Así lo anunció la Secretaría de Energía sobre los alcances de las 54 obras de transporte y distribución eléctrica que se ejecutan a lo largo y ancho del país.

La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, informó que se encuentran en marcha 54 obras de transporte y distribución eléctrica distribuidas a lo largo y a lo ancho del país, en el marco del Plan Federal de Transporte Eléctrico, que busca reactivar proyectos paralizados e impulsar nuevas obras de infraestructura energética.

Este tipo de obras, financiadas con fondos del Estado nacional, servirán para mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a los hogares, comercios, fábricas, instituciones y todo tipo de actividades productivas.

Chaco, Buenos Aires, Santa Cruz, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Chubut, Misiones, Neuquén, Formosa y Río Negro son algunas de las provincias donde las obras de transporte y distribución eléctrica ya son una realidad.

Según detalló la Secretaría de Energía, este año tiene previsto llegar a un total de 4.988 kilómetros de red de tendido eléctrico, y 6318 MVA de capacidad de transformación.

“La inversión en infraestructura eléctrica es fundamental para el desarrollo de la Argentina, y la realización de estas obras contribuirá significativamente al fortalecimiento de la red eléctrica de transporte y distribución, mejorando la calidad y la confiabilidad del suministro eléctrico en todo el país”, sostuvo la secretaria de Energía, Flavia Royon, quien resaltó la política federal del área energética en materia de obras.

Las obras de tendido finalizadas en los distritos bonaerenses de Ensenada, San Vicente, Benito Juárez, Henderson, General Villegas, y en municipios dentro de San Juan, Chaco, y Misiones son a las pruebas fehacientes de la reactivación en materia energética y de la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, y de la titular del área energética, Flavia Royon, de invertir en obras de transporte y distribución eléctrica y distribución que mejoran la calidad de vida de los argentinos y argentinas.

“Más de 1600 kilómetros se encuentran finalizados y en plena ejecución, por lo que servirá para darle robusticidad al sistema de alta tensión de nuestro país”, explicó Santiago Yanotti, subsecretario de Energía Eléctrica, quien precisó que 3.350 kilómetros de tendido están por ejecutarse a partir de este año.

Para este 2023, se espera que entren en servicio varias obras de gran alcance e impacto en el Sistema Argentino de Interconexión, que contribuirán significativamente al fortalecimiento de la red eléctrica de transporte y distribución. Una de ellas es la obra de Atlántica Sur, que permitirá la interconexión eléctrica de la región patagónica con el resto del país, mejorando así la integración energética de la Argentina.

“Nos pusimos fuertemente a trabajar en proyectar los requerimientos del sistema eléctrico argentino, junto al Consejo Federal de Energía Eléctrica diseñamos un máster plan para incorporar más generación, más líneas de transporte, más transformación”, manifestó la mandataria de Energía, y puntualizó: “En estos meses ya activamos obras que se encontraban paralizadas, gestionamos financiamiento y licitamos obras que van a sumar 6318 MVA en LAT y ET. Esto es fundamental para dar más confiabilidad al sistema argentino, incorporar más energía y posibilitar el desarrollo de nuestro país”.

Se alcanzaron niveles similares a los de la pre pandemia.

Casi dos millones de turistas extranjeros visitaron la Argentina durante los tres primeros meses del año, alcanzando niveles similares a los de la pre pandemia en una consolidación de la recuperación del turismo receptivo en el país.

De acuerdo a los últimos reportes oficiales, 1.9 millones de turistas legaron desde el exterior con un impacto económico estimado superior a los 1.550 millones de dólares.

“Mediante una inversión histórica del Estado Nacional como el programa PreViaje, logramos un 2022 absolutamente récord para el turismo nacional. Ahora tenemos el gran objetivo de recuperar y superar las cifras de turismo internacional prepandemia. Aerolíneas Argentinas cumple un rol determinante para mejorar la conectividad con los mercados más importantes del mundo”, reflexionó al respecto el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens.

Las ciudades de Buenos Aires, Salta, Jujuy y Mendoza y la Patagonia en general, fueron los destinos más elegidos por visitantes que llegaron desde Chile (22,1%), Brasil (15,1%), Uruguay (13,4%), Estados Unidos (11,4%), Paraguay (7,1%), Bolivia (3,9%), España (2,9%), Francia (2,1%), Alemania (2,1%) y Reino Unido (2,1%).

