Terminado el proceso electoral, los técnicos del organismo llegarán a la Argentina. Mantendrán reuniones con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, su par de Finanzas, Luis Caputo, y funcionarios del Banco Central.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribará en la hornada de hoy a la Argentina para comenzar a analizar la situación de la economía, confirmaron fuentes del Ministerio de Hacienda.

Como sucedía en los noventa, los técnicos del organismo mantendrán reuniones con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, su par de Finanzas, Luis Caputo, y funcionarios del Banco Central.

La misión, encabezada por el encargado del organismo para la Argentina, Roberto Cardarelli, llega en un momento en que los indicadores de la industria y el consumo, y sobre todo de la actividad económica, muestran repuntes.

Los técnicos del organismo permanecerán en la Argentina alrededor de dos semanas, para la revisión del artículo IV, un estudio económico del país al que están obligados todos sus países miembro.

No se descarta que la misión se reúna con representantes del sector privado y de la CGT, para analizar la posición del movimiento obrero frente a la reforma laboral que piensa encarar el gobierno.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que "sobrecumplió" la meta fiscal, lo cual es falso. En lo que va del año, el défici aumentó un 26% en relación a 2016. Los intereses de la deuda crecieron un 77%.

La alegría del Gobierno tiene que ver con que el gasto público creció un 6%, es decir por abajo de la inflación que en los primeros 9 meses está en el 20%. Sin embargo, el déficit total subió por arriba de ese número.

"En el noveno mes del año, el déficit financiero (que incluye el pago de intereses de la deuda pública netos de vencimientos intra-sector público) alcanzó $51.177 millones (+4% i.a.) producto del fuerte incremento del pago de intereses (+65% i.a.)", destacó la consultora Ecolatina, según reseñó Ámbito Financiero.

Por su parte, la Asociación Argentina de Presupuesto emitió un informe muy crítico sobre el estado de las cuentas públicas en el país: "En los primeros 9 meses de 2017 el déficit fiscal suma $347.826 millones, un 85% superior al de igual período del año pasado". Y desmintió al Gobierno sobre una supuesta baja del déficit fiscal primario: "Descontando los intereses de la deuda se obtiene un resultado primario deficitario de $149.600 millones, que es un 131% superior al registrado hace un año".

El Ejecutivo estableció que en 2018 bajarán gradualmente las retenciones a las soja, del actual 30% al 24%. Se estima que el Estado dejará de recaudar alrededor de 1000 millones de dólares. Es una cifra importante si se considera que el país tiene déficit récord.

Este año, las cuentas públicas terminarán con un rojo del 7% del PBI. Hay que remontarse a la fenomenal crisis de fin de siglo pasado para ver otro déficit similar. La mitad de ese rojo se explica por el creciente endeudamiento, cuyos intereses ya representan 2% del producto interno.

Para el año que viene el Gobierno deberá enfrentar otro problema extra, que tiene que ver con que no contará con los recursos extraordinarios que le aportó el exitoso blanqueo de capitales. Sin ese blanqueo el rojo hubiera sido aún peor.

Más allá del optimismo del equipo económico amarillo, el Estado presenta déficit primario y financiero. El primero se mantiene constante porque los ingresos están por debajo de los egresos. Para cubrirlo, el Gobierno apeló a un endeudamiento que es récord entre los países no desarrollados del mundo, según un informe de la consultora Bloomberg.

Pero ese pedido de capitales en el exterior no es gratuito, ya que impacta sobre las cuentas públicas, al generar pagos mensuales de intereses. El año que viene, se destinará un 10% del gasto público al pago de la deuda. Por eso, desde la oposición advierten que luego de las elecciones el Gobierno aplicará un "gran ajuste".

El Ministerio de Hacienda, publicó detalles del nuevo tarifazo pensado para febrero. El ajuste en el valor mayorista tendrá un aumento de al menos un 28%, fue anticipado en el proyecto de Presupuesto.

