Ocurrió hoy en La Plata, cuando la defensa de los genocidas Ramón Fernández y Abel Dupuy, culpables de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívica-militar, pidieron el polémico computo para sus clientes. Ambos fueron condenados en 2010 a 25 años de prisión.

El juez federal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, Alejandro Daniel Esmoris, dio lugar al pedido de la defensa de los represores Ramón Fernández y Abel Dupuy y resolvió el “2×1” para el período en que estuvieron detenidos en prisión.

Según informó el sitio Fiscales.gob, Fernaández y Dupoy fueron condenados en 2010por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unidad Penal N°9 de La Plata durante la última dictadura cívica- militar.

La resolución del juez Esmoris para argumentar la liberación de ambos genocidos, sentenció: “Más allá de las interpretaciones que, acerca de la aplicación del art. 7 de la ley 24.390 en su redacción originaria se han formulado, entiendo de toda justicia y, por tal ajustado a derecho, que la efectividad de dicha norma no puede supeditarse a ninguna condición –v. gr.: que el condenado haya sufrido encierro durante su vigencia-”.

De esta forma, el juez subrogante afirmó que “corresponde que se aplique a su respecto la conocida regla del dos por uno y como consecuencia de ello, realizar un nuevo cómputo de detención”.

Por su parte, los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro, integrantes de la Unidad Fiscal Federal en materia de Derechos Humanos de la jurisdicción, manifestaron su oposición a la solicitud de la defensa de los represores.

En una charla en la UBA sobre el 2×1, la titular de Abuelas cuestionó con dureza al macrismo. "En este gobierno de ladrones, incompetentes y mala gente, esto es lo mínimo que se podía esperar", disparó.

El jefe de Gabinete, y una de las espadas discursivas del macrismo, criticó el 2×1 para “crímenes de lesa humanidad” pero no aclaró que su padre, Félix Peña, fue el segundo de Costa Méndez y uno de los primeros civiles en conocer el plan militar para la Guerra de Malvinas.

Marcos Peña se convirtió en el primer funcionario del macrismo en criticar el fallo de la Corte Suprema que benefició a un represor para evitar que cumpla su condena. Tras la sorpresiva sentencia jurídica que provocó una fenomenal crisis política para el oficialismo, el jefe de Gabinete salió a calificar al 2×1 como un "símbolo de la impunidad" y cuestionó "que se aplique a crímenes de lesa humanidad".

Lo que no dijo Peña en ese momento fue que su padre, Félix Peña, había integrado la dictadura que llevó a cabo esos crímenes aberrantes. De hecho Cambiemos hizo todo lo posible por mantenerlo oculto.

Los antecedentes del padre del jefe de Gabinete, dados a conocer por Perfil, están disponibles en el site del Ministerio de Producción, donde Félix Peña es asesor. Pero allí no se aclara que fue funcionario bajo el terrorismo de Estado.

El currículum oficial de Peña padre indica que fue "subsecretario en el área económica de la Cancillería", sin precisar los años en los que ejerció esa tarea. Fue en dos ocasiones: la dictadura y el menemismo.

Félix Peña llegó a la Cancillería en 1982 como el principal asesor en materia económica internacional del régimen. Fue convocado por Nicanor Costa Méndez, el canciller de la Junta Militar entre 1981 y 1982. Costa Méndez conocía a Peña porque ambos eran asiduos miembros del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), un think-tank conservador creado en 1978 para respaldar a los militares en ámbitos diplomáticos.

Peña logró obtener la máxima confianza del canciller del dictador Leopoldo Galtieri y fue uno de los pocos civiles que conoció el plan del desembarco de las Fuerzas Armadas en Malvinas antes de que estallara la guerra. También fue el encargado de asesorar a la dictadura sobre las implicancias económicas que podría tener Argentina tras el conflicto.

Un año antes de la Guerra de Malvinas ya se conocía la simpatía del Proceso de Reorganización Nacional por Peña. Aquí se reproduce el "Acta 183" de la "Junta Militar", que refleja la reunión que mantuvieron las autoridades de las Fuerzas Armadas el 23 de junio de 1981 en el Edificio Cóndor. Sobre la "designación de embajadores" se puede observar la decisión de nombrar "jefe de misión" en Costa Rica a Félix Peña. Pero los Peña no se mudaron a Centroamérica. Peña padre sabía que un año más tarde podría lograr mayor influencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores conducido por las Fuerzas Armadas.

