Fue funcionario durante la gestión de Fernando De La Rúa y Mauricio Macri. Sandra Pettovello hizo oficial al nuevo titular del ANSES

 Mariano De Los Heros es el nuevo titular del ANSES, y hoy fue puesto formalmente en funciones por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, luego de una reunión de trabajo que compartieron en la sede del organismo previsional. De esa forma, el abogado tendrá a cargo la caja que distribuye recursos a los jubilados y a las personas más vulnerables de nuestro país.

Cabe recordar que De los Heros es un abogado que tuvo una amplia trayectoria en la función pública. Durante el gobierno de Fernando De La Rúa fue gerente general de la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), y luego pasó a la ANSES hasta marzo de 2001. Quince años más tarde, Mauricio Macri lo nombró genente de Delegaciones y Articulación de los Integrantes del Sistema de Salud, un organismo que depende de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Ahora, De Los Heros será el encargado de ejecutar los “lineamientos de gestión marcados por el presidente Javier Milei, y las políticas implementadas desde la cartera de Capital Humano en particular”, según confirmó el Gobierno Nacional a través de un comunicado. De más está señalar que parte de los lineamientos que pretende el presidente libertario tienen que ver con el regreso de los sistemas de administración privada de los fondos jubilatorios, y la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES.

Hasta el momento, la ANSES estaba a cargo del peronista Osvaldo Giordano, en un gesto de La Libertad Avanza hacia el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, luego del apoyo que habría prestado durante el balotaje. Sin embargo, tras el fracaso de la Ley Ómnibus, que fue retirada del Congreso por Javier Milei, el mandatario provincial fue señalado como uno de los “traidores” y “responsables” del naufragio legislativo. Ésto le costó a Giordano la eyección de su cargo.

De esa manera, quedará en manos de De Los Heros, quien también actuó como síndico de YPF, Papel Prensa S.A. y Corporación Puerto Madero, todas como representante del Estado Nacional.

Las acciones de fiscalización contaron con la participación de la Patrulla Rural de la Policía de la provincia de Buenos Aires

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) continúa luchando contra la evasión impositiva en el sector agropecuario. Durante un operativo en instalaciones de acopio en Coronel Suárez y Cura Malal, funcionarios del organismo detectaron irregularidades en la cadena de comercialización de granos por un monto de 476 millones de pesos.

La evasión fue de más de $258 millones debido a la falta de documentación que acredite la venta o uso de 3.941 toneladas de trigo y 197 toneladas de soja. Además, la AFIP incautó 3589 toneladas de trigo valuadas en 218.000.000 almacenadas en una planta de silos no declarada. Los propietarios no contaban con la habilitación correspondiente en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) ni registraron los granos en el Libro de Movimientos de Existencias de Cereales.

Estos operativos son realizados en colaboración con la Patrulla Rural de la Policía de la provincia de Buenos Aires para desarticular maniobras de evasión impositiva y asegurar la competencia leal para los productores genuinos. La AFIP seguirá trabajando para garantizar que todos los actores de la cadena agropecuaria cumplan con sus obligaciones fiscales.

Fuente: La brújula 24

La dueña de Gillette y Pantene, Procter & Gamble denunciada por operaciones de comercio exterior. Declaraba un precio de la mercadería importada entre un 300 y un 500 por ciento más alto que el valor en origen. El perjuicio al Estado por 68 millones de dólares.

La Dirección General de Aduanas denunció a la multinacional estadounidense de consumo masivo Procter & Gamble (Pampers, Ariel, Gillette, Head and Shoulders , Pantene, Oral B, entre otras marcas) por sobrefacturar importaciones y manipulación de precios internacionales.   Según información a la que accedió PáginaI12, la firma registraba sus importaciones en los puertos de Buenos Aires y Campana a un precio entre 300 y 500 por ciento mayor a lo que reportaba en el origen de la importación. Esta situación, que se dio entre 2019 a la actualidad favorecida y formalizada por una decisión a medida de la AFIP del gobierno de Mauricio Macri, le generó al Estado argentino un perjuicio de 68 millones de dólares por giro indebido de divisas.    La historia de esta denuncia, de la que la empresa en cuestión ya fue notificada, está llena de curiosidades e irregularidades. Entre 2014 y 2019, la firma Procter & Gamble venía siendo sancionada por el Estado y denunciada penalmente por falsear los valores de las importaciones, algo que viola reglas globales del comercio. El procedimiento era pagar las sanciones y seguir en esa misma línea. Era, según fuentes del sector, la única empresa que tenía una práctica irregular de comercio exterior tan compleja.   