Según informó el Ministerio de Hacienda, en el 2018 los usuarios se harán cargo del 64% del costo de generación, lo que generará un aumento significativo de las boletas de energía de usuarios residenciales. Citando un ejemplo, actualmente para el Ministerio de Energía el valor del costo de generación es de u$s71; y prevé para el año que viene un tipo de cambio promedio en u$s18, lo que llevaría el precio al megavatio de $640 en la actualidad, a $818, en el caso de los usuarios residenciales y pequeños establecimientos.

Vale recordar que ya habían sido pactados dos ajustes semestrales por año, por lo que el Ministro Nicolás Dujovne, recordó que durante este año sólo hubo un incremento en la energía que se aplicó desdoblado entre febrero y marzo. Siguiendo esa lógica, en agosto debió haber una revalidación del servicio que no ocurrio. De esta forma, queda la posibilidad de que en noviembre se decida un nuevo aumento. En la misma línea, el sitio Política Argentina agrega que Dujovne aseguró que los aumentos que vendrán serán menores que los del año pasado. Por otra parte, además del aumento en el precio mayorista por el ajuste de los subsidios a cargo del Estado, están pautados dos nuevos ajustes en noviembre y en febrero para Edenor y Edesur, debido a la revisión tarifaria integral que aseguró fondos a esas empresas.

En comparación con el cuadro tarifario vigente, si sumamos todos los aumentos pactados al alza del 28% en la energía, las tarifas finales de Edenor y Edesur para hogares y pequeños comercios sufrirán un aumento de al menos el 14% en noviembre próximo, otro del 16% en febrero, dando por sentado un incremento por arriba del 50%.

Así lo expresó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. El propio Dujovne declaró que tiene $85 millones en el exterior y está entre los tres funcionarios que más activos tienen fuera del país. Mientras piden inversiones, el patrimonio de los funcionarios en el exterior creció 50%.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, defendió este lunes el derecho a atesorar la mayor parte de su patrimonio en el exterior y aseguró que "los funcionarios tienen derecho a" guardar "su dinero depositado" afuera de la Argentina.

El funcionario dijo que la polémica desatada semanas atrás por este tema responde a la "mala fe" de los dirigentes políticos de la oposición que lo cuestionaron sin aclarar que la Declaración Jurada de la que hablaban era de diciembre 2016, cuando él no era ministro.

"La del año que viene va a ser distinta", prometió el ministro en declaraciones a radio Metro al hacer referencia a la próxima declaración jurada que presentará sobre los bienes que le pertenecen.

Y sentenció: "Pienso que un funcionario tiene todo el derecho del mundo a tener su dinero en el exterior.

En mi caso, estando en el exterior, está en un 90 por ciento invertido en activos argentinos".

El jefe de Hacienda dijo que su patrimonio está en un banco del exterior pero invertido en acciones de empresas argentinas y bonos de la deuda soberana porque realmente confía "en este proceso. Además de ser voy a parecer".

Según los datos difundidos el 43% de los activos del gabinete nacional está radicado fuera del país. Los funcionarios más acaudalados invierten arriba del 80% de su patrimonio en el extranjero. El jefe de los espías, Gustavo Arribas, declaró $ 108 millones fuera de la Argentina; el ministro de Energía, Juan José Aranguren, informó $ 88 millones, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, declaró $ 85 millones en el exterior.

La tendencia está en ascenso. El dinero en el exterior es casi un 50% más que el año pasado. Es decir, mientras la mayoría de los funcionarios ya se desempeñaba en la función pública.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó el proyecto de ley del presupuesto 2018 que advierte un fuerte ajuste y con una fuerte tendencia al endeudamiento externo. El pago de intereses de la deuda representará el 14% del gasto total: es la cifra más alta en 17 años. En 2015, la deuda significaba el 7%. 

Según la propuesta del ministro Dujovne, en 2018 Argentina pagará más de 400 mil millones de pesos en el ítem servicios de la deuda externa. Es un 67% superior a lo gastado en 2017 y un 400% a lo ocurrido en 2016. Eso se explica por la política de endeudamiento que Cambiemos realizó desde el año pasado y que empieza a impactar con fuerza sobre los gastos corrientes. Esa lógica no es sustentable a mediano plazo: para cubrir el déficit creciente el Gobierno necesita tomar más deuda, que a su vez impacta sobre el presupuesto.

