La decisión de la Justicia comercial es a partir de una presentación de Mariano Macri, hermano del ex presidente, que denunció que el actual directorio de la empresa insignia del Grupo Macri estaba tomando decisiones contrarias a los intereses de algunos de sus accionistas.

La jueza comercial María Cristina O´Reilly dispuso la intervención de un veedor en el órgano de administración de la sociedad Socma Americana S.A., luego de que uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri denunciara que el directorio de la empresa insignia del Grupo Macri estaba tomando decisiones contrarias a los intereses de algunos de sus accionistas.

La magistrada dispuso “la intervención del órgano de administración de la sociedad Socma Americana S.A., en grado de veeduría por el término de tres meses, designando como veedor a tal efecto al Dr. Enrique H. Kiperman“, según surge de la resolución judicial a la que accedió el medio Télam.

La resolución data del 6 de mayo, trascendió este fin de semana y tiene su origen en una presentación que había realizado ante la justicia Mariano Macri luego de que se lo marginara de toma de decisiones de Socma, empresa de la cual es accionista.

Para el hermano del expresidente, la sociedad Socma está siendo vaciada para que sus activos no sean arrastrados por la quiebra del Correo Argentino S.A., también del Grupo Macri, según pudo reconstruir Télam de fuentes cercanas al hermano menor del expresidente.

En su presentación ante la Justicia en lo Comercial, a principio de este año, Mariano Macri había reclamado que se disponga la designación de un veedor a fin de que se constituya en la sociedad y realice un informe detallado sobre la marcha de los negocios.

En aquella demanda esgrimió que los accionistas que conforman la “mayoría automática” designaron como sindico a una persona fallecida cuatro meses antes y los acusó de seguir eligiendo como presidente de la sociedad a una persona de 98 años, “enfermo y con internación domiciliaria desde el 2019”.

Mariano Macri expuso en aquel texto que es dueño del 20 por ciento de las acciones de Socma y que el 80 por ciento restante lo tienen Gianfranco Macri (40 por ciento), Florencia Macri (20 por ciento), Rodrigo Valladares Macri (10 por ciento) y Franco Valladares Macri (10 por ciento).

El ex jugador había presentado una medida cautelar ante el fuero en lo Contencioso Administrativo número 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se declaró incompetente y la remitió a Reconquista, donde le rechazaron su cautelar.

La Justicia Federal de Reconquista rechazó una medida cautelar presentada por el exfutbolista Gabriel Batistuta, quien consideró inconstitucional que se le exija el pago del denominado Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, aprobado por el Congreso para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus.

Voceros judiciales informaron este martes que el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, no hizo lugar a la presentación del exgoleador de Newell’s Old Boys de Rosario, Boca Juniors, River Plate y Fiorentina de Italia, entre otros equipos, por lo que ahora la causa pasó a la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad chaqueña de Resistencia.

Batistuta presentó una medida cautelar ante el fuero en lo Contencioso Administrativo número 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se declaró incompetente y la remitió a Reconquista, de donde es oriundo y en cuya zona posee unas 126 mil hectáreas de campo.

Según el exintegrante del seleccionado argentino, el aporte solidario “vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y en especial el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad”, por lo que viola “la garantía constitucional de igualdad frente a los impuestos y las cargas públicas”.

El juez Alurralde está a tanto de las cuestiones patrimoniales del ahora empresario, ya que hace dos meses le trabó un embargo de casi cuatro millones de pesos por una deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En total, el organismo recaudador le reclamaba 3.853.341 pesos más el 15% en concepto de intereses y costas judiciales por no abonar Impuestos a los Bienes Personales Anticipo 2 y 3 Periodo Fiscal 2021 y aportes y contribuciones sociales.

Se trata de los abogados Carlos Pellegrini, Santiago Révora y Mariano Cascallares. Los tres integrarán el cuerpo en carácter de consejeros titulares.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, designó por decreto a los abogados Mariano Cascallares, Carlos Lisandro Pellegrini y Santiago Révora como representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.

