La Corte Suprema avaló el uso de cannabis medicinal

El máximo tribunal de Justicia avaló que el autocultivo de cannabis con fines medicinales por parte de madres y padres que quieren atender la salud de sus hijos está despenalizado de acuerdo con las normas vigentes en la Argentina.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló que el autocultivo de cannabis con fines medicinales por parte de madres y padres que quieren atender la salud de sus hijos está despenalizado de acuerdo con las normas vigentes en la Argentina.

En la misma decisión, el máximo tribunal de Justicia entendió que debe haber un control del Estado para llevar un registro de esta actividad.

Por unanimidad, los miembros de la Corte rechazaron los planteos de inconstitucionalidad contra la necesidad de anotarse en un registro especial que había planteado la asociación Mamás Cannabis Medicinal (Macame) contra las normas relativas al autocultivo de cannabis para consumo medicinal de los menores a su cargo.

Según el fallo, el planteo de Macame debe abordarse desde el derecho a la salud y no al amparo del derecho a la intimidad como había argumentado la ONG hace dos meses, cuando se realizó una audiencia pública para debatir el caso.

En tanto, la Corte Suprema remarcó que conforme la normativa vigente está despenalizado el cultivo de cannabis con fines medicinales por parte de las madres de los menores, y entendió que el registro existente para ello es un control estatal razonable.

Se trata del decreto 883/2020, que reguló la posibilidad de obtener autorizaciones estatales para el cultivo de la planta de cannabis con fines terapéuticos.

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Senadores del FDT presentaron un proyecto para ampliar la Corte a 25 jueces

La iniciativa fue presentada por el interbloque de senadores nacionales del oficialismo y propone mantener en su lugar a los actuales cuatro jueces.

El interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos presentó este jueves un proyecto de ley para ampliar la Corte Suprema de Justicia a 25 integrantes, que fue elaborado por un grupo de gobernadores.

La iniciativa mantiene en su lugar a los actuales cuatro jueces, y el puesto que aún sigue vacante en el máximo tribunal.

De ese modo, la intención del proyecto es que la Cámara alta, una vez que sea aprobada la ley por el Congreso, complete la conformación mediante la incorporación de otros 21 integrantes conforme al procedimiento establecido por la Constitución Nacional y las normas reglamentarias.

El proyecto lleva la firma de los jefes del interbloque oficialista, el formoseño José Mayans y la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

En su artículo primero, además, la norma establece que “una ley especial determinará el modo de organización y funcionamiento de la Corte Suprema”.

Una eventual modificación al máximo tribunal comenzó a ser debatido en el Senado a principios de mayo y, a partir de la presentación de hoy, es probable que se convoque a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta para la próxima semana, adelantaron fuentes parlamentarias.

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Alberto Fernández se reúne con gobernadores por reforma a la Corte

Alberto Fernández recibe a gobernadores peronistas con el fin de presentarles su proyecto de reforma de la Corte Suprema.

El presidente Alberto Fernández recibirá esta tarde a gobernadores peronistas con el fin de presentarles su proyecto de reforma de la Corte Suprema de Justicia, que busca ampliar considerablemente el número de miembros del tribunal.

Por su parte los gobernadores habían anunciado el pasado 24 de mayo que ellos mismos se encontraban trabajando en la elaboración de un proyecto para reformar al máximo tribunal y darle un carácter más federal.

Según indicaron los mandatarios provinciales hace una semana, su objetivo es que “la Corte Suprema de Justicia sea más moderna, más eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales y principalmente que tenga un verdadero carácter federal”.

En ese sentido, más allá de la ampliación que busca el ejecutivo nacional, los gobernadores hicieron foco en la necesidad de federalizar la Corte. Es por eso que Axel Kicillof junto a la nota que emitió con sus pares días atrás se comprometió a “continuar generando consensos entre todas las provincias para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal”.

Además del gobernador bonaerense, los mandatarios de las provincias de La Rioja, Catamarca, San Luis, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz, Entre Ríos, Tierra del Fuego, San Juan, La Pampa, Salta, Chaco, Misiones y Chubut, se sumaron al pedido de modificación del tribunal.

