El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó a Patricia Bullrich y el gobierno nacional por las cifras de homicidios dolosos difundidas la semana pasada.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional, Javier Milei, y referentes de La Libertad Avanza y el PRO, acusándolos de manipular políticamente el tema de la seguridad y “caranchear con el dolor” de la gente.

Las declaraciones del mandatario bonaerense llegaron tras la difusión de las estadísticas oficiales sobre homicidios dolosos, que indican una baja en la tasa nacional —3,8 por cada 100.000 habitantes en 2024—, calificada por el propio Gobierno como la más baja de Sudamérica y la menor desde que existen registros en el país. Sin embargo, Kicillof advirtió que “cuando ocurre un hecho trágico en la Provincia, desde el Gobierno Nacional se caranchea con el dolor y se explota la angustia de la gente para sacar ventajas políticas”.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Kicillof señaló que en la provincia de Buenos Aires la caída de homicidios fue incluso mayor al promedio nacional, con un descenso del 10,2%. Pero enfatizó que el enfoque del oficialismo nacional sobre el tema resulta oportunista: “La seguridad no se construye con marketing o frases efectistas. La motosierra no lleva protección ni paz a ningún barrio”.

Hace unas horas el Ministerio de Seguridad nacional comunicó que la tasa de homicidios dolosos está en su nivel más bajo en décadas: en lo que va de 2025, el propio Gobierno Nacional celebra una baja en los homicidios del 9,6% con respecto al año anterior. En la Provincia, ese…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 26, 2025

El gobernador también puso en evidencia lo que consideró una contradicción del Gobierno de Javier Milei. “Frente a cada episodio de inseguridad grave, el Presidente se desentiende y afirma que la seguridad es responsabilidad de los gobernadores. ¿En qué quedamos? ¿Es mérito del Gobierno Nacional cuando las cifras mejoran y culpa de las provincias cuando hay problemas?”, cuestionó.

En un tono firme, Kicillof desmintió la narrativa oficialista sobre la situación en territorio bonaerense: “Al licenciado Milei, que le gusta repetir que la provincia ‘es un baño de sangre’, se le escapa una verdad importante: es matemáticamente imposible que los homicidios bajen a nivel nacional si la Provincia —que representa cerca de la mitad del país— fuera realmente un ‘baño de sangre’”.

La seguridad no se construye con marketing o frases efectistas y la motosierra no lleva protección ni paz a ningún barrio. Se necesita coordinación, seriedad y responsabilidad. Es, además, una cuestión de múltiples dimensiones, por lo que necesita una política coordinada de todas…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 26, 2025

El mandatario también apuntó contra la alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, a la que responsabilizó de utilizar el miedo como herramienta de campaña. “Se vienen elecciones, pero no todo vale por un voto”, advirtió, y reclamó que “los funcionarios y candidatos de La Libertad Avanza se abstengan de hacer una explotación política del miedo y del dolor”.

Finalmente, exigió al Gobierno nacional la devolución de los fondos de coparticipación que, según denunció, fueron recortados a la provincia. “Esos recursos, que estaban destinados a cuidar a las y los bonaerenses, equivalen a la compra de 10.000 patrulleros”, remarcó Kicillof, quien insistió en la necesidad de “un Estado sensible, presente y protector”.

Milei lo puso a frente de la empresa de energía nuclear NASA. Cobra tres veces más que el Presidente, pero en su gestión no registra avances de hecho incluso se canceló el proyecto CAREM, la primera central nuclear de potencia 100% argentina.

Demian Reidel, amigo personal de Javier Milei y actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), cobra más de $14 millones mensuales mientras el Plan Nuclear que él mismo encabeza sigue completamente paralizado. Fue nombrado el 23 de abril y desde entonces no hay avances concretos, más allá de viajes y discursos vacíos.

Con un sueldo que triplica el del propio Presidente y supera ampliamente al de ministros, jueces y legisladores, Reidel se convirtió en uno de los funcionarios mejor pagos del país, en plena era del “ajuste más grande de la historia”. Todo esto, mientras no presenta resultados y frena proyectos clave para el desarrollo energético nacional.

