El gobernador jujeño confirmó que el expresidente volverá a postularse para el cargo pero aseguró que “un radical tiene que ser presidente en 2023”.

Horas atrás, Mauricio Macri saludaba a miembros del PRO a través de un breve video -lleno de equivocaciones sintácticas- que tomó estado público a través de las redes sociales, en el que aseguraba que en su espacio están “más juntos que nunca”.

Sin embargo, no pasó un solo día para que desde Juntos por el Cambio salieran a desmentirlo; específicamente en eso de “más juntos que nunca…” Y fue el referente del radicalismo, Gerardo Morales.

Como se sospechaba, el gobernador de Jujuy confirmó las intenciones de Macri de lanzarse como precandidato presidencial para 2023, lo que al parecer no es de mayor agrado. “Creo que va a ser candidato, es el jefe del PRO”, dijo.

Pero aclaró que existen profundas diferencias dentro de la alianza opositora: “Macri no es el jefe de Juntos por el Cambio, es el jefe del PRO. No es el jefe del radicalismo, no es mi jefe”, enfatizó.

Tras afirmar que “un radical tiene que ser presidente en 2023”, Morales señaló que “es el momento de que el radicalismo, que forma parte de la coalición, que tiene más musculatura, que es un partido de gestión, que gobierna 412 municipios y tres provincias y lo hace bien, pueda gobernar la República Argentina de manera responsable”.

El jujeño señaló también que desde el año próximo “se necesita un país que no solo tenga la cabeza en el Área Metropolitana y que cuente con economistas que no sean ortodoxos, que se encierran en las diez manzanas de la City porteña de espaldas al interior del país”.

El jefe de Gobierno porteño le bajó el tono a las diferencias internas en su coalición y aseguró que Juntos por el Cambio va “a ganar la elección en 2023”.

Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a las internas dentro de la coalición opositora Juntos por el Cambio y aseveró que esa fuerza ganará las elecciones presidenciales del año que viene.

“No jodamos más con esa boludez de los halcones y palomas, acá la diferencia es lo que cambian la vida de la gente. Vamos a ganar la elección del ’23, a ver si nos hacemos cargo”, dijo Rodríguez Larreta al participar esta mañana en un salón del barrio porteño de Almagro del congreso anual de la agrupación juvenil La Generación.

Rodríguez Larreta se mostró acompañado por la diputada María Eugenia Vidal y el presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro.

Con un mensaje descontracturado, destinado a un auditorio joven, Rodríguez Larreta admitió las “diferencias” que existen dentro de JXC pero pidió “no escandalizarse” por esas tensiones y agregó: “Si no estamos juntos, no ganamos una elección en la puta vida”.

En otro tramo de su mensaje, dijo que “se necesitan muchos huevos, y ovarios” para enfrentar la próxima campaña con vistas a las elecciones presidenciales del año que viene y sostuvo: “Somos demasiado correctos a veces. Rompamos un poco el molde. Zárpense un poco más, no pidamos permiso”.

Por su parte, Vidal consideró en su discurso “imprescindible sostener la unidad” de Juntos por el Cambio y sostuvo que “mantenerla es nuestra fortaleza y responsabilidad”.

“Se necesita una generación política con espalda, volumen y experiencia de gestión y política, además de un proyecto de país generoso y una narrativa. La unidad no puede ser simplemente oponernos al oficialismo. Tiene que haber un proyecto de país con objetivos claros y esta vez no podemos fallar”, aseveró la exgobernadora bonaerense.

El primer bloque del encuentro organizado por La Generación -que preside el jefe de Gabinete del ministerio de Educación porteño, Manuel Vidal- comenzó con una exposición del diputado y titular de la CC Maximiliano Ferraro, quien manifestó: “Nuestra confianza va a ser nuestra fuerza” y convocó a que dentro del espacio se manejen como “aliados”.

“Quiero invitarlos invitarlos a consolidar la amistad política, preservar y cuidar la unidad en la diversidad en Juntos por el Cambio, construir una narrativa y un sistema de ideas que vuelva enamorar a los argentinos”, expresó el representante de la CC.

Luego del mediodía expuso el economista Martín Tetaz: “Tenemos que construir un proyecto político amplio y común. En 2023, tenemos que ser el Gobierno que cambie la tendencia hacia un crecimiento sostenido”.

“Necesitamos estabilidad de la moneda, reforma impositiva, reforma del mercado del trabajo y del sesgo de la importación”, dijo en su disertación.

