligencia a la Municipalidad de La Plata, donde se presentó con el pase sanitario, pero no lo dejaron ingresar al edificio ubicado en las intersecciones de las calles 12 y 54.

“Van a averiguar y salen, y me dicen: tenés la entrada prohibida. ¿Cómo que la tengo prohibida? ¿Por qué los denuncié a Garro y a Vidal?”, comentó el profesional en declaraciones ofrecidas a diferentes medios platenses.

Él mismo relató que, ese día, había bastante gente en la fila para ingresar al municipio. De Vargas, entonces, comenzó a hablar con algunas de esas personas, dos de los cuales eran empleados de dos dependencias de la Municipalidad, quienes después tuvieron problemas por haber hablado con él.

Lo llamativo de la situación es que se trata de un edificio público, por lo que no se le puede prohibir el ingreso a ninguna persona.

De Vargas había denunciado, hace unos días, a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; a su exministro de Trabajo, Marcelo Villegas; al intendente de La Plata, Julio Garro, y a los demás integrantes de la reunión en la que se los ve planeando una “Gestapo” y el armado de causas a sindicalistas.

En el marco de esa investigación, ayer la fiscal Ana Russo imputó a los 15 acusados y le pidió al juez federal que ordene peritar los teléfonos encriptados de Vidal, quien también está siendo investigada.

El dirigente sindical aseguró: “Se confirma todo lo que denunciamos”

El líder sindical Pablo Moyano comparó al Ministerio de Trabajo de la gestión de María Eugenia Vidal con el de la dictadura de Jorge Rafael Videla. “Después de cuatro años está saliendo a la luz todas las cosas que denunciamos”, describió. Y pidió: “Vidal era parte, la justicia la tiene que investigar”, reclamó.

“Lo importante es que después de cuatro años está saliendo a la luz. Nosotros denunciábamos persecución, armado de causas, nuestra organización gremial fue allanada 15 veces, hubo una multa de 1000 millones de pesos impuesta por (el ex ministro de Trabajo, Jorge) Triaca y nadie nos creía, era tal la protección mediática”, recordó. “Constantemente atacaban a las organizaciones gremiales que marchábamos contra la reforma laboral y el modelo económico”, reflexionó.

“Después de cuatro años está saliendo a la luz lo que denunciábamos, el armado político del ex presidente con su brazo político en la provincia, con quien se rajó y se refugió en la Ciudad de Buenos Aires, la señora Vidal, Patricia Bullrich, (Florencia) Arietto, la pata judicial con este caradura que todavía no sabemos cómo sigue en sus funciones que es Conte Grand, con fiscales afines a ese partido político y la protección mediática”, añadió.

“Ya están pidiendo por favor que pase la causa a ‘Comodoro PRO’ para que toda esa banda de jueces que tienen a favor del PRO los proteja. Ojalá que esta vez la Justicia investigue y los que tengan que pagar paguen. Porque no era Pablo Moyano, que era la obsesión de ellos, u otros dirigentes, el tema era acallar a aquellos que peleábamos para después venir con una reforma laboral y una lluvia de inversiones que prometían, para llevar adelante una política de flexibilización laboral”, recordó.