Por presión de Estados Unidos —según señalan fuentes cercanas al sector—, Reidel habría congelado el proyecto CAREM, el reactor modular 100% argentino que representa uno de los hitos más ambiciosos del sistema científico-tecnológico local. El desarrollo de este reactor estaba en una etapa crítica de construcción, pero quedó suspendido sin una explicación clara a nivel oficial.

El contraste con el discurso libertario no podría ser más evidente: mientras miles de trabajadores del Estado fueron despedidos y se recortan fondos a ciencia, educación y salud, un asesor presidencial cobra más de 46 veces el salario mínimo y encabeza un plan que no avanza.

El Plan Nuclear, presentado con bombos y platillos en diciembre junto al jefe del OIEA, Rafael Grossi, no cuenta con respaldo en la comunidad científica y ha sido cuestionado por sus objetivos vagos y poco realistas. Ni siquiera hay precisiones sobre la anunciada “ciudad nuclear en la Patagonia”.

Reidel se mostró recientemente en Francia, en reuniones con empresarios y acompañado por el embajador argentino, Ian Sielecki. Desde allí volvió a repetir su intención de construir reactores modulares en cinco años, aunque no detalló ni financiamiento, ni cronograma, ni capacidad técnica nacional para semejante ambición.

Mientras tanto, Nucleoeléctrica sigue en funcionamiento gracias al esfuerzo de casi 3.000 trabajadores, que cobran un salario promedio muy inferior al del presidente de la empresa, y genera el 10% de la matriz eléctrica del país. En lo que va del año, facturó más de $264 mil millones sin recibir transferencias del Tesoro.

La única certeza, por ahora, es que Reidel cobra su sueldo religiosamente cada mes. Y que el Plan Nuclear, como su Consejo de Asesores, está en vía muerta.

Cristian Ritondo confirmó que los partidos de Milei y Macri compartirán boleta en las elecciones legislativas bonaerenses. Ajuste, represión y negocios, el pacto que los une.

La Libertad Avanza y el PRO formalizaron su alianza para competir juntos en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El anuncio lo hizo este miércoles el diputado macrista Cristian Ritondo, tras mantener una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la Casa Rosada.

“Vamos a avanzar juntos en la provincia de Buenos Aires”, declaró Ritondo, quien agregó que “todavía falta definir qué instrumento se utilizará en septiembre y en octubre”, en referencia a la presentación formal de listas y el posible uso de sellos partidarios propios o compartidos.

En el encuentro participaron también Diego Santilli, Sebastián Pareja —mano derecha de Karina Milei en el conurbano— y Eduardo “Lule” Menem, operador clave de la estructura libertaria.

Con este acuerdo, se consolida la sociedad entre el mileísmo y el macrismo duro, que ya viene funcionando en el Congreso y que encuentra en la provincia de Buenos Aires su próxima gran apuesta electoral. Ambos espacios confluyen en un programa común: profundización del ajuste, avance sobre derechos laborales y sociales, criminalización de la protesta, y desguace del Estado.

La alianza no sorprende, pero sí deja en evidencia la sintonía ideológica entre Mauricio Macri y Javier Milei, que se traduce ahora en una estrategia electoral conjunta para disputar el poder territorial bonaerense. Para los trabajadores, jubilados y sectores populares de la provincia, la fórmula ya es conocida: más mercado, menos derechos.

Javier Milei autorizó una nueva suba del 21,5% en los boletos de colectivos que circulan por el AMBA en tres tramos que comenzaron a aplicarse desde este viernes.

El gobierno de Javier Milei oficializó este jueves una nueva suba en los boletos de los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así quedó plasmado en la Resolución 28/2025 de la Secretaría de Transporte de la Nación publicada en el Boletín Oficial con la firma de Luis Pierrini.

Mientras se niega a homologar acuerdos salariales que superen la pauta del 1% mensual, el gobierno libertario acaba de autorizar una suba del 21,5% que se realizará en tres tramos en mayo, junio y julio, muy por encima del ritmo de la inflación.

