El expresidente agitó la interna de Juntos por el Cambio a través de un video que le mando a los referentes bonaerenses del PRO que estaban reunidos

En las últimas horas comenzó a circular un video de Mauricio Macri que expone la interna dentro de Juntos por el Cambio y dejó un mensaje para el PRO y el resto de la coalición.

A través de un saludo grabado en un clip de menos de 20 segundos, el exmandatario se dirigió a la Primera Sección Electoral bonaerense, que encabeza Cristian Ritondo. “Hola a todos, buenas tardes. Un saludo grande a Cristian [Ritondo] y Alex [Campbell] y todos los integrantes de la primera que están almorzando y no me la quería perder”, expresó.

Mauricio Macri quiere volver: "Listos para el segundo tiempo del cambio" pic.twitter.com/4RtwCufZBD

— Agencia El Vigía 🇦🇷 (@AgenciaElVigia) April 8, 2022

El exjefe de Estado, continuó: “Quiero enviarles un abrazo muy grande, que la pasen lindo y se preparen porque estamos más juntos que nunca, listos para el segundo tiempo del cambio”.

En la última semana, Macri había sido noticia porque había compartido un almuerzo con Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos que, al igual que Mauricio, fue derrotado en las últimas elecciones presidenciales. “Hoy compartí un almuerzo con Donald Trump, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos”, había escrito en su cuenta de Twitter.

El intendente Julio Garro, había solicitado el desalojo del predio de 160 hectáreas. Se trata de la usurpación en Los Horno. El juez Alejo Ramos Padilla falló a favor de las familias.

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla resolvió, en un dictamen de 58 fojas, que la mega usurpación de Los Hornos, ubicada en el ex predio nacional del Club Planeadores, no fue un delito y archivó el expediente que tramitaba desde el 16 de febrero de 2020.

Además, el magistrado instó a la gobernación a “concretar el proyecto de urbanización” y “soluciones adecuadas a la ‘magnitud’ de a problemática habitacional”.

El hecho se trasformó en un campo de batalla de 160 hectáreas que enfrentaba a desocupados, familias sin vivienda y vendedores de parcelas usurpadas por Internet. La diáspora llevó a que el gobierno bonaerense anunciara un proyecto de urbanización y a que la municipalidad de La Plata solicitara el desalojo.

En su extensa resolución, el magistrado recordó que la causa se había iniciado hace dos años y que la fiscalía federal actuante no había efectuado el requerimiento de investigación ya que esa función le corresponde al Ministerio Público fiscal.

En segunda instancia precisó que previo a que el juzgado federal asumiera la competencia de la causa, el Juzgado de Garantías N°6, a cargo de Agustín Crispo, rechazó el requerimiento de la fiscalía de que se desocupare el predio usurpado, con el argumento de que, antes de ello, podían ejercerse acciones componedores y resolverse por otros medios. Sí tuvo en cuenta el pedido de resguardar los derechos de los usurpadores, realizado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.

El magistrado le dio relevancia a la propuesta del gobierno de Axel Kicillof, quien acompañado por el de Alberto Fernández presentó un proyecto de urbanización realizado por la Subsecretaría de Desarrollo y Hábitat, tendientes a otorgar a los intrusos la tenencia precaria de las parcelas apropiadas.

Precisó además que “las familias que ocupan las parcelas en conflicto no cuentan con posibilidades económicas y políticas públicas de acceso al suelo” y que “dicho cuadro de situación sumado al carácter ocioso en que se encuentra el predio del Estado Nacional, los lleva -a los usurpadores- a tomar la decisión de apropiarse de un lugar para vivir y desarrollar su vida cotidiana”. Por esa razón, siguió argumentando Ramos Padilla, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a al frente de Andrés “Cuervo” Larroque, había diseñado un proyecto urbanístico para cubrir las necesidades de esas familias.

Un exfuncionario del gobierno de María Eugenia Vidal habría participado de la instalación de cámaras en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Qué declararon los involucrados en la causa.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso una serie medidas que pesan sobre un exfuncionario del Gobierno de María Eugenia Vidal para determinar si estuvo detrás del cableado del penal en el que supuestamente iban a ser confinados los gremialistas Hugo y Pablo Moyano en 2018 en caso de ser detenidos, como supuestamente buscaba el expresidente Mauricio Macri.

Se trata de Juan José Baric, exsubsecretario de Políticas Penitenciaras del Gobierno bonaerense durante la gestión Cambiemos, quien actualmente se desempeña como juez federal de La Pampa. Las medidas habían sido solicitadas por el fiscal Franco Picardi en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas durante el Gobierno de Macri sobre dirigentes políticos, sociales, religiosos, periodistas y en cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires.

