El rabino licitó 50 buses por US$ 35 millones. Se desató una brutal confrontación entre firmas locales y chinas y todo terminó en funcionarios desplazados, por estar disconforme con un dictamen. Puso al hijo de Rousselot, que falló a favor de otra firma. Hay denuncias cruzadas.

Un negocio de US$ 35 millones desató una pelea entre empresarios locales y chinos, y el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman. El episodio, rodeado de suspicacias que derivó en denuncias cruzadas, dejó expuesta la relación entre los funcionarios y las empresas y la intervención directa de Mauricio Macri para definir a los adjudicatarios.

Todo comenzó con una licitación para adquirir cincuenta buses eléctricos. Según consignó Perfil, "el negocio ecológico huele tan mal que ya suma dos impugnaciones; un reclamo al jefe de Gabinete, Marcos Peña; el desplazamiento de tres funcionarios; el coletazo de un escándalo de corrupción en China; el ascenso estrepitoso del funcionario que prestó su firma para darle el contrato a una de las empresas; y al menos dos denuncias judiciales que se concretarán en los próximos días".

Claro que el negocio tiene un condimento extra: habría sido una orden del presidente Mauricio Macri para supuestamente favorecer la relación con inversores chinos. Pero en lugar de “facilitar” el vínculo, terminará en un cruce de sospechas de corrupción.

En 2016, cinco oferentes locales se presentaron a la licitación asociadas a distintas fábricas chinas de buses que funcionan con baterías que se cargan en terminales eléctricas.

El 23 de diciembre, la comisión técnica dictaminó que había tres empresas en condiciones de cumplir con el pliego: Newsan, CTS Auto SA y Vía Bariloche. Pero los técnicos se inclinaron más por Vía Bariloche, una empresa de la familia Trappa, vinculada al kirchnerismo, y asociada en esta licitación con la china Higer, acusada de defraudar al Estado chino con subsidios que recibió de manera indebida.

Ese mismo 23, la abogada que integraba la comisión evaluadora, Leticia Pereyra, analizó la propuesta de los técnicos y elevó su informe legal. La funcionaria sostuvo que la oferta más favorable era la de CTS. Pero agregó que si las otras finalistas –Newsan y Vía Bariloche– subsanaban una serie de faltas con el pliego, estaban en condiciones de acceder al contrato.

Sin embargo, tres días después, el Ministerio decidió que no había lugar para “subsanar” faltas y que el negocio debía ser adjudicado a CTS, asociada a la china BYD. Pedro Orbaiz, el jefe técnico que habían favorecido en su dictamen a Vía Bariloche, se negó a firmar. Bergman no se echó para atrás. Decidió removerlo a él y sus suplentes de la comisión.

Por ello el 26 de diciembre, el Rabino conformó a las apuradas una nueva comisión que emitió otro dictamen otorgando el negocio a CTS. Para lograr las firmas necesarias, Bergman autorizó a Julián Rousselot, jefe de Informática del Ministerio, a sustituir al técnico especializado en buses eléctricos.

Tres semanas más tarde, Bergman ascendió a Rousellot a subsecretario de Coordinación Administrativa, el área encargada de la revisión legal de las licitaciones públicas. Rousselot es ingeniero en informática, titular de uno de los gremios de informática que busca insertarse en el mundo gremial e hijo del denunciado ex intendente de Morón Juan Carlos Rousselot.

¿Cómo hizo Rousselot, un ingeniero informático, para evaluar en tan sólo cuatro días un expediente de 10 mil fojas sobre un tema que no es de su expertise?

El 6 de enero, Vía Bariloche presentó una carta a Marcos Peña denunciando supuestas irregularidades en la licitación. “La Comisión Evaluadora recomienda adjudicar la compra y el servicio técnico por 5 años a la empresa CTS, la cual no registra actividad económica alguna desde su creación, no posee empleados ni instalaciones, y cuyo patrimonio neto asciende a $ 20 mil”, sostuvo.

Vía Bariloche y Newsan impugnaron la decisión de entregar el negocio a CTS, pero Vía Bariloche irá por más y presentará una denuncia ante la Justicia, según informó la firma.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo hoy que “mandaría a la escuela” a Juan José Gómez Centurión, titular de la Aduana, “para que aprenda lo que está probado” en relación al terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura. La Rosada salió con un comunicado a descalificar a su funcionario y señaló que sus afirmaciones son "a título personal" que "no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno".