De esta manera desde este viernes el boleto mínimo pasa a costar 397,11 pesos. Luego habrá dos nuevas subas en los meses de junio y julio cuando el boleto mínimo pasará a 424,91 y 451,01 respectivamente.

Las “líneas nacionales” son las que circulan tanto por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como por el conurbano bonaerense y que quedaron bajo jurisdicción del Gobierno Nacional, a diferencia de las que solo circulan por territorio porteño o partidos bonaerenses que ahora son administradas por los gobiernos de Jorge Macri y Axel Kicillof respectivamente.

Se trata de la primera suba que aprueba el gobierno de Milei que, en los meses previos, eligió congelar la tarifa para evitar su impacto en el índice de inflación que se volvió a disparar en los últimos meses.

Aumento de colectivos

Con la actualización aprobada por la Secretaría de Transporte, el cuadro tarifario para los colectivos de jurisdicción nacional —especialmente las líneas conocidas como “Suburbanas Grupo I” y “Grupo II”— comenzará a regir en tres etapas: 23 de mayo, 18 de junio y 16 de julio. El impacto será diferente según la distancia recorrida y si la tarjeta SUBE está o no registrada.

Tarifas desde este viernes

Para las líneas “Suburbanas Grupo I”, que conectan la Ciudad de Buenos Aires con municipios del primer y segundo cordón del conurbano bonaerense:

• Viajes de hasta 3 km: $397,11 con SUBE registrada / $631,40 sin registrar.
• Entre 3 y 6 km: $442,38 / $703,38.
• Entre 6 y 12 km: $476,46 / $757,57.
• Entre 12 y 27 km: $510,57 / $811,81.
• Más de 27 km: $544,45 / $865,68.

Para las líneas “Suburbanas Grupo II”, que cubren trayectos más largos como hacia La Plata o Zárate:

• Tarifa terminal: $132,11 / $219,05.
• Tarifa por kilómetro por pasajero: $20,18 / $32,09.
• Boleto mínimo: $522,46 / $830,71.

Tarifas desde el 18 de junio

Grupo I:

• 0-3 km: $424,91 / $675,61.
• 3-6 km: $473,35 / $752,63.
• 6-12 km: $509,81 / $810,60.
• 12-27 km: $546,31 / $868,63.
• Más de 27 km: $582,56 / $926,27.

Grupo II:

• Tarifa terminal: $141,36 / $219,05.
• Por km: $21,59 / $34,33.
• Mínimo: $559,03 / $888,86.

Tarifas desde el 16 de julio

Grupo I:

• 0-3 km: $451,01 / $717,11.
• 3-6 km: $502,43 / $798,86.
• 6-12 km: $541,13 / $860,40.
• 12-27 km: $579,87 / $921,99.
• Más de 27 km: $618,35 / $983,18.

Grupo II:

• Tarifa terminal: $150,05 / $238,58.
• Por km: $22,92 / $36,44.
• Mínimo: $593,37 / $943,46.

Los usuarios que no tengan registrada su tarjeta SUBE pagan una tarifa considerablemente más alta, en línea con el nuevo esquema del Gobierno nacional que busca reducir subsidios generalizados y fomentar el registro nominal de los beneficiarios.

El gobernador visitó la localidad de Laprida y repasó el avance de obras provinciales y proyectos en ejecución en el distrito.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este jueves la localidad bonaerense de Laprida, donde mantuvo un encuentro con el intendente local, Alfredo Fisher, con quien repasó el avance de obras provinciales y proyectos en ejecución en el distrito.

Durante la reunión, que tuvo lugar en el edificio municipal, se abordaron temas vinculados a infraestructura, salud, educación y producción, en el marco del programa de acompañamiento provincial a los municipios del interior.

El mandatario estuvo acompañado por funcionarios de su gabinete, quienes también mantuvieron reuniones técnicas con equipos del municipio. Tras el encuentro, el gobernador recorrió una obra financiada por la provincia y dialogó con vecinos y trabajadores.