Del análisis se desprende que Estados Unidos, Uruguay, México y Chile aportaron más turistas a nuestro país durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo período del 2019.

Estados Unidos, Uruguay, México y Chile aportaron más visitantes que en dicho período de 2019.

El Aeropuerto de Ezeiza (24%), el Aeroparque Jorge Newbery (16%), el Puerto Buenos Aires (12%), el Puente Internacional Tancredo Neves (8%) y el Paso Gualeguaychú – Fray Bentos (8%) fueron las principales vías de acceso.

En el mismo sentido, la temporada de cruceros superó en un 4.8% los niveles prepandemia, con cerca de 600 mil turistas en los puertos de Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Entre las causas de la recuperación del sector, se destaca el trabajo de Aerolíneas Argentinas, que inició una exitosa promoción para atraer turistas desde Sudamérica y los Estados Unidos hacia la Argentina.

Se vendieron más de 30 mil tickets entre el 23 de febrero y el 24 de marzo, pasando el ingreso de reservas diarias de 690 tickets a 1787, lo que representa un incremento de 157%. La promoción, con tarifas entre 20% y 30% más económicas, continúa hasta el 10 de abril, para viajar en la temporada baja de otoño hasta el 30 de junio, con excepción de este fin de semana largo de Semana Santa.

Esta medida permitirá desestimar todas las acciones iniciadas contra la petrolera argentina y contra Repsol.

YPF anunció que alcanzó un acuerdo por el caso Maxus en Estados Unidos, lo que permitirá desestimar todas las acciones iniciadas contra la petrolera argentina y contra Repsol y otorgará una liberación y absolución total de los reclamos que presentó en su momento el Fideicomiso de Liquidación de Maxus por hasta US$ 14.000 millones.

En un comunicado, la petrolera argentina recordó que tras la privatización en 1992 de YPF, la compañía desplegó una estrategia de expansión internacional en la adquirió Maxus, una empresa estadounidense de petróleo y gas. Por entonces esta firma contaba con activos en diversos países del mundo (Estados Unidos, Bolivia, Indonesia, Ecuador y Venezuela), lo que para YPF –controlada por Repsol- significó el puntapié de una estrategia de negocios que a la luz de la época se presentaba como atractiva.

Años antes, en 1986, Maxus había vendido su negocio de químicos a Occidental Chemical Corporation y aceptado indemnizar a la misma por los pasivos ambientales derivados de sus operaciones.

Posteriormente, en el año 2005 el Estado de Nueva Jersey demandó a Occidental y a Maxus -añadiendo más tarde a YPF y Repsol- por la contaminación del río Passaic -a 10 kilómetros de la ciudad de Nueva York- con residuos químicos.

Occidental hizo valer su indemnidad y Maxus, la empresa que había adquirido YPF en 1995, honró sus obligaciones hasta que el 17 de junio de 2016 tomó la decisión de presentarse en concurso y posteriormente se decretó su quiebra.

En junio de 2018 el Fideicomiso de Liquidación de Maxus demandó a YPF y Repsol y ciertas subsidiarias, por un monto de hasta 14.000 millones de dólares ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware. El Fideicomiso alegó que Maxus tuvo la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a sus acreedores.

El acuerdo alcanzado por YPF

En un comunicado, YPF informó esta noche que tras años de litigio y negociaciones el Fideicomiso de Liquidación de Maxus y luego de obtener de parte de la petrolera argentina, en junio de 2002, una decisión de juicio sumario parcial por parte del Tribunal de Quiebras, YPF y Repsol llegaron a un acuerdo de conciliación.

Ese acuerdo determina que el Fideicomiso de Liquidación de Maxus desistiría de las reclamaciones que ha presentado contra YPF y Repsol en el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware, así como a todas las reclamaciones actuales y futuras que puedan tener contra ambas compañías.

A cambio de esto, YPF y Repsol se comprometieron a pagar al Fideicomiso un monto de US$ 287,5 millones cada uno, lo que hace una cifra total de US$ 575 millones. El monto que deberá abonar YPF equivale sólo al 2% de la cifra original de la demanda.

El acuerdo está sujeto a aprobación judicial y otras condiciones que deberán cumplirse a lo largo de los próximos meses, detalló el comunicado de YPF.

Asimismo, YPF y Repsol firmaron también un acuerdo transaccional con Occidental Chemical Corporation y algunas de sus afiliadas, bajo el que Occidental acordó renunciar a reclamos futuros que pueda tener contra ambas compañías en relación con las entidades Maxus, el río Passaic y otras áreas sujetas a remediación ambiental.