En el expediente hay pruebas que dan cuenta de que Baric se había ocupado personalmente de impulsar la colocación de cámaras y micrófonos en el penal de Melchor Romero (partido de La Plata) y que para ello había contactado a la directora de la unidad para trasmitirle órdenes “de arriba”.

En agosto de 2018, fecha cercana a las visitas que realizaron miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a jueces con el supuesto objeto de consultarlos y presionarlos para que avanzaran en la detención de los sindicalistas de Camioneros y dirigentes del Club Independiente, Hugo y Pablo Moyano. Por aquellos días un grupo de agentes de la AFI concurrió hasta la alcaidía 3 de Melchor Romero para instalar cámaras y micrófonos en las celdas de un pabellón, como también en los locutorios y en las duchas.

Parte de esa historia pudo ser reconstruida por la Justicia a partir de las dos declaraciones que brindó en la causa la directora de la Unidad Penitenciaria, Natalia Rousillon, quien contó que en el momento de la instalación pensó que se trataba de operarios de una empresa gestionada por el entonces Gobierno nacional para garantizar (con cámaras) la seguridad de presos de alto impacto que podían ser trasladados allí.

En particular, la funcionaria pensó que la disposición de cámaras y micrófonos apuntaba a los acusados por el Triple Crimen de General Rodríguez. “Se me avisa que iba a venir esta gente y me pidieron que les agilizara el ingreso, que no preguntáramos de dónde venían y que pasaran. Obviamente, fue una orden, es mi subsecretario”, reveló Rousillon en una de sus declaraciones.

Los técnicos que fueron a instalar las cámaras y los micrófonos no eran empleados de una empresa y sus nombres y su auto quedaron registrados en el libro de ingresos, por lo que se pudo determinar que se trataba de miembros de la AFI que por entonces conducían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Las cámaras y micrófonos, finalmente, fueron colocados en las primeras semanas de agosto de 2018 pero debieron ser retirados después de que un agente penitenciario detectara un cable, camuflado con puntura roja, sobre el techo de un pabellón y le informara del hallazgo a la directora de la alcaidía.

Según relató ante la Justicia, Rousillon se contactó de inmediato con el entonces director provincial de alcaidías, Leandro Borghetti, y le pidió hablar con Baric para que retiraran todo lo instalado.

Como primera medida, el juez Martínez de Giorgi requirió el último viernes a las empresas prestatarias de telefonía móvil que informen los abonados telefónicos que estén registrados a nombre de Baric; Borghetti; del asesor Fernando Manzanares; y del agente del Servicio Penitenciario Bonaerense Andrés Patricio Rodríguez, entre otros.

También ordenó identificar las líneas a nombre de los exagentes de la AFI supuestamente involucrados en la maniobra de espionaje ilegal: Fernando Gustavo Whaler, Claudio Héctor Marcus, Emiliano Darío Picabea, Sebastián Alejandro Iglesias, del área de Operaciones Técnicas, y Alan Flavio Ruiz, entonces director de Operaciones Especiales.

El juez también requirió al ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires “que informe los números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada” entre julio y septiembre 2018 a Juan Baric; Borghetti; Manzanares y Rodríguez; a la vez que pidió que se informen los ingresos de los agentes de la AFI investigados al ministerio en el mismo período.

En simultáneo, el juez pidió a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que informe si alguno de los investigados ingresó entre julio y septiembre de 2018 a la Quinta presidencial de Olivos o a la Casa Rosada.

Varios de ellos visitaron al presidente el 29 de agosto de 2019. El 30 del mismo mes, giraron divisas por varios millones, según un reporte del BCRA. Quiénes hicieron esos movimientos.

Un día antes de que Mauricio Macri decretara un cepo cambiario que redujo la posibilidad de comprar dólares de 2 millones mensuales a 10 mil para particulares, empresarios que se reunieron con el expresidente y con varios de sus principales funcionarios compraron grandes sumas de divisa norteamericana y las enviaron al exterior. Tarjetas de crédito, petroleras, entidades financieras y particulares compraron y transfirieron.

El jueves 29 de agosto Macri recibió en la Casa Rosada a Alejandro Asrin, de Tarjeta Naranja; Daniel Denigris, de la petrolera Exxon; Martín Guimaraes, de British AM Tobacco; Miguel Devoto, de Danone; y Alberto Arizu, de la bodega Arizu-Luigi Bosca. La reunión no figura en los registros de la Casa Rosada, pero la reflejaron diarios y portales. Clarín, por ejemplo, consignó que “los hombres de negocios transmitieron su visión sobre la marcha de la economía”. En Infobae, el periodista Martín Di Natale consignó que “Macri escuchó quejas de los empresarios por la incertidumbre económica y la dificultad para hacer negocios”. El vocero de la reunión fue el senador Federico Pinedo.

