En sintonía con la inflación, las canastas básicas total y alimentaria también se aceleraron levemente respecto a noviembre. Una familia tipo necesitó percibir ingresos por $ 67.187 para no ser indigente.

El Indec informó que, en diciembre, una familia de cuatro personas necesitó ingresos por $ 152.515 para no caer por debajo de la línea de la pobreza. El costo de la canasta básica total (CBT) aumentó 4,5% el mes pasado, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA) registró un incremento de 5%.

El mismo grupo familiar necesitó $ 67.187 para no ser indigente. Así, en todo 2022, la canasta básica alimentaria aumentó 103,8% y la canasta básica total, 100,3%, amplió el Indec. 

A su vez, para un hogar con tres integrantes, la CBA se estimó en $ 53.489, mientras que para un hogar compuesto por cinco personas se elevó hasta los $ 70.666. Al mismo tiempo, la cifra que delimitó la pobreza para una familia de tres personas se ubicó en los $ 121.420, y para cinco personas se proyectó en $ 160.413.

Por su parte, el ministro de Economía Sergio Massa, se refirió al dato de inflación de diciembre, que llevó ese índice al 94,8% para el 2022, y aseguró que el Gobierno debe “seguir transitando el camino a la baja”, aunque reconoció que el país se debe un acuerdo multisectorial para erradicar el problema. Desde su perspectiva, el ministro definió: “La inflación es la fiebre de una economía enferma y el desafío que tenemos todos es animarnos a bajar la fiebre y a enfrentar esa enfermedad en la que caemos reiteradamente”.

Para el funcionario es necesario “orden y disciplina fiscal” como también “fijarse objetivos y no cambiarlos ante una adversidad y tener una mirada responsable desde todos los sectores” para llevar adelante esa tarea. “Ojalá tengamos todos los argentinos los huevos bien puestos para enfrentar a la inflación y hacer crecer nuestra economía. Debemos seguir cuidando precios, tenemos el desafío de recuperar el poder de compra de los argentinos a través de un programa de desarrollo federal para el sistema productivo”, soslayó Massa.

De acuerdo al último informe del Indec, la inflación de diciembre fue del 5,1% y no registró un cambio significativo respecto al mes previo. Con esta cifra, el programa antinflacionario del Gobierno le permite mantener las expectativas de llegar al mes de abril con un promedio de aumentos que se ubique en torno al 3%.

La división de mayor aumento en el mes fue Restaurantes y hoteles (7,2%), seguida por Bebidas alcohólicas y tabaco (7,1%). A su vez, en diciembre se destacó el incremento del servicio doméstico, que impactó en Equipamiento y mantenimiento del hogar (5,9%); de los combustibles, con incidencia en Transporte (5,8%); y de la cuota de medicina prepaga, dentro de la división de Salud (5,7%).

Por otra parte, la suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%) fue la que más incidió en la mayoría de las regiones. Se destacó el aumento de Frutas; Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos; Pan y cereales; y, en algunas de las regiones, Verduras, tubérculos y legumbres.

Desde el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Jorge D´Onofrio, exigieron al gobierno nacional que se ponga límites al no cumplimiento del gobierno porteño a la ley del Pacto Fiscal de 2018.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, se refirió a un nuevo episodio del incumplimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el Pacto Fiscal de 2018 que trae como consecuencia el no pago del subsidio del transporte público.

Vale recordar que, con la firma de la ley de Pacto Fiscal durante 2018, las dos jurisdicciones se hicieron cargo de la totalidad de los subsidios de la asistencia para el cumplimiento del servicio.

En ese marco, y ante el incumplimiento de la ley que lleva a la falta de los pagos de parte de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, desde la Provincia reclamaron respuestas a la cartera nacional que conduce Diego Giuliano.

“La Provincia paga el 91 por ciento, CABA tiene que pagar eso porque está en la ley que ellos firmaron, pero se hacen los distraídos y se les permite que sigan con esa actitud”, sentenció el ministro bonaerense, Jorge D´Onofrio, desde cuya cartera aseguraron se hace cargo de la totalidad del subsidio en tiempo y forma.