“Lo mandaría a la escuela para que aprenda lo que está dicho, escrito, probado, y que no invente," afirmó hoy en declaraciones a Radio del Plata la presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto..

No obstante, manifestó su sorpresa por los dichos del funcionario -veterano de la guerra de Malvinas y ex carapintada- al considerar que “es parte de la gestión del gobierno, tuvo espacio para decirlo, y por las barbaridades que dijo lo mandaría a la escuela para que aprenda lo que está dicho, escrito, probado, y que no invente".

“Está agraviando a la historia y a todos los argentinos. Es una persona peligrosa para estar en un lugar público, teniendo poder en el sector que sea y vaya a saber qué decisiones toma con estos criterios”, sostuvo Carlotto esta mañana.

Gómez Centurión realizó sus polémicas declaraciones anoche en el programa televisivo Debo Decir, que se emite en América TV, donde afirmó no compartir la “visión de la historia” que da cuenta de un “plan genocida” implementado tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En este contexto, Carlotto calificó hoy como “un triunfo" que el Gobierno nacional haya decidido mantener como "inamovibles" los días feriados del 24 de marzo, el 2 de abril y el 20 de junio.

"Lamentablemente, lo hace a destiempo, no tendría que haberlo hecho antes, son fechas intocables", consideró Estela de Carlotto, a la vez que anunció que “nuestra marcha (el 24 de marzo) va a ser igual a la que pensábamos hacer”.

Al finalizar, insistió en que "cada año la marcha será mayor en razón de que hay una toma de conciencia sobre la necesidad de no olvidar lo que pasó, dadas las contradicciones de algunos funcionarios que se han atrevido a ofendernos con el número de desaparecidos”.

Por su parte y conscientes del repudio generalizado por la gravedad de las palabras de su funcionario, la Casa Rosada tomó distancia hoy de las afirmaciones realizadas por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, en relación a la última dictadura, al afirmar que se trata de opiniones vertidas por el funcionario "a título personal" que "no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno".

Así lo expresó a través de un comunicado de prensa difundido esta mañana por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, en el que remarcó que el régimen militar instaurado tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 puso en marcha "un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias".

"El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la peor dictadura que soportó nuestro país y, tal como quedó demostrado por la acción de la Conadep, los juicios a las juntas y los juicios posteriores que aún se siguen desplegando, el Terrorismo de Estado instalado desde las cúpulas militares se sostuvo en un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias", indicó la dependencia encabezada por Claudio Avruj.

De esta forma, buscó dejar en claro la posición del Gobierno en relación a la última dictadura y a despegarlo así de las afirmaciones realizadas anoche en un programa televisivo por el titular de la Aduana.

El gobierno nacional oficializó hoy a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), y evitando su tratamiento legislativo, modificaciones a la Ley de Migraciones. Buscan acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos, ante lo que señala como "una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes".

En este sentido, lo que la norma reglamenta es "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".

“Ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación”, señalan los considerandos.

Así lo establece el Decreto 70/2017 publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial, con la firma del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y del todos los ministros del gabinete nacional. 

En el inicio de su texto, la norma remarca que los principios establecidos por la Constitución Nacional en relación a los derechos que gozan los extranjeros en el país pero, a su vez, subraya que "cada Estado Nacional tiene la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales" y que el ejercicio de esa potestad "debe hacerse con pleno respeto de los derechos de las personas extranjeras y en forma compatible con las normas de protección de los Derechos Humanos".

En este sentido, el DNU señala que, "en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas".

No obstante, afirma que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total".

Además, destaca que, "en relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa que el 33 por ciento de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros" y argumenta que eso demuestra que "la población extranjera está altamente representada entre los detenidos, teniendo en cuenta que, conforme el último censo nacional, la participación de la población extranjera como porcentaje de la población total es del 4,5 por ciento".

Por otro lado, el DNU indica que, "como consecuencia de los controles implementados por la actual gestión de la Dirección Nacional de Migraciones se ha detectado en el último año una nueva modalidad de fraude a la ley migratoria, consistente en un uso abusivo y contrario a los fines de la ley del instituto de la residencia precaria".

"Lo hasta aquí expuesto configura una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes", concluyen los considerandos de la norma publicada hoy en el Boletín Oficial.

En este sentido, el decreto señala que, "el análisis efectuado de diversos regímenes vigentes en el Derecho Comparado permite concluir que los procedimientos de expulsión de personas de nacionalidad extranjera se sustancian por regla general de manera expedita, pues la cuestión a resolver en ellos queda circunscripta a determinar si a un extranjero le asiste o no el derecho de permanecer en el territorio del Estado respectivo".

