El tan ansiado segundo semestre llegó pero las protestas de los estatales contra el gobierno de María Eugenia Vidal no cesan. Mañana el frente unificado de gremios vuelve a la carga.

Los sindicatos que impulsan la medida de fuerza son el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), los médicos de la Cicop, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y Educación (Soeme), entre otros.

“Hemos definido una jornada de protesta provincial, que es un día de lucha, en distintas modalidades, ya que ATE, Soeme y Udocba van a parar, mientras que los judiciales y la Cicop nos van a acompañar en la movilización que haremos por las calles de la ciudad de La Plata”, dijo a Télam el secretario general de ATE Provincia, Oscar de Isasi.

“Los reclamos van desde un aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo, el pase a planta permanente de los trabajadores estatales que están precarizados y la derogación de las leyes de Emergencia Administrativa y Tecnológica, ya que crean un nuevo régimen de contratación en la administración pública que claramente perjudican al trabajador, entre otros puntos”, expresó de Isasi.

El dirigente de ATE señaló que la movilización se iniciará a partir de las 10.30 por las calles de La Plata y concluirá con un acto que se realizará frente a la Dirección General de Cultura y Educación, sita en 13 entre 56 y 57 de La Plata, aproximadamente a las 12.

“Allí vamos a reclamar también por los descuentos que hicieron a los docentes por los paros anteriores, porque consideramos que es una medida de amedrentamiento hacia los trabajadores”, concluyó.

El Intendente macrista de Quilmes, Martiniano Molina, luego de comunicar que dejaría en la calle a unos 400 empleados que cumplían tareas en las áreas de salud, alumbrado público y distintas delegaciones, se fue al mazo por el accionar de los sindicatos y de una amenaza de huelga.

“Hay 400 trabajadores confirmados a los que no se les renovó el contrato”, detallaron ayer desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Quilmes a diferentes medios de prensa locales y advirtieron que las bajas podrían duplicarse en las próximas semanas.

“Denunciamos que no sólo no sobra mano de obra, sino que falta. Tan sólo en el área de control de cámaras de seguridad hay una sola persona para vigilar 23 pantallas”, graficaron desde el gremio.

En ese sentido, desde la municipalidad pusieron paños fríos a la situación para no debilitar a la gestión macrista. Los casos en particular serán estudiados nuevamente y no se descarta que se reincorpore a una parte del personal que no fue renovado.

El 30 de junio pasado se vencieron unos 700 contratos, de los cuales solamente se renovaron poco más de 300 de ellos. En ese sentido, desde ATE amenazaron al Intendente con parar la municipalidad y llevar adelante una huelga general.

El ámbito gremial parece ser el más esquivo para que Cambiemos logre permear con su discurso. Es que desde las estructuras sindicales emergen las críticas más duras y las resistencias más fuertes a la gestión de María Eugenia Vidal.

Tras meses de confrontación, el titular de los estatales bonaerense, Oscar De Isasi volvió a cargar duramente contra la gestión de Vidal: “hay una decisión implacable de la Gobernadora desde que asumió de descargar la crisis contra los trabajadores y los sectores más humildes”, le dijo el Termómetro Radio.

Además se refirió al aumento de la pobreza. "En el conurbano y en el costado de las grandes ciudades, la pobreza crece de manera significativa".

El también líder de la CTA Autónoma provincial añadió que la intención de Vidal era cerrar paritarias claramente a la baja.

“Paritarias a la baja, emergencia administrativa y el decreto 618 son una combinación de reforma del estado en la provincia", comparando la gestión con la del menemismo, algo nada casual.

La semana pasada se dio a conocer a través del Boletín Oficial, que la mandataria de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, había decreatado el congelamiento del pase a planta permanente de los trabajadores del estado por el peíodo de un año con posibilidades de renovación.

Los gremios estatales decidieron acurdir a la justicia para pedir la incostitucionalidad del decreto, por "avasallamiento de los derechos de los trabajadores"

“La Emergencia y congelación de vacantes, teniendo en cuenta los derechos que se vulneran con las mismas, no se encuentra debidamente fundamentada, ostentando por tanto falta de razonabilidad de la mentada ley y decretos pertinentes”,aseguraron los dirigentes gremiales en la presentación del escrito.

En la misma línea argumentaron que el gobierno busca "precarizar las relaciones laborales hoy existentes, dando de baja las mismas y volviendo a contratar a idénticos con sujetos con normativa más pobre en derechos”.

“Entre el 30 de junio y el 30 de agosto hay un universo de trabajadores de estos 15 mil a los que se les vence el contrato y no sabemos qué va a ocurrir con ellos, porque el Gobierno decreta el congelamiento de las vacantes pero no ha resuelto la situación laboral de estos trabajadores”, advirtieron desde ATE.

La medida decretada por la gobernadora María Eugenia Vidal, afecta a más de 15 mil trabajadores públicos.

Más cruces entre el gobierno bonaerense y los gremios. María Eugenia Vidal, firmó en las últimas horas el Decreto 618/16, que suspende por el plazo de un año las designaciones de personal de planta permanente y de la planta transitoria previstas por la Ley 10.430 (Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración Pública) e hizo estallar a los estatales.

