Los empleados enrolados en la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) se adherirán a la “jornada nacional de paro y movilización” que se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocada por el gremio a nivel nacional.

Solicitarán la reincorporación de los trabajadores despedidos en el Estado, la “inmediata apertura” de la paritaria nacional y la implementación del 82 por ciento móvil, entre otros pedidos.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la medida repercutirá en algunas escuelas, ya que se adherirán auxiliares de la educación que pertenecen a ATE provincia, y en la administración pública.

El gremio de la Asociación Judicial Bonaerense decidió una medida de fuerza de 48 horas, a partir de mañana, ya que continúa rechazando el incremento salarial propuesto por el gobierno provincial de otorgar un 16,7 por ciento de aumento para el primer semestre.

Los profesionales de la salud nucleados en la Cicop, que rechazaron un aumento de 15 por ciento a junio, definieron una medida de fuerza que será por tres días, aunque desdoblada.

Mañana se sumarán a la protesta de la CTA, después pararán jueves y viernes, y en la primera de esas jornadas marcharán por las calles de la ciudad de La Plata para reclamar mejores condiciones laborales para los médicos residentes.

El sábado 2 de abril se cumplieron 34 años de la guerra de Malvinas.  La causa nacional emblemática de la Argentina, que los últimos años logró tener mayor resonancia internacional por los reiterados pedidos de soberanía sobre las islas.

En el primer aniversario que encuentra a Mauricio Macri como mandatario, la política de gobierno orientada a este histórico reclamo indicaría que tomará otro rumbo.

El viernes 1 de abril, se decidió el desmantelamiento de la ex Secretaria de Malvinas, área creada dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto para desplegar desde allí políticas resolutivas respecto del conflicto con Inglaterra.

El desmantelamiento, incluyó el despido de los trabajadores que se suman a los mas de 120 cesantiados en el organismo que dirige Susana Malcorra.

La actual funcionaria, ya había decidido transformar Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en un subsecretaría, lo que significó darle un rango menor dentro de la estructura ministerial.

Malcorra. decidió, ahora el despido de todos los trabajadores que conformaban el área.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), pidió de manera urgente la reincorporación inmediata de todos los trabajadores cesantiados.

Otro dato importante a resaltar, fue la reunión que mantuvieron el presidente Mauricio Macri y su par, David Cámeron.

Ambos mandatarios aseguraron que  habían acordado relanzar la relación bilateral, profundizar el diálogo sobre "todos los temas", incluido el conflicto de la soberanía sobre las islas Malvinas, aunque quedará "debajo de un paraguas" para que no contamine el resto de los asuntos de interés mutuo.

Sin embargo,  días después los trabajadores que encarnaban la política de reclamo por la soberanía de las islas, se quedaron sin trabajo, sin paraguas y los tapó el agua.

Hoy vencen más de 25 mil contratos en toda la esfera del Estado y los reclamos de los sindicatos a los diferentes ministerios no se hicieron esperar. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se encuentra en la puerta de los edificios de las dependencias gubernamentales en protestas por los miles de estatales cesanteados, para dialogar con las autoridades e intentar frenar la nueva ola de despidos

Los trabajadores del Ministerio de Hacienda nucleados en ATE se concentraron hoy a las 10 de la mañana para organizar un ingreso masivo al edificio, pero rozaron con una imponente guardia policial que les impidió el acceso.

Fuerte despliegue policial en el ministerio de Hacienda.

Un delegado sindical de esa cartera, en diálogo con Primereando denunció los diferentes altercados con la policía e informó que los delegados de ATE capital ingresaron al ministerio con el objetivo de reunirse con algún funcionario, mientras que el resto de sus compañeros siguen manifestando en la puerta.

El referente sindical también anunció a esta agencia de noticias que de no encontrar una respuesta o una autoridad para dialogar se realizará un masivo acto a las 14 horas.

En el ministerio de trabajo la situación es similar a la de Hacienda. Los trabajadores llegaron a la puerta del ministerio y se encontraron con un fuerte despliegue policial. Allí logró entrar una delegación para dialogar con los funcionarios de esa cartera.

Cesanteados en la puerta del ministerio de Trabajo.

En Cancillería, se realiza una asamblea con el objetivo de impedir el despido de 75 trabajadores y a la espera de que algún funcionario formule explicaciones, ya que no se encuentran en la dependencia desde ayer cuando se realizó una toma parcial del edificio, con una asamblea permanente.

Asamblea de trabajadores en Cancillería.

Los trabajadores estatales de la  provincia iniciaron una protesta por 48 horas para exigirle a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que se abra la negociación salarial.