Además del endeudamiento, el proyecto de presupuesto enviado por el macrismo apunta a un “reordenamiento de la economía para que el crecimiento sea sustentable”. Estima que la mejora del PBI será del 3% para 2017 con un 10% en inversión.

Entre otros datos sobresalientes, se “prepara una baja del gasto en subsidios que se situaba en 22% del gasto primario en 2015 y baja al 12% del gasto primario en 2018”, principalmente en Transporte y Energía, que se traducirá en un incremento de las tarifas al público, recorte en programas productivos en las áreas de Agricultura e Industria y menor financiamiento en términos reales en Ciencia y Tecnología, Vivienda y Urbanismo y Trabajo.

En la misma sintonía, Dujovne advierte: "Vamos a seguir bajando el gasto en subsidios y en el funcionamiento del Estado", y planteó tres escenarios posibles para reducir del 4% al 3,2 del PBI en solo un año.

También se presentaron los proyectos oficiales para revalúo fiscal y una prórroga al gravamen sobre los créditos y débitos, que se conoce como el Impuesto al Cheque. El martes próximo a las 10, junto a su par de Finanzas, Luis Caputo, el ministro Dujovne concurrirá a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a defender el proyecto de ley.

El referente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, adelanto cuales fueron los reclamos que los ejecutivos del encuentro anual Council of The Americas le exigen al Gobierno. Flexibilizacion laboral y “una rebaja en serio de los aportes patronales”, son los ejes centrales.

Esta semana se llevó a cabo el encuentro anual del Council of the Americas en asociación con la Cámara de Comercio argentina, en el hotel Alvear Palace, donde altos ejecutivos y funcionarios debatieron sobre el futuro de los negocios en Argentina. El referente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, adelantó en diálogo con Infobae conclusiones del encuentro, y explicó que en el país "No podemos ir a una reforma a la brasileña.

Los argentinos tenemos otra idiosincrasia y la mayoría de los cambios que se aprobaron allí no sería factible introducirlos aquí". Al tiempo que advierte, “Hay algunos temas urgentes que deben ser abordados. Una rebaja en serio de los aportes patronales para bajar el costo laboral. Flexibilizar las condiciones de contratación y despido, porque si no será imposible generar empleo. Y descentralizar las negociaciones colectivas, para discutir por empresa o por sector”. De esta forma, se alineó a los dichos del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, horas después de la marcha de la CGT del último martes. El funcionario había señalado que los cambios introducidos en Brasil "no deben ser vistos como un espejo de lo que se quiere hacer en la Argentina".

A su vez, Cristiano Rattazzi, titular de Fiat, festejaba por la recuperación de la industria aunque al mismo tiempo también enfatizaba sobre los desafíos de competitividad: "El dólar a 18 pesos es mucho más lógico, más allá de que a mí me pueda gustar un nivel más alto, pero estamos mucho mejor que antes. Claro que aparecen temas como la reforma laboral en Brasil y te plantea un gran desafío en la búsqueda de mayor competitividad". También advertía que la industria automotriz no será la gran generadora de empleo que precisa la Argentina: "La robotización es cada vez más grande en nuestro sector. Está claro que los puestos de trabajo vienen mucho más por el lado de los servicios que de la industria".

Entre los funcionarios de Cambiemos que asistieron al encuentro anual del Council of The Americas , se pudo ver al jefe de Gabinete Marcos Peña, acompañado por los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; Finanzas, Luis Caputo; Producción, Francisco Cabrera; Energía, Juan José Aranguren; Modernización, Andrés Ibarra y el canciller Jorge Faurie. También se lo pudo ver al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Jorge Luis Di Fori, la presidenta y CEO de la Americas Society/Council of the Americas, Susan Segal, y legisladores como Juan Manuel Abal Medina, Luciano Laspina y Rodolfo Urtubey.

