Eduardo Casal emitió un dictamen donde recomienda que la Corte no se debe expedir ante el pedido de la oposición de impedir que el actual gobernador Gildo Insfrán se presente en las elecciones. No es vinculante, por lo que podría suceder lo mismo que San Juan y Tucumán.

El procurador general Eduardo Casal envió un dictamen a la Corte Suprema en el que indica que el máximo tribunal no debe intervenir en la elección de Formosa.

 La oposición provincial, envalentonada por la suspensión de los comicios en Tucumán y (parcialmente) en San Juan, presentó un pedido ante la justicia para que declare inconstitucional que el actual gobernador, Gildo Insfrán, se presente para buscar nuevamente la reelección.

Se trata de dos cautelares, una presentada por el diputado nacional de la “Alianza Juntos por Formosa Libre” y candidato a gobernador, Fernando Carbajal, y otro por los apoderados legales de esa fuerza, la diputada provincial  Agostina Villaggi y el abogado Rodolfo Manuel Basques. 

Los amparos presentados piden la suspensión de las elecciones convocadas para el 25 de junio y hasta que la Corte Suprema resuelva el pedido de fondo sobre la inconstitucional del artículo 132 de la constitución local que habilita la reelección de forma indefinida.

Según Casal, que cita otros casos que sentaron jurisprudencia en la materia, “el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal”. Es decir, que la Corte no debería intervenir en el caso formoseño “dada la índole taxativa de la competencia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional” que establece que: “la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente”.

La opinión de Casal –dos párrafos calcados en ambas cautelares solicitadas por la alianza formoseña de Juntos por el Cambio– es de carácter no vinculante, por lo que la Corte podría avanzar en la suspensión de la elección antes de revisar el artículo 132 de la Constitución formoseña que está vigente hace 20 años.

El partido de esa provincia emitió un comunicado, donde afirma que “no existe obstáculo legal alguno para que los tucumanos pueda concurrir a las urnas con entera libertad”.

El Partido Justicialista (PJ) de Tucumán pidió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación “proceda al inmediato levantamiento” de la medida cautelar que dispuso la suspensión de las elecciones previstas para el domingo próximo en la provincia, “para que los tucumanos podamos concurrir a las urnas con entera libertad”.

“Como es de público conocimiento la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado una sentencia cautelar disponiendo la suspensión de las elecciones en la provincia de Tucumán previstas para este 14 de mayo, interrumpiendo el cronograma electoral en curso cuatro días antes del comicio”, señaló el PJ de esa provincia en un comunicado.

Creo en la Democracia y en la división de poderes. Esperamos que levanten la medida que suspendió los comicios, para que todas y todos se expresen en las urnas. Vamos a trabajar para que Osvaldo, Miguel y Rossana afiancen el proyecto de inclusión y desarrollo #TucumánQuiereVotar

— Juan Manzur (@JuanManzurOK) May 13, 2023

El texto, titulado: “Al pueblo de la Nación Argentina, Tucumán quiere votar”, señaló que “la provincia ha acatado esa resolución, a pesar de no compartir sus fundamentos”.

“En un gesto que lo enaltece, el candidato Juan Luis Manzur ha renunciado a su postulación de vicegobernador, despejando el camino para la continuación del proceso electoral”, manifestó el PJ de Tucumán en el comunicado.

El PJ tucumano señaló que “esta circunstancia ha sido comunicada ya al Tribunal, y “en consecuencia, actualmente no existe obstáculo alguno o impedimento jurídico para que Tucumán pueda concurrir a las urnas”.

En contraposición a la carta del establishment a favor de los integrantes del máximo tribunal, sectores productivos hicieron público el apoyo al proceso de juicio político.

Tras la puesta en marcha de la comisión de Juicio Político para analizar la remoción de los de los integrantes de la Corte Suprema, representantes de entidades Pymes nacionales, de sectores productivos y profesionales de todo el país firmaron una carta dirigida a los legisladores para respaldar el proceso y asegurar que “es una instancia de la democracia y no del privilegio de impunidad”.

De esta manera, salieron al cruce de la carta firmada por 500 empresarios para defender a los supremos.

“Nos asombramos e inquietamos de una misiva que incluye la peligrosa utilización de argumentos que desmerecen los chequeos y controles que requieren mutuamente en forma permanente los tres poderes establecidos por la Constitución Nacional”, señala la carta como primer punto en referencia a la misiva que el “círculo rojo” de la Corte Suprema les hizo llegar a los legisladores.