Los gremios se movilizaron masivamente hacia la Casa de Gobierno en la ciudad de La Plata.

Miles de trabajadores se movilizaron desde diferentes puntos de la provincia, para marchar por avenida 7 desde plaza Olazábal hasta plaza San Martín.

Ayer, la justicia le ordene al gobierno provincial la suspensión del cierre de las negociaciones.

EL gremio ATE explicó que el paro se realiza por  “el rechazo a la propuesta salarial y con la manera que el gobierno provincial ha cerrado la paritaria, ya que creemos que lo ha hecho de manera arbitraria e ilegal, por esto hemos presentado ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo, el reclamo pertinente para la reapertura de la paritaria”.

Los gremios detallaron que la última propuesta fue enviada por mail y que los funcionarios esperan que la respuesta llegue por esa misma vía.

"El gobierno bonaerense inventó un auténtico mamarracho: la paritaria electrónica", advirtieron los trabajadores.

El juez  de La Plata , Luis Arias, comunicó la medida cautelar en la que provisoriamente deja suspendido el cierre de la negociación paritaria con los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires.

Fue un pedido de los gremios que no cerraron con María Eugenia Vidal -excepto UPCN y FEGEPPBA-, enumerando una serie de desprolijidades en la metodología.

La semana pasada, el gobierno provincial había dado por finalizada la paritaria tras el sí de UPCN y FEGEPPBA, pero todos los demás buscaron continuar con las negociaciones, no solamente por el escaso -a su entender- 15% ofrecido, sino porque el Estado cometió fallas al momento de negociar. Por eso recurrieron a la justicia, y la respuesta llegó este martes.

Los gremios de trabajadores estatales de ATE, CICOP, CTA y SOEME pidieron el pasado viernes en la justicia de la ciudad de La Plata una medida cautelar para que se dicte la nulidad de la paritaria y se reabra la discusión salarial.

Para ellos, el Ejecutivo "incurrió en vías de hecho de la administración, que violan elementales normas procedimentales". Desde el gobierno provincial minimizaron la cuestión y prometieron mantener el diálogo abierto durante todo el año.

Arias hizo lugar a ese reclamo y por ende le pide al Ministerio de Trabajo comandado por Marcelo Villegas "la remisión –en original o copia certificada- de las actuaciones administrativas vinculadas al procedimiento de negociación paritaria del Sector Público de la Ley 10.430 correspondiente al año en curso, como así también de toda otra documentación relacionada con los antecedentes y fundamentos de los hechos expuestos el escrito inicial".

"Asimismo deberá informar el modo de constitución de la mesa de negociación establecida en dicha paritaria, y los parámetros o registros tenidos en cuenta para establecer la proporcionalidad de los distintos representantes que la componen. Todo ello, en el plazo de dos (2) días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de tener como base los hechos expuestos en el escrito inicial. A cuyo fin líbrese oficio con copia del escrito inicial para mejor ilustración (art. 77 inc. 1; art. 120 del C.P.C.C.)", se agrega en el fallo.

En ese sentido, también se ordena, "con carácter de medida precautelar, la prohibición de innovar para que el Poder Ejecutivo Provincial se abstenga de concluir formalmente la negociación paritaria, hasta tanto medie un nuevo pronunciamiento en la causa; ello sin perjuicio de la continuidad del procedimiento de negociación paritaria que pudiera llevarse a cabo. Ello, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 163 de la Constitución Provincial".

Los gremios estatales habían acusado al gobierno de Vidal de haber cerrado la paritaria "sin siquiera notificarnos fehacientemente de la última oferta ni del cierre de las negociaciones. Tampoco se establecieron los votos de cada una de las organizaciones gremiales que forman parte de la Ley 10.430 para determinar si existe la mayoría absoluta que exige la normativa vigente respecto a si la oferta realizada por la Provincia –un irrisorio aumento de poco más de 15%, en dos cuotas- tiene la aceptación de los trabajadores”.

Los sindicatos apuntaron que al momento de cuantificar el nivel de apoyo a la propuesta del gobierno no se cumplió con el artículo 10 de la Ley 13.453, que establece que “A cada organización sindical con personería gremial, corresponderá un número de votos proporcional a la cantidad de afiliados activos, otorgándosele a cada una de ellas la cantidad de votos que surja de la división entre el número de los afiliados de las mismas y aquel que corresponda al gremio de menor cantidad de afiliados”.

Los gremios detallaron que la última propuesta fue enviada por mail y que los funcionarios esperan que la respuesta llegue por esa misma vía.