La visita a Laprida forma parte de una agenda de trabajo que el gobernador desarrolla en distintos distritos del interior bonaerense, con el objetivo de fortalecer la articulación con los gobiernos locales.

La Corte Suprema ordenó que la justicia bonaerense investigue a tres referentes del PRO por campaña anticipada. También están implicados De la Torre y Burlando.

Tres pesos pesados del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Néstor Grindetti, serán investigados por la Justicia provincial por haber lanzado sus campañas para gobernador de forma anticipada en 2023, violando la ley electoral. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este miércoles que el fuero penal bonaerense es el competente para avanzar en la causa, que incluye además al exfuncionario peronista Joaquín de la Torre y al abogado mediático Fernando Burlando.

Según la denuncia presentada por el abogado Emiliano Rodríguez, los dirigentes desplegaron afiches, spots y acciones proselitistas en redes sociales cuando aún no estaban habilitados por ley para hacerlo. El artículo 16 de la norma electoral provincial establece con claridad que las campañas solo pueden comenzar 30 días antes de las primarias. Pero los referentes del PRO ignoraron la normativa, apostaron al marketing vacío y se lanzaron sin freno ni control, dando muestras de que el respeto a las reglas solo aplica para sus rivales.

El fallo de la Corte llega en un momento incómodo para el PRO, en plena negociación con La Libertad Avanza por acuerdos en Buenos Aires. Lejos de representar una “nueva política”, los nombres que encabezan esta causa simbolizan lo más rancio de la vieja maquinaria electoral: Ritondo, exministro de Seguridad con oscuros vínculos judiciales; Santilli, eterno funcionario sin territorio propio; Grindetti, intendente devenido en fugaz candidato. Todos ellos ahora, además, con una causa penal en marcha por no respetar siquiera las reglas básicas del juego democrático.

El caso es tan insólito como grave: el Municipio no tuvo que aportar ni un solo peso para la obra. Sin embargo, en una muestra de mezquindad y desprecio por la salud pública, el intendente libertario rechazó hacerse cargo del centro sanitario y hasta pidió que se devolvieran las tierras donde fue construido.

En un hecho que indigna por lo absurdo y que pone en evidencia la peligrosa radicalización ideológica de algunos dirigentes, el intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, se niega a poner en funcionamiento un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) completamente nuevo, construido por el gobierno de Axel Kicillof, solo porque proviene de una gestión política distinta.

El caso es tan insólito como grave: el Municipio no tuvo que aportar ni un solo peso para la obra. Sin embargo, en una muestra de desprecio por la salud pública, Egüen rechazó hacerse cargo del centro sanitario y hasta pidió que se devolvieran las tierras donde fue construido. Una decisión que deja a más de 23.000 vecinos como rehenes de un capricho ideológico.

Inauguramos el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en #25deMayo para brindarles a los vecinos una atención cercana y de calidad, el número 185 que finalizamos para seguir fortaleciendo el derecho a la salud en cada distrito.

Es el primer CAPS del que nos vamos a hacer… pic.twitter.com/pV6PS4cSr6

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 21, 2025

El CAPS cuenta con consultorios totalmente equipados, médicos generalistas, odontólogos, ginecología, salud mental, promotores sanitarios y personal de enfermería, todo listo para brindar atención primaria inmediata a la comunidad. Pero el intendente, alineado con La Libertad Avanza, prefirió cerrar las puertas antes que aceptar una obra proveniente de un gobierno que no es de su signo político.

Frente a esta negativa, el Gobierno de la Provincia anunció que asumirá la gestión directa del centro de salud para garantizar el acceso de los vecinos a la atención médica. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, expresó su sorpresa y tristeza:

“Es la primera vez que nos pasa en seis años de gestión. Siempre las diferencias políticas se pusieron a un lado para priorizar la salud. Esto es una pésima decisión de gestión”.