Proyectos vigentes en el Congreso nacional

Actualmente hay tres proyectos de reforma ingresados al congreso por distintos senadores. Uno es el de Adolfo Rodríguez Saá, que al igual que los gobernadores propone la federalización de la Corte a través del nombramiento de jueces de distintas regiones, pero en cuento al número de miembros queda mucho más atrás que el propuesto por el ejecutivo nacional con nueve sillas.

Por su parte la senadora Clara Vega, ingresó un proyecto que busca la paridad de género dentro de la Corte. sin hacer mención al número de jueces que deberían integrarla, la representante de La Rioja asegura que debe estar compuesta por la misma cantidad de hombres que de mujeres.

Mientras que el senador por Río Negro, Alberto Weretilneck, también tiene un proyecto propio con el que busca llevar la cantidad de miembros a 16 y a la vez retoma puntos de las iniciativas de sus pares como son el federalismo y la paridad de género.

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El ministro de Justicia le contestó a Ricardo Lorenzetti y recordó sus reuniones con Macri

Martín Soria salió a contestarle al miembro del máximo tribunal, quien había cuestionado su gestión al frente de la cartera de Justicia.

Por intermedio del ministro de Justicia de Nación, Martín Soria, el gobierno salió a responderle a uno de los integrantes de la Corte Sumprema, Ricardo Lorenzetti, luego de que el cortesano abandonara uno de los principios del poder judicial, aquel que plantea que los jueces “hablan por sus fallos”, al cuestionar que “no existe propuesta de gestión” en la cartera que conduce Soria.

Martín Soria respondió las críticas de Lorenzetti

“Dr. Lorenzetti, le reitero lo que dije mucho antes de ser Ministro de Justicia: si por gestión entiende reuniones a escondidas en la Rosada para orquestar el Lawfare en Argentina, no cuente con este funcionario. Ahora, si le interesa la gestión del Ministerio, visite nuestra web”, tuiteó Soria contra el juez.

En esa línea, hizo referencia a una declaración suya de 2020, donde el ahora ministro denunciaba: “Mientras La Nación difundía conversaciones privadas y vaticinaba llamados a indagatoria, #Macri se reunía con Morales Solá y Lorenzetti en Casa Rosada, sede oficial de la #MesaJudicialM. Utilización de la Justicia y los medios para dañar al adversario político: eso es el #Lawfare”.
“Lorenzetti, el mismo que promovía la persecución ilegítima a funcionarios kirchneristas, y Morales Solá, el que unos días después del cónclave con Macri vaticinaba llamados a indagatoria. #Lawfare al palo”, cerró ese hilo de tuits.
El integrante del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, salió a pegarle fuerte al Gobierno, contradiciendo esa máxima que asegura que los jueces solo hablan “a través de sus fallos”. Lorenzetti previamente salió a cuestionar al ministro de Justicia, Martín Soria. “Nosotros no vemos ninguna gestión hasta ahora. No hay ninguna propuesta concreta de gestión”, dijo en declaraciones al canal macrista La Nación +.

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Leopoldo Moreau denunció un “golpe blando” impulsado por la Corte Suprema y JxC

Así lo calificó el diputado del FDT en su repudio por la avanzada del máximo tribunal de Justicia sobre el Consejo de la Magistratura. “La derecha está dispuesta a cualquier cosa”, advirtió Moreau.

Leopoldo Moreau denunció que el desembarco de Horacio Rosatti en el Consejo de la Magistratura (CDM) es un “golpe blando” de la Corte Suprema para consolidar la impunidad de Juntos por el Cambio.

En declaraciones a AM750, el diputado del Frente de Todos criticó el motivo por el cual los jueces del máximo tribunal decidieron decretar la inconstitucionalidad de una ley aprobada en 2006 para reestablecer una ley que había sido derogada por el parlamento.

En ese sentido, Moreau aseguró que la Corte decidió organizar “un atropello que genera conflicto constitucional” porque necesitaba manejar el Consejo de la Magistratura para frenar la renovación de camaristas federales en Comodoro Py.

Todas las causas que tiene el macrismo están en Comodoro Py porque ahí está la banda de cómplices que representan a los poderes reales de la Argentina y de la embajada norteamericana”, recordó.

Además, señaló que “el Consejo de la Magistratura había puesto en marcha concursos para reemplazar a los que fueron designados a dedo por el macrismo“.