Además, señalan que esas expresiones fueron vertidas por “una minoría del empresariado”, cuyos argumentos “desmerecen lo establecido por nuestra Constitución Nacional”. “El respeto de la división de poderes no puede ser sinónimo de privilegio”, sentencia la carta impulsada por el colectivo Pymes por la Democracia.

“En países con instituciones democráticas funcionando, el Poder Judicial no goza de inmunidad e impunidades distintivas de privilegios y conductas”, insisten y recuerdan que el proceso inciado en el Congreso se respalda en el artículo 53 de la Constitución.

“La experiencia histórica demuestra que, siendo el Poder Judicial el único con miembros vitalicios, son justamente los países serios, ante los ojos del mundo, aquellos que asientan y hacen cumplir, sin amenazas o falsas tergiversaciones, su propia igualdad ante la ley”, les responden al “círculo rojo” en la carta firmada por Raúl Hutín (Central de Entidades Empresarias Nacionales), Marisa Duarte (Instituto Argentina para el Desarrollo Económico, IADE), Eduardo Barcesat (Abogado Constitucionalista),Francisco Dos Reis (Empresario, CEEN), entre otros.

“Hacemos un especial llamado a los legisladores a cumplir plenamente su obligación institucional y ciudadana llevando adelante los procesos e instancias establecidas para el desarrollo con plenas garantías y sin presiones extorsivas de juicios políticos claramente fundados”, solicitan los firmantes de la carta.

Será en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Analizarán las 14 iniciativas presentadas contra la Corte Suprema y sus integrantes.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continuará su actividad, en el marco del período de sesiones extraordinarias, el próximo jueves a las 11 con el testimonio de los autores de los 14 expedientes que se analizan en el marco del proceso a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, de los cuales cinco son de diputados nacionales, dos de una senadora y siete de particulares.

Los diputados que expondrán sobre sus expedientes serán Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro y Eduardo Valdés, por los tres expedientes tramitados por el oficialismo, en el primer caso contra Carlos Rosenkrantz, y en los dos restantes contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, y Paula Oliveto, por los dos escritos impulsados por la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti.

La senadora Juliana Di Tulio, del Frente de Todos, hará lo propio en relación a los dos expedientes que impulsa contra los cuatro miembros y Horacio Rosatti en particular.

En cuanto a los particulares, estarán representantes de la Asociación Argentina de Juristas, que solicitó juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte, y de la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, que lo hizo contra Rosenkrantz y Lorenzetti.

Los particulares Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Patricia Isasa darán sus fundamentos en relación al pedido que realizaron contra los cuatro integrantes, y Pablo Llonto y Diego Sánchez lo harán sobre los escritos presentados en relación al desempeño de Rosattti.

En cuanto a las causales que se abordarán se enumeran el fallo en el marco de la disputa por la Coparticipación Federal entre Nación y Ciudad de Buenos Aires y el que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Se cuestiona el fallo para aplicar el cómputo de “2×1” a un represor de la última dictadura militar y se considera que existe una serie de “incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

También hay acusaciones contra Rosenkrantz por sus intervenciones en causas en las que estaban involucradas empresas para las que había trabajado como abogado defensor.

La Comisión de Juicio Político abordará, en un encuentro legislativo, el pedido de Juicio Político dirigido a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Compete a la Comisión de Juicio Político investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución y los previstos en la ley 24.946 y en las quejas o denuncias que contra ellos se presenten en la Cámara.

Cuando el pedido de remoción se dirige contra un funcionario público no sujeto a juicio político, la comisión podrá disponer su archivo o remisión al órgano competente. Ésta comisión reglamentará el procedimiento a seguir en las causas sometidas a su dictamen.

La actividad se podrá seguir en los siguientes links:

En TV: Diputados TV

En la web: dtv.diputados.gob.ar

YouTube: Hcdn.tv

FB: /diputados.argentina

El apoyo de grandes grupos empresarios a los integrantes del máximo tribunal de Justicia estuvo a cargo de un abogado macrista.

Mientras el pedido de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia se debate en las comisiones del Congreso Nacional, un grupo de 500 empresarios de grandes grupos económicos y profesionales de importantes estudios jurídicos publicaron un carta reclamando que se frene el Juicio Político a los magistrados.