Ante dicho escenario, el propio funcionario de la Provincia planteó la necesidad de una respuesta nacional ante la doble vara en el funcionamiento del subsidio. “Cómo seguimos”, interrogó D´Onofrio y solicitó una respuesta: “Queremos saber si esto se va a subsanar o si el trato va a ser el mismo para todas las partes”.

“Si no se lo van a cobrar a CABA, que tomen la misma actitud con la provincia de Buenos Aires y que la ley sea pareja para todos”, sentenció D’Onofrio.

Desde el Ministerio aseguraron que cumplen con el pago de los subsidios a más de 200 líneas de colectivos de todo el territorio bonaerense, mientras que el gobierno porteño no reporta el compromiso con las 32 líneas del distrito capitalino.

Qué dijo Nación

En conferencia de prensa, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, afirmó que el Gobierno nacional está en un proceso de negociación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) “para que se haga cargo de su propio transporte”, que comprenderá a las 32 líneas que tienen origen y destino dentro de la jurisdicción.

“Estamos en un proceso de negociación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se haga cargo de su propio transporte, como se ha hecho cargo cada una de las 23 provincias de la Argentina”, dijo Giuliano en Casa Rosada.

“Esto quiere decir que las 32 líneas de transporte que tienen origen y destino dentro del territorio exclusivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como dice la ley, sean administradas, gestionadas y sostenidas por la Ciudad”, dijo el funcionario.

Giuliano aclaró que “el Ministerio de Transporte no se ha retirado nunca ni se va a retirar, porque sigue compensando lo que se llama el ‘atributo social’ para todos los argentinos, algo que en esta gestión fue desarrollado porque en la gestión anterior estaba solamente encapsulado en la zona del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)”.

Fuertes críticas al máximo tribunal que dispuso devolverle al gobierno de Larreta el excedente de fondos que Macri había otorgado en 2016 a las arcas porteñas en detrimento del resto del país.  

Luego de que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague al de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa en torno a la reasignación de fondos por el traspaso indebido de la Policía al gobierno de CABA durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, el Partido Justicialista bonaerense emitió un comunicado con fuertes críticas a los integrantes del máximo tribunal.

El texto recuera que el “expresidente Mauricio Macri aumentó los ingresos de la ciudad más rica del país en detrimento del resto de las provincias a través de un Decreto simple” al referirse al aumento de la coparticipación a CABA con el argumento de la transferencia de la Policía Federal que pasó de 1,4 por ciento al 3,5 por ciento.

Con la medida impulsada por Macri en beneficio del distrito más rico del país y donde gobierna su fuerza, se estima que las arcas porteñas recibieron durante estos años un excedente total de 86 mil millones de pesos por sobre el costo real de la Policía transferida.

Al respecto, sobre la medida del gobierno de Alberto Fernández que retrotrajo el envío de recursos a CABA al número del 1,4 por ciento, el PJ que preside Máximo Kirchner sostuvo: “se buscó y se logró reparar esta injusticia con los instrumentos que marca la Constitución: ley sancionada con las mayorías requeridas en ambas cámaras del Congreso de la Nación”.

» Comunicado del Partido Justicialista de la PBA. pic.twitter.com/9lRwGCfHhG

— PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) December 21, 2022

Y cuestionó duramente el fallo de la Corte Suprema que beneficia al gobierno porteño. “Sin embargo, esta “Corte de cuatro” integrada por dos miembros que aceptaron ser nombrados por Decreto, dictaron una medida cautelar que constituye una auténtica aberración jurídica, que por ilegal y contradictoria resulta absolutamente inaplicable” expresaron.

Al tiempo que consideraron que “el fallo de esta corte servil y porteño centrista avanza sobre el desarrollo federal, ya que implica menos inversión en las provincias para todas y todos: menos escuelas, menos hospitales, menos viviendas, menos rutas, menos inversiones para las y los argentinos”.