“Entonces desde la Corte decidieron que antes de que sucediera eso había que manotear y asaltar el Consejo de la magistratura y para eso apelaron a dos jueces que fueron puestos a dedo en la Corte Suprema”, explicó el diputado.

Por otra parte, el diputado de origen radical afirmó: “la derecha está dispuesta a cualquier cosa y para eso pasan por encima de la Constitución y de las leyes orgánicas del poder judicial. Ya les importa un comino todo”.

En ese marco, Moreau advirtió que “el atropello” de la Corte no solamente pone en juego a las instituciones sino también distintos derechos de las personas. “La corte ha dictado fallos muy regresivos desde el punto de vista laboral”, señaló.

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Juan Martín Mena tras la decisión de la Corte : “Vamos a avanzar con una reforma judicial profunda” 

El viceministro de Justicia afirmó que la resolución dictada ayer por la Corte Suprema fue “un movimiento político para condicionar a los otros dos poderes” del Estado.

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, aseguró este martes que el Gobierno nacional va a “avanzar” con una reforma del sistema judicial “profunda”. Mena también calificó como una decisión “100 por ciento política” la resolución dictada ayer de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que el Consejo de la Magistratura comience a funcionar con la presidencia a cargo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

Nunca había ocurrido algo así en nuestro sistema jurídico. La Corte se está arrogando facultades que son del legislativo”, afirmó Mena y adelantó: “Vamos a avanzar con una reforma judicial profunda”.

Ayer, la Corte Suprema -con la firma de tres de sus miembros- dispuso que el nuevo Consejo de la Magistratura de veinte miembros comience a funcionar “de manera inmediata” con la presidencia de Rosatti.

“La Corte se tomó seis años para analizar 20 artículos del funcionamiento del Consejo de la Magistratura” y ahora “estamos cediendo calidad democrática con esta maniobra de la Corte y no podemos permitirlo”, indicó Mena en declaraciones de esta mañana al programa Crónica Anunciada, por Futurock FM.

Además, subrayó que “la Corte tomó una decisión cien por ciento y exclusivamente política”, y resaltó que “hasta (Ricardo) Lorenzetti votó en disidencia y les dijo a los magistrados que estaban yendo más allá”.

En ese sentido, añadió: “Quién no ve en el fallo de la Corte un movimiento político para condicionar a los otros dos poderes del Estado, no está queriendo ver lo que pasa en nuestro país”.

Respecto a la actitud adoptada por los sectores de la oposición, Mena manifestó que “por la mezquindad de sacar una ventajita en contra del Gobierno, los senadores y diputados están cercenando sus facultades”.

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Soria apuntó contra la Corte Suprema: “Extorsiona al Congreso y tiene la camiseta amarilla”

El ministro de Justicia apuntó contra el máximo tribunal por fallar contra el Consejo de la Magistratura y a medida de la oposición.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, repudió el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura y cuestionó a la Corte Suprema por “extorsionar al Congreso” y ponerse “la camiseta amarilla” con fallos a medida de la oposición macrista.

El Senado de la Nación continua este miércoles con la discusión en un plenario de comisiones de los proyectos para modificar la conformación del organismo que designa y sanciona jueces.

Por primera vez en la historia desde el retorno de la democracia la Corte Suprema dictó un fallo declarando inconstitucional una Ley que estuvo vigente durante 16 años. Una ley bajo la cual se designaron al 70 por ciento de los jueces que están en funciones”, resaltó el funcionario nacional en declaraciones radiales.

Al tiempo que agregó: “Esta Corte, con dos ministros nombrados por decreto, obliga a que el Congreso de la Nación a que en 120 días saque una nueva ley del Consejo de la Magistratura. Es decir, impone un plazo para legislar y el plazo obviamente es incumplible. Están obligando al Congreso a legislar bajo extorsión”.

Soria explicó que el fallo de la Corte Suprema “extorsiona” al poder legislativo porque le indica al Congreso que en caso de que no aprueben una ley quedará vigente una de 1997 y que favorecía a la Corte menemista. “Esa ley fue derogada y no se le puede dar operatividad a una ley que fue derogada por el Congreso“, sostuvo Soria, quien recordó que el propio juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reconoció que una ley derogada nunca puede ser aplicada. 