La Generación nuclea a dirigentes sub 40 de Juntos por el Cambio y tiene entre sus objetivos ser un espacio de debate y de formación de líderes políticos de la principal coalición opositora, con presencia en más de 11 provincias de todo el país.

Entre los invitados al evento, también estuvieron el diputado nacional y potencial candidato a gobernador por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, además de diputados, senadores, intendentes y dirigentes de todo el país, que debatieron la coyuntura y el futuro de JxC.

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, elevó el proyecto al Concejo Deliberante para desafectar una cuadra de la costa del uso público.

Un insólito proyecto ingresó al Concejo Deliberante de Pinamar, impulsado por el intendente de Juntos, Martín Yeza: quiere desafectar del dominio público una calle frente al mar para que la pueda comprar el polémico empresario Víctor Stinfale y así llevar adelante un desarrollo inmobiliario.

La iniciativa trascendió en las últimas horas y lógicamente despertó un fuerte rechazo en la ciudad costera.

Stinfale es propietario del exclusivo balneario de Pinamar, Boutique, y su intención es avanzar con un desarrollo inmobiliario que una el balneario con lo que fue el histórico boliche Ku, también de su propiedad, que permanece cerrado desde hace cinco años.

Sin embargo, para que el proyecto pueda prosperar el empresario y el intendente deben resolver un “inconveniente”: hay una calle pública, frente al mar, que separa ambos espacios privados. Se trata de Rambla Norte entre calle Guerrero y Corso Elegancia, una cuadra de casi 85 metros de largo por 26 de ancho.

Stinfale se quedaría con una calle frente al mar por un precio cuatro veces más bajo de lo que dice el mercado.

En ese contexto, el jefe comunal elevó un proyecto al cuerpo legislativo de la localidad para que apruebe su desafectación como bien público y se permita la venta de la calle a la empresa Energy Group SRL. La tasación estableció que el valor de esa cuadra (2.200 metros cuadrados) es de 1.200.000 dólares (a valor oficial), que es lo que pagaría la empresa para quedarse con ese espacio privilegiado de la costa de Pinamar.

Desde la oposición plantearon sus cuestionamientos no sólo por el proyecto en sí, sino también por el monto: consideran que esa cantidad de metros cuadrados, frente al mar, el valor de esa tierra es, al menos, cuatro veces más.

La comisión de tasación municipal estableció el precio de ese sector en 500 dólares el metro cuadrado, sin embargo, se rige por el dólar oficial lo cual hace que el precio sea notablemente inferior al valor real de mercado, algo que puede comprobar cualquier pinamarense que quiera comprar una propiedad frente al mar.

El expresidente agitó la interna de Juntos por el Cambio a través de un video que le mando a los referentes bonaerenses del PRO que estaban reunidos

En las últimas horas comenzó a circular un video de Mauricio Macri que expone la interna dentro de Juntos por el Cambio y dejó un mensaje para el PRO y el resto de la coalición.

A través de un saludo grabado en un clip de menos de 20 segundos, el exmandatario se dirigió a la Primera Sección Electoral bonaerense, que encabeza Cristian Ritondo. “Hola a todos, buenas tardes. Un saludo grande a Cristian [Ritondo] y Alex [Campbell] y todos los integrantes de la primera que están almorzando y no me la quería perder”, expresó.

El exjefe de Estado, continuó: “Quiero enviarles un abrazo muy grande, que la pasen lindo y se preparen porque estamos más juntos que nunca, listos para el segundo tiempo del cambio”.

En la última semana, Macri había sido noticia porque había compartido un almuerzo con Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos que, al igual que Mauricio, fue derrotado en las últimas elecciones presidenciales. “Hoy compartí un almuerzo con Donald Trump, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos”, había escrito en su cuenta de Twitter.

El intendente Julio Garro, había solicitado el desalojo del predio de 160 hectáreas. Se trata de la usurpación en Los Horno. El juez Alejo Ramos Padilla falló a favor de las familias.

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla resolvió, en un dictamen de 58 fojas, que la mega usurpación de Los Hornos, ubicada en el ex predio nacional del Club Planeadores, no fue un delito y archivó el expediente que tramitaba desde el 16 de febrero de 2020.

Además, el magistrado instó a la gobernación a “concretar el proyecto de urbanización” y “soluciones adecuadas a la ‘magnitud’ de a problemática habitacional”.