En esa línea crítica hacia el máximo tribunal, el comunicado plantea que “rehenes o mascotas de Juntos por el Cambio, poco importa, se comportan como militantes de Macri ¿Se trata de la paga de favores? No puede ser que los fallos sean siempre en un solo sentido”.

No prosperó la recusación planteada por el gobierno porteño para separar al magistrado que investiga el presunto uso irregular del sistema de reconocimiento facial de prófugos, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de CABA. Entre los “espiados” figuran Alberto Fernández, Cristina Fernández y Estela de Carlotto.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este lunes al juez Roberto Gallardo al frente de la causa en la que se investiga la supuesta utilización irregular de datos biométricos por parte de la Ciudad de Buenos Aires, confirmaron fuentes judiciales.

La sala primera del tribunal de apelaciones rechazó la recusación formulada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –la parte demandada- en la que se sostenía que el magistrado había incurrido en falta de imparcialidad e, incluso, había tomado decisiones llevado por una situación de enemistad.

“El recusante no ha podido demostrar la parcialidad del juez de grado cuyo apartamiento pretende”, sostuvieron los jueces Fabiana Schafrik, Carlos Balbín y Pablo Mantaras, en un fallo de 28 páginas en el que descartaron que las críticas del Gobierno de la Ciudad a las decisiones del juez no alcanzan para apartarlo del caso.

“La sola circunstancia de que el juez haya ordenado las medidas que consideró conducentes para cumplir con su obligación de instruir el proceso y, luego, haya decidido las cuestiones sometidas a su consideración, no resulta suficiente para justificar la alegada afectación de la imparcialidad exigible a los magistrados y, consecuentemente, su separación del proceso”, señalaron los jueces en el fallo al que accedió Télam.

La recusación presentada contra el juez Gallardo se produjo luego de que, el 11 de abril, el magistrado dispusiera, de modo cautelar, “ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP), en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que ello mermara de ninguna manera los restantes sistemas de videoviligancia (monitoreo urbano), preventivo y forense”.

El juez Gallardo suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un presunto uso irregular que permitió acceder a datos biométricos de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

El Gobierno porteño, entonces, había señalado que el juez había tomado decisiones que excedían sus funciones, le reprochaban que hubiera dispuesto medidas que ninguna de las partes le había solicitado e incluso le habían criticado la decisión de suspender el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial de la cartera de Seguridad porteña, a partir de una acción de amparo colectivo impulsada por el Observatorio del Derecho Informático Argentino (ODIA).

Para los jueces de la Cámara, el Gobierno porteño no pudo justificar en su planteo “que las medidas para mejor proveer adoptadas por el a quo –el juez- se hallaban palmariamente desconectadas del objeto de este pleito”.

“La demostración de tal extremo era una condición necesaria para justificar su afirmación de que tales determinaciones constituían un mecanismo utilizado por el juez para ampliar el objeto del proceso o para suplir las falencias defensivas de la contraria”, señalaron los jueces.

“Por otro lado, el accionado tampoco logró fundar adecuadamente su argumento referido a que las diligencias dispuestas por el magistrado para resguardar la información (para luego poder realizar una pericia informática) podía considerarse una actuación carente de imparcialidad. En este sentido, el demandado no presentó ninguna constancia que evidenciara que la reserva ordenada por el magistrado constituía un obrar inequitativo respecto de su parte”, señalaron.

“No puede afirmarse –en términos razonables– que el magistrado hubiera ordenado medidas que tuvieran un fin distinto al de alcanzar la verdad material. En otras palabras, no puede aseverarse que las medidas adoptadas por el tuvieran por objetivo menoscabar intencionalmente los derechos de la demandada”, remarcaron los jueces.

Así lo dio a conocer la Dirección General de Estadística y Censos, al informar que en los últimos años aumentó la brecha entre ambas zonas geográficas de la urbe.

La pobreza multidimensional en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó en el cuarto trimestre de 2021 al 21,6% de la población y al 17,5% de los hogares, con aumentos de 1,3 y 2,2 puntos porcentuales respecto de la última medición del mismo período de 2019, informó la Dirección General de Estadística y Censos (Dgeyc) porteña.