Con este argumento, esgrime que "la razonabilidad del plazo de duración de un proceso reviste gran importancia para el efectivo respeto del derecho al debido proceso legal garantizado en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país".

Por ese motivo, la norma entiende que esa situación "justifica la regulación inmediata de un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".

Además, remarca que el "procedimiento sumarísimo" que establece el decreto es "respetuoso del artículo 22 inciso tercero de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto se orienta a la protección de la seguridad y el orden público".

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró que el 2016 fue "uno de los años más intensos" en su vida y aseguró que se propuso "no trabajar para ser presidenta".

María Eugenia Vidal se subió al relato M y explicó que el año pasado "fue difícil" para ella "como lo fue para todos los argentinos y también para los que viven en la provincia". Y como todo el arco dirigencial de Cambiemos, aclaró que siente que "empezamos un camino, en mi vida personal y profesional, una nueva etapa".

Consultada sobre su primera experiencia como mandataria, la gobernadora explicó que "todos los inicios tienen dificultades, pero son desafiantes, te enseñan mucho" y agregó que "el poder es un lugar al que hay que aprender a respetar y en el que hay que tener cuidado".

"Estos son lugares donde es muy fácil que te alejes de la gente, todo está armado para eso. Desde una residencia para el gobernador, los traslados, la custodia. Hay que hacer un ejercicio permanente para no olvidarte de que estás acá para trabajar para la gente. Sos su empleado en un lugar que ocupás cuatro años", detalló en una entrevista a un matutino porteño.

Al respecto, Vidal precisó que para hacerle frente a este trabajo tiene la ayuda de un terapeuta a la que va "una vez por semana, desde hace tres años" y el apoyo principalmente del presidente Mauricio Macri: "Cada quince días lo iba a ver, a la quinta Los Abrojos, o hablábamos por teléfono o por mensajitos. Ha sido un sostén muy fuerte para mi, desde lo personal, no solo desde lo político y la gestión", contó.

Además, Vidal aseguró que "la principal cualidad que ha tenido Mauricio siempre es no dejar de ser quién es.

Vas a su casa en Olivos y te abre él la puerta. Y te atiende un domingo a la mañana en bermudas y con ojotas".

El director de la Aduana, Gómez Centurión, negó que la Dictadura haya llevado a cabo un genocidio y justificó el accionar del dictador Alfredo Astiz al considerar que "cumplió órdenes". Para el macrismo "no fue un plan sistemático" y "no fueron 30 mil". Grave.

El director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión afirmó que la última Dictadura "no fue un plan sistemático para desaparecer personas, ni un genocidio", al tiempo que graficó que "no fueron 30 mil", sino 8.000 los desaparecidos durante ese período.

"En términos históricos, no es lo mismo 8.000 verdades contra 22.000 mentiras", precisó Gómez Centurión en declaraciones al canal América, el domingo a última hora.

El funcionario nacional indicó que "fue una reacción desmedida combatiendo un plan de toma del poder concretamente".

Además, negó que la Dictadura haya llevado a cabo un genocidio y justificó el accionar del dictador Alfredo Astiz al considerar que "cumplió órdenes".

"Vos estás diciendo que fue un plan genocida, yo no comparto esa visión de la historia Fue una reacción desmedida combatiendo un plan de toma del poder concretamente", precisó el director de la Aduana en respuesta a un diálogo con la periodista Romina Manguel, a quien tildó de "militante".

"A pesar de conocer el pronóstico de las reiteradas tormentas que azotan al distrito, más las demandas constantes de los vecinos por mejores condiciones en los servicios públicos, el gobierno local no realiza tareas necesarias en las zonas de riesgo como los barrios cercanos a ríos y arroyos”, señaló un proyecto que presentó la legisladora Lucía Portos pidiendo que el intendente adecue la estructura estatal de emergencias.

El temporal que dejó destrozos en Pilar todavía hace ruido en el distrito del norte del Conurbano bonaerense. Es que la oposición sigue cuestionando fuertemente a la gestión de Nicolás Ducoté y su falta de pericia para paliar las consecuencias generadas en la población.

En las últimas horas fue la diputada bonaerense, Lucía Portos, la que presentó un proyecto legislativo donde manifiesta la preocupación por “la desidia del municipio de Pilar ante la omisión de tomar las medidas a su alcance para prevenir graves consecuencias del temporal”.