El hecho se trasformó en un campo de batalla de 160 hectáreas que enfrentaba a desocupados, familias sin vivienda y vendedores de parcelas usurpadas por Internet. La diáspora llevó a que el gobierno bonaerense anunciara un proyecto de urbanización y a que la municipalidad de La Plata solicitara el desalojo.

En su extensa resolución, el magistrado recordó que la causa se había iniciado hace dos años y que la fiscalía federal actuante no había efectuado el requerimiento de investigación ya que esa función le corresponde al Ministerio Público fiscal.

En segunda instancia precisó que previo a que el juzgado federal asumiera la competencia de la causa, el Juzgado de Garantías N°6, a cargo de Agustín Crispo, rechazó el requerimiento de la fiscalía de que se desocupare el predio usurpado, con el argumento de que, antes de ello, podían ejercerse acciones componedores y resolverse por otros medios. Sí tuvo en cuenta el pedido de resguardar los derechos de los usurpadores, realizado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.

El magistrado le dio relevancia a la propuesta del gobierno de Axel Kicillof, quien acompañado por el de Alberto Fernández presentó un proyecto de urbanización realizado por la Subsecretaría de Desarrollo y Hábitat, tendientes a otorgar a los intrusos la tenencia precaria de las parcelas apropiadas.

Precisó además que “las familias que ocupan las parcelas en conflicto no cuentan con posibilidades económicas y políticas públicas de acceso al suelo” y que “dicho cuadro de situación sumado al carácter ocioso en que se encuentra el predio del Estado Nacional, los lleva -a los usurpadores- a tomar la decisión de apropiarse de un lugar para vivir y desarrollar su vida cotidiana”. Por esa razón, siguió argumentando Ramos Padilla, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a al frente de Andrés “Cuervo” Larroque, había diseñado un proyecto urbanístico para cubrir las necesidades de esas familias.

Un exfuncionario del gobierno de María Eugenia Vidal habría participado de la instalación de cámaras en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Qué declararon los involucrados en la causa.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso una serie medidas que pesan sobre un exfuncionario del Gobierno de María Eugenia Vidal para determinar si estuvo detrás del cableado del penal en el que supuestamente iban a ser confinados los gremialistas Hugo y Pablo Moyano en 2018 en caso de ser detenidos, como supuestamente buscaba el expresidente Mauricio Macri.

Se trata de Juan José Baric, exsubsecretario de Políticas Penitenciaras del Gobierno bonaerense durante la gestión Cambiemos, quien actualmente se desempeña como juez federal de La Pampa. Las medidas habían sido solicitadas por el fiscal Franco Picardi en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas durante el Gobierno de Macri sobre dirigentes políticos, sociales, religiosos, periodistas y en cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires.

En el expediente hay pruebas que dan cuenta de que Baric se había ocupado personalmente de impulsar la colocación de cámaras y micrófonos en el penal de Melchor Romero (partido de La Plata) y que para ello había contactado a la directora de la unidad para trasmitirle órdenes “de arriba”.

En agosto de 2018, fecha cercana a las visitas que realizaron miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a jueces con el supuesto objeto de consultarlos y presionarlos para que avanzaran en la detención de los sindicalistas de Camioneros y dirigentes del Club Independiente, Hugo y Pablo Moyano. Por aquellos días un grupo de agentes de la AFI concurrió hasta la alcaidía 3 de Melchor Romero para instalar cámaras y micrófonos en las celdas de un pabellón, como también en los locutorios y en las duchas.

Parte de esa historia pudo ser reconstruida por la Justicia a partir de las dos declaraciones que brindó en la causa la directora de la Unidad Penitenciaria, Natalia Rousillon, quien contó que en el momento de la instalación pensó que se trataba de operarios de una empresa gestionada por el entonces Gobierno nacional para garantizar (con cámaras) la seguridad de presos de alto impacto que podían ser trasladados allí.

En particular, la funcionaria pensó que la disposición de cámaras y micrófonos apuntaba a los acusados por el Triple Crimen de General Rodríguez. “Se me avisa que iba a venir esta gente y me pidieron que les agilizara el ingreso, que no preguntáramos de dónde venían y que pasaran. Obviamente, fue una orden, es mi subsecretario”, reveló Rousillon en una de sus declaraciones.

Los técnicos que fueron a instalar las cámaras y los micrófonos no eran empleados de una empresa y sus nombres y su auto quedaron registrados en el libro de ingresos, por lo que se pudo determinar que se trataba de miembros de la AFI que por entonces conducían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Las cámaras y micrófonos, finalmente, fueron colocados en las primeras semanas de agosto de 2018 pero debieron ser retirados después de que un agente penitenciario detectara un cable, camuflado con puntura roja, sobre el techo de un pabellón y le informara del hallazgo a la directora de la alcaidía.