De la información aportada por el BCRA a la causa sobre el destino del préstamo del FMI que investiga la jueza María Eugenia Capuchetti surge que al día siguiente de la reunión, Tarjeta Naranja SA, la empresa cuyo CEO es Alejandro Asrin, compró 31.932.000 dólares y ese mismo día los transfirió a una cuenta en los Estados Unidos. Cobranzas Regionales SA, empresa integrante del mismo grupo económico, compró también ese día 1.260.000 dólares. Fueron las primeras y únicas operaciones de compras de divisas de ambas empresas en 2019. El BCRA no tiene registradas otras antes de ese día. Para Tarjeta Naranja fue, además, su único giro de divisas al exterior en todo el año, según los registros.

El probable que Asrin haya tenido, tras reunirse con Macri, la intuición de que todo estaba por volar por los aires. En cambio, no hay ninguna prueba de que Macri le haya adelantado que dos días después, el domingo 1 de septiembre, el BCRA emitiría la Comunicación «A» 6770/2019 estableciendo el cepo cambiario. El punto cinco de ese documento fijó como requisito “la conformidad previa del BCRA para el acceso al mercado de cambios por parte de Personas Jurídicas, gobiernos locales, Fondos Comunes de Inversión, Fideicomisos y otras universalidades constituidas en el país, para la constitución de activos externos y para la constitución de todo tipo de garantías vinculadas a la concertación de operaciones de derivados”.  La suposición de que el empresario se fue de la reunión sabiendo lo que iba a ocurrir con el dólar es pura maledicencia incomprobable.

El propio Asrin, de acuerdo con el reporte, giró a su cuenta personal en España 190 mil dólares entre el 10 de septiembre y el 17 de octubre.

La Argentina era un caos y las reservas del Banco Central, artificial y ficticiamente fortalecidas por el préstamo del FMI, se desangraban. Según un artículo publicado por Juan Gasalla en el portal Infobae el 10 de diciembre de 2019, “en ocho meses se perdieron reservas por 33.000 millones de dólares, un siete por ciento del PBI”. El artículo consignó que “los activos del BCRA alcanzaron un récord de 77.000 millones el 9 de abril. Ahora rondan los 44.000 millones”.

También el 29 de agosto el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, se reunió con funcionarios de las sociedades de inversión Merrill Lynch Argentina, Trend Capital, Symmetry Investments, Bank of America, Acomea, Varde, Symmetry Investments, King Street, Autonomy y SPX Capital.

Simultáneamente, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, se entrevistó con un representante de Pan American Energy, la empresa fundada por Carlos Bulgheroni, y al día siguiente a las 10 de la mañana (aclaración pertinente porque tuvieron tiempo de operar ese día) hizo lo propio con otras petroleras. El ministro de Economía Hernán Lacunza recibió en esa agitada jornada al economista Carlos Melconian.

Al día siguiente, el 30 de agosto de 2019, Pan American Energy SL Sucursal Argentina transfirió 5 millones y medio de dólares desde una cuenta en el Banco Itaú a otra en el exterior utilizando el Wells Fargo Bank de Philadelphia. Tecpetrol, por su parte, envió 10 millones desde una cuenta en el HSBC a otra en Estados Unidos usando el JP Morgan Chase Bank. Vista Oil & Gas Argentina SAU giró 1 millón de dólares a Estados Unidos desde una cuenta en el Banco de Galicia. Y Petrobras Lubricants Argentina SA remitió 340 mil dólares desde su cuenta en el HSBC en Argentina a su cuenta en el mismo banco en Estados Unidos. Representantes de las cuatro empresas participaron de la reunión con Lopetegui.

Según los registros del BCRA, el economista Carlos Melconian transfirió también ese día 35.871 dólares desde su cuenta en Banco Río a una cuenta a su nombre en el Standard Chartered Bank de Estados Unidos.

El viernes 30, el BCRA vendió 383 millones de dólares para contener el precio de la divisa norteamericana, pero la fuerte presión de los compradores (algunos de los cuales habían estado en la víspera con funcionarios del gobierno y con el propio Macri), empujó la cotización hacia arriba. En julio de 2019 el dólar estaba a $ 42,90 pero después de las PASO saltó a $ 57 y llegó a tocar los $ 62,50. Cerró el año a un promedio de 58 pesos.

¿Cómo se contuvo la presión alcista? Según el artículo de Infobae del 14 de octubre, “entre el 12 de agosto y el 8 de octubre, el BCRA ‘sacrificó’ 3926 millones de dólares por sus ventas de contado”.

Aquí, apenas algunos de los oportunos compradores.

FUENTE: Tiempo Argentino

Las organizaciones se disponían a abandonar el corte de 9 de julio cuando la Policía de la Ciudad comenzó a reprimir. Secuestraron un camión con comida y detuvieron a seis personas.