En esta línea, tanto YPF como Repsol también firmaron entendimientos con varias entidades gubernamentales, incluidos el Departamento de Justicia actuando en representación de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU, y los Estados de Ohio y de Wisconsin, bajo el que las entidades gubernamentales se han comprometido a no presentar reclamos contra ambas empresas en cuestiones similares a las registradas con anterioridad en el marco del Fideicomiso de Liquidación de Maxus.

Los acuerdos con Occidental y la Agencia de Protección Ambiental de EEUU se encuentra similarmente sujeto a ciertas condiciones precedentes.

“De cumplirse las condiciones, los acuerdos darán por terminado el litigio que se extendió durante años, llegando a un cierre justo y razonable para todas las partes, y que permitirá a YPF seguir centrando sus esfuerzos en la generación de valor y empleo, profundizar el crecimiento de su producción y enfocar sus esfuerzos en las inversiones necesarias para robustecer y diversificar la matriz energética argentina”, sostuvo la empresa que conduce Pablo González.

La noticia se conoció una vez que la policía liberó a los dos choferes de colectivos que fueron detenidos tras ser acusados de agredir el lunes pasado al ministro Berni.

La Justicia liberó este jueves noche a los dos choferes de colectivos que fueron detenidos tras ser acusados de agredir el lunes pasado al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuando el funcionario fue a dialogar con un grupo de conductores que estaban protestando por el asesinato de un colega durante un robo en Virrey del Pino, partido de La Matanza.

Los colectiveros, imputados de atentado contra la autoridad agravado, delito para el cual se prevé una pena de entre seis meses a dos años de prisión (por lo tanto excarcelable), fueron llevados a prestar declaración en las últimas horas de este jueves ante la Justicia porteña.

Los acusados, identificados como Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda, estuvieron asistidos por el abogado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Silvio Piorno, y alrededor de las 22 recuperaron la libertad.

Ante las detenciones, los choferes de ocho líneas de transporte público que circulan por la zona oeste del Gran Buenos Aires habían iniciado un paro de actividades, el cual quedó sin efecto desde el primer minuto de este viernes.

Se trata de un hombre sospechado de estar involucrado en el robo del auto que luego fue usado por los delincuentes que participaron del crimen del colectivero

Un hombre fue detenido este viernes en Virrey del Pino sospechado de estar involucrado en el robo del auto que luego fue usado por los delincuentes que participaron del crimen del colectivero Daniel Barrientos. La captura tuvo lugar el mismo día en que se toma la declaración de una testigo y del Policía que estaba vestido de civil y que se tiroteó con los delincuentes.

Según informaron desde la Justicia el estaría involucrado en el robo del auto que se utilizó para el crimen del lunes a la madrugada en Virrey del Pino, La Matanza. “Estamos preocupados. Agarraron al primero que se les cruzó”, manifestó Ezequiel, hermano de uno de los detenidos.

En estos momentos una pasajera que presenció el crimen y el Policía declaraban frente al fiscal Gastón Duplaá en la Fiscalía de Hipólito Yrigoyen para intentar precisar qué participación tuvo cada uno de los dos detenidos que hasta ahora tiene la causa.

Se trata de Rosa Grillo, quien falleció este martes a los 114 años en la zona rural Lote 40 de “El Martillo”, en la provincia del Chaco

Cristina Fernández deKirchner despidió despidió a Rosa Grillo, la última sobreviviente de la matanza de 400 indígenas del Chaco que pasó a la historia como la Masacre de Napalpí. “Hasta siempre, mujer valiente”, escribió la vicepresidenta.

El gobierno provincial decretó tres días de duelo y asueto para los y las trabajadoras estatales miembros de alguna comunidad originaria.

La muerte de Grilo se dio a conocer hoy pero ocurrió ayer, según lo confirmaron sus familiares que vivían junto a ella en la zona rural Lote 40 de “El Martillo”, ubicada a unos 30 kilómetros de la Planta Urbana de la localidad de Colonia Aborigen.

Su testimonio fue clave en la causa judicial que, casi un siglo después, culminó el año pasado con una condena al Estado nacional por “genocidio”. En este crimen de lesa humanidad fueron asesinados el padre y varios familiares de Rosa.