En una mañana con sensaciones encontradas, inauguramos el centro de salud 185 de @BAProvincia en 25 de Mayo. Enorme alegría por que el sistema de atención primaria crezca, amplíe sus prestaciones y garantice más y mejor salud, pero totalmente sorprendido por el rechazo municipal… pic.twitter.com/izGFqUIm5D

— Nicolás Kreplak (@nkreplak) May 21, 2025

La actitud de Egüen no es un hecho aislado. El jefe comunal, que abandonó Juntos por el Cambio para sumarse a las filas libertarias, ya protagonizó otros episodios polémicos, como amenazas a vecinos y despidos masivos de promotores de salud. Su gestión también frenó obras educativas y sociales, en línea con el negacionismo del Estado que pregona el oficialismo nacional.

La negativa a utilizar un centro de salud por cuestiones ideológicas no solo es insólita: es cruel y peligrosa. En un país donde la salud pública sigue siendo un derecho esencial, usar a la población como rehén política es una forma de violencia institucional que no puede naturalizarse ni pasar desapercibida.

Mientras el intendente juega a mostrarse “más libertario que nadie”, son los vecinos quienes sufren las consecuencias. Porque en 25 de Mayo, como en tantos otros lugares, la necesidad no tiene partido político, pero el abandono sí tiene responsables.

El Gobierno nacional bajó el costo de la exportación de productos electrónicos, lo que afecta de manera directa a la actividad industrial en Tierra del Fuego.

Miles de trabajadores de las plantas de ensamblado de Tierra del Fuego marcharon este miércoles para expresar su rechazo a la baja de aranceles a la exportación de productos electrónicos, una medida del Gobierno nacional que pone en peligro los puestos de trabajo en la provincia más austral del país.

Durante la jornada hubo manifestaciones en Río Grande, Ushuaia y otras localidades de Tierra del Fuego, desde donde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció que la medida del Gobierno de Javier Milei “pone en riesgo 7.000 puestos de trabajo” en toda la provincia.

Histórico paro total y movilización en Tierra del Fuego. Hay 8000 familias que se quedan sin trabajo y se destruye la economía de la provincia por culpa de Milei pic.twitter.com/jYueWCsbvG

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) May 21, 2025

A lo largo del día se hicieron virales varios videos de trabajadores en las rutas a pesar de las bajas temperaturas. Además se mantuvo la medida de paro total en toda la provincia, que comenzó hace una semana, cuando se anunció la baja de aranceles a productos electrónicos como celulares.

Juan Carlos Villalba, delegado de la firma metalúrgica Mirgor de Río Grande, ratificó que “el plan de lucha va a continuar hasta que se retrotraiga la medida” anunciada la semana pasada, y afirmó que el octavo día de paro transcurrió “con el acompañamiento multitudinario de todos los compañeros”.

La baja de aranceles fue oficializada a través del Decreto 333/2025, que fue publicado el martes de esta semana en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, de su Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Según el plan del Gobierno de Javier Milei, los aranceles a la exportación de productos electrónicos serán eliminados de manera total para el 15 de enero de 2026.

Hoy el pueblo de Tierra del Fuego AIAS habló claro. Con frío extremo, pero con la dignidad intacta, marchamos en defensa del subrégimen industrial, de nuestros trabajos, de nuestra soberanía.

Desde Ushuaia hasta Río Grande, miles de fueguinos y fueguinas salieron a las calles… pic.twitter.com/2J62JQoKiN

— Walter Vuoto (@WalterVuotoTDF) May 21, 2025

“Hoy el pueblo de Tierra del Fuego AIAS habló claro. Con frío extremo, pero con la dignidad intacta, marchamos en defensa del subrégimen industrial, de nuestros trabajos, de nuestra soberanía. Desde Ushuaia hasta Río Grande, miles de fueguinos y fueguinas salieron a las calles”, declaró en X el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, al compartir imágenes de una de las protestas.

Ahora le toca el turno al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien había anticipado la semana pasada que demandaría al Gobierno nacional si se hace efectiva la decisión de liquidar el régimen de promoción industrial que beneficia a la provincia.