"El gobierno bonaerense inventó un auténtico mamarracho: la paritaria electrónica", arremetieron los representantes sindicales.

La respuesta por parte de la justicia platense llegó el día previo a que los gremios de ATE, SOEME, CICOP y AJB, realicen un paro de 48 horas, con movilización a la Gobernación.

Los gremios que rechazaron el aumento propuesto por el gobierno de María Eugenia Vidal para los empleados públicos: SOEME, ATE, CICOP y CTA, entre otros, ya buscan la manera de activar sus reclamos por varias vías.

Entonces los sindicatos pidieron una medida cautelar a la Justicia para que el Ejecutivo bonaerense reabra la discusión paritaria, al tiempo que ratificaron el paro de 48 horas previstos para el miércoles y jueves de esta semana que incluirá una movilización conjunta a la Casa de Gobierno.

La presentación judicial de los gremios se dio después de que el Ejecutivo diera por cerrada las negociaciones con los estatales regidos por la ley 10.430, luego de que UPCN y FEGEPPBA aceptaran un aumento de 15,06 por ciento, contenido en un acta con una cláusula que prevé reabrir las negociaciones en julio.

Desde el SOEME, que conduce el ingeniero Marcelo Balcedo, denunciaron que el gobierno de Vidal violó el derecho de fondo que protege a los trabajadores y elementales normas procedimentales con el objetivo de imponer un irrisorio aumento del 15% en dos cuotas.

“Estas vías de hecho son actos nulos de nulidad absoluta y esto queda demostrado por el simple hecho de que se dieron por cerradas las paritarias sin siquiera notificarnos fehacientemente de la última oferta ni del cierre de las negociaciones. Tampoco se establecieron los votos de cada una de las organizaciones gremiales que forman parte de la Ley 10.430 para determinar si existe la mayoría absoluta que exige la normativa vigente respecto a si la oferta realizada por la Provincia –un irrisorio aumento de poco más de 15%, en dos cuotas- tiene la aceptación de los trabajadores”, dijeron desde SOEME.

La conducción bonaerense de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que lidera Oscar de Isasi decidió esta noche "una huelga activa" de 48 horas para el 16 y 17 de este mes, continuando así "el plan de acción por la reapertura de las negociaciones paritarias", señaló el sindicalista.

La protesta de los estatales provinciales se realizará de forma "activa" el miércoles y jueves de la semana próxima.

La resolución se tomó luego de que María Eugenia Vidal declara cerrada las negociaciones salariales por haber acordado con UPCN un incremento salarial del 15 por ciento para el primer semestre de este año.

La medida de fuerza se realizará de manera conjunta con la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (CICOP), el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) y sectores docentes, aseguró el dirigente.

De Isasi también explicó que la ATE provincial aguarda la decisión de los judiciales y legislativos para adherir al paro y que se sumen al conflicto.

Los empleados de la administración pública bonaerense nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), profesionales de la salud y trabajadores de los 18 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, realizan hoy un paro de actividades y una marcha a la Gobernación en reclamo de mejoras salariales.

El paro convocado por ATE, AJB y CICOP, y al que adhieren los trabajadores legislativos y docentes, rechaza el 15 % de aumento propuesto por la administración de María Eugenia Vidal, pide por el fin de los despidos, el pase a planta permanente de los precarizados y la reincorporación de los trabajadores despedidos.

“Para las mayorías de las organizaciones sindicales sigue el conflicto por la disputa salarial, ya que hemos rechazado de plano la última propuesta hecha por el Gobierno provincial, que ronda el 15 % en el mejor de los casos de marzo hasta junio, pero todavía está muy lejos del porcentaje para recuperar el nivel adquisitivo del salario”, sostuvo el secretario general de ATE Provincia, Oscar de Isasi.

Asimismo, puntualizó que “sobre las categorías más bajas es menor a ese 15 %, unos mil pesos de aumento, que rompen con esa equidad que habíamos conseguido fruto de la lucha, con los salarios más bajo de los trabajadores ingresantes de distintas leyes. Además, discrimina sustancialmente al conjunto de los trabajadores estatales del aumento que se les dio a los docentes”.

En el caso de CICOP y ATE, concentraran en el Ministerio de Salud, exigiendo la reapertura de la UPA de General Madariaga, ya que su cierre ha dejado sin atención a la población del lugar y un saldo de 50 despedidos.

Para Pablo Abramovich, de la AJB, “los trabajadores judiciales estamos con mucha preocupación porque las ofertas que se están haciendo a los distintos sectores, están muy por debajo de la inflación”.