El jefe de Gobierno mandó a archivar el proyecto para crear un parque público en el Costa Salguero. Era la primera vez que se usaba este mecanismo de democracia participativa. El PRO no dudó en sepultarlo, demostrando que la república y los intereses vecinales para ellos son un simple eslogan electoral.

Quizás algún día cuando se escriban los libros de historia se consignará que el primer proyecto de ley que llegó a la Legislatura porteña por el mecanismos de iniciativa popular fue el que proponía crear un parque en los terrenos del Costa Salguero. Es un mecanismo que prevé la Constitución porteña: se juntan firmas y se puede presentar el proyecto. La iniciativa, en este caso, había reunido 53 mil firmas, luego de una campaña extensa y de audiencias públicas donde miles de personas habían repudiado la privatización de los terrenos que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, intenta a toda costa. Según la Constitución, tenían un año para tratar el proyecto. En ese tiempo, no lo pasaron por comisiones, no llamaron a especialistas para que hablen a favor o en contra de la iniciativa, no hubo absolutamente ningún debate, solo el silencio impuesto por el poder de los negocios inmobiliarios. Finalmente, el oficialismo impuso su mayoría para archivar el proyecto con el menor ruido posible y sin demasiados argumentos.

Fueron 21 votos afirmativos, 35 negativos y una abstención (que era otro voto negativo mal contabilizado). La gran mayoría de los responsables de sepultar la primera iniciativa popular fueron los integrantes de Juntos por el Cambio.Curiosidades para la historia: el mismo día que rechazaban la voz de los vecinos en la Legislatura porteña, la misma fuerza política bloqueaba el funcionamiento del Congreso a nivel nacional para tratar leyes con la del alcohol cero.

Quedó claro que todo el objetivo estaba en evitar el debate público, la participación social, que el tema entrara en la agenda de los medios y que tuvieran que dar algún tipo de justificación sobre por qué serían mejor torres de lujo que un parque para todos los habitantes. Por eso, la estrategia de sacarse de encima el proyecto de ley rápido y en una sesión sin paso por comisiones ni debate previo.

El Frente de Todos hizo de todo para llamar la atención sobre esto: desde reuniones previas con organizaciones que promovían el parque hasta los discursos en el recinto. Por ejemplo, el legislador Juan Valdés mostró una manzana verde y dijo: “Es la única manzana verde que conoce Larreta, quien prometió inaugurar 65 en el marco de la campaña.Tendrían que tener un etiquetado frontal porque detrás de cada obra hay un empresario amigo”.

“Lamento que el oficialismo desconozca la importancia y el valor que esta iniciativa popular representa para la sociedad y niegue a los porteños la posibilidad de tener un parque público sobre la costa. Hoy Rodríguez Larreta eligió el cemento frente a la naturaleza; prefirió construir torres frente al río cuando lo que más falta son espacios verdes para vivir mejor, para respirar aire puro y prevenir inundaciones, entre otros beneficios para la ciudadanía”, remarcó.

Pero no es solo una victoria de los negocios sobre el bien público. También lo es de los mecanismos de lobby empresario sobre los de participación popular. El PRO, que tuvo que insistir decenas de veces antes de conseguirle al grupo IRSA la ley que pedía para su barrio de lujo en Costanera Sur, se sacó de encima en un segundo un proyecto que venía con una iniciativa popular detrás.

Ahora Larreta seguirá intentando privatizar esos terrenos, luego de que la venta estuviera trabada judicialmente (solo le falta que el Tribunal Superior de Justicia le habilite la venta). Este no es el único negociado que apareció en estos días y, curiosamente, todos comparten los mismos rostros de empresarios: La renovación de las concesiones de los Bajo Autopista en la Ciudad está llena de irregularidades, según escribió Nicolás Eisler en Tiempo Argentino. Un artículo que pasó emasiado desapercibida para mi gusto.

Eisler (que supo formar parte de la redacción de Nueva Ciudad) advirtió sobre el compendio de irregularidades de la licitación del bajo autopista de la AU 25. Entre otras cosas, enumeró la existencia de compañías fundadas días antes de que salgan los pliegos, empresarios vinculados al Estado, balances truchos, millonarias sumas para impugnar una evaluación y trámites exprés.

El dato son los vínculos de una de las empresas llegan a Salguero Eventos SA, unas de las asociadas a la concesión del Costa Salguero y que, como contó este sitio cuando fue la tragedia de Time Warp, tiene en su directorio a Fernando Polledo Olivera, esposo de la entonces titular de la Legislatura y actual funcionaria larretista, Carmen Polledo. Todo queda en familia.

