A casi cinco aÃąos de iniciada la causa, el juez Alejo Ramos Padilla determinÃģ que “son las numerosas irregularidades descriptas y vinculadas a los aportantes” de campaÃąa de Cambiemos para las elecciones de 2017.
La justicia electoral federal de la Provincia de Buenos Aires comprobÃģ âal menos 79 casosâ de aportantes truchos a la campaÃąa proselitista de Cambiemos para las elecciones de 2017. Casi un lustro despuÃĐs de la denuncia, que en cualquier otro escenario debiÃģ genera un escÃĄndalo de enormes dimensiones polÃticas, el juez Alejo Ramos Padilla determinÃģ que “son las numerosas irregularidades descriptas y vinculadas a los aportantes privados los que impiden categÃģricamente aprobar los informes presentados por la agrupaciÃģn” en su rendiciÃģn de cuentas sobre cÃģmo financiÃģ su campaÃąa en territorio bonaerense. Y dispuso, ademÃĄs, âinvestigar la posible comisiÃģn de algÚn delito penalâ.Â
SegÚn informÃģ el portal Tiempo Argentino, la Justicia electoral platense decidiÃģ multar al partido PRO con 3.246.965,53 pesos; a sus socios mayores en la coaliciÃģn, la UCR y la CoaliciÃģn CÃvica â Ari, con 990.599,65 pesos a cada uno, y a los socios menores (Partido DemÃģcrata Progresista, Conservador Popular, DemÃģcrata, UcedÃĐ, Espacio abierto para el Desarrolla y la IntegraciÃģn Social, Fe, Partido del DiÃĄlogo, Movimiento Social por la RepÚblica), con 34.395,82 pesos por fuerza.Â
Ramos Padilla tenÃa los elementos y las pruebas para sacar esta resoluciÃģn a finales del aÃąo pasado, en pleno proceso electoral. Pero prefiriÃģ pulir los detalles y demorar el fallo para despegarlo de cualquier intencionalidad polÃtica que pudiera atribuÃrsele.
A lo largo de medio centenar de pÃĄginas, el ex juez federal de Dolores concluyÃģ que âse pudieron constatar -al menos- 79 casos de personas que, mediante denuncias o declaraciones testimoniales, negaron haber realizado el aporte declarado por la agrupaciÃģnâ Cambiemos Buenos Aires, tal el nombre que por entonces tenÃa el oficialismo en los principales distritos electorales de la Argentina.
Acerca de los aportantes, muchas de las personas negaron haber realizado voluminosos aportes eran beneficiarios de planes sociales -AUH, Plan Hogar (garrafa a precio subsidiado) monotributo social-, trabajaban para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o eran monotributistas cuyo aporte excedÃa su lÃmite de facturaciÃģn mensualâ.
âSe constatÃģ que la agrupaciÃģn librÃģ recibos a favor de dichas personas, que incluÃan datos personales como Cuil y direcciÃģn, y fueron presentados en este tribunalâ. Cuando una investigaciÃģn periodÃstica de Juan AmorÃn dejÃģ al desnudo ese sistema de financiamiento ilegal, tan perverso como antiguo, Cambiemos intentÃģ emprolijar la situaciÃģn. âLa agrupaciÃģn realizÃģ tres rectificaciones masivas, donde excluyÃģ a mÃĄs de 1.400 aportantes, e incluyÃģ a mÃĄs de 300 nuevos aportantesâ. Pero âno brindÃģ ninguna explicaciÃģn de cuÃĄles fueron los errores que llevaron a realizar dichas rectificaciones, no explicÃģ quiÃĐnes fueron los responsables de dichos errores, cÃģmo se produjeron, en quÃĐ momento se detectaron, por quÃĐ ocurrieron, cuÃĄles fueron las bases de datos involucradasâ. Para colmo, âtampoco anulÃģ los recibos de los aportantes excluidosâ y âexcluyÃģ a personas que habÃan ratificado el aporteâ.
AdemÃĄs, segÚn la resoluciÃģn de Ramos Padilla, âse verificaron irregularidades en algunas de las personas que ratificaron el aporte, como por ejemplo, el hecho de que quienes ratificaron el aporte lo hicieron varios aÃąos despuÃĐs de presentados los informes contablesâ.Â
Aclarado que los aportantes no estaban en capacidad de contribuir a promocionar las candidaturas de Esteban Bullrich y Gladys GonzÃĄlez, quienes finalmente ganaron la elecciÃģn para senadores nacionales por la Provincia de Buenos Aires, la auditorÃa ordenada por el juzgado buscÃģ determinar de dÃģnde provenÃan esos fondos.
âSe constataron diversos casos que, a criterio del perito, constituyen aportes indirectos prohibidos, ya que se vinculaban con personas pertenecientes a una misma empresa con cargos jerÃĄrquicos y que aportaban exactamente el mismo monto dinerarioâ. Empresas y particulares que, presuntamente, no querÃan aparecer como los verdaderos financistas de Cambiemos. La investigaciÃģn penal que dispuso Ramos Padilla deberÃĄ centrarse en ellos.