El funcionario alertó que solo quedan cuatro semanas para que se cumpla el plazo que estableció la Corte Suprema para aprobar una nueva ley. “Estamos a menos de cuatros semanas de que se paralice la administración de Justicia en Argentina. Se paraliza el Consejo de la Magistratura que es el órgano encargado de designar a los jueces y de llevar los procesos disciplinarios para aquellos jueces que tienen algún tipo de inconductas en sus gestiones”.

“Paralizar el Consejo de la Magistratura es música para los oídos de la mesa judicial, de Macri y para los que montaron este aparato de persecución”, denunció Soria.

El ministro de Justicia recordó que hubo reuniones clandestinas entre jueces y fiscales para armar causas. “Hasta se filmaban a ex funcionarios, espías y legisladores para armar causas judiciales. Esa es la persecución judicial, mediática y política de la que participaron varios jueces y fiscales”

Por último, Soria también rememoró cuando la Corte Suprema frenó la decisión del gobierno nacional de declarar servicio pública esencial a las compañías de telecomunicaciones que permitió aumentar sus ingresos de forma extraordinaria en medio de la pandemia del coronavirus.

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¿Es un chiste? Lorenzetti dijo que la Corte Suprema “es independiente”

El Tribunal tiene relaciones muy complejas con el macrismo desde hace años. Entramado cuasi mafioso.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, afirmó este lunes que los integrantes del tribunal “no cederán ante presiones”, al referirse a la movilización que tuvo lugar la semana pasada en el Palacio de Tribunales. Agregó que “la Corte debe ser independiente”. Justamente es lo que pidió esa masiva marcha porque sostiene que el actual tribunal no lo es. Las relaciones oscuras con el macrismo.

“Quiero dejar en claro que la Corte no va a ceder a ninguna presión como nunca hemos cedido”, subrayó en diálogo con Radio Mitre. ¿Nunca lo han hecho? Por qué, entonces, el máximo tribunal decidió excusarse de actuar en la causa de espionaje que involucra a la plana mayor macrista. Nadie quiere investigar qué pasó con el espionaje ilegal a más de 300 personas y organizaciones. Nunca pasó nada igual en la democracia argentina. ¿Quedará impune?

“No se puede aceptar que una persona que tiene una causa judicial o un procesamiento o que ha cometido un delito y es investigada, pida que el juez que lo investiga renuncie; eso es una base en el estado de derecho y el juez tiene que tener la estabilidad necesaria”, sostuvo el juez.

En la misma línea, señaló que “la Corte debe ser independiente y resistir cualquier tipo de presión, venga de donde venga”. Y reiteró: “La garantía que tenemos que dar a la población es que la Corte es independiente y aplica la Constitución, la ley, con serenidad y con templanza; no reaccionamos frente a cualquier coyuntura”.

De modo insólito, Lorenzetti dijo que el “lawfare no existe”, en relación al armado de causas con objetivo político, como pasó en Brasil y en Argentina, donde la justicia persiguió a los dos principales dirigentes de esos países. Lula estuvo preso por una causa armada que no le permitió participar en las elecciones que terminó ganando Jair Bolsonaro. Era todo mentira.

En el caso argentino, CFK sufrió alrededor de 10 causas, que buscaron incidir sobre diferentes procesos políticos. Llegó a ser citada en 8 indagatorias el mismo día. ¿Eso qué es? ¿Justicia independiente? Casi todas las causas ya se cayeron porque no había pruebas.

Mientras tanto, la Justicia se niega a investigar lo obvio: que el macrismo llevó adelante un sistema mafioso para espiar personas. ¿O todo fue un acto de espías sueltos? ¿En serio? ¿Algún espía delirante se “cortó solo” para seguir a los familiares del ARA San Juan, por ejemplo? ¿Qué fue la reunión de gabinete de María Eugenia Vidal, comandada por agentes de la AFI, en la que se habló de una “gestapo”? Lorenzetti prefiere no responder.

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Cristina intimó a la Corte Suprema porque todos los jueces se excusan de intervenir en el espionaje macrista

El deterioro de la Corte Suprema es total. Connivencia con el macrismo.

La vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández Kirchner intimó a la Corte Suprema de Justicia a que de manera “urgente” defina quiénes serán los magistrados del alto cuerpo que intervendrán en los recursos por la causa de espionaje ilegal que se habría cometido durante el macrismo. Se da una situación insólita: todos los ministros se excusaron. La complicidad de los jueces con el PRO parece total.