Los vientos, que alcanzaron ráfagas de hasta 130 km/h, y las fuertes lluvias que provocaron el desplome de árboles y postes, generaron el colapso del servicio eléctrico, que según información oficial dejó a casi todo Pilar se quedó sin luz.

En el escrito Portos sostiene que: “A pesar de conocer el pronóstico de las reiteradas tormentas que azotan al distrito, más las demandas constantes de los vecinos por mejores condiciones en los servicios públicos, el gobierno local no realiza tareas necesarias en las zonas de riesgo como los barrios cercanos a ríos y arroyos”.

“A pesar de las demandas constantes de los vecinos y de conocer, también, la llegada de las tormentas, hace tiempo el municipio no realiza tareas de prevención en las zonas de riesgo en los barrios cercanos a ríos o arroyos como Río Luján, La Lomita, San Jorge, Los Tilos, El Manantial, Carabassa, Agustoni, entre otros”, señaló la diputada.

Además agregó que, en materia de seguridad, servicio de energía, acceso a la salud, libre tránsito, entre otras, han reclamado durante meses el control y mantenimiento de los postes de energía eléctrica, muchos de ellos se han caído”.

El proyecto insta a las autoridades locales a que “adecuen la estructura estatal de emergencias, respecto a medidas de prevención ya mencionadas, lo mismo en cuanto a la atención de salud, ya que las ambulancias no podían ingresar a los barrios perjudicados, en particular en La Lonja, donde ocurrió la muerte de una mujer y sus dos hijas por la caída de un árbol, los vecinos tuvieron que caminar durante media hora para acercar a las víctimas hasta la ambulancia”.

A través de la distribución de la denominada "Cuota Hilton", el Gobierno benefició a una firma vinculada a Miguel Braun. Se quedó con 2.200 toneladas de un negocio que reparte 350 millones de dólares.

El Gobierno nacional, a través de la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (Ucesci), distribuyó la denominada Cuota Hilton, correspondiente a la campaña 2016/17. Se trata de un cupo de exportación de 29.145 toneladas de cortes cárnicos de alto valor y un negocio que distribuye unos 350 millones de dólares.

De la resolución gubernamental, que difundió el portal La Política Online, se desprende principal ganador del reparto del preciado cupo exportable fue la empresa “Importadora y Exportadora de la Patagonia”, firma que pertenece al mismo grupo empresario de la cadena de supermercados La Anónima, controlada por la familia del secretario de Comercio Interior, Miguel Braun.

Al frigorífico del funcionario macrista se le otorgaron un total 2.200 toneladas de Cuota Hilton, una cifra 333% superior a la que recibió el año pasado, ubicándose de esta manera entre los principales beneficiarios de la distribución oficial.

Cabe mencionar que el secretario ejecutivo de la Ucesci es Gustavo Fernández, un hombre que responde directamente al secretario de Comercio Interior, quien se encarga, entre otras tareas, de convocar a concurso a mediados de año para distribuir la Cuota Hilton.

En tanto, las previsiones de los especialistas ganaderos indican que en 2017 la tonelada de Cuota Hilton (cuyo ciclo termina el 30 de junio) se ubicará en un valor promedio en torno a los 12.000 dólares. Es decir, se trata de un negocio de casi 350 millones de dólares.

En este contexto, entre los 28 frigoríficos y 20 emprendimientos ganaderos elegidos para exportar cortes de alto valor, también se encuentran Frigorífico Rioplatense, controlado por la familia Costantini, y Coto, liderado por el supermercadista Alfredo Coto.

Al primero le fueron asignadas 1.650 toneladas, un 450% más que el año anterior, al tiempo que al Supermercado Coto (que anunció varias inversiones en la era Macri) le otorgaron 1.200 toneladas, una cifra 463% más que en el ciclo 2015/16.

Será una nuevo descanso con su familia, luego de los 41 días de vacaciones que tomó en su primer año como Presidente. Lo hace tras eliminar los feriados puente porque "hay que laburar más".

Luego de confirmar la eliminación de los feriados puente por DNU porque hay "que laburar más", el presidente Mauricio Macri viajará esta tarde con destino a Mar del Plata, con el propósito de pasar el fin de semana en la residencia presidencial de Chapadmalal, junto a su esposa, Juliana Awada y su hija Antonia.

Se trata de la primera visita que hará Macri a la ciudad en lo que va de este año y aunque no trascendieron mayores detalles de la llegada del Presidente ni tampoco se dio a conocer la agenda de actividades prevista, y se conoció que arribará al aeropuerto de Camet, de esa ciudad balnearia alrededor de las 17.

