El titular de Camioneros desdramatizó la renuncia de Máximo Kirchner al bloque de Diputados.

“Vemos que el gobierno está haciendo un esfuerzo importante para bajar la inflación, esperemos que el acuerdo reactive definitivamente la economía”, aseguró Pablo Moyano, jefe de Camioneros y uno de los tres titulares de la CGT. “Todos los años hay expectativas con los números inflacionarios pero la voracidad de los grupos empresarios lo complica, ojalá este año se pueda llegar a lo que espera el gobierno”, agregó.

La inflación de 2021 fue del 50% y todo parece indicar que enero empezará con un número alto. Sin dudas, la suba de precios es el talón de aquiles de cualquier intento de recuperación económica.

Además, Moyano se refirió al acuerdo con el FMI: “Todavía no se conocen los detalles, lo importante es que no implica reforma laboral, ajuste o reforma previsional”. “Los que pidieron el préstamo con el FMI deberían dar respuestas en el congreso y en la justicia. Tendrían que cerrar la boca y dejar que el gobierno avance”, siguió. “El Gobierno tendría que haber ido más a fondo para que Macri responda por el FMI”, cuestionó.

Por último, se refirió a la salida de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque de Diputados del peronismo: “No se puede conformar a todo el mundo, la renuncia de Máximo no debilita a Alberto Fernández, sigue acompañando las políticas del gobierno. Los diferentes sectores del movimiento obrero tenemos diferentes visiones, no significa que se va a romper la unidad, son matices”.

“Si algo se le puede criticar al Gobierno es no tener la fortaleza para combatir a la voracidad de los grandes empresarios”, agregó por último.

Se trata del cantante y edil Juan José Piedrabuena. La boda terminó con un triple crimen.

La “boda narco” entre Brisa Milagros Leguizamón y Esteban “Pinky” Rocha, que culminó con el triple crimen de Ybarlucea, sigue alcanzando a la política y la justicia de Santa Fe. El entramado mafioso en esa provincia cada vez paree profundizarse aún más.

A través de la fotos en redes sociales se detectó que uno de los participantes fue el cantante de cumbia y concejal de la ciudad de Santa Fe, Juan José Piedrabuena. Es dirigente del espacio Unión Federal.

La información generó un verdadero escándalo en la capital provincial y luego de días de silencio, Piedrabuena se limitó a explicar que “fui contratado como artista, los contratos no los manejo yo sino mi representante (Marcos Couri)”. El referente de Unión Federal dijo que sólo le llamó la atención la seguridad del lugar. “Después de eso no vi nada, fui a cantar y me volví”, sostuvo.

El ex intendente macrista de Paraná está preso por vínculos con la venta de droga. El apoyo de Macri.

El macrismo tiene poco que decir y mucho que explicar cuando se habla de narcotráfico en Argentina. Candidatos propios están presos por vínculos con la venta de droga. Durante la gestión de María Eugenia Vidal un helicóptero que había utilizado la policía bonaerense terminó en el depósito de un narco paraguayo. Mejor no hablar de ciertas cosas.

El caso más emblemático es el caso de Sergio Varisco, intendente de Paraná por Cambiemos: fue condenado a 6 años y 6 meses por traficante. Mauricio Macri viajó especialmente a la capital de Entre Ríos para apoyar su candidatura.

Según confirmó la justicia, Varisco hizo con acuerdo con Daniel “Tavi” Celis, acusado de ser el líder de la banda narco. Según la acusación, Varisco “se comprometió a entregar $50.000 mensuales para financiar el comercio de estupefacientes”. Patricia Bullrich fue involucrada por Varisco, quien denunció en el juicio que la exministra pidió que “entreguen” a dos exfuncionarios.

Otro caso es el del yerno del lilito Héctor “Toti” Flores (exdiputado por Cambiemos). Roberto Andrés Herrera, de 51 años, fue detenido en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, acusado de “tener un laboratorio para la producción de drogas sintéticas en su casa”. Su arresto se dio en el marco de 32 allanamientos realizados por la policía bonaerense en una causa por narcotráfico. Está casado con Andrea Vanesa Flores, la hija de Héctor “Toty” Flores, compañero de fórmula de Elisa Carrió en ese entonces.