Además, apeló con duros cuestionamientos la decisión de la Cámara Federal que consideró que el accionar de los espías no constituyó una “asociación ilícita”. Es decir: ¿se escucharon a más de 300 personas y organizaciones sin un sistema detrás? ¿Se “cortaron solos”, como suele decirse? ¿La “gestapo antisindical” tampoco existió?

“La conducta adoptada por los Sres. Ministros que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dres. Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, quienes pese a encontrarse debidamente anoticiados de las irregularidades que se cometían en este expediente y no obstante la gravedad de la situación planteada, no solo omitieron dar una respuesta jurisdiccional a los recursos deducidos (algunos de ellos, hace más de ocho meses), sino además, recientemente, han decidido apartarse de la causa, sin brindar una explicación suficiente que justifique tal temperamento. De esta manera, al día de la fecha, el más Alto Tribunal del país carece de jueces hábiles para intervenir en este expediente”, dice la presentación de los abogados de CFK.

Ayer, miles de personas se reunieron frente a los Tribunales para pedir una Corte Suprema independiente. Nunca antes en la historia de la democracia, Argentina tuvo un sistema judicial tan corrompido como ahora.

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Multitudinaria marcha por una “justicia democrática”: “Tenemos una Corte nefasta”

Las organizaciones que convocaron al acto difundieron un duro documento.

Más de 50 mil personas se reunieron frente a la Corte Suprema para pedir una “justicia independiente y democrática” y el fin del lawfare. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la connivencia del Ejecutivo con sectores de la inteligencia, fiscales, jueces y medios de comunicación construyó un entramado mafioso destinado a perseguir rivales políticos. Un ex funcionario de María Eugenia Vidal lo definió muy bien: “gestapo”. Ese nombre refiere a una organización criminal del nazismo.

“Quien hoy se moviliza es el pueblo, es la gente a la que este sistema de Justicia invariablemente le da la espalda, la ningunea. El pueblo se moviliza porque ha decidido luchar para democratizar la Justicia, para terminar con esa élite para unos pocos, con la corporación judicial inamovible y colmada de privilegios”, asegura el documento.

“Hoy salimos a la calle para exigir que esta Corte se vaya, para exigir la Democratización de la Justicia y el fin del Lawfare”, reclamaron.

Leé el documento completo:

Pronto se cumplen 100 años de uno de los hechos más lamentables e inmorales protagonizados por el Poder Judicial que selló la suerte de la democracia argentina.

En 1930 la Corte Suprema de Justicia de aquel momento avaló por unanimidad el golpe militar que derrocó al Gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Y lo hizo a través de una acordada que sentó precedente y justificación para todos los atropellos y golpes de Estado que sufrió la Argentina a partir de ese momento.

A casi 100 años de aquel infame inicio de una era, hoy, en este histórico día 1F, la sociedad argentina se ha autoconvocado masivamente aquí y a lo largo y ancho de todo el país para decir basta.

Quien hoy se moviliza es el pueblo, es la gente a la que este sistema de Justicia invariablemente le da la espalda, la ningunea. El pueblo se moviliza porque ha decidido luchar para democratizar la Justicia, para terminar con esa élite para unos pocos, con la corporación judicial inamovible y colmada de privilegios.

Se moviliza para construir un Poder Judicial para la gente y no de espaldas a ella. Para decirle basta a esta historia de atropellos y prácticas violatorias del Estado de Derecho y de la Democracia, ejercidas o legitimadas con su silencio por la Corte.

Gana las calles para peticionar, manteniendo las mejores tradiciones de nuestro Pueblo, ejerciendo ese derecho supremo innegable para hacer oír nuestras demandas en las plazas de toda la República y que repliquen allí donde deben ser escuchadas y atendidas.

Esta decisión que hoy hemos tomado no se agota en este acto. No estamos aquí para inaugurar nada nuevo, venimos a retomar una práctica genuina, que reconoce numerosos antecedentes.

20 años atrás, un grupo de compañeres iniciaba una serie de demandas contra una Corte Suprema antipopular, reaccionaria y manifiestamente subordinada a la voluntad de los poderes fácticos.

Aquella gesta encontró luego la determinación política que terminó con el desplazamiento de los miembros de ese tribunal nefasto.