Para la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) esta medida viene a completar un “combo” de leyes y decretos que apuntan al achicamiento y desguace del Estado provincial, así como a profundizar la precarización laboral de sus trabajadores.

El secretario general de ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, señaló al respecto que: “están queriendo realizar una reforma estructural en el Estado que apunta a moldearlo aún más al servicio de los sectores más concentrados, precarizando las relaciones laborales. Como ya lo dijimos con la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica, el gobierno provincial avanza en dos sentidos. El primero, el de habilitar a los grupos del sector privado a hacer todos los negocios sin ningún control del Estado. Y, el otro, el de precarizar las relaciones laborales de manera extrema con la creación del contrato autónomo, que avanzan sobre los derechos laborales”.

Con la firma del decreto, la Provincia acudió, según puede leerse en el texto, “al congelamiento de las vacantes que se van produciendo en las distintas jurisdicciones y a la suspensión de transitorias designaciones, así como también suspendió el proceso de pase a planta permanente de miles de trabajadores por un año con la posibilidad de que la presente disposición sea prorrogada por un periodo similar”.

Desde ATE se plantea que, las leyes de Emergencia Administrativa y Tecnológica, sumadas a la Ley de Modernización del Estado, que tiene media sanción en el senado, juntas al decreto N°230, “que da facultades feudales a los ministros para nombrar personal y avanzar sobre cuestiones paritarias”, según de Isasi y al reciente decreto N°618, muestran que “la gobernadora Vidal intenta descargar la crisis sobre los trabajadores”, señaló de Isasi.

Asimismo, agregó que además de repudiar estas medidas y exigir su derogación, también: “estamos reclamando se reabra la discusión salarial, dado que el 25% de inflación anual que nos intentó vender a principio de año en paritarias quedó muy por debajo de la realidad: a mayo tenemos un 23% de inflación, y las encuestadoras hablan de una proyección de entre el 37 y el 40% anual”, finalizó diciendo de Isasi.

Miles de pasajeros están afectados por la huelga de controladores aéreos, que tiene paralizados los vuelos. La medida de fuerza dispuesta por ATE alcanza a destinos de cabotaje y también internacionales.

El paro que jaquea los vuelos es por 48 horas y comenzó hoy a las 6 AM, por lo que recién se comenzaría a normalizar la situación desde el domingo.

Además los camioneros tienen paralizada desde ayer la distribución de combustibles y en las estaciones de servicio ya comienza a escasear la nafta. Los muchachos de Moyano buscan un incremento salarial del orden del 42%.

La falta de combustible podría arreciar desde el mediodía y la huelga recién termina a las 24 horas de hoy, por lo que el fin de semana tendría muchas complicaciones.

Para agregar presión a la medida de fuerza, Camioneros extendió la retención de tareas a la rama recolección de basura, por lo que las calles ya se encuentran repletas de bolsas que no fueron levantadas esta madrugada.

La conflictividad sindical, que también se muestra en frigoríficos y empresas de alimentación con sendos paros en estos días, comienza a subir temperatura. El tiempo a Cambiemos parece comenzar a jugarle en contra.

La justicia en lo contencioso administrativa de La Plata intimó hoy a la gobernadora María Eugenia Vidal a que en cinco días convoque a reanudar las negociaciones paritarias a los estatales enrolados en la Ley 10.430 y que designe en conjunto con los gremios la autoridad imparcial que debería intervenir ante conflictos entre las partes.

La medida la adoptó hoy el juez Luis Federico Arias, quien aclaró que la orden de reabrir la paritaria estatal que resolvió el pasado 29 de abril si bien fue apelada por la Fiscalía de Estado, “el recurso fue concedido con efecto no suspensivo, por lo que la misma se encuentra plenamente vigente”.

En el fallo, el magistrado dispuso que para el caso de incumplimiento “los respectivos encuentros paritarios de negociación se realizarán en el ámbito de éste Juzgado, a cuyos efectos se fija audiencia para el día 21 de junio del corriente año, a las 10 horas en la sede de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata”.

La decisión de Arias se basa en un planteo que habían presentado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) y los médicos nucleados en la Cicop.

Si bien, los médicos acordaron la semana pasada un aumento del 25 por ciento hasta agosto y la reapertura de la paritaria ese mes y el gobierno también acordó con el resto de los gremios estatales un aumento salarial para el primer semestre y la reapertura paritaria el 1 de julio, ATE y Soeme rechazaron el acuerdo y recurrieron a la justicia que dio lugar al reclamo de los trabajadores.

La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó hoy el paro nacional y la movilización de mañana en demanda de diversas reivindicaciones y en rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia Ocupacional, informó la organización sindical.

La protesta fue decidida por las asambleas generales de delegados, que determinaron que se paralicen las tareas y se marche hacia el Ministerio de Economía desde las 11.30 de mañana.

Los trabajadores se concentrarán de forma previa en la zona del Obelisco y marcharán en reclamo de "la reapertura de paritarias y la reincorporación de todos los estatales despedidos sin causa".