Según relató ante la Justicia, Rousillon se contactó de inmediato con el entonces director provincial de alcaidías, Leandro Borghetti, y le pidió hablar con Baric para que retiraran todo lo instalado.

Como primera medida, el juez Martínez de Giorgi requirió el último viernes a las empresas prestatarias de telefonía móvil que informen los abonados telefónicos que estén registrados a nombre de Baric; Borghetti; del asesor Fernando Manzanares; y del agente del Servicio Penitenciario Bonaerense Andrés Patricio Rodríguez, entre otros.

También ordenó identificar las líneas a nombre de los exagentes de la AFI supuestamente involucrados en la maniobra de espionaje ilegal: Fernando Gustavo Whaler, Claudio Héctor Marcus, Emiliano Darío Picabea, Sebastián Alejandro Iglesias, del área de Operaciones Técnicas, y Alan Flavio Ruiz, entonces director de Operaciones Especiales.

El juez también requirió al ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires “que informe los números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada” entre julio y septiembre 2018 a Juan Baric; Borghetti; Manzanares y Rodríguez; a la vez que pidió que se informen los ingresos de los agentes de la AFI investigados al ministerio en el mismo período.

En simultáneo, el juez pidió a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que informe si alguno de los investigados ingresó entre julio y septiembre de 2018 a la Quinta presidencial de Olivos o a la Casa Rosada.

Varios de ellos visitaron al presidente el 29 de agosto de 2019. El 30 del mismo mes, giraron divisas por varios millones, según un reporte del BCRA. Quiénes hicieron esos movimientos.

Un día antes de que Mauricio Macri decretara un cepo cambiario que redujo la posibilidad de comprar dólares de 2 millones mensuales a 10 mil para particulares, empresarios que se reunieron con el expresidente y con varios de sus principales funcionarios compraron grandes sumas de divisa norteamericana y las enviaron al exterior. Tarjetas de crédito, petroleras, entidades financieras y particulares compraron y transfirieron.

El jueves 29 de agosto Macri recibió en la Casa Rosada a Alejandro Asrin, de Tarjeta Naranja; Daniel Denigris, de la petrolera Exxon; Martín Guimaraes, de British AM Tobacco; Miguel Devoto, de Danone; y Alberto Arizu, de la bodega Arizu-Luigi Bosca. La reunión no figura en los registros de la Casa Rosada, pero la reflejaron diarios y portales. Clarín, por ejemplo, consignó que “los hombres de negocios transmitieron su visión sobre la marcha de la economía”. En Infobae, el periodista Martín Di Natale consignó que “Macri escuchó quejas de los empresarios por la incertidumbre económica y la dificultad para hacer negocios”. El vocero de la reunión fue el senador Federico Pinedo.

De la información aportada por el BCRA a la causa sobre el destino del préstamo del FMI que investiga la jueza María Eugenia Capuchetti surge que al día siguiente de la reunión, Tarjeta Naranja SA, la empresa cuyo CEO es Alejandro Asrin, compró 31.932.000 dólares y ese mismo día los transfirió a una cuenta en los Estados Unidos. Cobranzas Regionales SA, empresa integrante del mismo grupo económico, compró también ese día 1.260.000 dólares. Fueron las primeras y únicas operaciones de compras de divisas de ambas empresas en 2019. El BCRA no tiene registradas otras antes de ese día. Para Tarjeta Naranja fue, además, su único giro de divisas al exterior en todo el año, según los registros.

El probable que Asrin haya tenido, tras reunirse con Macri, la intuición de que todo estaba por volar por los aires. En cambio, no hay ninguna prueba de que Macri le haya adelantado que dos días después, el domingo 1 de septiembre, el BCRA emitiría la Comunicación «A» 6770/2019 estableciendo el cepo cambiario. El punto cinco de ese documento fijó como requisito “la conformidad previa del BCRA para el acceso al mercado de cambios por parte de Personas Jurídicas, gobiernos locales, Fondos Comunes de Inversión, Fideicomisos y otras universalidades constituidas en el país, para la constitución de activos externos y para la constitución de todo tipo de garantías vinculadas a la concertación de operaciones de derivados”.  La suposición de que el empresario se fue de la reunión sabiendo lo que iba a ocurrir con el dólar es pura maledicencia incomprobable.