Veinte años después se repite la historia, con un tribunal sin legitimidad alguna, concentrando el mayor descrédito del que se tenga memoria.

Por ello hoy salimos a la calle para exigir que esta Corte se vaya, para exigir la Democratización de la Justicia y el fin del Lawfare.

Y cuando decimos que esta Corte no puede seguir, que se tiene que ir, lo decimos interpretando el hastío generalizado que se expresa en todo el país y la certeza de que no hay ninguna posibilidad de lograr la democratización del Poder Judicial con esta Corte en funciones, cuyos numerosos pedidos de juicio político con los que ya deberían haber sido removidos, duermen en el Congreso de la Nación.

Esta Corte se tiene que ir porque con su reciente fallo de ampliación del Consejo de la Magistratura, viola el principio republicano de división de poderes, se sitúa por encima del Ejecutivo y Legislativo, con el único fin de presidir también un órgano Constitucional de control, manejar el presupuesto de la Corte y del Consejo y garantizar la impunidad de funcionarios del Poder Judicial denunciados y a la vez facilitar el nombramiento de funcionarios afines a su proyecto.

Decimos que se tiene que ir porque con esta Corte no hay Justicia ni hay Democracia plena, y porque condiciona severamente al sistema político y es obstáculo infranqueable para la democratización del Poder Judicial que reclaman las mayorías.

Decimos que se tiene que ir porque es una Corte sin legitimidad, conformada con dos miembros que consintieron ser designados por decreto del Poder Ejecutivo, violando la Constitución Nacional.

Decimos que se tiene que ir porque esta Corte viene convalidando sistemáticamente las políticas neoliberales de destrucción y desmantelamiento de derechos humanos fundamentales, y lo hace en plena articulación con los intereses del neoliberalismo global a los que sólo les interesa violar nuestra soberanía.

Esta Corte se tiene que ir porque ha demostrado estar inscripta en una Operación Continental de utilización del Poder Judicial para los fines de dominación colonial que ni se ha preocupado en ocultar. Esta Corte, que ha recibido con todos los honores al Juez Moro de Brasil que sin prueba alguna y sólo “por sus convicciones”, encerró al ex presidente Lula, ha mostrado su compromiso con los planes continentales y con los deseos de las embajadas de potencias extranjeras, subordinación que afecta gravemente la soberanía nacional.

Esta Corte se tiene que ir porque sólo se ha interesado en resguardar sus propios privilegios como corporación judicial mientras se demolían derechos y se hipotecaba la Nación mediante la imposición de una deuda externa impagable con el FMI.

Esta Corte se tiene que ir porque es capaz de contrariar fallos anteriores con resoluciones contrarias a los derechos y garantías que la Constitución y los Tratados internacionales les reconocen a los y las trabajadores.

Esta Corte se tiene que ir porque no se hace cargo por el daño que ocasiona con sus decisiones, cuando no escucha, cuando no otorga protección eficaz, cuando empeora las condiciones del cumplimiento de las sentencias, cuando no prioriza el derecho a la vida, a la integridad sexual y a la protección contra todas formas de violencia, hacia las mujeres y las disidencias, las infancias y los sectores más vulnerados del sistema.

Decimos que se tiene que ir porque ya pudimos comprobar la aberrante sentencia del 2×1 con la que debutó esta Corte en 2017 favoreciendo a los genocidas condenados en juicios justos con todas las garantías, que el pueblo movilizado en todas las plazas de Argentina logró revertir.

Decimos que se tienen que ir porque esta Corte les ha asegurado impunidad a los responsables del terrorismo de Estado que asoló nuestro país. La mora inadmisible en resolver las causas de lesa humanidad que por decenas duermen el sueño de los justos en los despachos de la Corte, les han garantizado impunidad biológica a los genocidas, responsables de graves violaciones a los derechos humanos que llegan a esa instancia. Simplemente sentándose sobre los expedientes y demorándolos por años, indefinida e injustificadamente, hasta que se mueren o son declarados inhábiles mentales. Y es así como sus víctimas y familiares no logran alcanzar la justicia por la que tanto bregaron por más de 45 años.

Niegan con su obrar, una tarea inexcusable y fundamental en estos procesos, como es la de garantizar tres pilares básicos, que son el derecho a la verdad, a la justicia y a obtener una reparación efectiva, consagrando con su omisión la impunidad de los victimarios.