Cascallares, intendente de Almirante Brown en uso de licencia, fue electo diputado provincial en diciembre tras encabezar la lista del Frente de Todos en la Tercera sección electoral. Révora, en tanto se desempeña como subsecretario de Asuntos Municipales y está ligado al ministro del Interior, Eduardo De Pedro.

Por su parte, Pellegrini es subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Seguridad bonaerense y responde al titular del Ministerio de Justicia, Julio Alak.

El Consejo de la Magistratura tenía pendiente en los últimos dos años la designación de varios de sus miembros. Este órgano permanente del Poder Judicial tiene entre sus funciones principales el nombramiento, la sanción y la remoción de jueces.

La iniciativa en reclamo de la reglamentación de la ley de Agricultura Familiar, se organizó bajo el lema “Nosotros no somos el problema, somos parte de la solución”.

Organizaciones sociales y campesinas realizaban esta tarde un “verdurazo” frente al Congreso Nacional en reclamo de la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar y por la “aplicación de políticas” de fortalecimiento de las economías regionales, entre otras demandas.

Así lo informaron voceros de las organizaciones, quienes detallaron que la protesta se desarrollará hasta las 16, bajo el lema “Nosotros no somos el problema, somos parte de la solución”.

“La feria de la agricultura familiar se ha instalado frente al Congreso con un nuevo ‘verdurazo'”, indicaron referentes del Movimiento Popular La Dignidad y de la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar.

Entre el amplio abanico de reclamos del sector figuran la “regularización dominial de la tierra, contratando trabajadores y trabajadoras agrimensoras, para iniciar las mensuras donde no hay conflictos legales; la recuperación de la maquinaria que se encuentra con problemas y que no se puede utilizar por falta de financiamiento y la reglamentación del Consejo de Agricultura Familiar Campesino Indígena”.

Las organizaciones reclaman además la reglamentación de la Ley 27.118 de Agricultura Familiar, la “continuidad de las obras de provisión de agua potable en el interior del país, entre otras demandas.

También, impulsan la aplicación de un Programa Nacional de Mercados Alimentarios de Cercanía y la incorporación de la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar al Consejo Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)”.

Miguel Fernández, presidente de la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar, indicó que la idea central de la protesta es “mostrarle a todos de que nosotros, trabajadores y comerciantes, podemos contribuir para bajara la inflación, frente al alta de los precios en los alimentos que hay en el país”.

“Hemos traído alimentos de todas las provincias, alimentos que producimos nosotros y que, por no tener las herramientas administrativas, políticas y legales para poder industrializar los alimentos y darle valor agregado, estamos obligados a venderles a los intermediarios, y los grandes y poderosos supermercados le ponen el precio que ellos quieren, el precio que mejor va a sus bolsillos”, sostuvo.

El mandatario encabezó este mediodía el acto de inicio de las obras de la Variante Cañuelas que forma parte del proyecto de transformación de la Ruta Nacional 3, entre Cañuelas y Azul.

El presidente Alberto Fernández cuestionó este martes a los “ladrones de guante blanco que están dando catedra de ética y moral por los medios” de comunicación y dijo que está esperando que la justicia “se dignifique a sí misma” y los llame para “rendir cuenta de lo que han hecho” al gobernar el país.

“Estoy esperando que un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina, para que expliquen los parques eólicos, la estafa al Correo, los peajes. Estoy esperando que la justicia se dignifique a sí misma y llame a los poderosos a rendir cuentas”, afirmó el Presidente al encabezar un acto en Cañuelas.

Acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, Fernández encabezó este mediodía el acto de inicio de las obras de la Variante Cañuelas, que forma parte del proyecto de transformación en autopista de la Ruta Nacional 3, entre Cañuelas y Azul, que demandará una inversión de alrededor de 5.628 millones de pesos.

En ese marco, el Presidente afirmó en el acto que cuando llegó al Gobierno “el 70 por ciento de las obras públicas estaban paralizadas” y consideró que, “así, cualquiera logra déficit cero, dejando de hacer lo que el Estado debe hacer”. En ese sentido, destacó que “Ahora tenemos 5 mil obras en ejecución”.

En otro tramo, Fernández afirmó que su Gobierno tiene “las pilas puestas desde le primer día y nos paramos frente a los poderosos todas las veces que hizo falta”.

