El Tribunal Oral Federal número 1 de Mendoza sentenció anoche a prisión perpetua a los ex jueces Roque Otilino Romano, Luis Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Rolando Evaristo Carrizo por encontrarlos responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, en el final de un proceso judicial que se extendió por más de tres años.
El TOF compuesto por Alejandro Piña (presidente), Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, dictó la más severa sanción prevista en el código procesal en el IV juicio por delitos de lesa humanidad que se debatió en Mendoza desde el 17 de febrero de 2014, con 216 audiencias, poniendo en el banquillo de los acusados, por primera vez, a cuatro ex jueces que ejercieron durante la última dictadura y estuvieron al frente de la Justicia Federal en esta provincia hasta hace unos años atrás.
En una Sala de Audiencias repleta y con una pantalla gigante instalada en las escalinatas de acceso al organismo judicial, por la gran convocatoria de público, la secretaria letrada del Tribunal Oral, Natalia Suárez, leyó la sentencia, en los autos 076-M caratulados "Menéndez Sanchez, Luciano B. y otros", en donde, además de los cuatro ex jueces sentenciados a prisión perpetua, recibieron una pena similar otros ocho imputados; cuatro fueron condenados a 20 años de prisión; otro a 18 años; dos recibieron una pena de 15 años; uno fue condenado a 10 años; cinco imputados recibieron penas menores de entre 6 y 3 años de prisión y tres fueron absueltos.
Esta megacausa resultó de la acumulación de alrededor de 20 causas por delitos de lesa humanidad, sobre un total de 34 imputados, que incluyó el tratamiento de apropiación de una menor, detenciones, secuestros, torturas, violaciones, desapariciones y/o asesinatos contra más de 200 víctimas durante la última dictadura.
Dichos delitos fueron perpetrados por las Fuerzas Armadas, la cúpula y subalternos de Policía de la Provincia, los responsables de las torturas en la Penitenciaria Provincial, y cuatro ex jueces, Romano; Petra Recabarren; Miret y Carrizo, a quienes se condenó porque omitieron investigar los asesinatos y otros crímenes, constituyéndose en cómplices.
Los otros condenados a prisión perpetua fueron el comodoro retirado Alcides París Francisca; los policías retirados Luis Rodríguez Vázquez y Armando Fernández Miranda; el suboficial mayor retirado de la Policía Pablo Gutiérrez Araya; el policía Miguel Tello Amaya; el militar retirado Paulino Enrique Furió; el cororonel retirado Carlos Horacio Tragant y el suboficial mayor del Ejército (retirado) José Fuertes Fernández.
En declaraciones a Télam, Alejandro Piña prefirió no emitir una declaración sobre el juicio en que acabaron de dictar sentencia, pero ponderó: "Solo quiero reconocer el trabajo y el compromiso de mis colegas jueces, de los abogados de fiscalía, querellantes y defensores, por su profesionalismo. Y a los funcionarios y empleados de mi tribunal por su labor ejemplar".
El fiscal Dante Vega dijo: "Fue un fallo histórico, no hay que olvidar que aquí se juzgaba todo el arco que actuó durante el terrorismo de Estado, y no solamente hay jueces condenados, sino militares, policías y penitenciarios, con distintas penas. Y la sentencia dice muchas cosas, primero que los testigos dijeron la verdad, y después nos entendió a nosotros cuando interpretamos a esos testigos y las trasladamos al derecho".
"Y cuando el Tribunal dicta este fallo contundente -agregó- e impone estas penas que son las más graves del ordenamiento jurídico argentino contra cuatro ex magistrados, lo que está diciendo es que toda esa construcción y cómo fundamentamos esa participación delictiva y todo lo que valoramos, que esa es la magnitud más terrible del terrorismo de Estado, ya que las víctimas no tenían donde guarecerse y donde encontrar amparo, porque la Justicia era cómplice del Terrorismo de Estado".
"Después de haber escuchado tanto dolor, y haber analizado los dichos de los imputados y sus descargos, estoy satisfecho por el deber cumplido, y por el resultado que demuestra que un Tribunal democrático determinó que el terror estatal no solo fue obra de uniformados, sino que solo pudo ser posible con una justicia que facilitara la tarea represiva e ilegal", apuntó el fiscal.
Y concluyó: "Es histórico en varios sentidos, porque es un período muy extenso que incluso abarca periodos anteriores al golpe militar, o sea que ya había terrorismo estatal antes del golpe, y después se sistematizó".