El titular de la ATE nacional, Hugo Godoy, aseguró que "los conflictos continuarán creciendo" ante "las políticas que aplica el gobierno" y reseñó que "la primera huelga del 24 de febrero último fue un campanazo y, desde entonces, las protestas siguieron y se profundizaron, como ahora en Santa Cruz, Comodoro Rivadavia y la provincia de Buenos Aires o en la docencia y universidades".

El dirigente señaló que ello demuestra que a "la política de transferencia a los sectores más privilegiados los trabajadores le oponen un límite", en tanto calificó el incremento salarial anunciado para la actividad estatal como "insuficiente".

"Los despidos en el Estado fueron la antesala de lo que se vení­a en el ámbito privado, porque se puso en marcha una política económica que trascendió los límites del Estado. Todo ese amplio arco debe unificarse para frenarla", puntualizó el dirigente.

Un plenario general de delegados nacionales también demandó "la reapertura de los convenios colectivos sectoriales y el otorgamiento de mayores unidades retributivas a las categorías inferiores, ya que el incremento anunciado implica que el haber más elevado supere el ingreso íntegro de la categoría más baja".

La ATE también exigió "la función específica" para la actividad y el pase de la totalidad de los empleados a la planta permanente.

A horas de la mañana de ayer la mandataria provincial, María Eugenia Vidal, fue recibida con una fuerte protesta en la ciudad de Mar del Plata, donde trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) volvieron a exigirle mejoras salariales y respuestas acerca del panorama económico que empeora día tras día en la Provincia.

El episodio sucedió en  las puertas del Hotel 13 de Julio de la ciudad balnearia, donde Vidal estaba alojada, y fue escrachada en plena vía pública por un gran número de trabajadores que le exigieron soluciones urgentes y concretas a sus necesidades.

Una vez adentro del hotel para la inauguración de la Semana Social 2016, la gobernadora se refirió al hecho que tuvo que vivir con los trabajadores que la insultaron y dijo: "Sé que el camino no es fácil, pero tenemos la convicción de que vamos a un lugar mejor. La templanza de haber entrado por ese pasillo con un grupo de personas que están muy angustiadas y preocupadas y que me insultaron. Tal vez no entiendan que el punto de partida fue muy difícil y que estamos poniendo lo mejor de nosotros. Yo sé que todavía no alcanza y que estamos lejos".

Además aprovechó la oportunidad para manifestar que "es importante impulsar la obra pública para generar nuevos puestos de trabajo" y en ese sentido aseguró que durante los próximos años se generarán 100 mil puestos de trabajo genuinos en la Provincia de Buenos Aires a través de la obra pública.

La mesa inaugural de la Semana Social 2016 estuvo integrada por la gobernadora Vidal; el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca; la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley; el intendente Carlos Arroyo; monseñor Antonio Marino y los monseñores Jorge Lozano, Jorge Casaretto, Fernando Maletti y Jorge Lugones

Mientras la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realiza hoy un nuevo paro nacional con una movilización de los empleados públicos de todo el país en reclamo de la reincorporación de los despedidos del Estado nacional, provinciales y municipales. La sección de Capital presentará una acción de amparo, al Ministerio de Modernización que encabeza Andrés Ibarra.

El pedido de amparo contra los 10 mil despidos de Cambiemos en el Estado nacional. El escrito, según anticiparon desde el gremio, cuestiona la constitucionalidad del decreto 254/2015, con el que el presidente Mauricio Macri instruyó a sus ministros y secretarios para “revisar” los contratos y concursos realizados en el estado durante los últimos tres años.

“Más allá de la pelea que estamos dando desde los sectores de trabajo y en las movilizaciones en la calle, consideramos que es fundamental acompañar esa lucha con acciones jurídicas orientadas a proteger los derechos de los trabajadores", explicó el secretario general del sindicato, Daniel Catalano.

El dirigente agregó que los despidos masivos "no sólo afectan a los estatales, sino también a toda la comunidad, que se ve privada de ejercer derechos que eran garantizados por las tareas de estos trabajadores".

Los reclamos centrales de la jornada de lucha son la reincorporación de los despedidos, la apertura de negociaciones paritarias para definir un aumento salarial que compense el aumento de los precios y contra los aumentos en las tarifas de los servicios públicos.

Las organizaciones de cooperativistas y desocupados que saldrán de Liniers saldrán a las 8 de la Avenida General Paz y Rivadavia para sumar manifestantes en Flores y Plaza Once, hasta llegar a la plaza del Congreso. A su vez, gremios como ATE, Cicop, Judiciales y Docentes irán por la mañana, antes de marchar al Ministerio de Modernización, a la Casa de la Provincia de Buenos Aires.

La conducción nacional de ATE, junto a los secretarios generales de todas las provincias, en línea con lo que había resuelto el plenario de delegados, aprobó además para ese día la instalación de una carpa frente al Congreso de la Nación para presentar un proyecto de ley por el 82% móvil y en defensa del sistema previsional público y solidario.