“El escenario que plantea la gobernadora es de reducción de salario, inaceptable desde el punto de vista gremial. Exigimos temas que no tienen impacto salarial, como la Ley de Negociación Colectiva, la Ley de Paritarias Judiciales y la Ley de Licencia por Violencia de Género. Son leyes que están con estado parlamentario en la Legislatura, pero sin tratamiento”, completó.

A su turno, el titular de la CICOP, Fernando Corsiglia, manifestó que “venimos planteando la crisis del sistema que no comenzó ahora, pero que se está agudizando. Hemos participado de la paritaria general, pero no tuvimos un llamado sectorial. Hemos reclamado fuertemente la apertura de la paritaria de nuestra ley, y al mismo tiempo hemos declarado como insuficiente la propuesta del Gobierno”.

Por último, Francisco Torres, de la Federación Nacional Docente, señaló que “somos solidarios con los compañeros estatales que reciben un aumento menor con respecto a los trabajadores que trabajan en una misma escuela, como es el caso de los docentes. Desde la Federación se está trabajando con las distintas provincias que siguen en conflicto”.

Tras un nuevo encuentro con el gobierno de María Eugenia Vidal, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires, resolvió un paro activo de 24 horas para este miércoles 9 de marzo, en rechazo a la última propuesta salarial, por el llamado a una nueva reunión paritaria que contemple una oferta superadora, por el fin de los despidos y por la reincorporación de los trabajadores despedidos

La huelga de estatales confluirá en un paro provincial convocado por otros gremios estatales de la CTA Autónoma bonaerense, como son los profesionales de la salud (CICOP) y los trabajadores judiciales (AJB), entre otros.

El paro contará con acciones regionales en toda la provincia, entre las que se destaca una caravana por el sur del Conurbano Bonaerense que culminará, junto a los trabajadores de la región capital, en una marcha desde el ministerio de salud hacia el ministerio de economía provincial, ubicado en la ciudad de La Plata.

Se recuerda que la propuesta ofrecida por el gobierno fue de un 5% en enero y febrero, a lo que se le suma el 10% a partir de marzo, constituyendo un 15% acumulado de ahí a junio. Además, a consideración de ATE provincia, el impacto es menor en términos de plata para las categorías más bajas, – son unos mil pesos aproximadamente de marzo a junio-.

Por otra parte, esta propuesta distorsiona el piso del salario mínimo en el estado provincial bonaerense, donde hasta ahora había un criterio similar para las categorías ingresantes en las distintas leyes, discriminando ahora claramente a los trabajadores del la Ley 10.430 en relación a esa paridad.

Según lo expresado por el secretario general de ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, “la propuesta salarial del gobierno es absolutamente insuficiente y no contempla para nada las necesidades de los trabajadores y sus familias. Es discriminatoria porque es diferencial con otros sectores de trabajo como el caso de los docentes y porcentualmente está muy lejos del 44% planteado para poder recuperar el poder adquisitivo de los últimos años y escaparle a la proyección inflacionaria".

"Con esta política salarial, el gobierno es quien está garantizando la medida de fuerza”, disparó el estatal.

La oferta del gobierno de la Provincia de Buenos Aires consiste en un incremento del 5 % retroactivo a enero y un 10 % en marzo que regirán por el primer semestre de 2016. Al ser escuchada fue aceptada por los dirigentes sindicales de UPCN y de la Federación de Gremios de la provincia de Buenos Aires (Fegepba), que de todos modos convocarán a una reunión de delegados para debatirla, y rechazada por ATE y el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación.

Antes de un cuarto intermedio, todos los gremios rechazaron una primer oferta del 25% a cobrar en cuatro tramos, que fijaba un aumento del 5 % en enero, 11,2 % en marzo , 16,5 % en julio para llegar al 25 % en septiembre.

Oscar De Isasi, titular de ATE Provincia, destacó la importancia del compromiso gubernamental de hacer una nueva paritaria en julio, pero rechazó "por insuficiente el porcentaje que se plantea como aumento, sobre todo en las categorías mas bajas, porque así se mantiene la desigualdad del piso salarial".

El dirigente denunció además que la oferta "no tiene nada que ver con recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales".

También aseguró que le planteó al gobierno "la creciente olas de despidos" y dijo que el ministerio de Trabajo "se comprometió revisar estos casos".

De la reunión con los gremios, que se realizó en el ministerio de Economía provincial participaron los titulares de la cartera de Hacienda, Hernán Lacunza y de Trabajo, Marcelo Villegas.