El caso Blaquier es el más emblemático. La causa penal estuvo paralizada durante años en la Cámara Federal de Casación Penal primero y luego otro tanto en la Corte.

Esta Corte se tiene que ir porque con ella es imposible modificar este sistema de Justicia patriarcal, sexista y clasista, expresado en sentencias contrarias a la no discriminación, a la igualdad y al pleno respeto a la dignidad humana, permitiendo y fomentando construcciones autoritarias y machistas.

Esta Corte se tiene que ir porque ni siquiera cumple con el deber de garantizar el efectivo cumplimiento de la pena impuesta a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la última dictadura cívico militar.

Esta Corte se tiene que ir porque impide la negociación paritaria colectiva en el Poder Judicial desconociendo las recomendaciones de la OIT que desde hace años viene exigiéndoselo al Estado argentino

Esta Corte se tiene que ir porque persigue y hostiga a sus trabajadores y trabajadoras y a sus representantes gremiales armándoles causas, planificando los juicios laborales para que demoren años emulando a las pretensiones patronales de los sectores neoliberales.

Esta Corte se tiene que ir porque conoció perfectamente y permitió la sistemática persecución que diseñaron los servicios de inteligencia y el gobierno macrista para perseguir y encarcelar trabajadores y trabajadoras.

Pero el sesgo anti obrero de esta Corte se refleja no sólo en sus sentencias, que recortan derechos laborales con reconocimiento constitucional. El mismo comportamiento de sus integrantes denota innumerables constancias de ese desprecio al trabajador y trabajadora, a la simple ciudadanía.

Con el eufemismo de la seguridad jurídica para estimular las inversiones han propiciado avasallar derechos laborales conquistados en años de luchas y sacrificios de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales. Esta Corte siguió los pasos de la Corte menemista que convalidó la destrucción de la protección laboral en aquel entorno de privatización de las empresas del Estado.

Todos los esfuerzos de estas Cortes fueron para garantizar la mano de obra barata para los capitales golondrina que vinieron a especular y depredar nuestra economía.

Esta Corte es responsable por acción o por omisión de la salvaje persecución sindical que se vivió a través de intervenciones ilegales a los sindicatos, armado de causas a dirigentes gremiales, persecución a jueces del fuero laboral, denigración a abogades defensores de derechos humanos, con los que convalidó y aseguró ese avasallamiento de derechos.

Al igual que en la dictadura más sangrienta de nuestro país el enemigo interno fueron los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras, del mismo modo al amparo de este sistema de justicia existió la “Gestapo antisindical”. Esas mesas judiciales que funcionaron a nivel nacional y provinciales tuvieron por objetivo el plan macabro de encarcelar a dirigentes sindicales sin un debido proceso y con un sistema de justicia cómplice.

De igual modo, la estigmatización de la justicia del trabajo presentada como contraria al progreso nacional, la demonización de sindicatos y sus dirigentes gremiales como delincuentes, el señalamiento de abogades laboralistas como una organización mafiosa, gozaron del silencio cómplice de este tribunal, sellado con sus sentencias regresivas y antisindicales.

Esta Corte se tiene que ir porque perpetúa un sistema de administración de justicia inaccesible, lento y en todos sus fueros, con lo que somete a esas deplorables condiciones a todos los sectores de la sociedad argentina.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó un sistema de justicia perverso como nunca antes se vio en democracia, sumándose a la ruptura del pacto democrático que perpetró el Gobierno de Macri con su plan sistemático de espionaje ilegal y persecución a quien osara oponerse a sus designios.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó el abuso de prisiones preventivas, con decenas de presos políticos obscenamente exhibidos, muchos de los cuales siguen sufriendo esa prisión en la actualidad.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó pericias fraudulentas, actividades de inteligencia interna, espionaje a los detenidos y sus abogados defensores, aprietes a víctimas para convertirlos en falsos arrepentidos. Del mismo modo abusaron escandalosamente de la práctica del art 280 para cerrar las causas sin investigar ni fundamentarlo.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó la elección arbitraria de tribunales a través de sorteos amañados y maniobras ilegales.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó que diversos organismos del Estado y fiscales y defensores oficiales coordinaran la persecución a opositores.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó la filtración de información reservada a los medios hegemónicos de para generar el clima favorable a la persecución política.