El propio Asrin, de acuerdo con el reporte, giró a su cuenta personal en España 190 mil dólares entre el 10 de septiembre y el 17 de octubre.

La Argentina era un caos y las reservas del Banco Central, artificial y ficticiamente fortalecidas por el préstamo del FMI, se desangraban. Según un artículo publicado por Juan Gasalla en el portal Infobae el 10 de diciembre de 2019, “en ocho meses se perdieron reservas por 33.000 millones de dólares, un siete por ciento del PBI”. El artículo consignó que “los activos del BCRA alcanzaron un récord de 77.000 millones el 9 de abril. Ahora rondan los 44.000 millones”.

También el 29 de agosto el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, se reunió con funcionarios de las sociedades de inversión Merrill Lynch Argentina, Trend Capital, Symmetry Investments, Bank of America, Acomea, Varde, Symmetry Investments, King Street, Autonomy y SPX Capital.

Simultáneamente, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, se entrevistó con un representante de Pan American Energy, la empresa fundada por Carlos Bulgheroni, y al día siguiente a las 10 de la mañana (aclaración pertinente porque tuvieron tiempo de operar ese día) hizo lo propio con otras petroleras. El ministro de Economía Hernán Lacunza recibió en esa agitada jornada al economista Carlos Melconian.

Al día siguiente, el 30 de agosto de 2019, Pan American Energy SL Sucursal Argentina transfirió 5 millones y medio de dólares desde una cuenta en el Banco Itaú a otra en el exterior utilizando el Wells Fargo Bank de Philadelphia. Tecpetrol, por su parte, envió 10 millones desde una cuenta en el HSBC a otra en Estados Unidos usando el JP Morgan Chase Bank. Vista Oil & Gas Argentina SAU giró 1 millón de dólares a Estados Unidos desde una cuenta en el Banco de Galicia. Y Petrobras Lubricants Argentina SA remitió 340 mil dólares desde su cuenta en el HSBC en Argentina a su cuenta en el mismo banco en Estados Unidos. Representantes de las cuatro empresas participaron de la reunión con Lopetegui.

Según los registros del BCRA, el economista Carlos Melconian transfirió también ese día 35.871 dólares desde su cuenta en Banco Río a una cuenta a su nombre en el Standard Chartered Bank de Estados Unidos.

El viernes 30, el BCRA vendió 383 millones de dólares para contener el precio de la divisa norteamericana, pero la fuerte presión de los compradores (algunos de los cuales habían estado en la víspera con funcionarios del gobierno y con el propio Macri), empujó la cotización hacia arriba. En julio de 2019 el dólar estaba a $ 42,90 pero después de las PASO saltó a $ 57 y llegó a tocar los $ 62,50. Cerró el año a un promedio de 58 pesos.

¿Cómo se contuvo la presión alcista? Según el artículo de Infobae del 14 de octubre, “entre el 12 de agosto y el 8 de octubre, el BCRA ‘sacrificó’ 3926 millones de dólares por sus ventas de contado”.

Aquí, apenas algunos de los oportunos compradores.

FUENTE: Tiempo Argentino

El Ministro de Seguridad participó del programa de Jorge Rial. “La deuda la tienen que pagar los que la hicieron y la fugaron. Hubo incluso gente que cobró comisiones y eso debe ser investigado”, señaló.

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández dejó una nueva frase memorable al calificar a la oposición como “livianitos de coherencia como boleadoras de merengue“. Fue en C5N mientras participaba como crítico invitado de Sobredosis de TV con Jorge Rial.

Aníbal afirmó que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “la deben pagar quienes la hicieron” al referirse al préstamo que tomó el gobierno de Mauricio Macri con ese organismo y respaldar el proyecto presentado en el Senado por el Frente de Todos para crear un fondo con recursos recuperados de la evasión fiscal.

“La deuda la tienen que pagar los que la hicieron y se la fugaron. Hubo incluso gente que cobró comisiones por las deudas que se tomaron y eso debe ser investigado”, señaló Fernández antes de lanzar la nueva frase.

El ministro de Seguridad aseguró que “en diciembre”, el presidente Alberto Fernández “tenía este proyecto pensado” y se lo mostró en una reunión.

“Me pone contento que estemos discutiendo estas cosas. Hay que analizar la evasión en Argentina. Este proyecto no crea un impuesto, se trata de recuperar lo que está afuera”, remarcó Fernández.