UNA AYUDA PARA MACRI   

Pero en 2019 el gobierno de Macri pareció querer darle un marco formal a lo que antes era ilegal y le hizo una Resolución a medida. En la AFIP, que entonces estaba bajo la órbita de Leandro Cuccioli, Procter fue autorizada a operar en el régimen dispuesto por la Resolución Gral. AFIP N° 4419. Eso empezó a regir en julio del 2019 y sigue vigente, por lo cual la Aduana que conduce Guillermo Michel no sólo denunció la operatoria sino que también pidió la derogación de la norma que pone a derecho una maniobra irregular con dólares. Lo curioso es que en el registro de operaciones que se abrió tras esa normativa, figura solo una empresa: Procter & Gamble.    La operatoria habilitada por la Resolución le otorga a la empresa la posibilidad de realizar la importación acompañando una declaración de valor provisoria. Agrega además que en base a pautas contractuales anteriormente informadas al Organismo, el importador podrá posteriormente modificar dicha declaración. En síntesis, habilita a Procter a modificar el valor de la importación las veces que quiera entre salida de fábrica y el destino.  Esa operatoria no solo supone una sobrefacturación de importaciones, sino que impacta directamente en los resultados contables de la empresa, dado el volumen de la práctica. Además, viola el concepto de inalterabilidad del despacho de importación: si una firma informa que importa por 200 en su llegada a Argentina, la salida del producto, en el caso de Procter desde Uruguay, debería salir al mismo valor, pero eso no ocurre, sino que sale a mucho menos valor. Así, la empresa le saca al Estado argentino divisas de manera irregular, en un país en el que dólares no sobran.   

IMPACTO  

De esta maniobra el Estado se percata fácilmente, vía el sistema INDIRA, que muestra on line los valores declarados de importaciones en todo el Mercosur. Esas maniobras le restaron al Estado 68 millones de dólares, y también se ven en los registros de la empresa.  Hoy, como método de atenuar el impacto de la movida que se inició en la AFIP de Macri, Aduanas le está cobrando a Procter todo el dinero del excedente de sobre el 70 por ciento de la refacturación. El problema es que la empresa está muy por sobre ese margen y sin hacer caer esa norma lo seguirá haciendo.   La operatoria se da con ventas sucesivas dentro del mismo grupo económico y el que está justificando los márgenes de refacturación es el conocido como el tercer operador,  PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS de Suiza. Según los registros, eso se ve en los períodos 1/7/2019 al 30/6/2020, 1/07/2020 al 30/6/2021 y 1/07/2021 al 30/06/2022. Como consecuencia de ello, aseguran las fuentes, la División mencionada practicó sendos ajustes de valor, en la Actuación 18005-4-2021. A su vez, la División Control de Cargos y Pagos reclamó y cobró el importe de los tributos resultantes, más los intereses pertinentes.  

Fuente: Política Argentina

En particular estarían bajo la lupa aquellas personas que realicen donaciones elevadas en un intento por evitar el lavado de dinero en la iniciativa de Maratea.

La campaña impulsada por Santiago Maratea para que los hinchas de Independiente donen fondos para pagar las cuantiosas deudas del club reunió más de $ 400 millones en su primer día. Además de causar felicidad en el Rojo, prendió las alarmas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por una posible maniobra para hacer lavado de dinero.

En el ente recaudador estarían considerando la posibilidad de investigar las donaciones de más de $ 200.000 realizadas a la cuenta que Maratea puso a disposición del público para sanear las cuentas de Independiente, que ascienden a U$S 22.871.087.

Mientras se escuchan los aplausos en un lado de Avellaneda y las risas en el otro, la AFIP empezó a barajar opciones como la de aplicar el mismo criterio que se emplea en casos como Mercado Pago o Modo, que tienen que informar sobre las operaciones que involucren grandes montos, justamente para detectar casos de lavado de dinero.

Según el sitio Infobae, el dinero de los hinchas de Independiente no está en un fideicomiso, aunque Maratea confirmó esta semana que retendrá un 5% de lo recaudado “para pagar los gastos del fideicomiso”.

De hecho, el club debería haber abierto una cuenta específica para recibir el dinero de la iniciativa de Maratea así como también se debería haber fijado una fecha límite para el fideicomiso.

Así como están dadas las cosas, la AFIP no sabe quién está recibiendo el dinero para Independiente ni en calidad de qué.

