El ex director de la AFI macrista se encuentra brindando declaración. Fue convocado por la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso para explicar las operaciones de inteligencia a gremialistas.

La Comisión Bicameral de Inteligencia convocó este lunes a Gustavo Arribas, ex director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, para que brinde su testimonio sobre el espionaje ilegal, en el marco de la causa conocida como la Gestapo antisindical.

La Bicameral inició una investigación a partir de la denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que entregó un video de una reunión realizada en 2017 en el Banco Provincia entre ex espías, funcionarios de María Eugenia Vidal y empresarios donde coordinaron para armar causas judiciales contra sindicalistas.

La Comisión ya convocó a los tres jefes que estuvieron en la Gestapo antisindical: exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos Juan De Stéfano; el exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra; y el exjefe de Gabinete de la AFI Darío Biorci. También a los empresarios y a los funcionarios.

Según reiteradas declaraciones a este multimedio, los integrantes de la Bicameral afirman tener pruebas para contraponer el fallo de los camaristas Llorens y Bertuzzi que los ex espías obraban como cuentapropistas.

El periodista televisivo detalló acerca de la persecución judicial a referentes sindicales durante el macrismo, cuando la ex mandataria provincial se encontraba al frente de la gobernación bonaerense.

Rolando Graña desarmó la defensa de María Eugenia Vidal, y brindó detalles sobre la persecución judicial durante el gobierno de Mauricio Macri y habló sobre la causa por el Gestapo sindical de la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

La semana pasada, la ahora diputada nacional porteña brindó una entrevista a La Nación +, donde negó la existencia de una “Mesa Judicial” para impulsar causas armadas contra opositores durante su gobierno bonaerense.

En esa oportunidad, Vidal calificó la reunión filmada como una simple “reunión de trabajo” para “combatir mafias“. Pero Graña, a través de su editorial, se encargó de desbaratar esas respuestas.

Graña aseguró que Vidal oculta o tergiversa lo sucedido y por ello argumentó lo siguiente: “No era una reunión de trabajo, porque si hubiera sido una reunión de trabajo, cualquiera que entra a una dependencia a donde va a ver sentados al menos dos ministros, siempre te piden la identificación. Cualquiera de nosotros que iba a ese edificio y hemos muchas veces, tener entrevistas con diferentes funcionarios, vos entras y tenés que dejar tu DNI”.

“Sin embargo, ahora se sabe que, a esa reunión, la reunión que quedó grabada en un disco que ahora la AFI denunció y presentó ante la justicia, para entrar a esa reunión, a nadie le pidieron el DNI. No quedo registrado nadie, ni los ministros que estaban, ni el intendente Julio Garro, ni los 3 directivos de la AFI, ni siquiera los empresarios de la construcción, amplió el” periodista.

Para finalizar, el comunicador cuestionó a la empresa del sistema de seguridad que filmó la reunión, la empresa Axis -habitual proveedora de servicios de vigilancia para municipios gobernados por el PRO– por no figurar como proveedora del Banco Provincia. En otras palabras: No tenían permiso para filmar esos recintos.

El abogado de Juan Pablo “Pata” Medina presentó un escrito en el marco de la causa que investiga el armado de causas judiciales.

El referente sindical de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Juan Pablo “Pata” Medina, solicitó este viernes en la Justicia que se amplíe la imputación del expresidente Mauricio Macri y que se llame a indagatoria a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y otros exfuncionarios, en el marco de la causa que investiga el supuesto armado de causas judiciales en su contra.

El escrito fue presentado por su abogado, César Albarracín, ante “la profusa prueba colectada que permite sospechar sobre la existencia de delitos de inusitada gravedad institucional cometidos por los nombrados”, según dice el texto de 65 carillas.

De esta manera, el sindicalista busca demostrar que Macri, Vidal y su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, llevaron a cabo una “persecución” para encarcelarlo.

Además de Macri, en el escrito se solicita que se amplíe la imputación de Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Gerardo Martínez; Federico Salvai; Gustavo Ferrari y Julio Conte Grand.

Por su parte, además de Vidal y Villegas, en el escrito se solicita también la indagatoria de los exfuncionarios provinciales Adrián Grassi, Roberto Gigante, el intendente de La Plata, Julio Garro, el senador Juan Pablo Allan, el exdirector de jurídicos de la AFI macrista Juan Sebastián De Stefano, los exAFI Darío Alberto Biorci, y Diego Luis Dalmau Pereyra y empresarios que participaron de la reunión en el Banco Provincia.

La medida alcanza a Vidal y a todos los que se reunieron el 15 de junio de 2017 en el salón de usos múltiples del edificio porteño del Banco Provincia, oportunidad en la que empresarios, funcionarios públicos y directivos de la agencia federal de inteligencia discutieron estrategias para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales como Medina.

