Es por el asesinato de seis personas durante la última dictadura cívico militar, que fueron difundidos por el diario bahiense como un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad que motivaron la muerte de personas.

En el marco del veredicto el Tribunal integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava indicaron que en un lapso de diez días el diario La Nueva, ex La Nueva Provincia, "publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía" sobre la muerte de seis personas.

Los magistrados agregaron que "a fin de "aclarar que sus desapariciones fueron productos de ejecución o el fusilamiento y no de enfrentamiento con las fuerzas militares que actuaron en esa oportunidad".

Tras la lectura del fallo el fiscal Miguel Angel Palazzani expresó a Télam que "todo aquel que fue ejecutado, asesinado y que aparecía muerto en un enfrentamiento va a haber reparado su biografía en las páginas del diario".

"Ese derecho a réplica colectivo que habíamos planteado la verdad que el Tribunal ha dado un paso más en esto de la dimensión de la reparación total de las biografías de las víctimas, que aparece como reparador, que alivia y que ayuda un poco lo vivido", agregó.

Por su parte el propio juez Ferro, uno de los integrantes del Tribunal, señaló a Télam que será "una reparación moral e histórica porque creo que lo ciudadanos tienen derecho a saber qué pasó con sus hijos, no entregarles el cadáver".

"Y todo quedó perfectamente acreditado por peritos, y hay uno honorable que es el doctor Castex que consistió que esas víctimas habían sido producto de un enfrentamiento sino de una ejecución o de un fusilamiento", afirmó.

En medio de la polémica por el editorial de La Nación, que cosechó repudios en el ámbito periodístico por pedir el cese de los juicios de lesa humanidad, en Bahía Blanca se dará a conocer el veredicto contra 22 represores imputados por delitos contra los DD.HH. cometidos en la base naval de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada.

En este marco, agrupaciones de derechos humanos de Bahía Blanca realizarán distintas actividades en el marco de la lectura del fallo. La convocatoria está encabezada por la Agrupación HIJOS, junto con la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Red por la Identidad, Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras.

"Este es un momento muy importante y particularmente en Bahía Blanca, en esta política de Derechos Humanos que hace 12 años que estamos transitando", afirmó Anahí Junquera, integrante de HIJOS.

Junquera dijo que "si bien es el tercer juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca, es el primero de la Armada y en el cual se pudo mostrar y comprobar cómo tanto la pata civil como el Ejército y la Armada confluyeron necesariamente para que se dé el exterminio de personas".

Por su parte Alejandra Santucho, de la misma agrupación, se refirió al desarrollo del juicio e indicó: "Estamos muy conformes porque creemos que se ha podido comprobar todas las pruebas que presentó tanto el Ministerio Público Fiscal como la parte querellante".

"Se ha podido comprobar la connivencia entre las diferentes fuerzas de seguridad y fue un plan sistemático", agregó.

En el marco del extenso juicio, que comenzó en julio de 2014, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido la pena de prisión perpetua para 18 de los 22 imputados.

La fiscalía los acusó por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.

Por su parte, el fiscal José Nebbia, quien junto con su colega Miguel Angel Palazzani integra la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, señaló hoy que "los objetivos fueron ampliamente superados" en referencia a los distintos elementos de prueba y testimonios que fueron aportados en el marco del juicio oral y público de la causa Armada Argentina.

"Los objetivos que uno analiza antes de comenzar el debate fueron ampliamente superados, la riqueza de la prueba producida a través de los testimonios, como así también el análisis de la profusa prueba documental que hay en la causa arrojaron más resultados que aquellos que uno espera al comienzo", expresó el fiscal a FM de la Calle de Bahía Blanca.

En los alegatos los fiscales solicitaron que la parte resolutiva de la sentencia "sea publicada en un lugar destacado y visible en el diario La Nueva Provincia", dado que ese medio no denunció ni publicó en lugar destacado el asesinato de dos trabajadores de la empresa, cuando ocurrió.

En ese contexto Nebbia dijo que "lo que entendimos es que en las páginas de La Nueva Provincia se mintió con intención, por eso está imputado el único sobreviviente de los directores, y que una forma de reparar a las víctimas sería que La Nueva Provincia por primera vez diga la verdad, que aquellos a quienes mencionaban como delincuentes que traicionaban a la patria no eran tales sino que fueron víctimas".