Durante 48 horas, organizaciones sociales de Unidad Piquetera realizaron un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para exigir respuesta por el plan presentado para generar puestos de trabajo en medio de la crisis económica. No fueron recibidos por el ministro Juan Zabaleta y como si fuera poco, el Gobierno de la Ciudad decidió reprimirlos.
 
Mientras se realizaba el sorteo del Mundial, la fuerza porteña golpeó y detuvo a personas que estaban desconcentrando tras el acampe en la Av. 9 de Julio. “Acabamos de tener un gravísimo incidente que produjo (Rodríguez) Larreta y su ministro (de Seguridad) D’Alessandro en momentos que el camión, que estuvo en el acampe se retiraba muchas horas después de terminado y fue secuestrado, fueron golpeados los compañeros del Polo Obrero y el Partido Obrero”, denunció el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
 
En un mensaje grabado, el militante comparó a la Policía de la Ciudad con la de Estados Unidos, quienes ejercieron violencia y cometieron un crimen de odio contra George Floyd: “Fueron torturados ahí en el piso ante el asombro de los compañeros porque le pusieron la rodilla en el cuello como a Floyd”.
 
Y agregó: “Es decir: una política represiva insólita luego de estar tres días en un acampe sin ningún tipo de problemas y solo porque el registro del compañero, del camionero que está acá no lo tenía a mano si sacaba el registro se terminaba el problema”.
 
“Ahora tenemos seis compañeros detenidos, reprimidos. Hay compañeros lastimados, a mí me golpearon la espalda muchísimo porque intentábamos que no detuvieran a los compañeros pero los detuvieron y reprimieron”, detalló.
 
El camión al que hacen referencia llevaba comida que utilizaron para el acampe. Mientras que las personas detenidas son cuatro hombres y dos mujeres. En este momento reclaman por su liberación mientras sientan posición como Belliboni respecto de este accionar: “Larreta colabora con (Alberto) Fernández en el ajuste porque esta movilización la hicimos contra el ajuste. Entonces está claro que Larreta, que el PRO, el Gobierno están de acuerdo en reprimir: uno no atiende a los trabajadores y el otro reprime. Larreta tiene que decirle a su ministro de Seguridad que renuncie”.

Diputados y senadores recordaron al ex presidente a 13 años de su fallecimiento.

Al cumplirse 13 años del fallecimiento del ex presidente Raúl Alfonsín, ocurrido el 31 de marzo de 2009, legisladores bonaerenses de la UCR se sumaron a los distintos homenajes que se realizaron en el país para recordar al máximo exponente del radicalismo.  

El ex presidente Raúl Alfonsín murió en su departamento de la avenida Santa Fe, ciudad de Buenos Aires, rodeado por toda su familia. Tenía 82 años. Su cuerpo no soportó más la carga de un cáncer de pulmón que se había agravado en las horas previas con una neumonía.

🇦🇷️🇲🇨 ️El Hombre que se convirtió en Idea🇲🇨️🇦🇷️

Nos dejo su mejor legado: ser los hijos de la democracia.
#Raul #Alfonsin pic.twitter.com/LxV1cYdwPT

— Melisa Greco💜 (@MelitoGreco) March 31, 2022

Alfonsín recibió el reconocimiento de todo el arco político al día siguiente que sus restos fueron llevados en una cureña militar escoltada por el Regimiento de Granaderos a Caballo al Cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires.

Con una trayectoria política de más de medio siglo y un reconocimiento que ya había superado las fronteras del radicalismo, Raúl Alfonsín logró convertirse en una de las excluyentes figuras políticas de las últimas décadas y símbolo histórico del retorno a la democracia.

Como siempre, Raúl Alfonsín el más grande!

Los esperamos hoy a las 17:00 hs. para la inauguración del mural en su homenaje. Contaremos con la presencia del Intendente @gustavoposse
Dirección : Local Espacio Abierto/Distinto de la calle Pellegrini 2086 San Martín. pic.twitter.com/RfpIlKEvzH

— Walter Carusso (@waltercarusso) March 31, 2022

“Con la democracia se come, se cura y se educa”, fue su consigna preelectoral más recordada hasta el presente, aunque también marcó la historia argentina con la famosa frase “Felices Pascuas, la casa está en orden”, que con alto contenido político pronunció desde el balcón de la Casa Rosada en 1987.

Estas entre otras tantas frases de Raúl Alfonsín fueron rememoradas por diputados y senadores provinciales de la UCR por medio de sus redes sociales. “Sigan a las ideas, no sigan a los hombres. Los hombres pasan, las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva a la política democrática”, destacó en su cuenta personal de Twitter la senadora y vicepresidenta de la UCR bonaerense, Érica Revilla.