La misiva estuvo bajo la coordinación de Guillermo Lipera, expresidente del macrista Colegio de Abogados, y tuvo entre sus firmantes a Verónica Andreani (Andreani) Gonzalo Tanoira (ACDE- San Miguel) , Nicolas Braun (La Anónima), y Cristiano Rattazzi (FIAT).

El escrito se da poco después de que se conociera que el próximo 26 de enero es la fecha fijada para que inicie el trabajo de la comisión de Juicio Político, presidida por Carolina Gaillard en la Cámara Baja

“Los abajo firmantes, ciudadanos, empresarios y profesionales preocupados por el presente y futuro de nuestra querida Argentina, nos dirigimos en primer lugar a los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados como así también al resto de los diputados de dicha Cámara para que desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)”, comienza el escrito.

Además, consideran esto fundamental “para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos” (sic).

En otro tramo, el pedido plantea: “Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina”.

En ese marco, cuestionan: “¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?”

La postura de los representantes de los grupos económicos concentrados e integrantes de la familia judicial es diametralmente opuesta a la de los sindicatos que expresaron su apoyo al avance del juicio Político de la Corte. Tal es el caso del respaldo de la Corriente Federal, el Frente Sindical y las dos CTA.

El senador del Frente de Todos sostuvo que el máximo tribunal tiene una actitud “destituyente y golpista” y que “asumió la suma del Poder Público”.

El senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli respaldó este viernes la decisión del Gobierno nacional de no acatar el fallo de la Corte Suprema que favorece a la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación al afirmar que el máximo tribunal “asumió la suma del Poder Público” con una actitud “destituyente y golpista”, y pidió “hacer todas las denuncias y acciones legales” contra sus integrantes.

“Estos últimos fallos de la Corte son propios de una Corte de la dictadura militar”, sostuvo Parrilli en diálogo con El Destape Sin Fin. El legislador añadió que “la Corte está dispuesta a gobernar y llevarse por encima los Poderes del Estado y la voluntad popular”.

“Dos de los miembros de la Corte aceptaron ser designados por decreto. Como en la dictadura. Firmaron el 2×1 para los terroristas de Estado. Convalidaron todo lo que hizo el macrismo. Mismo el plan de espionaje contra dirigentes políticos y sindicales”, calificó, en referencia a los antecedentes de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz durante el gobierno de Cambiemos.

En tanto, el senador señaló: “Tenemos una Corte que está Gobernando en Argentina. Una Corte designada por Decreto y que tiene denuncias por corrupción”. “La Corte asumió la suma del Poder Público”, calificó, y añadió: “Hay que denunciarlos y hacer todas las denuncias legales y hacer todas las acciones”.

El ministro del interior dejó en evidencia el carácter “antifederal” del fallo de la Corte Suprema de Justicia que el ex presidente defendió en sus redes.  

En un cruce de Twitter tras las críticas del ex presidente Mauricio Macri por el decreto de feriado nacional a raíz de los festejos de la selección nacional campeona del Mundo, el ministro del Interior Wado de Pedro le respondió luego de que se conoció el fallo de la Corte Suprema que le devuelve los fondos al gobierno porteño que el mismo impulsó bajo su gestión.  

El ex presidente Mauricio Macri cuestionó el recorrido de la selección Argentina de Fútbol el martes pasado en el marco de su regreso al país con la Copa del Mundo al tildarlo de “antifederal” e “incoherente”, pero el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro no demoró en contestarle parafraseándolo: “Incoherente y antifederal es sacarles recursos a las provincias para darle al Gobierno de la Ciudad, el más rico del país”.

Incoherente y antifederal es sacarles recursos a las provincias para darle al Gobierno de la Ciudad, el más rico del país.

En azul el territorio al que Macri y la Corte le sacaron fondos de la coparticipación. En rojo, el lugar privilegiado que los recibió. https://t.co/DH6v7hbV58

— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) December 22, 2022

“En azul el territorio al que Macri y la Corte le sacaron fondos de la coparticipación. En rojo, el lugar privilegiado que los recibió”, cuestionó el funcionario de la cartera del Interior al referirse a un mapa compartido por el líder PRO que mostró un “mapa” de Argentina donde se diferenciaba en colores el “recorrido” de “la Scaloneta”.