Ayer, Vidal -actual diputada nacional por Juntos- negó que desde su gobierno se hayan armado causas y que hubiera existido un “modus operandi” para perseguir a gremialistas opositores.

Preguntarán acerca del encuentro de la mesa judicial en la entidad bancaria, donde funcionarios, empresarios y agentes de la AFI coordinaron causas judiciales a sindicalistas, a pedido de la gobernación.

La subcomisión de Inteligencia del Congreso recibirá este martes a dos ex funcionarios del Banco Provincia, en el marco de la investigación que lleva adelante para esclarecer la responsabilidad política del gobierno de María Eugenia Vidal en el supuesto armado de causas judiciales contra dirigentes sindicales.

Se trata de Emilia Jaime, secretaria del entonces presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, y el exgerente de Relaciones Institucionales de esa entidad Hernán Stella, que fueron convocados por la subcomisión para declarar ante los legisladores que integran ese cuerpo parlamentario.

Los legisladores buscan conocer el paso a paso de cómo se gestionó ese encuentro realizado el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Bapro, del que participaron funcionarios de la entonces gobernadora Vidal, agentes de la AFI y empresarios de la construcción, que quedó registrado en un video.

De esta manera, y con esta serie de testimonios, los integrantes de esa subcomisión investigan si ese encuentro se concretó a pedido de la gobernación.

La convocatoria a Stella, responsable entonces de las relaciones institucionales del banco, apunta a que explique por qué no hay registro del ingreso de quiénes participaron de la reunión de la denominada mesa judicial bonaerense.
La semana pasada, la subcomisión ya realizó una visita ocular a la sede porteña del Bapro ubicada en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, se reunieron con el exjefe de seguridad del edificio, Mariano Albito, quien aseguró a los legisladores que históricamente “nunca hubo cámaras” en el lugar.

De acuerdo con la investigación que llevan adelante, los legisladores pudieron acreditar que la sala del Banco Provincia fue reservada por la gobernación de Vidal por un lapso de tres días y que las cámaras fueron instaladas y desmontadas un día antes y otro posterior a cuando ocurrió el encuentro.

En el marco de la investigación, los legisladores volvieron a citar para el próximo jueves al Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, quien desistió de presentarse el martes pasado ante la subcomisión de Inteligencia y pidió declarar por escrito ante ese cuerpo parlamentario.

Conte Grand fue señalado como quien avalaba desde la Procuración bonaerense el impulso de causas armadas contra gremialistas en la provincia.

El audio de ese video -que constituyó el puntapié para el inicio de la investigación judicial y parlamentaria- reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General en el objetivo de perjudicar a sindicalistas.

Así lo señaló el dirigente gremial luego de criticar las “metodologías” utilizadas durante el macrismo para ir contra sindicalistas.

Hugo Moyano destacó este lunes el “esfuerzo tremendo” que “está haciendo” el Gobierno en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Al FMI se le paga como se puede o no se puede pagar. Muchos pretenden que se pague con el hambre de la gente, pero el Gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo para no pagar con el hambre de la gente”, afirmó el dirigente camionero en declaraciones a radio El Destape.

En ese sentido, Moyano señaló que Macri dice que podría arreglar rápido con el FMI porque “en menos tiempo le impondrían una forma de pago que traería un hambre tremenda a la gente y es lo que menos le preocupa a ellos”.

Por otra parte, también se refirió a las denuncias que tuvo en el Gobierno de Macri y en ese sentido dijo que se utilizaron “metodologías tremendas” que ha vivido “en carne propia”.

“Es una metodología que muestra la perversidad de estos seres humanos que quieren defender los intereses que representan perjudicando a los trabajadores al atacar a sus dirigentes”, subrayó.

En tanto criticó que la exgobernadora María Eugenia Vidal ponga “cara de yo no fui” creyendo que de esa forma “va a convencer a todos” porque consideró que “cualquier persona normal entiende que es imposible que no supiera ese tipo de cosas”, en referencia a la mesa judicial.

“Se prestaron para esas cosas y ahora la van a tener que pagar. Ojala se haga justicia”, subrayó.

Se trata de Martín de Vargas, quien se presentó en el edificio municipal para hacer un trámite pero le prohibieron el ingreso.

Ocurrió el lunes último, cuando el abogado Martín De Vargas fue a realizar una diligencia a la Municipalidad de La Plata, donde se presentó con el pase sanitario, pero no lo dejaron ingresar al edificio ubicado en las intersecciones de las calles 12 y 54.

“Van a averiguar y salen, y me dicen: tenés la entrada prohibida. ¿Cómo que la tengo prohibida? ¿Por qué los denuncié a Garro y a Vidal?”, comentó el profesional en declaraciones ofrecidas a diferentes medios platenses.

