La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, descartó que su cartera “trabaja con el mismo criterio de siempre”, al tiempo que reclamó que “no se utilice este tema de manera política para generar miedo”. Dijo que le dejarán la pensión a quienes "realmente la necesiten".
“Quiero llevarle tranquilidad a las familias, al más de un millón de pensionados, que seguimos trabajando como siempre, con el mismo sistema, como todos los meses y con iguales criterios. Trabajamos con distintos cruces administrativos, de ninguna manera políticos”, señaló Stanley.
En un comunicado difundido por el Ministerio de Desarrollo Social, Stanley afirmó que le “enoja que traten de usar este tema políticamente para generar miedo”.
“Hay familias que realmente necesitan la pensión y a quienes les quiero llevar la tranquilidad de que la van a seguir teniendo. En 2015, cuando no gobernábamos, se dieron de baja 168.000 pensiones, con los mismos criterios de hoy. En esos años, hubo una utilización política de las pensiones, generando clientelismo", agregó.
La funcionaria destacó además que en aquellos casos en que la gente considere que se le dio de baja la pensión erróneamente, se puede llamar al 0800-222-3294, para que sea chequeado. También se puede asistir a los Centros de Atención Local de las diferentes provincias.
"Somos un ministerio de puertas abiertas, dispuesto a rever todos esos casos en los que se cometió un error. Los vamos a corregir", comentó.
Según confirmaron a Tèlam fuentes de la cartera de Desarrollo Social, Stanley se comunicó con la diputada nacional por el socialismo y vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad, Gabriela Troiano, para comunicarle que "se iban revisar los errores" que pudiera haber en la norma.
"Se comprometió a dar marcha atrás en la quita de pensiones a personas con discapacidad y a analizar el tema de la aplicación del decreto, aunque no especificó en qué momento se hará pública esa decisión por parte del Gobierno", agregó la diputada.
La diputada también presentará un listado de personas que fueron afectadas por la medida a Desarrollo Social y a la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El Gobierno canceló pensiones a personas con discapacidad apelando a un decreto de 1997 que reglamenta el artículo 9 de la ley 13.478 de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad.
Esa norma dice que la designación de apoderados a los efectos del cobro de los haberes se hará mediante poder o carta poder extendida ante la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación y organismo que ésta autorice.
El presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino -que depende del Ministerio de Desarrollo Social- denunció hoy el "manejo clientelar y corrupto" que el kirchnerismo hizo de las pensiones de discapacitados durante 12 años y explicó que el organismo a su cargo está buscando una "administración transparente" para evitar la "discrecionalidad" en el otorgamiento de los beneficios.
Según explicó, "no se trata de bajas sino de suspensiones preventivas que están todo el tiempo en revisión, ya que es algo dinámico y, si hay errores, se reparan inmediatamente".
El funcionario agregó que el tema "ha sido totalmente desvirtuado" y que "alguien quiso instalar esto" como una medida polémica.
En tanto, senadores nacionales del Frente para la Victoria-PJ presentaron un proyecto de ley para derogar incisos del decreto 432/1997, aplicados por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación para disponer la suspensión de pensiones por discapacidad.
"En los últimos meses ha sido alarmante la cantidad de argentinos que cobraban pensiones no contributivas cuyos beneficios han sido dados de baja, debido a una interpretación exagerada del Ministerio de Desarrollo Social", expresó María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) que presentó la iniciativa con otros legisladores.
Por su parte, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Alberto Ciampini (FPV-Neuquén), presentó un proyecto de declaración impulsado por la legisladora socialista Troiano, en el que se pide la derogación del decreto de 1997 y pide el "urgente tratamiento" del tema en el recinto.
Asimismo, los diputados del bloque Justicialista pidieron por iniciativa del salteño Pablo Kosiner que se cite a Stanley a presentarse ante la comisión de Discapacidad, "para informar sobre la cantidad de pensiones no contributivas correspondientes a personas con discapacidad dadas de baja desde el 10 de diciembre de 2015, discriminadas por mes".
En una nota dirigida a Ciampini los legisladores pidieron además que la ministra informe si están aplicando desde este mes el decreto 432 de Carlos Menem en 1997 para disminuir las pensiones graciables otorgadas a personas con invalidez.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires envió un pedido de informes a la Anses para que explique a qué se debe esta decisión, si existen nuevos requisitos para acceder a este beneficio y en qué normativa se fundamentan las bajas de pensiones por discapacidad.
En tanto, desde La Rioja, el gobernador Sergio Casas dijo que “vamos a luchar para que se restituyan esos beneficios tan necesarios de nuestra gente”, aunque reconoció que ninguna medida había sido oficialmente comunicada por el Gobierno Nacional.
Casas aseguró que "es un atropello que espero que sea revisado y sean restituidas. Esta es una medida más de las que viene realizando la Nación y que el Gobierno de la Provincia viene reclamando ya que afectan directamente a la población”.