A 13 años de su partida, recordamos al Padre de la Democracia. Orgulloso de haberte acompañado Raúl y agradecido eternamente por todo lo que hiciste. Gracias por marcar el camino, por tu coraje y vocación por el bien común. #GraciasRaúl 🇵🇱 pic.twitter.com/Jxu6LLiXs7

— Claudio Frangul (@claudiofrangul) March 31, 2022

“Es necesario mirar con inteligencia, con el corazón y la mente en el presente, pero con la imaginación puesta en el futuro para encontrar la forma de solucionar problemas que distan mucho de ser resueltos en nuestro país”, fue otro de los discursos de Ricardo Alfonsín que difundió el diputado Valentín Miranda.  

En tanto, la diputada y vicepresidenta del Comité Nacional de la UCR, Alejandra Lordén, sostuvo que “a 13 años del fallecimiento de Raúl Alfonsín, padre de la democracia y arquitecto esencial de la identidad radical, reafirmamos la vocación de nuestro partido de liderar, con amplitud y generosidad, la Argentina que viene”.

¿Quién dijo que te fuiste? si tu legado es para siempre. Cada 31 de marzo miramos al cielo y agradecemos tu ejemplo y tu enseñanza.#GraciasRaúl #RaúlAlfonsín #Alfonsín #UCR #Democracia #Argentina @UCRBuenosAires @UCRNacional @ManesF @MaxiAbad @MelitoGreco pic.twitter.com/OPvO1YivID

— Flavia Delmonte (@DelmonteFlavia) March 31, 2022

“Gracias Raúl Alfonsín por tu legado, gracias por dejarnos tu fuerte convicción democrática, que aún hoy en tiempos difíciles, que atravesamos como país, nadie podrá torcer”, agregó el senador David Hirtz. 

A los mensajes que fueron inundando las redes sociales en conmemoración por el nuevo aniversario del fallecimiento del líder del radicalismo Raúl Alfonsín, también se sumaron convocatorias para las distintas actividades que se desarrollan en cada uno de los municipios bonaerenses.

“Hoy a las 17 hs, le rendimos homenaje en su monumento en Plaza Moreno. Te esperamos para recordar una vez más, al orgullo de nuestro partido y la inspiración de nuestras ideas”, convocó el diputado radical de La Plata, Claudio Frangul.  

Desde San Isidro, el legislador Walter Carusso llamó a los vecinos a participar de la inauguración del mural en homenaje a Raúl Alfonsín. “Contaremos con la presencia del Intendente Gustavo Posse”, adelantó también en su cuenta personal de Twitter.

El intendente de la capital provincial aseguraba que acusaba a los trabajadores eran parte de una red criminal con fines de explotación laboral.

El Juzgado Federal N°1 de La Plata resolvió “Desestimar la denuncia que dio origen a la presente causa y en consecuencia ARCHIVAR las presentes actuaciones por inexistencia de delito”, luego de transcurridos un año y 7 meses de que la ex Secretaria de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata, Virginia Pérez Cattaneo, a instancias del Intendente Julio Garro, presentara una  denuncia penal contra la comunidad senegalesa de la ciudad y contra un integrante de nuestro Colectivo de abogades populares La Ciega, en la que los acusaba de integrar una red criminal transnacional dedicada al tráfico y trata de senegaleses con fines de explotación laboral.

La denuncia y el inicio de la investigación judicial incluyó la intervención de la División de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina “quienes vigilaron de forma encubierta a las personas señaladas desde la gestión de Garro, que fue parte de una campaña de persecución política, judicial, mediática y laboral sin precedentes contra les migrantes senegaleses de La Plata y a uno de nuestros trabajadores  de La Ciega”, detalla el comunicado.

A su vez, en el documento se agrega”Este ataque judicial no fue casual, durante estos años -y junto a distintas organizaciones, activistas y vecines-, hemos logrado poner en evidencia el brutal hostigamiento xenófobo y racista ejercido por Control Urbano y la Policía Bonaerense contra migrantes senegaleses, que en el marco de violentos operativos contra la venta ambulante han sido sistemáticamente golpeados, insultados, saqueados y judicializados, aprovechándose de su especial situación de vulnerabilidad”.

En conversación con este medio, Damián Brumer, integrante del colectivo ‘La Ciega’, expresó “Se nos acusaba de integrar una red  criminal de caracter transnacional dedicada a la trata de senegaleses con fin de explotación laboral.  La municipalidad de la plata no puedo probar ese conjunto de acusaciones absolutamente insólitas que pretendieron instalar no solamente judicialmente sino a traves de una campaña política, judicial, mediática y de persecución  de todo tipo hacia los senegaleses y a quienes integramos el colectivo de abogados y abogadas populares de La Ciega”.