El número se desprende de un informe de la Confederación Minorista de la Mediana Empresa (CAME), que además, revela un descenso del 3 por ciento interanual en los últimos siete meses.

Durante el mes de julio la actividad de los comercios minoristas sufrió una caída de 1,6% respecto a igual mes del año anterior, que sumado a los últimos 7 meses revela un descenso de 3 por ciento interanual, según un sondeo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En diálogo con Página 12, la entidad explicó que "hay que tener en cuenta que se está comparando con un mes muy malo (en julio del año pasado las ventas se habían desplomado un 8,1 por ciento anual) con lo cual el resultado, si bien muestra una desaceleración de la tasa de declive, sigue reflejando una situación delicada para el comercio".

Además, CAME muestra que de los 18 sectores relevados, 16 exhibieron en julio baja de ventas en la comparación interanual, en 1 subieron, y 1 no hubo cambios. Los derrumbes de ventas más profundos se observaron en los rubros Calzados (-4,8 por ciento), Jugueterías y librerías (-3,9 por ciento) y Marroquinería (-3,3 por ciento).

Los miembros del Ejecutivo presentaron las declaraciones juradas referidas al 2016: en total, suman más de 700 millones de pesos. Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Nicolás Dujovne y Juan José Aranguren, los más ricos. El presidente declaró $ 82 millones.

Desde que comenzó la gestión de Cambiemos, en diciembre de 2015, desde la oposición la tildaron como "gobierno de los ricos". La referencia tenía que ver con la política económica que, siempre según los sectores no oficialistas, beneficia a los sectores de mayores recursos.

Ahora, viendo las declaraciones juradas, aquella afirmación tiene otro piso de veracidad. Ocurre que el Gobierno nacional está lleno de millonarios, si por eso se entiende a dirigentes cuyo patrimonio supera el millón de pesos.

En total, más de 30 funcionarios nacionales superan ese monto patrimonial. En el caso de los mencionados Macri, Arribas, Dujovne y Aranguren, agregan varios ceros a esa cifra. El propio Macri declaró 82 millones; Arribas, 126; Aranguren, 105 y Dujovne, 97. Con algunas perlitas: prácticamente todo el gabinete económico de Cambiemos tiene buena parte de los bienes en el exterior. ¿No confían en la política económica oficial?

El caso del propio mandatario suma otra particularidad: reconoció el pago de una deuda por parte de Nicolás Caputo, uno de los empresarios de obra pública más favorecido durante la gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. En 2016, Caputo le transfirió 22 millones de pesos. Nunca se aclaró a qué debía aquella deuda.

Con un decreto publicado esta mañana, el Gobierno removió a Pedro Biscay del cargo de director del Banco Central, para el cual había sido designado en 2014, "por mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público". Otro atropello a las instituciones.

El Gobierno removió a Pedro Biscay del cargo de director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para el cual había sido designado en 2014. Los argumentos fueron: "por mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Así lo resolvió a través de un decreto 571/2017, publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, "previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación".

"Remuévese del cargo de director del Banco Central de la República Argentina al señor D. Pedro Martín BISCAY (M.I. N° 26.691.009), por mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público", ordena la disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Allí se argumenta que la remoción fue decidida por "afirmaciones" del ahora ex funcionario "que ponen en riesgo los objetivos establecidos" en la Carta Orgánica, "particularmente en lo que se refiere a la estabilidad financiera en un sistema bancario de encajes fraccionarios y en el marco de un país que ha atravesado múltiples crisis cambiarias y bancarias en las últimas décadas".

Asimismo, en los considerandos del decreto se remarca que "no se trata en el caso de su supuesto de afectación de la libertad de expresión (…), pues con tal criterio se podría sostener que también deberían violarse los secretos de Estado o publicarse elementos de la vida privada de las personas -protegidos por las normas constitucionales- o dejarse de lado la reserva que impone la responsabilidad del desempeño de determinados cargos".

Biscay fue designado director de la entidad en 2014 por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof y contaba con acuerdo del Senado para cumplir mandato hasta 2019.