"Entonces publicar que fueron víctimas y también publicar el nombre de los victimarios es una forma más de reparar a las víctimas y que sus biografías, al menos en esas páginas, no queden escritas de esa manera", concluyó.

Foto Gentileza: https://juiciobahiablanca.wordpress.com

Los imputados formularon sus palabras en la última audiencia que llevó a cabo el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti (presidente) y Martín Bava.

Tras las palabras de varios de los imputados, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 25 de noviembre a las 18:30, en que se procederá con la lectura de la sentencia.

Ante los jueces hicieron uso de la palabra entre otros, el ex capitán de navío Enrique de León, quien dijo que "finaliza hoy una de las peores etapas de mi vida, en ella descubría la facetas oscuras, corruptas, de ciertos estamentos de instituciones a las que respetaba y hasta admiraba".

Por su parte, el integrante del Ejército Raúl Oscar Otero afirmó, como forma de defensa, que "padezco de una enfermedad terminal, he tenido once operaciones, lo vengo peleando desde 1998, esta enfermedad que es cruel y terminal, la estoy tratando de sobrellevar con operaciones cada dos años".

Tras ello el presidente del Tribunal, anunció que "el cierre de la discusión final" y convocó a las partes para el 25 de noviembre a las 18:30 en donde se dará lectura del veredicto.

En el marco del extenso juicio, que comenzó en julio de 2014, la Unidad Fiscal Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido la pena de prisión perpetua para 18 de los 22 imputados.

La fiscalía los acusó por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.

En el alegato, los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani pidieron que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad, por el crimen de genocidio y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia, principal diario de Bahía Blanca.

Además, los fiscales solicitaron penas de 19 años para un integrante del Ejército y 25 años para otro acusado de la Prefectura.

También requirieron para un ex policía bonaerense una pena de 10 años de prisión y para un ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense 18 años.

Entre los represores de la Armada pidieron prisión perpetua para Oscar Alfredo Castro, Tomás Hermógenes Carrizo, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Gerardo Alberto Pazos, Enrique De León, José Luis Ripa, Luis Alberto Pablo Pons y Raul Artemio Domínguez.

En el caso del Ejército, el pedido de pena máxima alcanzó a Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Julio González Chipont, Raúl Oscar Otero y Víctor Raúl Aguirre, en tanto que para Alejandro Lawless la Unidad Fiscal solicitó 19 años de prisión.

En cuanto a integrantes de la Prefectura, el pedido de prisión perpetua fue solicitado para Francisco Manuel Martínez Loydi, Luis Angel Bustos y Néstor Alberto Nougués , mientras que 25 años para Pedro Alberto Pila.

También solicitaron 10 años de prisión para el ex policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman y 18 años para el ex agente penitenciario Héctor Luis Selaya.

Entre las 66 víctimas consideradas en la causa, 12 siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina.

"Es una forma de reparar a las víctimas que aparecieron siempre en esas páginas como delincuentes subversivos, delincuentes en contra del pueblo argentino", señaló el fiscal, José Nebbia, ayer, en declaraciones formuladas a Radio Nacional Bahía Blanca.

El fiscal, perteneciente a la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca aseguró que la determinación es "a modo de garantizar el derecho a réplica de las víctimas".

La solicitud del fiscal de la causa, realizada en el alegato del juicio contra 23 imputados por delitos de lesa humanidad pretende que el Tribunal contemple, en el veredicto, que la sentencia sea publicada en el diario "La Nueva Provincia", propiedad del empresario de medios Vicente Massot, que integra la lista de imputados.

"Es una forma de reparar a las víctimas que aparecieron siempre en esas páginas como los delincuentes subversivos, delincuentes en contra del pueblo argentino, obligando a que se publique en sus páginas por primera vez la verdad, que sería la sentencia con los condenados y las víctimas de éstas causas", señaló Nebbia a Radio Nacional Bahía Blanca.

Massot y los 22 imputados están en la mira de los fiscales, que ya solicitaron la pena de prisión perpetua para 18 de los implicados, en el juicio que se realiza en Bahía Blanca por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada.

El pedido recayó sobre diez represores de la Armada, cinco del Ejército y tres de la Prefectura Naval.

La fiscalía los acusa por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.

Durante el alegato, los fiscales manifestaron que se pudo ver cómo el diario "manipulaba, escondía, encubría, tergiversaba, deformaba y falseaba los hechos en Bahía Blanca".

Y analizaron que "esas conductas, lejos de ser el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, fueron conductas  perfectamente proyectadas junto con los altos mandos militares que eran esenciales e indispensables al plan criminal".

La medida dejó cesantes a los jueces subrogantes del Juzgado Federal 1 y nombró, provisoriamente, al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, al frente de ese tribunal. Para que la designación entre en vigencia deberá ser ratificada por el Consejo en pleno, el próximo 18 de junio.

La sospecha pesaba sobre la actuación y favorecimiento a los imputados por crímenes de lesa humanidad, durante la última dictadura. Una de las causas es la que investiga el rol del empresario de medios de comunicación bahiense, Vicente Massot, más conocido por su participación en el programa televisivo conducido por Daniel Haddad, Antonio Laje y Eduardo Feinmann, Después de Hora (2001-2002).

Massot estaba implicado en una causa que investigaba el rol del medio gráfico La Nueva Provincia, de su propiedad, durante la última dictadura.

La medida de la Comisión de Selección de Magistrados y la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura es importante, ya que podría terminar dejando sin efecto las últimas medidas de la justicia federal de Bahía Blanca que favorecieron al empresario de medios Vicente Gonzalo Massot en la causa que investiga su complicidad con el terrorismo de Estado.

Para que el enroque se concrete, deberá ser ratificado por el Consejo en pleno, que se reunirá el próximo 18 de junio.

Todo comenzó cuando la comisión aceptó tratar un pedido de la Cámara Federal de Bahía Blanca que, luego de cuestionamientos de los organismos de derechos humanos – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e HIJOS -, solicitó que se expidiera sobre la legitimidad en el nombramiento de Pontet para investigar las tres causas por delitos de lesa humanidad (entre ellas la que investiga a Massot) de las que había renunciado Ulpiano Martínez y por las que habían apartado a su remplazante, Álvaro Coleffi.

El consejero Julián Álvarez sostuvo que el nombramiento de Pontet por la Cámara Federal de Bahía Blanca no había sido legítimo. Y que había que apartar a Ulpiano Martínez, que en realidad es secretario del juzgado 2 y subrogaba – con ocho denuncias de mal desempeño en su contra- el juzgado 1 desde el 5 de junio de 2012, cuando renunció Alcindo Álvarez Canale, otro juez de probada amistad con los militares de la zona.

Álvarez propuso como reemplazante provisorio de ambos subrogantes a Ramos Padilla, juez federal de la localidad de Dolores, hasta que por concurso se designe al definitivo. La Comisión apoyó ambas mociones con cuatro votos positivos -Anabel Fernández Sagasti, Héctor Recalde y Jorge Candis, y los negativos de Luis María Cabral y Leónidas Moldes. Si estas decisiones obtienen al menos siete de los trece votos totales en la próxima reunión de plenario, quedarán firmes.

Pontet fue nombrado al frente del juzgado federal 1 en diciembre de 2014 pero sólo para resolver en tres causas por delitos de lesa humanidad. Primero, el ya subrogante Ulpiano Martínez pidió una licencia. A Martínez lo reemplazó uno de sus secretarios, Álvaro Coleffi, pero pronto fue obligado a apartarse por haber presuntamente filtrado una escucha telefónica en una causa judicial en la que se investiga por narcotráfico al novio de la vedette Mónica Farro.

En su lugar fue nombrado Pontet, que a pesar de ser recusado por la fiscalía por “posible imparcialidad” y cuestionado el método de su designación (a través de la Cámara Federal de Bahía Blanca y no el Consejo de la Magistratura), decretó con una celeridad asombrosa la falta de mérito de Massot y el sobreseimiento del secretario Hugo Sierra.

El jueves de la semana pasada la comisión del Consejo de la Magistratura declaró la irregularidad de su nombramiento, por eso las medidas que tomó durante su corto mandato –como lo vienen advirtiendo los fiscales en todos sus escritos- deberían ser declaradas nulas.

En esa declaración caería la falta de mérito dictada al empresario de medios, Vicente Massot.

Antes de ser juez de Dolores, Ramos Padilla fue abogado de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” Mariani. Cumpliendo ese rol, le tocó acusar a Miguel Osvaldo Etchecolatz en el primer juicio oral y público después de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, cuando fue secuestrado y desaparecido Jorge Julio López. Acusó además al capellán Federico Von Wernich, y a Jorge Rafael Videla en la causa conocida como práctica sistemática de robo de bebés.