El primo de Alfonso Prat Gay (exministro de Economía de Macri) fue preso por formar parte de una banda narco. Félix Manuel Bejar Prat está en el penal de Devoto por haber participado del lavado de activos de esa banda. En un pedido insólito, reclamó que lo dejaran salir de prisión por ser familiar del entonces funcionario macrista.

En Buenos Aires, durante la gestión de Vidal pasaron cosas escandalosas. Como el helicóptero de la policía bonaerense que apareció en Paraguay, en el depósito de un jefe narco. Otra vez, en un operativa se perdieron miles de toneladas de droga. La explicación de Cristian Ritondo, ministro de Seguridad: las ratas se comieron la droga.

Pero los casos no terminan ahí: un dirigente del PRO de Misiones cayó con 5 kilos de cocaína. El hijo de un diputado fue detenido en 2017 con 22 panes de marihuana. En 2017, se investigó si un funcionario de Cambiemos introdujo cocaína en una cárcel. Es Juan Ignacio Vitalini, hermano del presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca.

Así lo señaló la interventora de la AFI, en una entrevista donde además detalló que aunque muchos en el Gobierno de Cambiemos “estaban al tanto de varias operaciones” no sabían que “también los espiaban a ellos”.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, afirmó este viernes que el expresidente Mauricio Macri fue “prácticamente un enfermo del espionaje ilegal” durante su Gobierno y sostuvo que le “resulta difícil” afirmar que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sea “el único impoluto” que no estaba al tanto.

“El expresidente era prácticamente un enfermo del espionaje ilegal y quería escuchar y seguir a todes”, afirmó Caamaño en declaraciones a radio El Destape, y detalló que aunque muchos en el Gobierno de Mauricio Macri “estaban al tanto de varias operaciones” no sabían que “también los espiaban a ellos”.

“No podría decir que Larreta estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, pero me resulta difícil que el único impoluto sea él sobre todo por todas las maniobras de espionaje ilegal que se fueron dando”, advirtió.

En ese sentido, la interventora coincidió al ser consultada por el periodista en que no imaginaba la “magnitud” de ese aparato de inteligencia. Y por eso cuando fue convocada por el presidente Alberto Fernández para realizar la intervención por un año, Caamaño le respondió que “iban a ser seis meses”.

“A los seis meses le dije que lo extendamos y así venimos hace más de dos años porque siguen apareciendo cosas”, apuntó y agregó que espera “para junio poder finalizar” con la intervención.

En tanto, Caamaño explicó que Alberto Fernández ya envió el pliego “hace más de un año” para que asuma como directora de la AFI, pero aun no fue tratado en el Senado.

“Me gustaría, mas allá de si voy a ser la directora o si me voy a ir a mi casa, dejar las bases asentadas de una inteligencia estratégica”, señaló.

Por otra parte, la interventora adelantó que están armando una denuncia para presentar “el lunes o martes” por “escuchas autorizadas por la justicia” que presuntamente pertenecerían al “cableado del penal de Ezeiza”.

“La denuncia ya existe, pero todos hablaban de 220 escuchas. Quiero que el juez tenga claro que son 105 mil registros”, detalló.

El deterioro de la Corte Suprema es total. Connivencia con el macrismo.

La vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández Kirchner intimó a la Corte Suprema de Justicia a que de manera “urgente” defina quiénes serán los magistrados del alto cuerpo que intervendrán en los recursos por la causa de espionaje ilegal que se habría cometido durante el macrismo. Se da una situación insólita: todos los ministros se excusaron. La complicidad de los jueces con el PRO parece total.