En este sentido, Brumer se explayó “Pretendian instalar que detrás de los manteros y manteras de la ciudad de La Plata, existía o existe una mafia criminal. Finalmente no lo pudieron comprobar y nosotros venimos afirmando desde un principio que son inventos de parte de la municipalidad y la denunciante Virginia Pérez Cattaneo a instancias de Julio Garro” y agregó “es momento de festejar este triunfo que sin dudas es popular a pesar del tiempo y de como durantes 1 año y 7 meses fuimos perseguidos y ahora van a ser ellos quienes sean investigados por la justicia, por presentar una denuncia falsa. Toca el tiempo de celebrar y dar a conocer a la comunidad platense sobre las mentiras de la municipalidad y como se destinaron fondos del municipio en estas acciones de persecución”.

Al finalizar el comunicado, desde las redes del Colectivo de Abogadxs populares, festejaron el fallo judicial “Es momento ahora de festejar esta victoria, agradecer a todes les que se sumaron a bancar esta pelea (colectivos de migrantes, organizaciones sociales y políticas, organismos de derechos humanos, gremios, medios alternativos, grupos universitarios, activistas), y de seguir luchando no sólo para que les migrantes senegaleses puedan vivir y trabajar sin violencia, sino además para que los responsables de estos discursos del odio ahora respondan ante la justicia.”

La información figura en un reporte del BCRA a la causa que investiga el préstamo del FMI al gobierno de Macri. Las operaciones fueron legales. Quiénes figuran en el informe.

El vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rozenkrantz, transfirió a una cuenta en Estados Unidos 650 mil dólares el 12 de agosto de 2019, el día siguiente a las PASO en las que el candidato de Juntos por el Cambio, el entonces presidente Mauricio Macri, perdió por 16 puntos frente al postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández.

La operación –que fue perfectamente legal, puesto que el gobierno de Macri así lo permitía– fue realizada a través del Standard Chartered Bank (SCB), un banco con sede en Inglaterra y filial en la Argentina.

“Todas las transferencias por mí realizadas fueron originadas desde cuentas en bancos argentinos, autorizadas por el Banco Central, con dinero debidamente declarado”, explicó Rosenkrantz, ante la consulta de Tiempo.

El dato sobre Rosenkrantz es apenas uno de los muchos que figuran en un informe que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) le envió, a regañadientes, a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien junto con el fiscal Franco Picardi llevan adelante la investigación por la deuda con el FMI que contrajo el gobierno de Macri. Esa causa, impulsada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a instancias del presidente Alberto Fernández, tiene entre sus objetivos determinar si el dinero del préstamo se fugó de la Argentina.

Pese a que la jueza dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario para avanzar en la investigación, el BCRA venía demorando ese informe hasta que finalmente lo aportó al expediente la semana pasada. No obstante, hasta el viernes los investigadores no habían podido acceder de manera completa al voluminoso informe por un problema de compatibilidades de programas informáticos.

Rosenkrantz es solo uno de los muchos nombres vinculados directa o indirectamente con el Poder Judicial que aparecen con operaciones registradas en el BCRA de transferencia de dólares al exterior, todas legales y declaradas. Están también Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro y asesor judicial de Macri; el procurador general bonaerense Julio Conte Grand; su ahijado Esteban Conte Grand, exasesor del exministro de Justicia Germán Garavano; el ex camarista federal y ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra; los fiscales Ricardo Sáenz y Carlos Rívolo, y el juez Pablo Gallegos Fedriani.

Casi todos ellos explicaron, ante la consulta de Tiempo, que las operaciones son legales, que todo está declarado ante la Afip, que pagaron los impuestos correspondientes y que eso nada tiene que ver con fuga de divisas.

En el caso de Rosenkrantz no solo aparece la transferencia el día después de las PASO. El informe del BCRA (que tienen cientos de nombres de personajes públicos) muestra que el expresidente de la Corte también recibió pagos en dólares durante el proceso en que se aprestaba a asumir en el máximo tribunal, primero por un decreto de Macri y finalmente mediante el proceso que establece la Constitución Nacional.

El 12 de agosto de 2016, diez días antes de jurar como juez, Rosenkrantz recibió 68.622 dólares de Anheuser Busch Inbev, la empresa belga que es la mayor fabricante mundial de cerveza, desde una cuenta en Gran Bretaña; el 12 de abril, 77.160 de Chambre de Commerce, la cámara de comercio de Francia; el 16 de mayo, 40.015 desde una cuenta en Panamá. Hay otros ingresos, cuyas fechas y orígenes están aún sujetos a chequeo.

“Se corresponden a servicios profesionales realizados y legalmente facturados con anterioridad a mi asunción como juez de la Corte Suprema, y fueron debidamente declarados en su oportunidad”, indicó el magistrado.