Y, en ese sentido, recordó: “En 2019, cuando perdieron las PASO Macri hizo una corrida y le avisó a todos sus amigos para beneficiar a todos sus amigos”.

Las organizaciones se disponían a abandonar el corte de 9 de julio cuando la Policía de la Ciudad comenzó a reprimir. Secuestraron un camión con comida y detuvieron a seis personas.

Durante 48 horas, organizaciones sociales de Unidad Piquetera realizaron un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para exigir respuesta por el plan presentado para generar puestos de trabajo en medio de la crisis económica. No fueron recibidos por el ministro Juan Zabaleta y como si fuera poco, el Gobierno de la Ciudad decidió reprimirlos.
 
Mientras se realizaba el sorteo del Mundial, la fuerza porteña golpeó y detuvo a personas que estaban desconcentrando tras el acampe en la Av. 9 de Julio. “Acabamos de tener un gravísimo incidente que produjo (Rodríguez) Larreta y su ministro (de Seguridad) D’Alessandro en momentos que el camión, que estuvo en el acampe se retiraba muchas horas después de terminado y fue secuestrado, fueron golpeados los compañeros del Polo Obrero y el Partido Obrero”, denunció el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
 
En un mensaje grabado, el militante comparó a la Policía de la Ciudad con la de Estados Unidos, quienes ejercieron violencia y cometieron un crimen de odio contra George Floyd: “Fueron torturados ahí en el piso ante el asombro de los compañeros porque le pusieron la rodilla en el cuello como a Floyd”.
 
Y agregó: “Es decir: una política represiva insólita luego de estar tres días en un acampe sin ningún tipo de problemas y solo porque el registro del compañero, del camionero que está acá no lo tenía a mano si sacaba el registro se terminaba el problema”.
 
“Ahora tenemos seis compañeros detenidos, reprimidos. Hay compañeros lastimados, a mí me golpearon la espalda muchísimo porque intentábamos que no detuvieran a los compañeros pero los detuvieron y reprimieron”, detalló.
 
El camión al que hacen referencia llevaba comida que utilizaron para el acampe. Mientras que las personas detenidas son cuatro hombres y dos mujeres. En este momento reclaman por su liberación mientras sientan posición como Belliboni respecto de este accionar: “Larreta colabora con (Alberto) Fernández en el ajuste porque esta movilización la hicimos contra el ajuste. Entonces está claro que Larreta, que el PRO, el Gobierno están de acuerdo en reprimir: uno no atiende a los trabajadores y el otro reprime. Larreta tiene que decirle a su ministro de Seguridad que renuncie”.

Se trata del Cementerio de la Recoleta. Tras dos años de pandemia y con el sector de turismo golpeado, el gobierno de Larreta exigirá un pago para ingresar, aunque se diferencia según el tipo de visitante. ¿Quiénes deberán pagar?

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decidió que desde el lunes 4 de abril se cobrará una entrada para ingresar al mítico Cementerio de la Recoleta. Desde el sector de turismo se resisten a la medida argumentando que los últimos dos años de pandemia golearon fuerte a sus ingresos.
 
Los operadores turísticos, que incluyen el lugar en sus tours, se resistiera, y explican que verán una pérdida en sus ingresos, justo cuando intentan recuperarse.
 
Lo cierto es que el Gobierno de la Ciudad cobrará el ingreso que tendrá un valor de $1.400 para extranjeros, y $700 para turistas nacionales que ingresen en grupos de visitas, con guía o agencia turística.
 
Los que aún no deberán pagar serán los argentinos que vayan de forma particular y los jubilados. Además, a la lista de visitas “gratuitas” al cementerio, se incluirán a los estudiantes de todos los niveles de escuelas del Gobierno porteño o de otras jurisdicciones provinciales que hagan visitas educativas.
 
Según consignó BAE negocios, esta decisión estaba prevista desde el 2014, cuando Mauricio Macri gobernaba en la Ciudad, por la ley 4.977, que creó el Fondo de Garantía Turística de los Cementerios de la Ciudad. Este estaría integrado por “el pago de las contribuciones que deberá realizar cada turista en concepto de visita guiada”.
 
La Dirección General de Cementerios dijo a BAE negocios que el dinero recaudado buscarán renovar el panteón en Flores, refaccionar las galerías de nichos en la Chacarita, colocar carteles orientativos y reforzar la seguridad en Recoleta, entre otras mejoras planeadas en las necrópolis porteñas.
 
En las redes sociales hubo rechazo por el cobro de entradas: