El intendente de la capital provincial aseguraba que acusaba a los trabajadores eran parte de una red criminal con fines de explotación laboral.

El Juzgado Federal N°1 de La Plata resolvió “Desestimar la denuncia que dio origen a la presente causa y en consecuencia ARCHIVAR las presentes actuaciones por inexistencia de delito”, luego de transcurridos un año y 7 meses de que la ex Secretaria de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata, Virginia Pérez Cattaneo, a instancias del Intendente Julio Garro, presentara una  denuncia penal contra la comunidad senegalesa de la ciudad y contra un integrante de nuestro Colectivo de abogades populares La Ciega, en la que los acusaba de integrar una red criminal transnacional dedicada al tráfico y trata de senegaleses con fines de explotación laboral.

La denuncia y el inicio de la investigación judicial incluyó la intervención de la División de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina “quienes vigilaron de forma encubierta a las personas señaladas desde la gestión de Garro, que fue parte de una campaña de persecución política, judicial, mediática y laboral sin precedentes contra les migrantes senegaleses de La Plata y a uno de nuestros trabajadores  de La Ciega”, detalla el comunicado.

A su vez, en el documento se agrega”Este ataque judicial no fue casual, durante estos años -y junto a distintas organizaciones, activistas y vecines-, hemos logrado poner en evidencia el brutal hostigamiento xenófobo y racista ejercido por Control Urbano y la Policía Bonaerense contra migrantes senegaleses, que en el marco de violentos operativos contra la venta ambulante han sido sistemáticamente golpeados, insultados, saqueados y judicializados, aprovechándose de su especial situación de vulnerabilidad”.

En conversación con este medio, Damián Brumer, integrante del colectivo ‘La Ciega’, expresó “Se nos acusaba de integrar una red  criminal de caracter transnacional dedicada a la trata de senegaleses con fin de explotación laboral.  La municipalidad de la plata no puedo probar ese conjunto de acusaciones absolutamente insólitas que pretendieron instalar no solamente judicialmente sino a traves de una campaña política, judicial, mediática y de persecución  de todo tipo hacia los senegaleses y a quienes integramos el colectivo de abogados y abogadas populares de La Ciega”.

En este sentido, Brumer se explayó “Pretendian instalar que detrás de los manteros y manteras de la ciudad de La Plata, existía o existe una mafia criminal. Finalmente no lo pudieron comprobar y nosotros venimos afirmando desde un principio que son inventos de parte de la municipalidad y la denunciante Virginia Pérez Cattaneo a instancias de Julio Garro” y agregó “es momento de festejar este triunfo que sin dudas es popular a pesar del tiempo y de como durantes 1 año y 7 meses fuimos perseguidos y ahora van a ser ellos quienes sean investigados por la justicia, por presentar una denuncia falsa. Toca el tiempo de celebrar y dar a conocer a la comunidad platense sobre las mentiras de la municipalidad y como se destinaron fondos del municipio en estas acciones de persecución”.

Al finalizar el comunicado, desde las redes del Colectivo de Abogadxs populares, festejaron el fallo judicial “Es momento ahora de festejar esta victoria, agradecer a todes les que se sumaron a bancar esta pelea (colectivos de migrantes, organizaciones sociales y políticas, organismos de derechos humanos, gremios, medios alternativos, grupos universitarios, activistas), y de seguir luchando no sólo para que les migrantes senegaleses puedan vivir y trabajar sin violencia, sino además para que los responsables de estos discursos del odio ahora respondan ante la justicia.”

La información figura en un reporte del BCRA a la causa que investiga el préstamo del FMI al gobierno de Macri. Las operaciones fueron legales. Quiénes figuran en el informe.

El vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rozenkrantz, transfirió a una cuenta en Estados Unidos 650 mil dólares el 12 de agosto de 2019, el día siguiente a las PASO en las que el candidato de Juntos por el Cambio, el entonces presidente Mauricio Macri, perdió por 16 puntos frente al postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández.

La operación –que fue perfectamente legal, puesto que el gobierno de Macri así lo permitía– fue realizada a través del Standard Chartered Bank (SCB), un banco con sede en Inglaterra y filial en la Argentina.

“Todas las transferencias por mí realizadas fueron originadas desde cuentas en bancos argentinos, autorizadas por el Banco Central, con dinero debidamente declarado”, explicó Rosenkrantz, ante la consulta de Tiempo.

El dato sobre Rosenkrantz es apenas uno de los muchos que figuran en un informe que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) le envió, a regañadientes, a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien junto con el fiscal Franco Picardi llevan adelante la investigación por la deuda con el FMI que contrajo el gobierno de Macri. Esa causa, impulsada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a instancias del presidente Alberto Fernández, tiene entre sus objetivos determinar si el dinero del préstamo se fugó de la Argentina.

Pese a que la jueza dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario para avanzar en la investigación, el BCRA venía demorando ese informe hasta que finalmente lo aportó al expediente la semana pasada. No obstante, hasta el viernes los investigadores no habían podido acceder de manera completa al voluminoso informe por un problema de compatibilidades de programas informáticos.

Rosenkrantz es solo uno de los muchos nombres vinculados directa o indirectamente con el Poder Judicial que aparecen con operaciones registradas en el BCRA de transferencia de dólares al exterior, todas legales y declaradas. Están también Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro y asesor judicial de Macri; el procurador general bonaerense Julio Conte Grand; su ahijado Esteban Conte Grand, exasesor del exministro de Justicia Germán Garavano; el ex camarista federal y ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra; los fiscales Ricardo Sáenz y Carlos Rívolo, y el juez Pablo Gallegos Fedriani.

Casi todos ellos explicaron, ante la consulta de Tiempo, que las operaciones son legales, que todo está declarado ante la Afip, que pagaron los impuestos correspondientes y que eso nada tiene que ver con fuga de divisas.

En el caso de Rosenkrantz no solo aparece la transferencia el día después de las PASO. El informe del BCRA (que tienen cientos de nombres de personajes públicos) muestra que el expresidente de la Corte también recibió pagos en dólares durante el proceso en que se aprestaba a asumir en el máximo tribunal, primero por un decreto de Macri y finalmente mediante el proceso que establece la Constitución Nacional.

El 12 de agosto de 2016, diez días antes de jurar como juez, Rosenkrantz recibió 68.622 dólares de Anheuser Busch Inbev, la empresa belga que es la mayor fabricante mundial de cerveza, desde una cuenta en Gran Bretaña; el 12 de abril, 77.160 de Chambre de Commerce, la cámara de comercio de Francia; el 16 de mayo, 40.015 desde una cuenta en Panamá. Hay otros ingresos, cuyas fechas y orígenes están aún sujetos a chequeo.

“Se corresponden a servicios profesionales realizados y legalmente facturados con anterioridad a mi asunción como juez de la Corte Suprema, y fueron debidamente declarados en su oportunidad”, indicó el magistrado.

Rosenkrantz integró un prestigioso estudio de abogados que trabajaba con varias de las principales empresas transnacionales, aquí y en el exterior. Fue designado juez de la Corte por decreto el 15 de diciembre de 2015 pero una semana después, el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, decretó la inconstitucionalidad de ese nombramiento. Entonces su pliego recorrió el camino tradicional y el 15 de junio recibió el acuerdo del Senado. Podía haber jurado al día siguiente (de hecho, Horacio Rosatti, en su misma situación, asumió el 29 de junio), pero por una nunca bien explicada razón postergó más de dos meses su llegada a la Corte.

El procurador bonaerense Julio Conte Grand aparece en los registros en una transferencia importante con base en una cuenta en Estados Unidos. Pero consultados sus allegados por Tiempo, explicaron que esa operación no solo no sacó dinero al exterior sino que lo que hizo fue ingresar dólares a la Argentina el 26 de abril de 2019. “Es dinero declarado que ingresó para una operación inmobiliaria. No sacó dinero al exterior; lo trajo”.

Esteban Conte Grand, su ahijado y hasta marzo de 2017 jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, aparece en una transferencia de 332 mil dólares a una cuenta en Estados Unidos el 17 de octubre de 2019, a través del SCB.  Los mismos allegados aclararon que para ese entonces ya no era funcionario y tampoco lo es actualmente, y que “esa transferencia fue de origen legal y está declarada”.

Ricardo Gil Lavedra aparece en una transferencia de 400 mil dólares a Uruguay el 27 de agosto de 2019.

Consultado por Tiempo, señaló: “Tengo desde hace mucho cuenta en Uruguay y dos departamentos. Me imagino que quieren hacer aparecer un tema de fuga. No es, en absoluto, mi caso”.

“Todos mis movimientos están declarados ante la Afip y no recuerdo que haya habido algo en la fecha del acuerdo con el FMI. Tengo que chequear, pero no hice nada en esa época. (La operación) figura un año después y la plata estaba en la cuenta antes del convenio”.

Gil Lavedra, candidato a presidente del Colegio Público de Abogados por una lista opositora a la actual conducción, resaltó: “Todos los años traigo dinero, repatriándolo. Todos los años. Si buscan a quienes fugaron, no soy yo. La eventual fuga del préstamo fue en 2018”.

El fiscal federal Carlos Rívolo figura en el reporte en una transferencia al exterior por 77 mil dólares el 15 de octubre de 2019, también a través del SCB. Ante la consulta de Tiempo, indicó: “Es dinero ahorrado que salió por el Banco Ciudad a mi cuenta afuera y allí permanece. Declarada acá y allá, y pagados los impuestos”.

Su colega Ricardo Sáenz, fiscal ante la Cámara del Crimen porteña desde hace casi 30 años, aparece mencionado en un giro por 200.400 dólares a una mujer cuya identidad este diario mantendrá en reserva. Tiempo intentó contactar al funcionario a través de WhatsApp, pero Sáenz clavó el visto y no respondió.

Con respecto a Bernardo Saravia Frías y del camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Gallegos Fedriani, quienes también aparecen en el reporte con importantes transferencias al exterior, Tiempo no pudo tomar contacto con ellos, razón por la cual los detalles de las operaciones permanecerán por ahora en reserva.

FUENTE: Tiempo Argentino

El joven fue víctima de gatillo fácil en el barrio de Barracas en noviembre de 2021. Serán enjuiciados por el asesinato, por el posterior encubrimiento y por tentativa de homicidio de los tres jóvenes que viajaban con Lucas.

En noviembre de 2021, la Policía de la Ciudad quedó en el ojo de la tormenta una vez más por un caso de gatillo fácil. Se trata del asesinato de Lucas González, un joven de 17 años que fue baleado cuando iba salia de entrenar con sus amigos y viajaban en auto. Ahora, el fiscal pidió que se juzgue a 14 efectivos de la Policía de la Ciudad involucrados en el homicidio.
 
Según consignó Infonews, la presentación fue realizada por la Fiscalía Criminal y Correccional 32, a cargo de Leonel Gómez Barbella, y por el auxiliar fiscal Lucas Estévez, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7 de Paula González.
 
“La presente pesquisa tuvo como objeto dilucidar un entramado policial que puede resumirse en dos acontecimientos diferenciados, pero relacionados entre sí”, indicaron los representantes del Ministerio Público, que también pidieron que sea juzgada la tentativa de homicidio de los tres amigos que iban con Lucas al momento del hecho y el supuesto encubrimiento policial.
 
Para la fiscalía, “estos dos hitos históricos resultan ser: 1) el homicidio agravado de Lucas Santiago González y la tentativa de idéntico resultado en perjuicio de J.A.S, J.Z.G. y N.H.G., por parte de tres integrantes de la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, y 2) todo el despliegue posterior, llevado a cabo un gran número de integrantes de la Policía de la Ciudad”.
 
Los principales imputados son el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva, quienes están acusados de ser coautores de los delitos de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.
 
También se acusa de “tres tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”.
 
En la presenación, la fiscalía aseguró: “Las pruebas obtenidas permiten afirmar que el homicidio de Lucas González y la tentativa a los tres restantes jóvenes son la consecuencia voluntaria y querida (dolosa) de un plan o pacto previamente elaborado y en el que Issasi, Nieva y López, participaron de manera activa”.
 
Así, sostienen que los acusados “pusieron en movimiento la estructura institucional de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires otorgando datos falsos, a sabiendas de lo que realmente había acontecido”, por lo que concluyeron que “jamás hubo ‘un enfrentamiento armado’, sino más bien un ataque perpetrado por los oficiales a las víctimas, irracional e injustificado, para lo cual emplearon sus armas a fin de cercenarles sus vidas”.
“No estamos ante una mera concurrencia ocasional de autores, sino que existió una convergencia preordenada, donde la acción de unos aparece objetiva y subjetivamente ligada a la de los demás, en el marco de un plan con unidad de designio y comunidad de aportes”, aseguró.
 
Sobre lo que sucedió después de la muerte del joven, la fiscalía sostiene que hay once efectivos acusados de intervenir en el procedimiento ilegal. Así, indicó que “estuvieron participando del procedimiento, cumpliendo distintas tareas y roles en pos de un fin último, esto es, alterar las pruebas en beneficio de los consortes de causa. Y aquella descripción determina que los encartados al requerir la ambulancia del SAME hicieron ahínco en que era producto de una colisión vial a los efectos de encubrir los aberrantes actos que ya se venían sucediendo desde Iriarte y Avenida Vélez Sarfield”.
 
Para Gómez Barbella, los tres amigos de Lucas fueron detenidos en el marco de un procedimiento ilegal montado para ocultar el ataque policial, que incluyó el “plantado” de un arma en el interior del vehículo de los jóvenes.

El diputado del PRO habló de las internas en el bloque opositor y fue contundente con una brutal frase

Facundo Manes sorprendió al revelar la crudeza de la interna en el PRO, luego de que las últimas semanas los medios ocuparan todo el tiempo al aire de sus programas hablando sobre las divisiones dentro del Frente de Todos.

El neurocirujano, actualmente diputado, estuvo en la pantalla de Todo Noticias, donde resumió la interna del bloque opositor con una contundente frase.

El legislador comenzó: “Tuve mucho ataque en las redes“. En ese momento, Marcelo Bonelli, conductor del programa, lo frenó para agregar: “Dicen que hay un ejercito de trolls del propio PRO“.

“Bueno, yo lo vengo sufriendo hace años eso“, lanzó de manera contundente Manes, quien igualmente indicó que “yo no soy del PRO”, cuando en las PASO compitió contra Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires.

Por último, el político concluyó con una lapidaria frase: “Los mismos que pedían que ingrese a la política después te abrazan y te clavan el cuchillo por detrás“.

El gobernador de Jujuy desestimó la posibilidad de integrar una fórmula presidencial junto a Mauricio Macri. 

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a apostar fuerte en la interna de Cambiemos y hoy adelantó que será candidato en las elecciones presidenciales de 2023. “No me veo en una fórmula presidencial con Macri. El radicalismo va a tener un candidato a presidente, yo soy uno de ellos”, confirmó.

No es la primera vez que se refiere de un modo desconocido al ex presidente, sino que ayer Morales criticó a Mauricio Macri por sus recientes elogios al fallecido Carlos Menem. “No estamos de acuerdo con reivindicar a Menem y el neoliberalismo”, sentenció al diferenciarse del PRO.

De cara a los comicios, el gobernador radical dijo que la Unión Cívica Radical (UCR) tendrá su propia interna en la cual competirá contra otros postulantes para representar a ese espacio dentro de la coalición opositora, como por ejemplo Gustavo Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes. “Somos un partido de gestión, gobernamos 412 municipios y tres provincias. Demostramos capacidad de gestión y liderazgo”, destacó.

En medio de cruces y reproches por el rol que ocupó cada partido durante el mandato de Cambiemos entre 2015 y 2019, tanto Macri como Morales buscan posicionarse como candidatos a presidente para las próximas elecciones de 2023.

El anterior cruce que habían protagonizado ocurrió durante el tratamiento del acuerdo de la deuda con el FMI, donde el PRO pedía rechazarlo, mientras que el radicalismo consideraba que había que acompañar para evitar el default.

El intendente anunció que desde el próximo lunes será optativo el uso del barbijo en La Plata y el Gobierno bonaerense salió a repudiar la medida, por falta de sustento científico.

Una nueva polémica enfrenta al municipio de La Plata encabezado por el intendente macrista Julio Garro y al Gobierno bonaerense presidido por Axel Kicillof. Esta vez, los cruces se dieron por las nuevas medidas implementadas por jefe comunal amarillo respecto al uso optativo de barbijos.

Desde el ministerio de Salud provincial, que conduce Nicolás kreplak, consideraron hoy que la decisión Garro, quien dispuso que desde el próximo lunes “pase a ser optativo el uso del barbijo”, es “irresponsable y tomada sin ningún tipo de conocimiento científico y sanitario“.

La medida, dada a conocer esta mañana por el municipio de la ciudad de La Plata, establece “el uso optativo” de mascarilla/protector facial o tapa boca-nariz para la circulación, prestación de servicios y toda actividad pública o privada que se desarrolle en el partido.

“Hemos decidido, por decreto, que a partir del día lunes la utilización de tapabocas en el espacio público, dependencias municipales y medios de transporte en La Plata pasará a ser optativo. También en comercios, siendo sus titulares los que dispongan su implementación”, informó el jefe comunal.

En concreto, el uso de barbijo será optativo en La Plata en colectivos, comercios, bares y restaurantes, gimnasios, dependencias municipales, oficinas y dependencias públicas, y empresas privadas, de acuerdo a lo anunciado por Garro.

“Estas definiciones unilaterales y sin argumentos lo único que hacen es atentar contra la salud. Estamos en la previa de la temporada de invierno y con circulación en China y algunos países de Europa de una nueva variante que se desprende de la Ómicron“, argumentaron desde el Ministerio.

Desde la cartera sanitaria advirtieron que todavía es difícil prever “cómo podría llegar a repercutir en nuestra zona” la nueva cepa Covid, por lo que consideraron que el uso optativo de barbijos en La Plata es una medida apresurada.

A la vez, Garro focalizo en un reclamo que su espacio político sostiene desde el inicio de las clases 2022 y la vuelta a la presencialidad plena en el territorio bonaerense, que es el uso de barbijos en las escuelas.

Con la vuelta a la presencialidad, el Gobierno bonaerense estableció un nuevo protocolo de Aulas seguras, que dicta el uso obligatorio del barbijo en las aulas de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El intendente macrista, que desde enero comenzó su armado político para pelear por la Gobernación en 2023, consideró que es necesario “revisar la obligatoriedad de su uso en los establecimientos educativos”.

Además, Garro le solicitó a la provincia de Buenos Aires que “adopte disposición en todas las dependencias provinciales que tengan asiento en esta ciudad, y en todas las actividades que bajo su jurisdicción se desarrollan en el partido de La Plata”.

En ese sentido, el Ministerio de Salud bonaerense expresó mediante un comunicado oficial, que la medida tomada por el municipio de la capital de la provincia  es “irresponsable y tomada sin ningún tipo de conocimiento científico y sanitario”.

El ex presidente había solicitado resguardar los detalles del pedido para preservar su intimidad y privacidad. La querella se había opuesto, pero ahora podrá ir a Italia, España, Qatar y Estados Unidos

El ex presidente Mauricio Macri fue autorizado nuevamente para viajar al exterior entre el 25 de marzo y el 9 de abril próximos, aunque esta vez, para preservar su intimidad y privacidad, requirió reserva del escrito que presentará por separado con los detalles del viaje. Viajará a Italia, España, Qatar y Estados Unidos.

Macri, procesado en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de los fallecidos tripulantes del ARA San Juan, presentó un escrito en el que solicitó la autorización para el viaje.

“Estamos convencidos que el viaje cuya autorización se solicita en nada entorpecerá la normal marcha de este proceso, renovando la sujeción a vuestra jurisdicción de nuestra parte”, dice el escrito firmado por el abogado Pablo Lanusse.

Luego hace saber que “los lugares de destino, de alojamiento, de traslado y sus motivos serán informados por escrito separado, al que solicito -tal como ya lo hice anteriormente en autos- se le de trámite de reservado para evitar que se avasalle, como ya ocurrió en el pasado en esta causa, la intimidad y privacidad que ampara al Sr. Mauricio Macri como derivación razonada del debido proceso, la defensa en juicio y el estado de inocencia que lo ampara”.

La querella mayoritaria representada por la abogada Valeria Carreras se opuso y cuestionó los argumentos de la defensa de Macri. En ese sentido, requirió al juez se conceda un turno presencial para conocer esos escritos reservados con la totalidad de la información.

Uno de los últimos pedidos de autorización fue para dar un curso en una Universidad en Florida, Estados Unidos, país hacia donde viajó ayer. Allí permanecerá hasta el lunes.

Días atrás regresó de Uruguay, donde había sido invitado por una empresa.

Los trabajadores, en conflicto con el municipio PRO, anunciaron un paro de actividades en el horario nocturno. Las autoridades locales les exigen GPS y turnos rotativos.

La asociación Simpetax, de taxistas de Mar del Plata, anunció esta mañana un paro de actividades entre las 22 y las 6 horas. La medida de fuerza es en rechazo a la decisión del municipio de obligar a instalar GPS en las unidades y de disponer de turnos obligatorios y rotativos entre choferes.

El paro de Simpetax, gremio conducido por Miguel Rodríguez, fue resuelto el domingo luego de una reunión mantenida con delegados, quienes ratificaron la intención de frenar las disposiciones del gobierno de Guillermo Montegro.

De esta manera, los vecinos, viajeros y turistas de Mar del Plata se quedarán sin taxis desde las 22 hasta las 6 horas, en medio de la pulseada que mantienen los choferes con el Ejecutivo municipal.

La secretaría de Gobierno marplatense también implementó la colocación de botones antipánicos, que estarán conectados con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), con el objetivo de mejorar la seguridad de los choferes.

La Asociación Marplatense de Propietarios de Automóviles Taxímetros (Ampat) y la Sociedad Conductores de Taxis, sumado a otras entidades de choferes, expresaron su oposición a cualquier medida que “pueda perjudicar a marplatenses y turistas, especialmente en horario nocturno”.

En línea con esto, semanas atrás, se realizó una consulta popular entre los titulares de licencias de taxis de Mar del Plata. En el plebiscito se impuso mayoritariamente la consigna “No al GPS y al turno obligatorio”.

“Reiteramos la convicción de que la problemática del sector debe solucionarse a través del diálogo sincero”, afirmaron esperanzados los titulares de licencias asociados en un contexto de conflicto con el municipio marplatense. 

La Justicia declaró nulo el convenio con IRSA para construir la Costa Urbana. “La Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental”, festejaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, quienes iniciaron la medida.

 El juez Aurelio Ammirato declaró este sábado, la nulidad del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, y la empresa IRSA, que habilitaba la construcción de 20 torres de 145 metros de altura entre otros edificios en plena Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica, y que conllevaba la destrucción de uno de los últimos humedales de la ciudad.
 
La sentencia se logró luego de que varias organizaciones iniciara una medida judicial para frenar el proyecto de la empresa IRSA. Las mismas son el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (LA DEFE). 
 
Estos espacios impulsaron el surgimiento de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos a fines del año pasado y desarrollaron campañas como la de “Costanera Verde Pública2 y “Resistencia Verde”. En esta causa judicial se cuestionó la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final.
 
Este convenio urbanístico, que recibió un rechazo casi unánime en la audiencia pública, fue aprobado por la Legislatura, en segunda lectura, el 2 de diciembre de 2021, dando origen a la Ley N° 6476.
 
Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de la causa judicial y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, manifestó: “La política de los convenios urbanísticos está destruyendo la planificación de la Ciudad y los barrios porteños. Estamos inmersos en la desplanificación de las excepciones inmobiliarias en aras de la especulación inmobiliaria”.
 
“También, comprobamos que la empresa IRSA es la terrateniente urbana que más beneficios ha obtenido del GCBA en los últimos años (Adjudicación de la concesión del Centro de Convenciones y Exposiciones, la subasta del edificio de Berutti, autorización de Ciudad Palmera en Caballito, la subasta del edificio de El Plata, la autorización para el shopping Distrito Arcos, la autorización para el Shopping Dot, etc.). Tal es el extremo de la simbiosis política-inmobiliaria-financiera-electoral entre Rodríguez Larreta y el grupo IRSA que para autorizarle la construcción de un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur decidieron violar innumerables leyes y la Constitución de la Ciudad”, agregó.
 