Fuente: nuevaciudad

La medida de fuerza rige desde las 10 de la mañana, en el denominado “Piquetazo Nacional”.

Unidad Piquetera comenzó una jornada nacional de protesta contra los 18 millones de pobres en el país y para pedir una mayor asistencia de parte del Ministerio de Desarrollo Social.

“El Gobierno lleva adelante una política de ajuste que hambrea a los trabajadores y saquea a los jubilados. Una política que se profundizará en las próximas semanas, luego del planteo del FMI de profundizar el ajuste con bajas masivas en planes sociales y recortes de los presupuestos en todos los rubros: previsión social, salud, educación, obra pública, etc”, indicó Unidad Piquetera en un comunicado.

La organización anunció que este miércoles desde las 10 habrá 128 cortes en todo el país, que incluirán la interrupción de accesos a la ciudad de Buenos Aires en el Puente Pueyrredón, Ruta 197 y Panamericana, Puente La Noria, Ruta 3 y Gral. Paz, Autopista La Plata, Ruta 23 y Acceso Oeste (Moreno) y otros cuatro cortes en Puerto Madero.

Además, habrá interrupciones en el interior de la provincia de Buenos Aires (ruta 11 Mar del Plata, ruta 9 y ruta 188 de San Nicolás, ruta 3 de Bahía Blanca y Puente Colgante de Necochea), en San Juan, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Salta y Tierra del Fuego.

Entre los reclamos, se incluyen alimentos para comedores populares en un cuadro creciente de inflación y herramientas para los microemprendimientos.

Los manifestantes también reiterarán su reclamo por la transparencia en las bajas en el programa Potenciar Trabajo.

“No vamos a aceptar que la crisis la paguen los trabajadores, los jubilados y los desocupados y precarizados; es necesario rechazar que el ajuste deje sin comida a los comedores populares, sin las herramientas que se necesitan para los emprendimientos productivos y sin los programas que necesitan cientos de miles de desocupados golpeados por la creciente recesión y la inflación que destruye los salarios”, indicaron.

Además de Unidad Piquetera, también se movilizarán el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, CUBA, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Libres del Sur, Movimiento de los Pueblos, Federación de Organizaciones de Base (FOB) y MST Teresa Vive, entre otras agrupaciones.

Fue por delitos de lesa humanidad cometidos por los agentes durante la última dictadura cívico-militar en centros clandestinos de detención.

Cinco exagentes de la ex SIDE fueron procesados con prisión preventiva por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en los centros de detención conocidos como Orletti, Bacacay y el recientemente identificado Base Pomar.

Los procesamientos fueron dictados por el juez federal Daniel Rafecas y entre los acusados se destaca el nombre del exintegrante jerárquico de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado Patricio Miguel Finnen, quien se encuentra detenido desde diciembre pasado.

El fallo de más de 1.200 fojas se produjo en el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército, donde se investiga el terrorismo de Estado durante la última dictadura, y los hechos atribuidos a los imputados habrían ocurrido entre los años 1976 y 1977.

Los procesados son Finnen, César Estanislao Albarracín, Hugo Ángel Carlet, Luis Nelson González y Rubén Héctor Escobar, quien habría actuado en los tres centros clandestinos junto a su hermano Enrique Osvaldo Escobar, fallecido unos meses antes de que el juez dispusiera la detención, informaron fuentes del caso.

Los cinco imputados fueron encontrados responsables de la privación ilegal de la libertad agravada y el sometimiento a tormentos de 120 personas y la participación como cómplices primarios en el homicidio de 23 personas entregadas desde el centro clandestino por los imputados, para su inmediata eliminación.

Además se les atribuyó la coautoría en un homicidio y la retención u ocultamiento de cinco menores de diez años, a la vez que se trabó embargos por sumas que superaron los 50 millones de pesos.

El juez Rafecas tuvo por acreditado que bajo la autoridad de la ex SIDE funcionaron durante los años 1976 y 1977 tres centros clandestinos de detención, en los cuales se alojaron a 123 víctimas que fueron sometidas sistemáticamente a torturas.

El primero de ellos fue el ubicado en Bacacay 3570 del barrio de Floresta, por donde pasaron al menos 32 víctimas; el segundo, y más importante por el caudal de víctimas y su tiempo de funcionamiento, fue el conocido como Automotores Orletti, ubicado en la misma manzana que el anterior, por donde pasaron al menos 83 víctimas.