Rosenkrantz integró un prestigioso estudio de abogados que trabajaba con varias de las principales empresas transnacionales, aquí y en el exterior. Fue designado juez de la Corte por decreto el 15 de diciembre de 2015 pero una semana después, el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, decretó la inconstitucionalidad de ese nombramiento. Entonces su pliego recorrió el camino tradicional y el 15 de junio recibió el acuerdo del Senado. Podía haber jurado al día siguiente (de hecho, Horacio Rosatti, en su misma situación, asumió el 29 de junio), pero por una nunca bien explicada razón postergó más de dos meses su llegada a la Corte.

El procurador bonaerense Julio Conte Grand aparece en los registros en una transferencia importante con base en una cuenta en Estados Unidos. Pero consultados sus allegados por Tiempo, explicaron que esa operación no solo no sacó dinero al exterior sino que lo que hizo fue ingresar dólares a la Argentina el 26 de abril de 2019. “Es dinero declarado que ingresó para una operación inmobiliaria. No sacó dinero al exterior; lo trajo”.

Esteban Conte Grand, su ahijado y hasta marzo de 2017 jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, aparece en una transferencia de 332 mil dólares a una cuenta en Estados Unidos el 17 de octubre de 2019, a través del SCB.  Los mismos allegados aclararon que para ese entonces ya no era funcionario y tampoco lo es actualmente, y que “esa transferencia fue de origen legal y está declarada”.

Ricardo Gil Lavedra aparece en una transferencia de 400 mil dólares a Uruguay el 27 de agosto de 2019.

Consultado por Tiempo, señaló: “Tengo desde hace mucho cuenta en Uruguay y dos departamentos. Me imagino que quieren hacer aparecer un tema de fuga. No es, en absoluto, mi caso”.

“Todos mis movimientos están declarados ante la Afip y no recuerdo que haya habido algo en la fecha del acuerdo con el FMI. Tengo que chequear, pero no hice nada en esa época. (La operación) figura un año después y la plata estaba en la cuenta antes del convenio”.

Gil Lavedra, candidato a presidente del Colegio Público de Abogados por una lista opositora a la actual conducción, resaltó: “Todos los años traigo dinero, repatriándolo. Todos los años. Si buscan a quienes fugaron, no soy yo. La eventual fuga del préstamo fue en 2018”.

El fiscal federal Carlos Rívolo figura en el reporte en una transferencia al exterior por 77 mil dólares el 15 de octubre de 2019, también a través del SCB. Ante la consulta de Tiempo, indicó: “Es dinero ahorrado que salió por el Banco Ciudad a mi cuenta afuera y allí permanece. Declarada acá y allá, y pagados los impuestos”.

Su colega Ricardo Sáenz, fiscal ante la Cámara del Crimen porteña desde hace casi 30 años, aparece mencionado en un giro por 200.400 dólares a una mujer cuya identidad este diario mantendrá en reserva. Tiempo intentó contactar al funcionario a través de WhatsApp, pero Sáenz clavó el visto y no respondió.

Con respecto a Bernardo Saravia Frías y del camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Gallegos Fedriani, quienes también aparecen en el reporte con importantes transferencias al exterior, Tiempo no pudo tomar contacto con ellos, razón por la cual los detalles de las operaciones permanecerán por ahora en reserva.

FUENTE: Tiempo Argentino

La Justicia declaró nulo el convenio con IRSA para construir la Costa Urbana. “La Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental”, festejaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, quienes iniciaron la medida.

 El juez Aurelio Ammirato declaró este sábado, la nulidad del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, y la empresa IRSA, que habilitaba la construcción de 20 torres de 145 metros de altura entre otros edificios en plena Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica, y que conllevaba la destrucción de uno de los últimos humedales de la ciudad.
 
La sentencia se logró luego de que varias organizaciones iniciara una medida judicial para frenar el proyecto de la empresa IRSA. Las mismas son el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (LA DEFE). 
 
Estos espacios impulsaron el surgimiento de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos a fines del año pasado y desarrollaron campañas como la de “Costanera Verde Pública2 y “Resistencia Verde”. En esta causa judicial se cuestionó la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final.
 
Este convenio urbanístico, que recibió un rechazo casi unánime en la audiencia pública, fue aprobado por la Legislatura, en segunda lectura, el 2 de diciembre de 2021, dando origen a la Ley N° 6476.
 
Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de la causa judicial y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, manifestó: “La política de los convenios urbanísticos está destruyendo la planificación de la Ciudad y los barrios porteños. Estamos inmersos en la desplanificación de las excepciones inmobiliarias en aras de la especulación inmobiliaria”.
 