Él mismo relató que, ese día, había bastante gente en la fila para ingresar al municipio. De Vargas, entonces, comenzó a hablar con algunas de esas personas, dos de los cuales eran empleados de dos dependencias de la Municipalidad, quienes después tuvieron problemas por haber hablado con él.

Lo llamativo de la situación es que se trata de un edificio público, por lo que no se le puede prohibir el ingreso a ninguna persona.

De Vargas había denunciado, hace unos días, a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; a su exministro de Trabajo, Marcelo Villegas; al intendente de La Plata, Julio Garro, y a los demás integrantes de la reunión en la que se los ve planeando una “Gestapo” y el armado de causas a sindicalistas.

En el marco de esa investigación, ayer la fiscal Ana Russo imputó a los 15 acusados y le pidió al juez federal que ordene peritar los teléfonos encriptados de Vidal, quien también está siendo investigada.

El dirigente sindical aseguró: “Se confirma todo lo que denunciamos”

El líder sindical Pablo Moyano comparó al Ministerio de Trabajo de la gestión de María Eugenia Vidal con el de la dictadura de Jorge Rafael Videla. “Después de cuatro años está saliendo a la luz todas las cosas que denunciamos”, describió. Y pidió: “Vidal era parte, la justicia la tiene que investigar”, reclamó.

“Lo importante es que después de cuatro años está saliendo a la luz. Nosotros denunciábamos persecución, armado de causas, nuestra organización gremial fue allanada 15 veces, hubo una multa de 1000 millones de pesos impuesta por (el ex ministro de Trabajo, Jorge) Triaca y nadie nos creía, era tal la protección mediática”, recordó. “Constantemente atacaban a las organizaciones gremiales que marchábamos contra la reforma laboral y el modelo económico”, reflexionó.

“Después de cuatro años está saliendo a la luz lo que denunciábamos, el armado político del ex presidente con su brazo político en la provincia, con quien se rajó y se refugió en la Ciudad de Buenos Aires, la señora Vidal, Patricia Bullrich, (Florencia) Arietto, la pata judicial con este caradura que todavía no sabemos cómo sigue en sus funciones que es Conte Grand, con fiscales afines a ese partido político y la protección mediática”, añadió.

“Ya están pidiendo por favor que pase la causa a ‘Comodoro PRO’ para que toda esa banda de jueces que tienen a favor del PRO los proteja. Ojalá que esta vez la Justicia investigue y los que tengan que pagar paguen. Porque no era Pablo Moyano, que era la obsesión de ellos, u otros dirigentes, el tema era acallar a aquellos que peleábamos para después venir con una reforma laboral y una lluvia de inversiones que prometían, para llevar adelante una política de flexibilización laboral”, recordó.

Así lo comparó la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, a la hora de evaluar el escándalo por la Gestapo antisindical.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, consideró hoy que la instalación de una mesa judicial durante el gobierno de Cambiemos “no fue algo improvisado” y aseguró que el exmandatario Mauricio Macri “viene armando esto desde que era presidente de Boca”.

“Esto no fue algo improvisado. Los que piensan que Macri es nada más que un tilingo, se equivocan”, puntualizó Caamaño esta mañana en diálogo con AM 750 y en el mismo sentido profundizó: “Esto (la coordinación entre espionaje y Poder Judicial) él lo viene armando desde hace muchos años, desde que era presidente de Boca. Las causas cuando llegan a Comodoro PRO se frenan”.

La funcionaria explicó que cuando la gestión del Frente de Todos decidió intervenir la AFI cambiaron los discos en las computadoras “y los viejos fueron a tecnología, donde “se los ha ido revisando para ver si se podían reutilizar“.

“Ahí encontraron este archivo, donde se ve la reunión de la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires“, siguió Camaaño en referencia al video hallado en los archivos de AFI que registró a funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal reunidos con empresarios y exagentes de inteligencia proponiendo armar una “Gestapo antisindical”.

Sobre esa filmación, remarcó que en las imágenes se observa a “parte de la mesa judicial de Vidal, que se completa con la mesa judicial nacional, que era la mafia de Macri”.

Además, destacó que “en el video se escucha a Villegas (exministro de Trabajo bonaerense) decir que tiene todo arreglado con el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, con los jueces y con la fiscal”.

Caamaño insistió en la sospecha de que las cámaras que grababan las reuniones en la sede del Banco Provincia “fueron puestas por la AFI” y definió como “una Caja de Pandora” todo el material encontrado en las oficinas del organismo de inteligencia, por lo que no descarta que puedan aparecer más videos.

La interventora subrayó que el presidente Alberto Fernández le “encomendó” no sólo “hacer denuncias cuando encontremos irregularidades”, sino también “llevar al Estado de Derecho todo lo que se pueda a una Agencia Federal de Inteligencia, y dedicarnos a una inteligencia estratégica”.