Un conductor fue apuñalado durante un intento de robo en La Tablada. Sus compañeros iniciaron una medida de fuerza y exigen mayor seguridad.

Este miercoles trabajadores de la línea 126 realizan un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras la violenta agresión a un chofer durante un intento de robo en La Tablada.

El ataque ocurrió durante la madrugada, cuando tres delincuentes abordaron el colectivo simulando ser pasajeros. Al quedarse solos con el conductor, lo apuñalaron en la cabeza, brazos y una pierna. El chofer logró defenderse, pero resultó con heridas que requirieron atención médica. Actualmente, se encuentra estable y en observación.**

En respuesta, sus compañeros iniciaron una medida de fuerza que incluye un corte en la rotonda de San Justo, sobre Ruta 4 y Monseñor Bufano. Exigen mayor seguridad y denuncian que La Matanza es una “tierra de nadie”. Julián, delegado de la línea 126, expresó: “Queremos vivir, esto es insostenible. No vamos a esperar a que maten a un chofer para tomar medidas”.**

La medida de fuerza se mantendrá durante toda la jornada y no se descarta que otras líneas se sumen al reclamo. Los trabajadores exigen respuestas concretas de las autoridades para garantizar la seguridad en el transporte público

Advierten que el gobierno de Javier Milei ha decidido paralizar importantes obras hídricas, a pesar de contar con más de 75 millones de dólares ya disponibles para financiarlas.

Las graves inundaciones que afectaron recientemente al norte de la provincia de Buenos Aires fueron, en gran medida, inevitables debido a la intensidad de las lluvias. Sin embargo, el impacto pudo haberse mitigado con obras de infraestructura adecuadas que favorezcan el escurrimiento del exceso de agua. Es precisamente ese tipo de obras las que el gobierno de Javier Milei ha decidido paralizar, a pesar de contar con más de 75 millones de dólares ya disponibles para financiarlas.

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, creado en 2001 por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo mediante el decreto 1381/01, nació para hacer frente a los daños de la gran inundación que ese año azotó zonas productivas de Buenos Aires. Desde entonces, se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido (GNC) destinado a vehículos automotores.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, este fondo fue clave para impulsar proyectos como el Plan Maestro de la Cuenca del Salado y el reacondicionamiento del Canal San Antonio-Arroyo de las Tortugas, en el límite entre Córdoba y Santa Fe. Estas obras, aunque con interrupciones, continuaron en la gestión de Alberto Fernández.

La llegada de Milei a la Casa Rosada significó un virtual cierre del grifo del fideicomiso: las obras hídricas fueron prácticamente paralizadas, pero el ingreso de fondos jamás se interrumpió. Según datos oficiales, solo en 2024 el Fondo registró ingresos por 98.538 millones de pesos —93.403 millones provenientes directamente de los bolsillos de automovilistas y transportistas—, mientras que a fines de 2023 ya acumulaba un saldo de 85.129 millones de pesos, equivalentes a más de 75 millones de dólares al tipo de cambio actual.

Pese a tener esa suma a disposición, no se ha dado ninguna explicación oficial sobre la drástica reducción en la inversión en infraestructura. Además, al tratarse de un fideicomiso no auditado, el gobierno tiene libertad para redirigir esos recursos sin rendición de cuentas clara, lo que abre interrogantes sobre su uso actual.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, desactivó numerosos fideicomisos en el último año, el de Infraestructura Hídrica se mantiene activo. Liquidarlo implicaría un ingreso inmediato al Tesoro, pero también eliminaría la vía de recaudación que representa el impuesto específico sobre combustibles. Así, el gobierno mantiene una fuente de fondos sin destino preciso ni ejecución visible.

En definitiva, mientras miles de hectáreas permanecen bajo agua y la amenaza climática persiste, no hay razones técnicas ni financieras que justifiquen la paralización de obras vitales. Salvo, claro, que los fondos estén siendo utilizados con otros fines, lejos del objetivo original del fideicomiso.