En tercer lugar se encuentra el ubicado en Pomar 4171, alquilado por la ex SIDE en el año 1977, donde fueron alojados siete integrantes del Partido Comunista, entre ellos el diputado Juan Carlos Comínguez y el agente de bolsa Pedro Zavalía, llevado luego por la banda lideraba por Aníbal Gordon a la provincia de Córdoba, donde permaneció cautivo.

Si bien la investigación originariamente estuvo centrada en los crímenes cometidos en Orletti, ubicado en Venancio Flores 3519 de Floresta, nuevos elementos probatorios surgidos durante la investigación permitieron lograr la identificación de los dos centros clandestinos restantes, que funcionaron en forma coordinada con Automotores Orletti, lo que configuró un circuito represivo.

La referencia precisa al domicilio de Bacacay 3570 surgió en los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, referentes a la dictadura cívico militar, en los cuales se consignó que el inmueble fue alquilado para operaciones oficiales de la ex SIDE y que allí actuó la banda de Aníbal Gordon.

La vivienda, que hoy es una casa de familia, conserva aún el pequeño sótano que fue reconocido por las víctimas en la inspección judicial realizada por el juzgado que conduce Rafecas, informaron fuentes judiciales.

En la resolución, el magistrado tuvo por acreditado el alojamiento en Bacacay del senador uruguayo Raúl Zelmar Michelini, y el entonces presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Héctor Gutiérrez Ruiz.

Esa reconstrucción se logró a partir del testimonio prestado durante la pandemia por la entonces menor de 4 años Gabriela Schroeder, quien permaneció en el mismo centro de detención junto a su madre Rosario Barredo y William Whitelaw, pareja que el 21 de mayo de 1976 fue hallada asesinada en un automóvil Torino, en jurisdicción de la Comisaría 40 de la Capital Federal, junto a Michelini y Gutiérrez Ruiz.

La idea es avanzar con una nueva norma que regule el precio de las rentas de las moradas.

El gobierno de la Nación pondrá punto final a la Ley de Alquileres. Se tratará así de ver cómo lograr un proyecto superador a esta ley, que generó un perjuicio (y fastidio) tanto a propietarios como inquilinos en todo el país. El dato surge luego de la jornada de las reuniones que encabezó ayer el Presidente en Casa Rosada con una agenda dominada por temas económicos y por las nuevas metas que impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina.

Según trascendió, luego de la reunión entre el Presidente y el ministro de Economía, hubo varias definiciones. Una de ellas, dejar sin efecto la Ley de Alquileres que entró en vigencia en julio de 2020.

Durante la charla Fernández y Massa coincidieron en que la controvertida ley que regula los alquileres se debe cambiar. Aunque aún no se conoce cómo y cuáles serán los lineamientos que definirán la nueva norma para regular los contratos de locación y vivienda en todo el país. Pero está la convicción de que hay que hacerlo.

La decisión estaría definida, algo que desde hace varios meses viene circulando en los pasillos de los despachos tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo. A pesar de varios intentos de cambios y reformulación de la actual ley 27.551, el dato es contundente: desde su puesta en vigencia del 1° de julio de 2020, el aumento de los alquileres alcanzó el 245% en casi tres años.

La inflación galopante, las paritarias que no superan la pauta de aumentos y el casi nulo acceso al crédito hipotecario, fueron las variables que potenciaron aún más el explosivo panorama que enfrentan tanto propietarios como inquilinos, a la hora de definir los valores de los alquileres en un contrato.

En el cónclave, del que trascendieron escasos detalles, sí se acordó dar de baja la ley de alquileres, que fija nuevas reglas como tres años de contrato y ajuste por inflación y variación salarial, en un contexto inflacionario que generó por igual quejas de inquilinos y propietarios.

Actualmente, el mercado de los alquileres tiene muy poca oferta, con una demanda que se mantiene alta y con precios por las nubes. Por ejemplo, un alquiler que en julio de 2020 pagaba 50 mil pesos mensuales, hoy tiene un valor de 122.500 pesos.

Según indicó Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), en la suspensión debería detallarse el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida.

El presidente de Keymex Argentina, abogado, escribano y corredor inmobiliario explicó a ámbito.com que una de las posibilidades será que en los “contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley”.

En tanto, estimó que en relación a los contratos que se firmen de aquí en adelante, “mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres. En este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes”.