En este sentido, destacó que actualmente “debe haber 10 teléfonos encriptados en toda la Agencia”, mientras que durante la gestión anterior “había 120, de los cuales 60 pertenecían a gente del Gobierno y no de la Agencia“.

Sobre este último punto, identificó a algunos funcionarios que poseían estos teléfonos, tales como “la exgobernadora María Eugenia Vidal, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Julio Conte Grand; el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; el presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici; el consultor Jaime Durán Barba, y el abogado particular de Macri”.

En la misma línea, especificó que “por supuesto que va a haber algunas operaciones secretas, pero son mínimas, igual que los gastos reservados” y puntualizó que “cuando nosotros llegamos más del 99 por ciento de los gastos eran reservados” y “los únicos (haberes) públicos eran el sueldo de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani”.

“Después del golpe del 76 lo peor que vivimos fue el 2018”, aseguraron los trabajadores.

Los trabajadores del Astillero Río Santiago, ubicado en la provincia de Buenos Aires, contaron en primera persona cómo fue el accionar de la “gestapo antisindical” de María Eugenia Vidal. Su gobierno fue uno de los más tenebrosos de la historia de Buenos Aires.

Presiones, robos extaños, atentados a sindicalistas nunca aclarados, represiones, campañas de fake news. Todo un accionar orquestado contra la empresa estatal que debería ser un modelo a estimular, porque puede permitir desarrollar la industria naval en Argentina.

Íbamos a pedirle a Vidal que nos atienda y nos atendió con golpes. No se entiende cómo no murió nadie con tremenda represión”, contó Francisco Banegas, del gremio ATE. En 2018 fue reprimidos varias veces, pero en una “no hubo muertos de casualidad”, por la brutalidad de la polícia comandada por Cristian Ritondo, ladero de Vidal.

En otra oportunidad, la polícia quiso desalojar un intento de ocupación pacífica en el ministerio de Economía provincial, en uno de los tantos intentos de privatización. “Hay dos salidas, con sangre o sin sangre”, les advirtieron.

“Después del golpe del 76 lo peor que vivimos fue el 2018. La represión y las persecuciones que vimos no lo vivimos en los 90, cuando nos querían destrozar pero ni se acercaba a este plan siniestro”, no dudó Banegas en diálogo con Página 12.

Vidal mintió sobre la presencia protagónica de los agentes de inteligencia. Nadie le repreguntó.

Tras el escándalo por la “Gestapo antisindical” de María Eugenia Vidal, la ex gobernadora bonaerense reapareció en escena después de un largo silencio y mintió ante periodistas que eligieron mirar para otro lado. Solo en La Nación + pudo ocurrir una escena así. La ahora diputada nacional dijo por ejemplo que se trató de una simple reunión de trabajo donde eventualmente se dijo una palabra desafortunada (“gestapo”).

Sin embargo, y de forma evidente, Vidal mintió. Y nadie le repreguntó, por supuesto. En el video se ve con claridad la presencia protagónica de tres agentes de primer nivel de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Son los propios agentes quienes dan inicio a la reunión en la que se habla de armar causas contra dirigentes sindicales.

“Buen día a todos, gracias por venir. Si queremos, una ronda para ir sabiendo con quiénes estamos, por lo menos para saber los nombres de cada uno. Diego (Dalmau Pereyra, director operacional de Contrainteligencia), Sebastián (De Stéfano, director administrativo de Asuntos Jurídicos), y Darío… Queríamos… Bueno… Vamos haciendo la presentación”, dice con claridad Darío Biorci, Jefe de Gabinete de la central de espías. Vale recordar que la AFI estaba en manos de Gustavo Arribas, íntimo amigo de Mauricio Macri.

De esta manera, se presentaron el resto de los presentes: Marcelo Jaworski, director general de COPETRO y vicepresidente segundo de la Unión Industrial del Gran La Plata; Adrián Grassi, subsecretario de justicia de la Provincia de Buenos Aires; Marcelo Villegas, ministro de Trabajo bonaerense; Roberto Gigante, ministro de Infraestructura provincial; Fabián Cusini, integrante de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de La Plata; Juan Pablo Allan, senador provincial; Jorge Oscar del Rio, presidente de APYMECO; Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO); y Guillermo Moretto, presidente del colegio de Arquitectos de La Plata. Minutos más tarde se sumó el intendente de La Plata, Julio Garro.

Durante la reunión ninguno de los presentes objetó lo que allí se discutía, así como tampoco repudiaron la posibilidad de armar una “causa judicial”. Al contrario de ellos, los empresarios asintieron a la futura denuncia y se mostraron recíprocos a “generar prueba” para encarcelar a los gremialistas.