Pero su paso por la Cancillería se truncó con el fin de la Junta. Como no era un diplomático de carrera, el padre del funcionario más importante de Mauricio Macri estuvo en la Cancillería hasta la llegada de la democracia, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín decidió cesantear a los "diplomáticos de la dictadura".

"Yo llegué a la Cancillería cuando había claras señales de que estábamos en el final de una etapa y se iniciaba una transición hacia la democracia. No la hubiese integrado antes", aseguró Félix Peña a Perfil. Y aclaró que no tuvo "ninguna intervención" relacionada con las denuncias de violaciones a los derechos humanos que la dictadura recibía constantemente en foros internacionales.

Economista y doctor en Derecho, profesor de varias universidades y autor de numerosas publicaciones sobre relaciones económicas internacionales, Félix Peña es un reconocido y respetado especialista en ámbitos diplomáticos y universitarios. En cambio, su participación bajo la dictadura militar que azotó a la Argentina era algo que no había sido tan difundido. Hasta hoy.

El presidente del organismo interamericano, Francisco Eguiguren, abrió las audiencias que se desarrollarán hasta el sábado en el Hotel Sheraton. El Foro por la Libertad y la Democracia le entregó un duro informe. Este martes habrá una marcha de antorchas por la liberación de Milagro Sala y el resto de los presos políticos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició hoy en Buenos Aires su 162° período de sesiones extraordinarias. Es la primera vez que lo hace en Argentina, aunque el temario no incluye ninguno de los ejes pendientes en materia de derechos humanos sobre la Argentina por una cuestión de protocolo. Estos ejes serán tratados recién a principio julio, cuando la CIDH sesione en Lima.

Por el momento, Francisco Eguiguren, presidente del organismo y relator para Argentina, su vice segunda, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y su secretario ejecutivo, Paulo Abrão, trabajarán en el Hotel Sheraton de Retiro problemáticas relacionadas con Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú.

No obstante, la CIDH viene recibiendo desde la semana pasada distintas denuncias sobre la vulneración de derechos humanos a lo largo de la gestión de Mauricio Macri. El Foro por la Libertad y la Democracia, que mañana se movilizará hasta el lugar donde sesiona la CIDH en reclamo de la liberación de Milagro Sala y el resto de los presos políticos de la Tupac Amaru, entregó el viernes un duro informe con cada una de las violaciones de Cambiemos desde el 10 de diciembre de 2015.

El Foro recuerda en el documento que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ratificó el jueves en su visita oficial a la Argentina que la prisión de Sala es arbitraria y que el Estado Nacional debe liberarla en forma inmediata, como se reclamó el año pasado.

En este marco, se denuncia que el socio jujeño de Macri, el gobernador Gerardo Morales, instauró en su provincia “un Estado policial”, que “se constituyó en un laboratorio de ensayo que se expandió luego a otros puntos del país, tal como sucedió en Mendoza con la detención de Nélida Rojas y otros dirigentes de la Tupac Amaru.

Pero además del “modelo represivo y criminalizador” contra las organizaciones sociales, el Foro por la Libertad y la Democracia advirtió sobre “la creciente violencia institucional” en un contexto de “debilitamiento de la institucionalidad democrática”.

“Que este modelo cierra con represión no es una consigna, es una realidad que el macrismo y sus aliados ponen en acto y multiplican a diario”, indicó a la CIDH.

El incumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas privadas de su libertad que la CIDH realizó al gobierno nacional en septiembre de 2016, el agravamiento de la crisis penitenciaria, el incremento de la violencia policial avalada por el Poder Judicial, la represión policial desmedida en barrios humildes, el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del estado en manifestaciones públicas, la desobediencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una orden de la CIDH, las detenciones ilegítimas en el Paro Internacional de Mujeres, la represión policial a docentes que reclamaban de forma pacífica, la represión y detenciones ilegítimas en la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy son sólo algunos de los casos tratados en el apartado sobre el incremento de la violencia institucional en el país.

Otro de los ejes centrales del documento de 328 fue el retroceso de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. “En la actualidad, nuestro país está atravesando una profunda crisis en materia de derechos humanos, que parece no tener fin. Desde la asunción del presidente Macri, las tres esferas de poder del Estado -Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, no cesan la toma de decisiones institucionales regresivas, que tiran por la borda derechos y reivindicaciones que han costado años de lucha a nuestro pueblo, siendo reconocidas estas luchas a nivel internacional”, señaló el foro integrado por un centenar de organizaciones y referentes de derechos humanos, como las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres-Línea Fundadora y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.

En este sentido, enumeraron casos como el desmantelamiento de áreas estatales vinculadas con la investigación de crímenes de la dictadura, la designación de autoridades vinculadas con responsables de delitos de lesa humanidad y las declaraciones de funcionarios nacionales reivindicando o negando los hechos ocurridos durante la dictadura cívico militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983.

En el capítulo sobre la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución se hizo eje en las causas armadas contra referentes políticos, sociales, gremiales, espionaje y escuchas ilegales; detenciones arbitrarias, denuncias infundadas e investigaciones direccionadas por los medios; la influencia de los medios sobre magistrados y funcionarios; y la embestida gubernamental contra magistrados y funcionarios no alineados con el gobierno de turno.

El informe contiene además denuncias sobre los retrocesos en el mundo del trabajo, la persecución sindical y la criminalización de la protesta; sobre el ajuste en el sistema de salud y la seguridad social; el asedio a la educación y a la producción de conocimiento; los retrocesos en las políticas de género y diversidad, cultura, medios de comunicación y cerco mediático, y en relación a la política internacional y el contexto internacional.

Los representantes de la CIDH también se reunieron en Buenos Aires con Justicia Legítima y el Colectivo de abogados de lesa humanidad Mario Bosh, y mantuvieron un encuentro con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, donde valoraron “positivamente” la ley contra el 2×1 a los genocidas y la reacción de la sociedad frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó ese beneficio al represor Luis Muiña.

El represor se presentó ante la justicia de Córdoba para pedir el beneficio del 2×1. Los tribunales provinciales han rechazado hasta el momento otros pedidos similares. Menéndez está condenado a 12 cadenas perpetuas por múltiples violaciones a los derechos humanos: secuestros, torturas, desapariciones, robo de bebés.

Según informaron medios cordobeses, la solicitud de Luciano Benjamín Menéndez fue realizada por su abogada defensora, Natalia Bazán, quien se presentó ante el Tribunal Oral Federal N 1, presidido por Jaime Díaz Gavier. Ese tribunal rechazó este mes un pedido similar de los represores condenados Ricardo Ramón Lardone, Carlos Alberto Díaz y Juan Emilio Huber. Se supone que hará lo mismo con el caso de Menéndez.

Luego del fallo de la Corte Suprema que habilitó el beneficio del 2×1 (se computan doble los años en prisión sin condena) para un represor, se sucedieron los pedidos de detenidos por delitos de lesa humanidad. Debido al repudio social, el Congreso nacional sacó una ley que excluye a los genocidas de ese privilegio. Ahora la Corte llamó a una reunión para decidir cómo proceder luego de la decisión del Parlamento.

Según un informe provisorio de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Jorge Auat, 275 hombres y mujeres podrían quedar en libertad de aplicarse el fallo de la Corte Suprema. El listado incluye a policías, militares y civiles.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) retiró ayer el título de profesora honoraria a la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, por haber otorgado el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad.

La decisión contra la resolución 444/14 que otorgó en 2014 el título honorario a la ministra de la Corte Suprema fue tomada a partir de la aprobación de un proyecto que ingresó sobre tablas y tuvo un rápido tratamiento, en la reunión ordinaria del Consejo Superior que se desarrolló en la Universidad.

Highton de Nolasco integró la mayoría constituida también por los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz que declaró aplicable el cómputo del 2×1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires.

En disidencia, votaron en minoría los jueces Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y Juan Carlos Maqueda, quienes argumentaron que ese beneficio no es aplicable a lo condenados por delitos de lesa humanidad. La mayoría consideró que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo y se aplica "siempre" a todos los delitos, sin distinción alguna.

Por otro lado, el Consejo Superior aprobó la presentación de la Universidad como “Amigo del Tribunal” en la audiencia convocada por la Corte Suprema para el 14 de junio, en el marco de la causa iniciada por la provincia de La Pampa contra Mendoza por el corte del río Atuel.

El órgano interamericano de Derechos Humanos manifestó su preocupación por el 2×1 de la CSJ, al considerarlo “contrario a los estándares interamericanos de DD.HH”, y saludó la “importante labor” de organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo “para exigir el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación” de los crímenes de lesa humanidad.

Tras recibir varias presentaciones en contra del fallo de la Corte Suprema argentina, que favoreció con el 2×1 al represor Luis Muiña y abrió la puerta a la impunidad de cientos de genocidas de la última dictadura cívico militar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “consternación por la interpretación y aplicación” de ese beneficio.

De esta forma, apuntó contra los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco al aplicar, con sus votos, el artículo 7 de la Ley 24.390 a delitos de lesa humanidad y “fuera del marco de su vigencia (1994-2001), ya que la persona favorecida por esta decisión estuvo detenida preventivamente a partir del 1 de octubre de 2007”.

“La obligación conforme al derecho internacional de enjuiciar y castigar a los perpetradores de cometer graves violaciones a los derechos humanos se desprende de la obligación de garantía prevista en la Convención Americana. Los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persigue, que es el concepto de la humanidad como víctima”, señaló el órgano autónomo de la OEA.

Luego de recordar que la Argentina tiene “la obligación internacional de no dejar impunes estos crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena”, la CIDH explicó que “la aplicación del 2×1 u otros beneficios no deberían servir para desvirtuar la proporcionalidad de la pena para las personas responsables de crímenes de lesa humanidad”, algo que “es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos”.

No es el primer organismo internacional en pronunciarse en contra del fallo de la Corte. La semana pasada, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que al aplicar la llamada “ley penal más benigna” los jueces no pueden desconocer “los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”.

Su titular, Amerigo Incalcaterra, subrayó entonces que “el Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.

En el comunicado que emitió la CIDH este lunes también celebró que “la voz de las víctimas se ha hecho escuchar en la defensa de los importantes avances que se han hecho en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura”.

Además, saludó “a las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y defensores y defensoras de derechos humanos por su importante labor para exigir el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de estos graves crímenes del pasado, en el marco del estado de derecho y de una sociedad democrática vibrante”.

El miércoles pasado, más de 500 mil personas desbordaron la Plaza de Mayo y otras tantas salieron a las calles de todo el país para expresar el rechazo popular al fallo de la Corte y decirle “nunca más a la impunidad”. Ese mismo día, el Congreso sancionó una ley que excluye a los condenados por delitos de lesa humanidad del beneficio del 2×1.

Al mismo tiempo, Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco fueron imputados por prevaricato y varios bloques parlamentarios impulsan un pedido de juicio político en su contra por mal desempeño.

Highton de Nolasco solicitó licencia, Ricardo Lorenzetti está de viaje y se postergó la reunión de acuerdos de mañana, que iba a ser la primera luego de la masiva convocatoria de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en repudio al fallo PROgenocida.  Según fuentes judiciales, “en principio” la licencia será “por una semana”, pero no indicaron los motivos.

La Corte Suprema emitió un comunicado el viernes pasado en el que informó que unificará todos los pedidos pendientes de las defensas de los represores, bajo el mismo argumento que utilizó Muiña y los analizará dentro de diez días, cuando las partes se hayan expedido, a la luz de la norma sancionada por el Congreso.

El partido Podemos de España marchó en Puerta del Sol agitando pañuelos blancos y apoyando la lucha histórica en materia de derechos humanos de la Argentina. Mirá el video.

