El Fondo Monetario Internacional demora su respuesta a un informe que realizó la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las condiciones en que el gobierno de Mauricio Macri suscribió el programa Stand By en 2018. El documento fue remitido al directorio del FMI por el Ministerio de Economía hace casi dos meses.
Entre sus hallazgos, el organismo de control advierte que no se cumplieron los procedimientos previstos en el marco normativo argentino, que el Banco Central no emitió opinión sobre el impacto en la balanza de pagos y que se omitió la autorización para el uso de más de u$s13.000 millones.
También destierra el mito de que los desembolsos se utilizaron “para pagar deuda anterior”, demuestra que el pasivo aumentó en relación al PBI, las reservas, las exportaciones y volvió al endeudamiento “insostenible”.
El 9 de abril de 2021 el presidente Alberto Fernández instruyó a la Procuración del Tesoro para que se constituya como querellante en la causa por la deuda que se contrajo con el FMI en 2018. Más allá de los argumentos presentados por la oficina de Carlos Zannini, en poco más de dos años el expediente que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti muestra poco, o nada, de avance.
A pesar de que en Comodoro Py las fojas se cubren de tierra, la AGN sigue trabajando en un minucioso informe que detalla el trámite y la ejecución del crédito que tomó el expresidente Mauricio Macri. Las primeras conclusiones ya fueron enviadas al Ministerio de Economía y al Banco Central para que hagan su descargo como sujetos auditados.
Los principales hallazgos
Entre los principales hallazgos, el organismo detectó que no se cumplió el procedimiento específico para la aprobación de préstamos multilaterales. De hecho, no se encontró ningún instrumento a través del cual se haya formalizado la deuda, ni ley específica, ni decreto. El crédito tampoco se incluyó en el presupuesto del año 2018. Un vacío absoluto en términos administrativos.
Para el caso de la deuda externa, el artículo 61 de la ley 24.156 indica que el Banco Central debe intervenir y emitir opinión sobre el posible impacto de la operatoria en la balanza de pagos. Pese a que el Stand By rubricado hace casi cinco años configuró el crédito más grande de la historia argentina, la entidad monetaria que por entonces conducía Federico Sturzenegger eligió no emitir opinión.
No es extraño que en aquel momento se haya evitado el pronunciamiento. De acuerdo al relevamiento de la AGN, todos los indicadores mostraron riesgo de no sostenibilidad y baja solvencia. En términos de importancia relativa, el préstamo del FMI significó un aumento del 8% de la deuda directa en el año 2018 y un 14% en el año 2019. Además, implicó un alza de la deuda en relación al PBI en 7,3% en 2018 y 12,3% en 2019. Esos incrementos llevaron al ratio a un 89,4% al finalizar la gestión de Cambiemos. En cuanto a la sostenibilidad, la relación con las reservas internacionales también se deterioró. Al momento de la contratación rondaba el 42% y para el año 2019 ya se necesitaban casi todas las tenencias del Banco Central para su corta cancelación (98,4%).
En el Gobierno, por estas horas, pesa cierto malestar por la falta de respuesta de las autoridades del organismo multilateral de crédito que decidió brindar el financiamiento en esas condiciones. Según pudo saber Ámbito, el detallado informe fue elevado a la titular, Kristalina Georgieva, y a todos los directores hace unos dos meses. Por ahora, nadie acusó recibo. De hecho, en tono irónico, un funcionario del Gobierno le preguntó a Ámbito si el Fondo no cuenta con traductores. “Lo están cajoneando”, sintetizó la fuente con acceso a la letra chica del informe.
El misterio de los u$s13.000 millones
En términos de uso presupuestario, los fondos del primer desembolso se aplicaron mediante el DNU de ampliación de crédito 1053/18 por un total de u$s10.891 millones. Pero sobre unos u$s13.214 millones, pertenecientes al segundo aporte, no se encontró norma de aplicación de los fondos solicitados al BCRA por parte del Tesoro ni la autorización para su uso. Un misterio más sin resolver.
“La falta de cumplimiento queda evidenciada por el propio auditado que en 2019 regularizó la situación mediante autorizaciones por Ley. Una incoherencia absoluta”, explicó un dirigente que conoce en detalle la gestión del crédito.
Por estas horas el Gobierno busca reformular el programa vigente. El jueves viajará a Washington una comitiva oficial que estará encabezada por el viceministro Gabriel Rubinstein para discutir la cuestión técnica. Lo que se busca esencialmente es adelantar desembolsos para incrementar las reservas. El antecedente inmediato data del acuerdo de 2018 cuándo se entregaron u$s45.000 millones. Aquella curiosa maniobra se llevó a cabo a pesar de que, como dijo a Radio 10 el ex director del Fondo para Hemisferio Occidental Alejandro Werner, “desde el principio se dijo que era un programa con altísimo riesgo”.
Fuente: Ámbito