La figura de donaciones está regulada por la AFIP desde hace una década, por lo que en el ente recaudador empezaron a sospechar que no se trata de falta de conocimiento del tema sino de una posible maniobra de lavado de dinero.

Por ahora, Santiago Maratea publicó links para colaborar en redes sociales así como también puso a disposición del público un CBU y alias de banco para que le transfieran los fondos.

En cuanto a las acusaciones sobre lavado de dinero, Maratea planteó: “¿Quien blanquearía dinero con una colecta transparente donde todo debe estar en blanco? Acá hay abogados y escribanos que se encargar de chequear que todo esté de la manera correcta, el más insoportable para que todo esto suceda así soy yo”.

“Yo no me voy a llevar el 20% de la recaudación como se está diciendo, lo máximo que podría llegar a sacar es el 4% que es para cubrir los gastos que implica crear un fideicomiso. Solo hay hinchas con una pasión enorme por su club”, blanqueó el influencer.

La AFIP informó que a partir de estos controles en corralones, en los que también se detectó un 15% de trabajadores con irregularidades en su relación laboral, se “intensificarán las acciones de fiscalización en las empresas que fabrican, distribuyen y venden cemento”.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó diferencias en las ventas declaradas de cemento en 178 corralones de materiales por una suma superior a los $ 1.700 millones.

La AFIP pudo determinar esas diferencias a partir del cruzamiento de información entre las bases informáticas en contraste con lo declarado por los contribuyentes relevados en los procedimientos. Asimismo, se determinó que esa suma tendría un impacto cercano a los $295 millones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y superior a los $595 millones, en Ganancias. Producto de esta investigación, se labraron 53 actas por infracciones formales y 19 actas de clausura.

Los controles se enfocaron en verificar la emisión de comprobantes fiscales, la inscripción de los contribuyentes en el régimen de información de compras y ventas, las diferencias de inventario en las bolsas de cemento y la verificación tanto de la existencia como la legitimidad de los proveedores y clientes de las empresas. Por otra parte, también se relevó a un total de 1.037 trabajadores que se encontraban en los establecimientos y se detectó que el 15% presentaba irregularidades.

A partir de estos resultados, la AFIP intensificará las acciones de fiscalización en las empresas que fabrican, distribuyen y venden cemento. Se controlará el traslado de la mercadería para evitar la comercialización en el mercado informal al tiempo que se trabajará en conjunto con otros organismos nacionales para detectar y combatir el lavado de dinero.

Estos controles se suman a las medidas ya implementadas por la AFIP en otros sectores de la economía, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento tributario y mejorar la recaudación fiscal y se espera que estos nuevos controles contribuyan a mejorar la transparencia, la legalidad en la comercialización del cemento, y a combatir tanto la evasión fiscal como el comercio ilegal en el sector.

Fuente: con información de TELAM y Ámbito.

Subfacturaban y exportaban cortes prohibidos: el organismo que dirige Guillermo Michel podría aplicarles multas de USD 2,49 millones. Adicionalmente, lleva recaudado más de USD 1 millón en materia de rectificaciones por reclamos presentados ante empresas del sector

Un trabajo de análisis coordinado de la Dirección General de Aduanas ha detectado repetidas irregularidades en las exportaciones realizadas por empresas locales del sector de carne bovina. Dos frigoríficos ya han recibido acciones legales del organismo, que se encuentra preparando tres denuncias más. Por un lado, la Aduana inició un procedimiento contencioso contra una firma local que, entre dinero de 2021 y diciembre de 2022, subfacturó 69 exportaciones en más del 30%. El valor declarado para las maniobras en cuestión —ventas a Chile y Brasil trianguladas vía intermediarios en Uruguay y Estados Unidos— es sensiblemente inferior a los precios promedio del sector en operaciones con los mismos destinos.

Así, el frigorífico en cuestión liquidó menos divisas de las que le habrían correspondido y ahuecó en forma sustantiva la base imponible de las exportaciones, generando un perjuicio fiscal de USD 119.260,76.

En ese marco, el organismo que dirige Guillermo Michel, que inicialmente advirtió la irregularidad por los intercambios de información que realiza en forma constante con aduanas de todo el mundo, pretende aplicar una multa mínima de USD 1.444.381,66.

Por otro lado, controles que la Aduana realizó en dos depósitos fiscales del AMBA desbarataron exportaciones de carne valuadas en USD 277.427,80 por irregularidades. Aquéllas fueron registradas por cuatro firmas que, declarando posiciones arancelarias diferentes de las que correspondían, buscaban exportar cortes prohibidos por la normativa vigente. En total eran más de 7 contenedores completos.

Cabe señalar, el Decreto 911/2021 (complementado por la Resolución 2/2022 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca) prohíbe la exportación de determinados cortes preferidos por el mercado argentino, de consumo masivo en nuestro país. La medida busca asegurar el abastecimiento de los mencionados productos cárnicos en nuestro país y evitar que los precios de referencia sean determinados por la demanda de mercados extranjeros de alto poder adquisitivo, lo cual los volvería inaccesibles para gran parte de la población local.

En efecto, las empresas mencionadas apelaron a declaraciones inexactas para intentar exportar asado, vacío, matambre y falda. Por ejemplo, en dos casos registraron la posición arancelaria correspondiente a recortes de troceo (trimmings), nomenclatura que corresponde a sobras del proceso de troceado, de bajo valor y demasiado pequeñas para ser vendidas individualmente. Asimismo, también se constataron transgresiones varias a la Declaración Jurada de Exportación de Carne.

Específicamente, el valor en Aduana de las exportaciones de carne prohibida referidas asciende a USD 208.587,24, por lo cual, en los términos del artículo 954 del Código Aduanero, el organismo que dirige Guillermo Michel podría aplicar multas superiores a USD 1 millón.

En ese marco, uno de los frigoríficos ya ha recibido acciones legales de la Dirección General de Aduanas, que se encuentra preparando denuncias contra los tres restantes.

A su vez, el organismo ya lleva recaudados USD 1.156.179,50 en materia de rectificaciones realizadas por empresas del sector. Aquéllas responden a reclamos presentados por la Aduana, correspondientes a exportaciones realizadas entre enero de 2022 y la actualidad. En tanto, otras denuncias en curso involucran multas de más de USD 298 millones.

Fuente: baenegocios

El organismo detectó irregularidades en la documentación de la mercadería. Los granos incautados fueron valuados en $13,2 millones.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interdictó 270 toneladas de maíz valuadas en $13,2 millones tras detectar irregularidades en un centro de acopio de cereales del sur de la provincia de Buenos Aires.

A través de la Dirección General Impositiva (DGI), el organismo comprobó que el establecimiento carecía de la documentación que respalde la propiedad de la mercadería, informó hoy en un comunicado. Agentes de la DGI llevaron adelante el operativo en una planta ubicada en Espartillar, en el partido bonaerense de Saavedra. Las tareas de fiscalización y control consistieron en operaciones de cubicaje en los silos utilizados para el almacenamiento. De esta manera, el personal del organismo constató inconsistencias en la declaración de los granos -que equivale a la carga de nueve camiones-. Se comprobó que el contribuyente no había efectuado el registro en el Libro de Movimientos de Existencias de Cereales, ni tampoco contaba con la correspondiente documentación que respalde su tenencia, precisó la AFIP.

Fuente: infonews

La AFIP denunció un entramado de espionaje ilegal dentro del organismo durante la gestión de Macri.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció en la justicia penal un entramado de espionaje ilegal que presuntamente se habría desplegado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri adentro del organismo, tras descubrir que un empleado jerárquico ingresó miles de veces para recopilar información tributaria privada de 11.000 cuentas.

El principal denunciado es un empleado que se desempeñó como supervisor en el Departamento de Riesgos, Planificación y Control de Auditoría Interna, Vicente Luis Magnaterra, quien realizó 56.864 consultas, de las cuales un 62,32% no tenían justificativo alguno, a la base de datos de la AFIP donde figuran todos los bienes, cuentas, propiedades y movimientos de los ciudadanos argentinos.

La denuncia por espionaje ilegal ante la Justicia, fue presentada el 16 de febrero por el actual titular de la AFIP, Carlos Castagneto, que detalla que las casi 60.000 consultas se realizaron en el período comprendido desde el 1 de enero de 2017 hasta el 24 de diciembre de 2019, mientras el funcionario de Macri, Leandro Cuccioli, estaba a la cabeza del organismo.

De la misma manera, la AFIP solicitó que se investigue “a toda otra persona que como consecuencia de las actuaciones, resultare autor, coautor, cómplice, instigador o encubridor” del espionaje ilegal, ya que se consideró que tal cantidad de ingresos no los podría haber realizado una sola persona.

Cabe destacar que, los funcionarios del organismo no tienen permitido indagar en la vida de los ciudadanos sin una razón justificada, por lo que la AFIP consideró en su denuncia que el espionaje ilegal durante el gobierno de Macri también “agravia directamente a la administración pública”, ya que se utilizaron los sistemas informáticos y bienes del organismo.