El reporte oficial no sólo da cuenta de un incremento de la pobreza analizada desde un enfoque integral que va más allá de los ingresos monetarios, sino que también confirma la brecha histórica en el distrito entre los barrios de la zona Norte y los de la zona Sur, en los que los niveles llegaron a ser cinco veces superiores en estos últimos.

Los datos del último trimestre de 2021 mostraron que la pobreza multidimensional por personas abarcó al 8% de los habitantes de los barrios de Norte, al 19% de los de la zona Centro y al 37,2% de los de la zona Sur.

En cuanto a la clasificación por hogares, las diferencias son similares, con un 7,4% en la zona Norte, 16,8% en la zona Centro y 32,1% en la zona Sur.

La medición no pudo llevarse a cabo en 2020 a raíz de las dificultades de realizar relevamientos de campo en el inicio de la pandemia de coronavirus, por lo que la comparación sólo puede realizarse con los índices del período octubre-diciembre de 2019.

De esa comparación, surge un agravamiento de las condiciones socioeconómicas en el distrito, si se tiene en cuenta que dos años atrás la pobreza multidimensional era del 15,3% en los hogares y del 20,3% en la población.

Pero esa desmejora no se dio de manera homogénea, sino que por el contrario la situación empeoró mucho más en los barrios de la zona Sur, según el informe de la Dgeyc.

En los dos años transcurridos, la población pobre de la zona Norte aumentó 2,4 puntos porcentuales (de 5,6% a 8%) y en la zona Sur creció 4,3 puntos (de 32,9% a 37,2%), en tanto en los barrios de la zona Centro se redujo 6 décimas de punto (de 19,6% a 19%).

En la clasificación por hogares, hubo un incremento de 1,7 punto en los barrios del Norte (de 5,7% a 7,4%), de 1,2 punto en los del Centro (de15,6% a 16,8%) y de 5,8 puntos en los del Sur (de 26,3% a 32,1%).

De acuerdo con la Dgeyc de CABA, “el Índice de Pobreza Multidimensional representa una medición de la pobreza con un enfoque integral”, y se considera “pobre multidimensional” a quien tenga carencia de por lo menos dos de estas cinco variables: alimentación; salud y cuidados; vivienda y servicios; equipamiento del hogar y privación social y educación.

Los profesionales de la salud, nucleados en la Asociación de Licenciados de Enfermería, realizan la medida de fuerza y marchan a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires realizan este jueves un paro de actividades en reclamo del reconocimiento profesional por parte del gobierno porteño.

La medida de fuerza de los trabajadores nucleados en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) también incluirá una concentración frente a la Legislatura, en el marco de conmemorarse esta semana el Día Internacional de la Enfermería.

La protesta se lleva a cabo desde las 10 en Perú 160 e incluirá una conferencia de prensa por parte de los enfermeros, y se enmarca en un plan de lucha que se inició ayer, con una marcha de antorchas desde el Congreso hasta la sede de la Legislatura.

Por otra parte, los dirigentes de la ALE confirmaron que el Tribunal Superior de Justicia porteño convocó, en su sede de Cerrito 760, a la agrupación a una audiencia que se llevará a cabo a las 12, “para seguir el avance del proyecto de Iniciativa Popular que respaldaron con casi 50.000 firmas” para lograr que se trate el proyecto de ley que le otorga reconocimiento profesional a los enfermeros.

“¿Qué más tenemos que hacer y demostrar para ser consideradas profesionales de la salud en lugar de personal administrativo? En lo legal, cumplimos con todos los requisitos para estar incluidas en la Carrera Profesional junto a 24 actividades más del equipo de salud. En lo social, el acompañamiento de la población se manifestó en las 50 mil firmas que presentamos en respaldo a la Iniciativa Popular para que la Legislatura trate en sesión nuestro reconocimiento”, señaló en un comunicado de ALE Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía.

Por su parte, Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y secretaria de prensa de la Federación de Profesionales, agregó que la marcha de ayer fue respaldada por “la enfermería de todos los hospitales de CABA, con organizaciones de la salud hermanas de la ALE como APyT, AGIHM, la Comisión Interna del Italiano, CICOP y asociaciones de base de la Federación”.

Este jueves la UTE realizará una medida de fuerza, con movilización, para repudiar el proyecto de ley de reforma del estatuto docente presentado en la Legislatura de la Ciudad por Juntos por el Cambio.

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) resolvió este martes convocar a un paro con movilización para este jueves, con el objetivo de manifestarse contra el proyecto de ley de reforma del estatuto docente presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio y exigir titularización masiva, reapertura de la mesa salarial y el fin de las pasantías obligatorias para estudiantes.

“Con la presencia de más de 300 delegadxs de todas las áreas, niveles y modalidades, el Plenario de la Unión de Trabajadorxs de la Educación resolvió convocar a un Paro y movilización para el jueves 12 de mayo, día en que lxs legisladorxs de la Ciudad tratan el proyecto de ley de reforma del estatuto docente”, expresaron en un comunicado desde el gremio conducido por Angélica Graciano.

La convocatoria para el jueves comenzará desde las 10.30 frente a la Legislatura porteña -Perú 160-, donde los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires tratarán una serie de modificaciones al estatuto docente que fueron propuestas por Juntos por el Cambio para “crear nuevas oportunidades en la carrera” de los maestros.

Además, la manifestación convocada por UTE sumará los siguientes reclamos: “Titularización masiva, fotográfica y con efecto cascada para todxs lxs docentes interinxs y suplentes de todas las áreas, niveles y modalidades; contra la reforma inconsulta del Estatuto del Docente; reapertura urgente de la mesa salarial; rechazo a las pasantías obligatorias de lxs estudiantes; respuestas a los problemas de mantenimiento e infraestructura de los edificios escolares; mantener el Palacio Ceci para la comunidad sorda; restitución del transporte escolar en educación especial; alimentación de calidad en los comedores escolares; no a la UNICABA”, entre otras reivindicaciones.

Los actos principales están previstos en 9 de Julio y Avenida de Mayo, convocado por la UTEP y otras organizaciones, y en Plaza de Mayo, que es organizado por el FIT.

Con un amplio abanico de reivindicaciones, organizaciones sociales, políticas y sindicales conmemoran este domingo el Día Internacional de los Trabajadores, con marchas y movilizaciones en CABA y distintos puntos del país.

La dirigencia nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) convocó a realizar un “gran acto” en la avenida 9 de Julio y su intersección con la Avenida de Mayo, a partir de las 14, con eje en el reclamo de aprobación de las leyes del sector de la economía popular.

También buscan darle un “fuerte impulso al proyecto del Gobierno para capturar renta inesperada y pagar la deuda interna”, según informaron voceros de esa organización.

Desde la UTEP también anunciaron que se movilizan el Movimiento Nacional Octubres, que conduce el diputado del Parlasur Gastón Harispe; el Frente Barrial 19 de Diciembre y distintas fracciones del Movimiento Territorial Liberación (MTL), del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

Los principales oradores del acto central serán los cinco principales dirigentes de la comisión directiva de la UTEP: Esteban “Gringo” Castro (UTEP), Gildo Onorato (Movimiento Evita), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán), Norma Morales (Somos Barrios de Pie) y Juan Carlos Alderete (CCC).

Los organizadores prevén que “habrá una fuerte convocatoria a la movilización popular” por parte del Movimiento Evita, Somos-Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Por su parte, el Frente de Izquierda Unidad (FITU) llamó a congregarse en la Plaza de Mayo a las 15 para llevar adelante “un importante acto” con consignas como el rechazo al “pacto con el FMI y el ajuste” y en demanda de “la recuperación salarial y una jornada de seis horas”.

Los profesionales de la salud, nucleados en la Asociación de Licenciados de Enfermería realizan la medida de fuerza en reclamo de “140 mil pesos de salario básico”.

Enfermeras y enfermeros porteños nucleados en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) realizan hoy un paro por 24 horas en reclamo de “140 mil pesos de salario básico para todo el equipo de salud” de la ciudad de Buenos Aires.

“Desde ALE paramos este martes, y le estamos exigiendo a el sindicato de los municipales (Sutecba) un paro de 48 horas unificado y reclamar en conjunto por 140 mil pesos de básico salarial“, explicaron las fuentes gremiales.

Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y referente de la organización, amplio el argumento de la medida: “Lo venimos diciendo en cada oportunidad donde nos toca hablar, en las asambleas hospitalarias y ante todos los medios: el eje unificador de reclamo para todo el equipo de salud es un aumento salarial que tenga un piso de 140 mil pesos de básico, y además el reconocimiento a la enfermería con la inclusión en la Ley N°6035”.

Por su parte, Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú , señaló: “El equipo de salud de CABA exige un paro de 48 horas la semana que viene, con movilización a Jefatura de Gobierno el primer día y el segundo, asambleas en todos los hospitales para decidir ahí desde las bases el mandato sobre cómo seguir hasta ganar nuestros reclamos elementales”.

Desde la ALE informaron además que estarán anunciando en los próximos días los pasos en seguir, en particular las acciones del próximo 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, y la exigencia del pase a la Carrera Profesional de CABA, Ley N°6035.

“Estamos en peligro y no hay estado de derecho”, dijo la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia en referencia al uso ilegal del sistema de reconocimiento de prófugos en CABA.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, consideró que “la gente ve lejana la posibilidad de que la espíen”, pero “estamos todos en peligro” porque “no hay estado de derecho”, al referirse al sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno porteño, que el pasado martes fue suspendido por la justicia tras detectar un uso ilegal del mismo.

“La gente tiene otros problemas y no le parece algo grave el espionaje porque cree que esto no le va a pasar. La gente ve lejana la posibilidad de que lo espíen, pero estamos todos en peligro porque no hay estado de derecho”, afirmó Caamaño este sábado en declaraciones a Radio 10.

El martes pasado, la Justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tras detectar un supuesto uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.

Al respecto, la interventora de la AFI señaló que “el espionaje ilegal es parte de la naturaleza de ellos. No importa cómo se llamen Pro, Cambiemos o Juntos por el Cambio. Siempre espían”, sentenció.

“A pedido de un juez, las cámaras son bien usadas y está buenísimo que haya muchas cámaras porque pueden detectar justamente a las personas prófugas o en otros casos pueden detectar a personas cometiendo un ilícito o poder trazar un recorrido utilizando bien las cámaras”, advirtió Caamaño.

Pero, aclaró: “Ellos –el macrismo- siempre terminan dándole un uso ilegal. Terminan ilegalizando lo legal, porque las cámaras están bien, ya sea cuando lo agarran in fraganti y lo van a llevar ante el juez o en el caso del que el juez pida que se fijen por donde estuvo una persona”.

“Sin embargo, ellos hacen algo ilegal desde que (Mauricio) Macri era jefe de Gobierno porteño. Siempre terminan haciendo algo ilegal que en el principio es legal”, aseveró.

Caamaño además resaltó que “es muy raro” la situación de espionaje ilegal a propios socios políticos porque “entre los espiados está (Gerardo) Morales, (Elisa) Carrió y Patricia Bullrich”.

Al ser consultada sobre las razones por las que los integrantes políticos de Juntos por el Cambio no se van del espacio tras ser espiados por sus propios socios, Caamaño recordó la frase del expresidente Macri: “Cuando dijo ’quien saca los pies del plato desaparece’ era literal”.

“Yo ya dije que el gobierno de Cambiemos había sido mafioso por todo lo que había hecho con la Agencia Federal de Inteligencia”, apuntó.

Asimismo, Caamaño consideró que en el macrismo “deben tener grabaciones, filmaciones y escuchas de todos y entonces lo puede decir así tan tranquilamente”.

Al finalizar, la interventora de la AFI aseguró que “con el presidente Alberto Fernández estamos en un estado de derecho pleno y se respetan todas las garantías”.

En la resolución judicial, el juez Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.

Fuentes judiciales consultadas por Télam señalaron que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.

Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.