Se tiene que ir la Corte que integran Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, porque desde hace más de dos años tiene cajoneada la causa que podría resolver en favor de la libertad de Milagro Sala, que lleva más de 6 años detenida y de sus compañeros y compañeras de Tupac Amaru, presos y presas ilegal y arbitrariamente por imposición de los poderes fácticos.

Mientras esa misma Corte, en horas dispuso, escandalosamente, sin sonrojarse y en un trámite exprés, en beneficio de tres jueces que subrogan ilegalmente en cargos claves en la justicia federal.

Decimos que se tiene que ir porque es una Corte cuestionada por las mismas Naciones Unidas que, alertada por organismos de derechos humanos argentinos, pidió informes recientemente al Gobierno Nacional sobre temas que dejan en evidencia la profundidad y gravedad de la crisis que atraviesa el sistema de Justicia.

El Relator Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados Dr. García Sayán inquirió en noviembre del 2019 sobre:

-La utilización del Consejo de la Magistratura para perseguir, echar jueces y designar allegados.

-La designación por decreto de los dos jueces de la Corte

-Las campañas mediáticas y amenazas contra la Procuradora General de la Nación para lograr su renuncia.

-La discrecional e irregular designación de un juez con Competencia Electoral allegado al presidente en plenas elecciones en 2017.

-El ataque sistemático a jueces y abogades del fuero laboral.

-La manipulación y ataque a funcionaries de la causa Correo Argentino perteneciente la familia de Macri.

-Los ataques al juez que investigaba una red de espionaje integrada por funcionaries y jueces, fiscales y periodistas allegados al poder.

-La designación irregular de jueces allegados al presidente anterior en los lugares más altos de la Justicia Penal Federal

Sabemos que los atropellos excedieron largamente esos reclamos que surgen del Relator de Naciones Unidas; decenas de jueces y funcionarios probos y valientes enfrentaron a este sistema de justicia y fueron duramente perseguidos y castigados, pero hay muchísimos más en el anonimato con digno comportamiento.

Por ello no podemos admitir que la parte de la justicia corrupta sea la que perdura. Por ello exigimos su renuncia porque con esta Corte nunca se va a poder democratizar el Poder Judicial. Y mientras no lo logremos tendremos que salir como ahora a la calle.

Decimos que esta Corte debe irse.

Cuál es la Corte que debe venir, cómo es la Corte que queremos? Queremos una Corte amplia.

Queremos una Corte democrática.

Con integrantes que provengan de su pueblo, no de las élites.

Con integrantes que hayan participado activamente en tareas sociales.

Que respete la paridad de género, que incluya pueblos originarios y diversidades. Que la perspectiva de género sea una política efectiva y no cartón pintado.

Queremos una Corte con mirada federal, alejada de la dominación colonial y defensora a ultranza de la soberanía nacional.

Queremos una Corte que cumpla con los Tratados Internacionales.

Queremos una Corte que haga honor a la reconocida lucha por el respeto a los Derechos Humanos que caracteriza a nuestro país con su historial de juicio y castigo a los genocidas sostenida por tantos organismos de Derechos Humanos que hoy están aquí presentes.

Una Corte que simplifique el sistema normativo y las prácticas judiciales cotidianas, reduciendo las brechas entre el derecho escrito y la realidad, acercándolo a los ciudadanos, promoviendo la igualdad, permeabilizándolo.

Queremos una Corte con cuentas transparentes, publicadas en los lugares públicos oficiales Queremos una Corte que pague el impuesto a las ganancias.

Queremos una Corte sin ningún privilegio.

Queremos una Corte capaz de refundar el Poder Judicial, de sacarlo de los sótanos, democratizándolo, transparentándolo, incorporando la perspectiva de derechos humanos, de género y no discriminación.

Queremos una Corte subordinada al control soberano del pueblo… Deseamos que esta jornada del 1F no se agote mañana.

Llamamos a este extraordinario colectivo a declararse en estado de alerta y movilización permanente, para sostener en la calle este reclamo por el que hoy nos hemos auto convocado.

POR UN PODER JUDICIAL DEMOCRÁTICO, PLURAL, AMPLIO, ACCESIBLE, CON PARIDAD DE GÉNERO, DIVERSO!

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