De allí se trasladará en helicóptero hasta la unidad turística Chapadmalal, ubicada a 23 kilómetros al sur de la ciudad de Mar del Plata, que cuenta con un complejo de chalets, playa, mirador, canchas de tenis, un helipuerto y nueve unidades hoteleras destinadas al turismo social.

Fue inaugurado por el general Juan Domingo Perón en 1947, con el objetivo de crear una villa presidencial para la temporada veraniega para los jefes de Estado y unidades hoteleras para las vacaciones de niños, jubilados, así como personas de bajos recursos.

La última vez que Macri estuvo en Chapadmalal fue el 1 y 2 de diciembre pasado, cuando junto a su gabinete participaron de un encuentro en el que pasaron revista al primer año de gestión y trazaron los objetivos de gobierno para el 2017.

La ministra informó que los extranjeros representan el 33% del total de detenidos por narcotráfico. Sin embargo un informe oficial del Ministerio de Justicia elaborado en 2016 indica que son el 18%. Además revela que esa tasa no crece.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió fuerte esta semana a justificar la reforma migratoria que impulsa Cambiemo y aseguró que los extranjeros representan el 33% de los detenidos por causas ligadas al narcotráfico. Lo curioso es que esos datos no sólo son falsos, sino que los datos oficiales elaborados por su propio gobierno dicen lo contrario.

Según reveló el portal LetraP, la funcionaria, para respaldar el plan oficial de endurecimiento de la política migratoria infló 83% las estadísticas reales.

El informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos titulado “Infracción a la ley de drogas y problemáticas asociadas”, presenta los números reales y fue elaborado este mismo año.

En su página 10, el documento indica que “los argentinos representan el 82% de las personas detenidas por esta causa”, en relación a infracciones a la ley 23.737. Y completa: “El resto son extranjeros”. La cuenta es fácil: los extranjeros detenidos por narcotráfico representan el 18% de la población carcelaria argentina.

Más aún, el informe oficial ingresa en el tema con una aclaración: “La distribución según nacionalidad de los infractores (a la ley de drogas) se ha mantenido estable en términos generales” entre 2005 y 2015, que es el período analizado. De esa afirmación puede desprenderse la conclusión de que la participación de extranjeros en el narcotráfico en el país no creció. Al menos, en términos proporcionales, más allá de que haya acompañado el aumento general de la tasa de encarcelados por esta causa, que, según el informe, se duplicó en esa década.

Si “la distribución según nacionalidad de los infractores se ha mantenido estable”, lo que no termina de entenderse, entonces, es la urgencia que plantea Bullrich para endurecer los controles migratorios a través de un decreto, según anticipó la funcionaria, establecerá –en sus disposiciones medulares- que “aquel que cometió un delito en su país, no entra a la Argentina”, y que “aquel que cometa un delito en la Argentina va a ser expulsado de una manera rápida”.

Otro papelón de la hackeada ministra. Y van…

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, señaló que si se disparan los precios de los productos desde Cambiemos analizan abrir las importaciones para "fomentar la competencia" en el mercado interno.

El Gobierno abrirá más las importaciones para "fomentar la competencia" en el mercado interno en caso de que se disparen los precios por el "programa de transparencia" que se anunció en los últimos días.

El funcionario auguró que no se producirá un enfriamiento del consumo porque "probablemente las cuotas y el precio sean más bajos".

"Si esto fuera así (que aumenten los precios), vamos a incentivar la competencia. Hay básicamente tres herramientas para hacerlo, y la que es a corto plazo y mucho más efectiva, es la competencia por el comercio internacional, es decir, la apertura para que se compita con artículos importados cuando se dispara algunos precios en el mercado interior", afirmó Cabrera en diálogo con radio Metro.

El encargado de la cartera de Producción manifestó que "generalmente la competencia incentiva el consumo, no lo baja" y que "la realidad es que la publicidad de las cuotas sin interés la hacen los grandes minoristas, los que tienen poder de comunicación. Y esto afecta a todo el comercio pyme que no tiene capacidad de comunicación".

En la misma linea adelantó que con el ministro de Trabajo Jorge Triaca están trabajando en un plan de "transformación productiva". El Ministro resaltó la efectividad del ingreso de productos importados y lo ejemplificó con el sector de las computadoras, en el que el Gobierno eliminó completamente los aranceles y provocó "una baja del 36% del precio" de esos productos en el mercado interno.