“¡Nunca más, ningún genocida suelto! No al 2×1” se titula el video que el partido Podemos de España subió esta semana a su cuenta oficial de youtube, donde muestra a miles de personas en Puerta del Sol agitando pañuelos blancos en apoyo al repudio masivo que tuvo el polémico fallo de la Corte Suprema de otorgar el beneficio del 2X1 a genocidas y represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Pablo Iglesias, Secretario General de Podemos, altavoz en mano, dijo frente a miles de personas que se manifestaban que “hay que decirles a los argentinos que estamos con ellos, que su país fue un ejemplo de justicia, verdad y reparación, que su país fue el ejemplo de una victoria política frente a la dictadura. Que es un orgullo, para todos los demócratas, ver a un pueblo que hace recular a un gobierno que pretendía cancelar la democracia”.

La vicepresidenta del alto tribunal es una de las magistradas que votó a favor de la aplicación del 2X1 a un detenido por delitos de lesa humanidad.

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, pidió una licencia “oficial” y no estará en el acuerdo semanal del tribunal previsto para mañana.

Así lo confirmaron a DyN fuentes de su vocalía, que no precisaron las razones ni tampoco la extensión de la licencia.

Highton de Nolasco es una de las juezas que firmó el fallo que por mayoría aprobó la aplicación del cómputo de la pena conocido como "2 x 1" a condenados por delitos de lesa humanidad.

La decisión de la jueza y dos de sus pares, desató un generalizado repudio popular y motivó la multitudinaria marcha de los pañuelos que conmovió a la sociedad la semana pasada.

Un día antes de la marcha a Plaza de Mayo, el ministro se reunió con gestores que reclamaron por las detenciones del ex militar Emilio Nani y el ex policia Luis Patti.

Ni siquiera el funcionamiento contrarreloj del Congreso para votar una ley que limite el beneficio del 2×1 logró cerrar las puertas del Ministerio de Justicia para los lobistas de los condenados por delitos de lesa humanidad. Según reveló el Diario Perfil en las 48 horas previas a la movilización que encabezaron los organismos de derechos humanos para rechazar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Germán Garavano y sus hombres se reunieron con abogados y lobistas de represores, quienes realizaron gestiones contra un juez de la causa ESMA y pidieron la libertad del ex militar Emilio Nani, que acaba de ser detenido en Mar del Plata.

El primer encuentro fue el lunes pasado. “No tuvo que ver con el tema de las domiciliarias ni con el 2×1. Es por un tema que tenemos con un juez del Tribunal Oral Nº 5, Daniel Obligado, que se fue de viaje a fines de abril, aunque la Cámara de Casación y la Corte Suprema le habían dicho que no podía. Pero no estoy autorizado a decir con quién nos reunimos”, detalló el abogado Sebastián Olmedo Barrios que representa a varios represores condenados en otras causas, que ahora enfrentan un nuevo juicio por crímenes cometidos en la ESMA contra 798 personas.

Esa reunión, a la que fueron los abogados Olmedo Barrios y Guillermo Fanego, está rodeada de misterio. Los abogados se niegan a decir a quién vieron y los hombres de Garavano y los de Claudio Avruj se pasan la pelota: los primeros niegan que los haya recibido Siro de Martini, asesor jurídico de Garavano en cuestiones relativas al derecho internacional de los derechos humanos, quien habría viajado especialmente hacia allí desde las oficinas en el Ministerio de Justicia.

Con Garavano. La otra reunión se realizó el martes, un día antes de la movilización a Plaza de Mayo. El ministro Garavano recibió al escritor y lobista de represores, Sebastián Miranda, y a Carlos Romero, titular de la “Comisión Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Delincuencia”. Ambos le pidieron por el ex teniente coronel Nani, detenido en una causa por delitos de lesa humanidad que encabeza el juez Santiago Inchausti.

“Le hicimos saber nuestro sentimiento y el de muchos argentinos respecto a los presos políticos, la inseguridad y especialmente lo referido a la detención infundada del teniente coronel Nani y Luis Abelardo Patti, entre otros”, escribió Romero en un posteo de Facebook. Miranda precisó que la reunión duró “45 minutos” y desde el Ministerio de Justicia confirmaron el encuentro.

Durante el encuentro con Garavano, Miranda se lamentó de que se acuse a Nani “por supuestas violaciones a los DDHH”, justo a él, que “optó por la reconciliación”. Y aclaró que le pidió su intervención “como una de las máximas autoridades de la Justicia argentina”.