Además, en otro tweet antes de viajar al sur para continuar sus vacaciones, el ex presidente salió a respaldar la decisión de la Corte de devolverle los fondos al gobierno porteño. “Celebro el fallo de la Corte que le devuelve a la Ciudad lo que le corresponde. Se está terminando la prepotencia de quienes quieren llevarse por delante las leyes y las instituciones para ahogar a sus opositores. El fin del populismo está cada vez más cerca” expresó.

Fuertes críticas al máximo tribunal que dispuso devolverle al gobierno de Larreta el excedente de fondos que Macri había otorgado en 2016 a las arcas porteñas en detrimento del resto del país.  

Luego de que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague al de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa en torno a la reasignación de fondos por el traspaso indebido de la Policía al gobierno de CABA durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, el Partido Justicialista bonaerense emitió un comunicado con fuertes críticas a los integrantes del máximo tribunal.

El texto recuera que el “expresidente Mauricio Macri aumentó los ingresos de la ciudad más rica del país en detrimento del resto de las provincias a través de un Decreto simple” al referirse al aumento de la coparticipación a CABA con el argumento de la transferencia de la Policía Federal que pasó de 1,4 por ciento al 3,5 por ciento.

Con la medida impulsada por Macri en beneficio del distrito más rico del país y donde gobierna su fuerza, se estima que las arcas porteñas recibieron durante estos años un excedente total de 86 mil millones de pesos por sobre el costo real de la Policía transferida.

Al respecto, sobre la medida del gobierno de Alberto Fernández que retrotrajo el envío de recursos a CABA al número del 1,4 por ciento, el PJ que preside Máximo Kirchner sostuvo: “se buscó y se logró reparar esta injusticia con los instrumentos que marca la Constitución: ley sancionada con las mayorías requeridas en ambas cámaras del Congreso de la Nación”.

» Comunicado del Partido Justicialista de la PBA. pic.twitter.com/9lRwGCfHhG

— PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) December 21, 2022

Y cuestionó duramente el fallo de la Corte Suprema que beneficia al gobierno porteño. “Sin embargo, esta “Corte de cuatro” integrada por dos miembros que aceptaron ser nombrados por Decreto, dictaron una medida cautelar que constituye una auténtica aberración jurídica, que por ilegal y contradictoria resulta absolutamente inaplicable” expresaron.

Al tiempo que consideraron que “el fallo de esta corte servil y porteño centrista avanza sobre el desarrollo federal, ya que implica menos inversión en las provincias para todas y todos: menos escuelas, menos hospitales, menos viviendas, menos rutas, menos inversiones para las y los argentinos”.

En esa línea crítica hacia el máximo tribunal, el comunicado plantea que “rehenes o mascotas de Juntos por el Cambio, poco importa, se comportan como militantes de Macri ¿Se trata de la paga de favores? No puede ser que los fallos sean siempre en un solo sentido”.

El máximo tribunal dictó una medida cautelar que ordena al Gobierno nacional entregarle a CABA el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables. 

La Corte Suprema de Justicia dispuso este miércoles que el Gobierno nacional le pague al de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa en torno a la reasignación de fondos por el traspaso indebido de la Policía al gobierno de CABA durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

El fallo fue firmado por los cuatro miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Ordena que se le entregue el 2,95% de la masa de fondos coparticipables de forma automática a través del Banco Nación y dispone la suspensión de la Ley 27.606 que habría reducido la participación de esa jurisdicción.

En esta causa se discutieron los privilegios que Macri le otorgó a la Ciudad apenas asumió la presidencia. Fue en 2016 cuando, en favor de Horacio Rodríguez Larreta, aumentó por decreto la coparticipación de CABA del 1,4 por ciento al 3,75 por ciento. Ante las protestas de gobernadores, argumentó que era por la transferencia de la Policía Federal a CABA. Tiempo después, la bajó a 3,5 por el ajuste fiscal.

Entre otras cifras, se estima que la Ciudad fue beneficiada durante estos años con un excedente total de 86 millones de pesos por sobre el costo real de la Policía transferida. Además, señalan que, durante el gobierno de Macri, la Ciudad prácticamente no tuvo que invertir dinero en seguridad, ya que se lo financió Nación, además de obras públicas y otras transferencias.