Así denunciaron que “firmaron el convenio urbanístico para Costa Urbana sin cumplir con la participación ciudadana ni con la elaboración de los estudios correspondientes. Votaron en la Legislatura el Convenio sin las mayorías que exige la Constitución. No realizaron el análisis y las consideraciones que se exige frente a los cuestionamientos de cientos de personas realizadas en la audiencia pública. Firmaron adendas al convenio y las ingresaron por la ventana antes de la segunda sanción en la Legislatura de forma inconstitucional. Incumple el mandato constitucional de recuperar la totalidad de la Costanera para el uso común de la Ciudadanía porteña. Viola la protección del derecho al ambiente al decidir destruir uno de los últimos humedales de la ciudad, etc.”.
 
“Este fallo viene a poner en alto que la Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental. Necesitamos como ciudadanía impulsar una revolución democrática social y ambiental para superar la actual monarquía inmobiliaria-financiera que padecemos”, sentenció.
 
Por su parte, la ingeniera María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria expresó: “Este fallo histórico no solo pone en evidencia la emergencia ambiental y climática que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires que se manifiesta en el aumento sostenido de la temperatura máxima anual, sino que, además pone en valor la democracia participativa ambiental”.
 
“En este punto, la sentencia enfatiza que también debe ser un interés público del GCBA el respeto de la participación ciudadana en la decisión de políticas ambientales. El paradigma democrático está cambiando”, indicó.
 
“La emergencia climática y ambiental se ha ido profundizando en la última década. En paralelo en la ciudad se sacrificaron 150 hectáreas de espacios verdes públicos y se impulsa la consolidación de la ocupación y privatización de todo el entorno ribereño”, advirtieó al tiempo que añadió: “Con el proyecto de Costa Urbana se cometería un ecocidio al destruir nuestro humedal costanero”.
 
“La resistencia verde que venimos sosteniendo en defensa de nuestra costanera está rindiendo frutos. Frenamos la Venta de Costa Salguero y ahora logramos proteger la Costanera Sur. La ciudadanía porteña desea ser protagonista del destino de la ciudad, de las decisiones que hacen a la calidad de vida, ya no tolera la verticalidad en el ejercicio del poder público”, concluyó.

En un comunicado de prensa en conjunto exigieron que “Larreta ponga la plata a disposición de los vecinos más necesitados para la construcción de viviendas, trabajo digno y educación”

Organizaciones sociales de la Ciudad protestaron en las puertas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  para reclamar la “construcción de viviendas, trabajo digno y de educación”, entre otras demandas. Además, rechazaron la “subejecución” del presupuesto habitacional por parte del Ejecutivo porteño, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.
 
La protesta, se realizó desde las 12, en la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de CABA, ubicado en Pavón y Entre Ríos, y fue convocada por referentes del Movimiento Popular Nuestra América; Movimiento de Trabajadores Excluidos; del Frente Popular Darío Santillán y la organización Proyecto 7, según consignó Télam.
 
Horacio Ávila, coordinador nacional de Proyecto 7, que asiste a personas en situación de calle, informó a Télam: “Ya estamos con nuestra protesta al Gobierno de la Ciudad, concretamente al ministerio de Hábitat de Desarrollo Humano, porque las organizaciones sociales seguimos sin tener respuestas a nuestras demandas”.
 
“No están renovando las becas para las 3.000 personas con adicciones; no se está entregando asistencia alimentaria para las familias más pobres; están incumpliendo con los subsidios habitacionales con lo que mucha gente vuelve a dormir en las calles y no están cumpliendo con los planes de empleo”, enumeró el dirigente.
 
Mientras que Silvia Cano, referente del Frente Popular Dario Santillán (FPDS/CABA) dijo: “Necesitamos que haya políticas reales de vivienda, trabajo y educación y que se garantice algo tan básico como el alimento para sostener los comedores populares. No se entiende que en la Ciudad más rica del país el Gobierno subejecute el presupuesto de Desarrollo Social con la situación económica que se vive”.
 
La protesta de las organizaciones sociales porteñas era acompañada por más de 100 efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (Caba), con cuatro camiones hidrantes.