Además, apeló con duros cuestionamientos la decisión de la Cámara Federal que consideró que el accionar de los espías no constituyó una “asociación ilícita”. Es decir: ¿se escucharon a más de 300 personas y organizaciones sin un sistema detrás? ¿Se “cortaron solos”, como suele decirse? ¿La “gestapo antisindical” tampoco existió?

“La conducta adoptada por los Sres. Ministros que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dres. Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, quienes pese a encontrarse debidamente anoticiados de las irregularidades que se cometían en este expediente y no obstante la gravedad de la situación planteada, no solo omitieron dar una respuesta jurisdiccional a los recursos deducidos (algunos de ellos, hace más de ocho meses), sino además, recientemente, han decidido apartarse de la causa, sin brindar una explicación suficiente que justifique tal temperamento. De esta manera, al día de la fecha, el más Alto Tribunal del país carece de jueces hábiles para intervenir en este expediente”, dice la presentación de los abogados de CFK.

Ayer, miles de personas se reunieron frente a los Tribunales para pedir una Corte Suprema independiente. Nunca antes en la historia de la democracia, Argentina tuvo un sistema judicial tan corrompido como ahora.

Funcionarios de Vidal armaron una “gestapo sindicial” durante su gobierno.

María Eugenia Vidal expresó su repudio por la Marcha #1F que llevaron adelante distintas organizaciones sociales, sindicatos y dirigentes políticos en contra del funcionamiento de la justicia y de la Corte Suprema.

“No jodan más con las instituciones. Artículo 1º.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución”, escribió la diputada de Juntos por el Cambio en su cuenta de Twitter, e ilustró el texto con una imagen de la Carta Magna.

¿Esa división de poderes será coherente con armar una gestapo para perseguir a opositores, como ocurrió durante su gobierno? ¿Qué hacían espías junto a funcionarios de su gestión? Como nunca antes en la democracia argentina, el macrismo montó un sistema mafioso que involucró a jueces, fiscales, espías y medios de comunicación. Una república muy particular…

No jodan más con las instituciones.
Artículo 1º.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución. pic.twitter.com/5QnGmXcch7

— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) February 1, 2022

Las organizaciones que convocaron al acto difundieron un duro documento.

Más de 50 mil personas se reunieron frente a la Corte Suprema para pedir una “justicia independiente y democrática” y el fin del lawfare. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la connivencia del Ejecutivo con sectores de la inteligencia, fiscales, jueces y medios de comunicación construyó un entramado mafioso destinado a perseguir rivales políticos. Un ex funcionario de María Eugenia Vidal lo definió muy bien: “gestapo”. Ese nombre refiere a una organización criminal del nazismo.

“Quien hoy se moviliza es el pueblo, es la gente a la que este sistema de Justicia invariablemente le da la espalda, la ningunea. El pueblo se moviliza porque ha decidido luchar para democratizar la Justicia, para terminar con esa élite para unos pocos, con la corporación judicial inamovible y colmada de privilegios”, asegura el documento.

“Hoy salimos a la calle para exigir que esta Corte se vaya, para exigir la Democratización de la Justicia y el fin del Lawfare”, reclamaron.

Leé el documento completo:

Pronto se cumplen 100 años de uno de los hechos más lamentables e inmorales protagonizados por el Poder Judicial que selló la suerte de la democracia argentina.

En 1930 la Corte Suprema de Justicia de aquel momento avaló por unanimidad el golpe militar que derrocó al Gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Y lo hizo a través de una acordada que sentó precedente y justificación para todos los atropellos y golpes de Estado que sufrió la Argentina a partir de ese momento.

A casi 100 años de aquel infame inicio de una era, hoy, en este histórico día 1F, la sociedad argentina se ha autoconvocado masivamente aquí y a lo largo y ancho de todo el país para decir basta.

Quien hoy se moviliza es el pueblo, es la gente a la que este sistema de Justicia invariablemente le da la espalda, la ningunea. El pueblo se moviliza porque ha decidido luchar para democratizar la Justicia, para terminar con esa élite para unos pocos, con la corporación judicial inamovible y colmada de privilegios.

Se moviliza para construir un Poder Judicial para la gente y no de espaldas a ella. Para decirle basta a esta historia de atropellos y prácticas violatorias del Estado de Derecho y de la Democracia, ejercidas o legitimadas con su silencio por la Corte.

Gana las calles para peticionar, manteniendo las mejores tradiciones de nuestro Pueblo, ejerciendo ese derecho supremo innegable para hacer oír nuestras demandas en las plazas de toda la República y que repliquen allí donde deben ser escuchadas y atendidas.

Esta decisión que hoy hemos tomado no se agota en este acto. No estamos aquí para inaugurar nada nuevo, venimos a retomar una práctica genuina, que reconoce numerosos antecedentes.

20 años atrás, un grupo de compañeres iniciaba una serie de demandas contra una Corte Suprema antipopular, reaccionaria y manifiestamente subordinada a la voluntad de los poderes fácticos.

Aquella gesta encontró luego la determinación política que terminó con el desplazamiento de los miembros de ese tribunal nefasto.

Veinte años después se repite la historia, con un tribunal sin legitimidad alguna, concentrando el mayor descrédito del que se tenga memoria.

Por ello hoy salimos a la calle para exigir que esta Corte se vaya, para exigir la Democratización de la Justicia y el fin del Lawfare.

Y cuando decimos que esta Corte no puede seguir, que se tiene que ir, lo decimos interpretando el hastío generalizado que se expresa en todo el país y la certeza de que no hay ninguna posibilidad de lograr la democratización del Poder Judicial con esta Corte en funciones, cuyos numerosos pedidos de juicio político con los que ya deberían haber sido removidos, duermen en el Congreso de la Nación.

Esta Corte se tiene que ir porque con su reciente fallo de ampliación del Consejo de la Magistratura, viola el principio republicano de división de poderes, se sitúa por encima del Ejecutivo y Legislativo, con el único fin de presidir también un órgano Constitucional de control, manejar el presupuesto de la Corte y del Consejo y garantizar la impunidad de funcionarios del Poder Judicial denunciados y a la vez facilitar el nombramiento de funcionarios afines a su proyecto.

Decimos que se tiene que ir porque con esta Corte no hay Justicia ni hay Democracia plena, y porque condiciona severamente al sistema político y es obstáculo infranqueable para la democratización del Poder Judicial que reclaman las mayorías.

Decimos que se tiene que ir porque es una Corte sin legitimidad, conformada con dos miembros que consintieron ser designados por decreto del Poder Ejecutivo, violando la Constitución Nacional.

Decimos que se tiene que ir porque esta Corte viene convalidando sistemáticamente las políticas neoliberales de destrucción y desmantelamiento de derechos humanos fundamentales, y lo hace en plena articulación con los intereses del neoliberalismo global a los que sólo les interesa violar nuestra soberanía.

Esta Corte se tiene que ir porque ha demostrado estar inscripta en una Operación Continental de utilización del Poder Judicial para los fines de dominación colonial que ni se ha preocupado en ocultar. Esta Corte, que ha recibido con todos los honores al Juez Moro de Brasil que sin prueba alguna y sólo “por sus convicciones”, encerró al ex presidente Lula, ha mostrado su compromiso con los planes continentales y con los deseos de las embajadas de potencias extranjeras, subordinación que afecta gravemente la soberanía nacional.

Esta Corte se tiene que ir porque sólo se ha interesado en resguardar sus propios privilegios como corporación judicial mientras se demolían derechos y se hipotecaba la Nación mediante la imposición de una deuda externa impagable con el FMI.

Esta Corte se tiene que ir porque es capaz de contrariar fallos anteriores con resoluciones contrarias a los derechos y garantías que la Constitución y los Tratados internacionales les reconocen a los y las trabajadores.

Esta Corte se tiene que ir porque no se hace cargo por el daño que ocasiona con sus decisiones, cuando no escucha, cuando no otorga protección eficaz, cuando empeora las condiciones del cumplimiento de las sentencias, cuando no prioriza el derecho a la vida, a la integridad sexual y a la protección contra todas formas de violencia, hacia las mujeres y las disidencias, las infancias y los sectores más vulnerados del sistema.

Decimos que se tiene que ir porque ya pudimos comprobar la aberrante sentencia del 2×1 con la que debutó esta Corte en 2017 favoreciendo a los genocidas condenados en juicios justos con todas las garantías, que el pueblo movilizado en todas las plazas de Argentina logró revertir.

Decimos que se tienen que ir porque esta Corte les ha asegurado impunidad a los responsables del terrorismo de Estado que asoló nuestro país. La mora inadmisible en resolver las causas de lesa humanidad que por decenas duermen el sueño de los justos en los despachos de la Corte, les han garantizado impunidad biológica a los genocidas, responsables de graves violaciones a los derechos humanos que llegan a esa instancia. Simplemente sentándose sobre los expedientes y demorándolos por años, indefinida e injustificadamente, hasta que se mueren o son declarados inhábiles mentales. Y es así como sus víctimas y familiares no logran alcanzar la justicia por la que tanto bregaron por más de 45 años.

Niegan con su obrar, una tarea inexcusable y fundamental en estos procesos, como es la de garantizar tres pilares básicos, que son el derecho a la verdad, a la justicia y a obtener una reparación efectiva, consagrando con su omisión la impunidad de los victimarios.

El caso Blaquier es el más emblemático. La causa penal estuvo paralizada durante años en la Cámara Federal de Casación Penal primero y luego otro tanto en la Corte.

Esta Corte se tiene que ir porque con ella es imposible modificar este sistema de Justicia patriarcal, sexista y clasista, expresado en sentencias contrarias a la no discriminación, a la igualdad y al pleno respeto a la dignidad humana, permitiendo y fomentando construcciones autoritarias y machistas.

Esta Corte se tiene que ir porque ni siquiera cumple con el deber de garantizar el efectivo cumplimiento de la pena impuesta a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la última dictadura cívico militar.

Esta Corte se tiene que ir porque impide la negociación paritaria colectiva en el Poder Judicial desconociendo las recomendaciones de la OIT que desde hace años viene exigiéndoselo al Estado argentino

Esta Corte se tiene que ir porque persigue y hostiga a sus trabajadores y trabajadoras y a sus representantes gremiales armándoles causas, planificando los juicios laborales para que demoren años emulando a las pretensiones patronales de los sectores neoliberales.

Esta Corte se tiene que ir porque conoció perfectamente y permitió la sistemática persecución que diseñaron los servicios de inteligencia y el gobierno macrista para perseguir y encarcelar trabajadores y trabajadoras.

Pero el sesgo anti obrero de esta Corte se refleja no sólo en sus sentencias, que recortan derechos laborales con reconocimiento constitucional. El mismo comportamiento de sus integrantes denota innumerables constancias de ese desprecio al trabajador y trabajadora, a la simple ciudadanía.

Con el eufemismo de la seguridad jurídica para estimular las inversiones han propiciado avasallar derechos laborales conquistados en años de luchas y sacrificios de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales. Esta Corte siguió los pasos de la Corte menemista que convalidó la destrucción de la protección laboral en aquel entorno de privatización de las empresas del Estado.

Todos los esfuerzos de estas Cortes fueron para garantizar la mano de obra barata para los capitales golondrina que vinieron a especular y depredar nuestra economía.

Esta Corte es responsable por acción o por omisión de la salvaje persecución sindical que se vivió a través de intervenciones ilegales a los sindicatos, armado de causas a dirigentes gremiales, persecución a jueces del fuero laboral, denigración a abogades defensores de derechos humanos, con los que convalidó y aseguró ese avasallamiento de derechos.

Al igual que en la dictadura más sangrienta de nuestro país el enemigo interno fueron los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras, del mismo modo al amparo de este sistema de justicia existió la “Gestapo antisindical”. Esas mesas judiciales que funcionaron a nivel nacional y provinciales tuvieron por objetivo el plan macabro de encarcelar a dirigentes sindicales sin un debido proceso y con un sistema de justicia cómplice.

De igual modo, la estigmatización de la justicia del trabajo presentada como contraria al progreso nacional, la demonización de sindicatos y sus dirigentes gremiales como delincuentes, el señalamiento de abogades laboralistas como una organización mafiosa, gozaron del silencio cómplice de este tribunal, sellado con sus sentencias regresivas y antisindicales.

Esta Corte se tiene que ir porque perpetúa un sistema de administración de justicia inaccesible, lento y en todos sus fueros, con lo que somete a esas deplorables condiciones a todos los sectores de la sociedad argentina.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó un sistema de justicia perverso como nunca antes se vio en democracia, sumándose a la ruptura del pacto democrático que perpetró el Gobierno de Macri con su plan sistemático de espionaje ilegal y persecución a quien osara oponerse a sus designios.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó el abuso de prisiones preventivas, con decenas de presos políticos obscenamente exhibidos, muchos de los cuales siguen sufriendo esa prisión en la actualidad.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó pericias fraudulentas, actividades de inteligencia interna, espionaje a los detenidos y sus abogados defensores, aprietes a víctimas para convertirlos en falsos arrepentidos. Del mismo modo abusaron escandalosamente de la práctica del art 280 para cerrar las causas sin investigar ni fundamentarlo.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó la elección arbitraria de tribunales a través de sorteos amañados y maniobras ilegales.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó que diversos organismos del Estado y fiscales y defensores oficiales coordinaran la persecución a opositores.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó la filtración de información reservada a los medios hegemónicos de para generar el clima favorable a la persecución política.

Se tiene que ir la Corte que integran Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, porque desde hace más de dos años tiene cajoneada la causa que podría resolver en favor de la libertad de Milagro Sala, que lleva más de 6 años detenida y de sus compañeros y compañeras de Tupac Amaru, presos y presas ilegal y arbitrariamente por imposición de los poderes fácticos.

Mientras esa misma Corte, en horas dispuso, escandalosamente, sin sonrojarse y en un trámite exprés, en beneficio de tres jueces que subrogan ilegalmente en cargos claves en la justicia federal.

Decimos que se tiene que ir porque es una Corte cuestionada por las mismas Naciones Unidas que, alertada por organismos de derechos humanos argentinos, pidió informes recientemente al Gobierno Nacional sobre temas que dejan en evidencia la profundidad y gravedad de la crisis que atraviesa el sistema de Justicia.

El Relator Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados Dr. García Sayán inquirió en noviembre del 2019 sobre:

-La utilización del Consejo de la Magistratura para perseguir, echar jueces y designar allegados.

-La designación por decreto de los dos jueces de la Corte

-Las campañas mediáticas y amenazas contra la Procuradora General de la Nación para lograr su renuncia.

-La discrecional e irregular designación de un juez con Competencia Electoral allegado al presidente en plenas elecciones en 2017.

-El ataque sistemático a jueces y abogades del fuero laboral.

-La manipulación y ataque a funcionaries de la causa Correo Argentino perteneciente la familia de Macri.

-Los ataques al juez que investigaba una red de espionaje integrada por funcionaries y jueces, fiscales y periodistas allegados al poder.

-La designación irregular de jueces allegados al presidente anterior en los lugares más altos de la Justicia Penal Federal

Sabemos que los atropellos excedieron largamente esos reclamos que surgen del Relator de Naciones Unidas; decenas de jueces y funcionarios probos y valientes enfrentaron a este sistema de justicia y fueron duramente perseguidos y castigados, pero hay muchísimos más en el anonimato con digno comportamiento.

Por ello no podemos admitir que la parte de la justicia corrupta sea la que perdura. Por ello exigimos su renuncia porque con esta Corte nunca se va a poder democratizar el Poder Judicial. Y mientras no lo logremos tendremos que salir como ahora a la calle.

Decimos que esta Corte debe irse.

Cuál es la Corte que debe venir, cómo es la Corte que queremos? Queremos una Corte amplia.

Queremos una Corte democrática.

Con integrantes que provengan de su pueblo, no de las élites.

Con integrantes que hayan participado activamente en tareas sociales.

Que respete la paridad de género, que incluya pueblos originarios y diversidades. Que la perspectiva de género sea una política efectiva y no cartón pintado.

Queremos una Corte con mirada federal, alejada de la dominación colonial y defensora a ultranza de la soberanía nacional.

Queremos una Corte que cumpla con los Tratados Internacionales.

Queremos una Corte que haga honor a la reconocida lucha por el respeto a los Derechos Humanos que caracteriza a nuestro país con su historial de juicio y castigo a los genocidas sostenida por tantos organismos de Derechos Humanos que hoy están aquí presentes.

Una Corte que simplifique el sistema normativo y las prácticas judiciales cotidianas, reduciendo las brechas entre el derecho escrito y la realidad, acercándolo a los ciudadanos, promoviendo la igualdad, permeabilizándolo.

Queremos una Corte con cuentas transparentes, publicadas en los lugares públicos oficiales Queremos una Corte que pague el impuesto a las ganancias.

Queremos una Corte sin ningún privilegio.

Queremos una Corte capaz de refundar el Poder Judicial, de sacarlo de los sótanos, democratizándolo, transparentándolo, incorporando la perspectiva de derechos humanos, de género y no discriminación.

Queremos una Corte subordinada al control soberano del pueblo… Deseamos que esta jornada del 1F no se agote mañana.

Llamamos a este extraordinario colectivo a declararse en estado de alerta y movilización permanente, para sostener en la calle este reclamo por el que hoy nos hemos auto convocado.

POR UN PODER JUDICIAL DEMOCRÁTICO, PLURAL, AMPLIO, ACCESIBLE, CON PARIDAD DE GÉNERO, DIVERSO!

El acuerdo no incluye ajuste fuerte ni reformas previsional o laboral.

Dirigentes de las principales organizaciones sociales y sindicales del país se manifestaron a favor del acuerdo alcanzado entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. Respaldo a Alberto Fernández por sostener con “firmeza” las políticas sociales y laborales. Apoyo de la CGT.

La central sindical peronista, la principal del país, celebró el acuerdo y le agradeció al gobierno por evitar las reformas previsional y laboral, que hubieran implicado severos ajustes sobre trabajadores y jubilados. “Otra vez el peronismo resolviendo un problema de deuda generado por gobiernos liberales”, aseguraron. “Que sea el inicio de una etapa de justicia social para los argentinos”, pidieron.

En el mismo sentido, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro, consideró “auspicioso” el anuncio del gobierno nacional. “El presidente no se dejó apretar”, celebraron.

En diálogo con El Destape, el dirigente popular siguió: “En general, en la política hay una visión muy asociada al concepto de crecimiento como solución de todos los problemas, y hay que ser muy cuidadosos con eso. No es cierto que cuando hay crecimiento todo el mundo es feliz, por eso ponemos un eje muy fuerte en el desarrollo de la economía popular”.

“Confío en la organización popular y en nuestros pueblos. Hay que aprender mucho. No se termina de percibir el grado de organización que tienen los sectores populares en la Argentina, se los conoce poco y se habla mucho por arriba”, agregó Castro.

Desde el Movimiento Evita, por su parte, el dirigente Emilio Pérsico respaldó el acuerdo. “Yo hablé con el presidente y creo que es el primer acuerdo con el Fondo donde no habrá ajuste para mantener el crecimiento”, destacó.

Pérsico, también funcionario a cargo de la secretaría de Economía Social, ponderó que “no hay ninguna restricción a ninguna de las políticas sociales ni las políticas sanitarias en el acuerdo. No hay reforma laboral ni reforma del sistema jubilatorio y tampoco hay una restricción del crecimiento porque se mantienen las mismas pautas del presupuesto”.

El Frente Patria Grande, que tiene a Juan Grabois entre sus referentes, marcó en su posicionamiento sobre el acuerdo que “la deuda sigue siendo con el pueblo”, y que ante un “plan de garantías para el FMI, debe haber un plan de garantías para nuestro pueblo que incluya salario básico universal y políticas concretas que garanticen tierra, techo y trabajo para todos”. En el comunicado, el espacio político que integra el Frente de Todos, advierte que esa “deuda interna es la más importante y no podemos dejar de discutir quién va a pagarla”. 

“Que no lo hagan los laburantes ni el pueblo pobre, que tampoco lo haga la clase media, sino que principalmente lo hagan quienes se enriquecieron con el endeudamiento de Macri accediendo a ganancias financieras extraordinarias y dólares baratos que fueron fugados”, exigen desde Patria Grande, al tiempo que pide avanzar con la investigación de la fuga de capitales que “permanece planchada en la Comisión Bicameral del Congreso”. Por su parte, el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, destacó la “firmeza de este Gobierno para lograr un acuerdo con el FMI que no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo y así dar continuidad a la recuperación de la Argentina”.

La CGT destacó que el acuerdo “prioriza el desarrollo económico” de Argentina y que el “Gobierno mantuvo con firmeza el compromiso de defender las políticas sociales, laborales y de seguridad social de nuestro país, y por ello expresamos nuestro apoyo al acuerdo”.

El país sumó una gran semana económica, después del descalabro que heredó de Mauricio Macri.

El dólar informal bajó un 4,5% hasta los $212,50, su menor valor en más de una semana. Así, el dólar ilegal acumuló una baja semanal de $6,50. De este modo, la brecha con el tipo de cambio mayorista, que regula el Banco Central, se redujo al 102,7%.

Son todas buenas noticias para la economía argentina que de a poco empieza a sacar la cabeza de abajo del agua. La pandemia de COVID y el desastre económico de Mauricio Macri sumergieron al país en una crisis que lleva 6 años. En ese período, la actividad cayó 15%. Sin embargo, en 2021 empezó una recuperación que seguramente continuará en 2022.

“Teníamos una deuda impagable, que nos dejaba sin presente y futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento”, señaló Fernández en un mensaje televisivo.

El mandatario explicó que el acuerdo no condicionará las políticas económicas del país y que no implicará un abrupto recorte del gasto público. “Este acuerdo no nos condiciona, podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social”, dijo Fernández.

La reciente incertidumbre por el acuerdo había hecho disparar el dólar en los mercados alternativos (el blue llegó a $223,50 el jueves), y había golpeado a los bonos soberanos de Argentina-

El dólar paralelo viene de registrar su mayor suba semanal en siete meses: $9,50. Así, la cotización exhibe un alza de $7 desde su mínimo mensual ($206), anotado el lunes 3 de enero.

Recordemos que en diciembre, el dólar paralelo avanzó 3,2% ($6,50), contra una inflación mensual del 3,8%, según el INDEC. Asimismo, en el acumulado de 2021 tuvo un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111%.

“Esto terminará en otra estafa al FMI”, aseguró. ¿A quién le importa?

El economista y diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, está preocupado por el FMI, no por la Argentina. Ahora salió a repudiar el acuerdo logrado por el gobierno de Alberto Fernández, porque terminará en una “estafa” al organismo. ¿A quién le importa la suerte del FMI?

El acuerdo “es una burla”, porque no sirve para “poner en orden las cuentas fiscales ni a los problemas argentinos”. Para Espert el problema está en que Argentina no hará un ajuste brutal este año, como pretende la derecha más radicalizada del país.

“El acuerdo con el FMI es una burla. No pone en orden a las cuentas fiscales ni a los problemas argentinos. Un programa sin cambios en la legislación laboral, sin reducción de impuestos, sin baja drástica del gasto público populista, terminará en otra estafa de Argentina al FMI”, fue el mensaje completo de Espert.