Por este motivo, la AFIP entendió que la denuncia penal por el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri tenía carácter de urgencia, a los efectos de “preservar la integridad de los datos de las personas cuya intimidad pudo haber sido vulnerada”, y que además, en su gran mayoría son personas de alta exposición pública.

En este marco, el organismo se puso a disposición de la Justicia para colaborar con el avance de la causa por espionaje ilegal, mientras que también repudió “cualquier maniobra que en el pasado se haya pretendido realizar para transformar al organismo en una maquinaria de espionaje y persecución”.

Vale recordar que, en 2020 ya se había realizado una denuncia similar respecto a un grupo de tareas durante ese período , que se dedicaba a perseguir a personalidades o empresas. Ambas causas cayeron en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, que todavía no avanzó sobre la primera pesquisa. De esta manera, la nueva investigación por el espionaje ilegal de la AFIP de Macri, será impulsada por el fiscal Ramiro González.

Sin su documentación respaldatoria, el cargamento incautado tiene un valor aproximado de 16 millones de pesos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decomisó en la localidad tucumana de Árboles Grandes un camión que contenía 26.000 kilos de tabaco tipo burley (el que se emplea para la fabricación de cigarrillos) sin documentación respaldatoria, por un valor aproximado de dieciséis millones de pesos ($ 16.000.000).

 El operativo realizado por la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección Regional Tucumán de AFIP y la subdirección general de Fiscalización, en coordinación con Gendarmería Nacional y la policía provincial, pudo comprobar además que el tabaco provenía de la provincia del Chaco, donde se encuentra el domicilio comercial del infractor.  

 Se trata del primer decomiso realizado de manera conjunta luego del convenio firmado el pasado miércoles 8 de febrero entre AFIP y Gendarmería Nacional, que establece la creación de unidades de trabajo conjuntas y el desempeño de esta última como fuerza auxiliar en materia del combate a los delitos tributarios y en la lucha contra el contrabando.

 El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, señaló que “el convenio firmado recientemente con Gendarmería busca este tipo de resultados: sumar a los controles fronterizos que se realizaron siempre, el cruce de información entre ambos organismos para combatir el contrabando y la evasión”.

Asimismo, Castagneto destacó la articulación que se lleva adelante dentro del organismo que conduce: “En este caso además se produjo un trabajo conjunto de distintas áreas de la AFIP, tanto operativas como centrales, poniendo en valor todo el trabajo que venimos realizando en estos seis meses. Nos hicimos cargo del organismo con objetivos claros, desarrollamos una matriz de riesgo para atacar los diferentes tipos de delitos, y actuamos de manera implacable contra aquellos que perjudican al fisco”.

 El cargamento decomisado durante el operativo será depositado en el Escuadrón Núcleo de Gendarmería con sede en la ciudad de Aguilares.

El titular de AFIP presentó una denuncia tras recibir mensajes intimidatorios en Twitter con información de la ubicación de veraneo de su familia.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, presentó una denuncia policial luego de haber recibido una serie de amenazas a través de las redes sociales.

Allí, además de ser intimidado junto a su familia con actos de violencia, se incluyó información sobre el lugar donde veranea desde hace 30 años.

Los mensajes fueron publicados desde distintas cuentas de la red social Twitter, que se hicieron eco y reprodujeron un mensaje de un usuario que, aseguró, vacacionaba en el mismo lugar que Castagneto y su familia, y que tenía “ganas de hacerle una maldad”.

El mensaje en cuestión se publicó el 28 de enero pasado, en el que la usuaria @embroshco (embroschca ANTI K.) escribió: “Carlos castagneto (AFIP) alquila carpa en el mismo balneario q yo. Apolo, en mardel.. El y su desagradable esposa. No sé cómo tienen cara de salir a la calle. Y tienen suerte de q no los putean, xq la gente no lo tiene bien identificado. Tengo unas ganas de hacer una maldad….”.

El posteo ya lleva 13,3 mil reproducciones y más de 160 comentarios en los que se pueden leer toda clase de incitaciones a la violencia, insultos, alusiones ofensivas contra la familia de Castagneto y amenazas de muerte, como la que escribió citando al tuit original el usuario @jjfinsua_juanjo, que pide “agarrar una ametralladora”. La denuncia fue presentada por el titular de la AFIP ante la división Delitos Constitucionales de la Policía Federal, que le tomó declaración y ya interviene en la investigación.

Estas amenazas se dan en el marco de una escalada de la violencia política que tuvo como pico máximo el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.