“También, comprobamos que la empresa IRSA es la terrateniente urbana que más beneficios ha obtenido del GCBA en los últimos años (Adjudicación de la concesión del Centro de Convenciones y Exposiciones, la subasta del edificio de Berutti, autorización de Ciudad Palmera en Caballito, la subasta del edificio de El Plata, la autorización para el shopping Distrito Arcos, la autorización para el Shopping Dot, etc.). Tal es el extremo de la simbiosis política-inmobiliaria-financiera-electoral entre Rodríguez Larreta y el grupo IRSA que para autorizarle la construcción de un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur decidieron violar innumerables leyes y la Constitución de la Ciudad”, agregó.
 
Así denunciaron que “firmaron el convenio urbanístico para Costa Urbana sin cumplir con la participación ciudadana ni con la elaboración de los estudios correspondientes. Votaron en la Legislatura el Convenio sin las mayorías que exige la Constitución. No realizaron el análisis y las consideraciones que se exige frente a los cuestionamientos de cientos de personas realizadas en la audiencia pública. Firmaron adendas al convenio y las ingresaron por la ventana antes de la segunda sanción en la Legislatura de forma inconstitucional. Incumple el mandato constitucional de recuperar la totalidad de la Costanera para el uso común de la Ciudadanía porteña. Viola la protección del derecho al ambiente al decidir destruir uno de los últimos humedales de la ciudad, etc.”.
 
“Este fallo viene a poner en alto que la Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental. Necesitamos como ciudadanía impulsar una revolución democrática social y ambiental para superar la actual monarquía inmobiliaria-financiera que padecemos”, sentenció.
 
Por su parte, la ingeniera María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria expresó: “Este fallo histórico no solo pone en evidencia la emergencia ambiental y climática que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires que se manifiesta en el aumento sostenido de la temperatura máxima anual, sino que, además pone en valor la democracia participativa ambiental”.
 
“En este punto, la sentencia enfatiza que también debe ser un interés público del GCBA el respeto de la participación ciudadana en la decisión de políticas ambientales. El paradigma democrático está cambiando”, indicó.
 
“La emergencia climática y ambiental se ha ido profundizando en la última década. En paralelo en la ciudad se sacrificaron 150 hectáreas de espacios verdes públicos y se impulsa la consolidación de la ocupación y privatización de todo el entorno ribereño”, advirtieó al tiempo que añadió: “Con el proyecto de Costa Urbana se cometería un ecocidio al destruir nuestro humedal costanero”.
 
“La resistencia verde que venimos sosteniendo en defensa de nuestra costanera está rindiendo frutos. Frenamos la Venta de Costa Salguero y ahora logramos proteger la Costanera Sur. La ciudadanía porteña desea ser protagonista del destino de la ciudad, de las decisiones que hacen a la calidad de vida, ya no tolera la verticalidad en el ejercicio del poder público”, concluyó.

En un comunicado de prensa en conjunto exigieron que “Larreta ponga la plata a disposición de los vecinos más necesitados para la construcción de viviendas, trabajo digno y educación”

Organizaciones sociales de la Ciudad protestaron en las puertas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  para reclamar la “construcción de viviendas, trabajo digno y de educación”, entre otras demandas. Además, rechazaron la “subejecución” del presupuesto habitacional por parte del Ejecutivo porteño, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.
 
La protesta, se realizó desde las 12, en la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de CABA, ubicado en Pavón y Entre Ríos, y fue convocada por referentes del Movimiento Popular Nuestra América; Movimiento de Trabajadores Excluidos; del Frente Popular Darío Santillán y la organización Proyecto 7, según consignó Télam.
 
Horacio Ávila, coordinador nacional de Proyecto 7, que asiste a personas en situación de calle, informó a Télam: “Ya estamos con nuestra protesta al Gobierno de la Ciudad, concretamente al ministerio de Hábitat de Desarrollo Humano, porque las organizaciones sociales seguimos sin tener respuestas a nuestras demandas”.
 
“No están renovando las becas para las 3.000 personas con adicciones; no se está entregando asistencia alimentaria para las familias más pobres; están incumpliendo con los subsidios habitacionales con lo que mucha gente vuelve a dormir en las calles y no están cumpliendo con los planes de empleo”, enumeró el dirigente.
 
Mientras que Silvia Cano, referente del Frente Popular Dario Santillán (FPDS/CABA) dijo: “Necesitamos que haya políticas reales de vivienda, trabajo y educación y que se garantice algo tan básico como el alimento para sostener los comedores populares. No se entiende que en la Ciudad más rica del país el Gobierno subejecute el presupuesto de Desarrollo Social con la situación económica que se vive”.
 
La protesta de las organizaciones sociales porteñas era acompañada por más de 100 efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (Caba), con cuatro camiones hidrantes.