“Tiramos atrás la modalidad de contratación de Participación Público Privada (PPP) y dijimos ‘hagamos lo que tengamos que hacer’. Los que confiaron en el mercado nos dejaron sin caminos, sin salud ni universidades ni hospitales porque no es rentable para los privados invertir en eso”, indicó.

También dijo que es necesario “cansarse de escuchar tantas mentiras en los medios y las diatribas de los sinvergüenzas que llevaron al país a la ruina”.

“Venimos a ofrecer nuestro corazón para que la Argentina se levante, trabaje camine. Vamos a hacerlo entre todos, que nadie nos detenga, con más fuerza que nunca”, concluyó su mensaje.

Este martes el Sindicato de Prensa realiza una protesta bajo la consigna “el periodismo está en emergencia por los bajos salarios”.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) lleva adelante desde este martes una serie de medidas de fuerza en el marco de la continua precarización que atraviesa la prensa escrita. Durante la jornada de hoy, los trabajadores de prensa de Clarín, Olé Página 12 y Perfil, estarán de paro y realizarán asambleas, en rechazo a los acuerdos paritarios cerrados por las cámaras empresariales que son considerados como “insuficientes” por esa organización gremial.

Las medidas de fuerza y protesta se realizan bajo la consigna “el periodismo está en emergencia por los bajos salarios”, y desde el gremio se anunció “la profundización de un plan de lucha”.

“Desde el SiPreBa convocamos a profundizar el plan de lucha en las redacciones como repudio a otro pacto ilegítimo firmado por las cámaras que consolida el atraso salarial y pone en riesgo la calidad de vida de les trabajadores. Exigimos una mesa de negociación por una recomposición real”, dice el comunicado del sindicato con mayor representatividad en las redacciones de los medios gráficos.

Entre las actividades de protesta, también se desarrollarán asambleas, apagones de noticias y ruidazos en las redacciones, que se reiterarán este jueves.

Respecto a las negociaciones salariales, SiPreBa denunció que “las empresas de medios de comunicación de prensa escrita de la Ciudad y el área metropolitana, agrupadas en las cámaras Aedba, AAER, APTA, THX Medios y la agencia española de noticias EFE, cerraron otra vez una paritaria para los trabajadores que consolida un atraso salarial que atenta contra la calidad de vida de los trabajadores”.

“Al igual que en los últimos años, el ‘acuerdo’ de prensa escrita 2022/23 vuelve a perjudicar a las personas que trabajan en los principales diarios, agencias y revistas impresas y digitales del país (Clarín, La Nación, Infobae, Perfil, Página/12, El Cronista, Ámbito, Noticias Argentinas, entre otros)”, agrega.

En esa línea, desde el gremio de prensa sostienen que existe un “pacto espurio a partir del cual estas importantes empresas pretenden hacer comunicación con salarios de miseria, pone al periodismo, y a quienes lo ejercen, en emergencia”.

La convocatoria se da en el marco del Primer Foro de Investigación en Salud Mental a realizarse el 14 de junio en el Centro Cultural Kirchner.

El Ministerio de Salud de la Nación comunicó que abrió una convocatoria aportar información relevante para el desarrollo de políticas públicas en salud mental, en el marco del Primer Foro de Investigación en Salud Mental.

La fecha de recepción de los trabajos será hasta el 4 de junio, mientras que el evento se realizará el 14 de junio en el Centro Cultural Kirchner (CCK)).

El Foro se plantea como un espacio de articulación, en el marco de la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental, entre equipos de funcionarios y funcionarias de las 24 jurisdicciones que tienen responsabilidad en la gestión y administración de políticas públicas en salud, y equipos de investigación que trabajan temas de salud mental en universidades, instituciones científicas e instituciones de salud integral.

El objetivo del Foro es compartir aquellos resultados de investigación que aporten como insumos para las políticas públicas en salud mental; concretamente: datos, análisis y saberes que retroalimenten la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental, a la vez que la trasciendan. A partir de estos insumos puestos en diálogo, se propondrán las líneas prioritarias para financiamientos de proyectos de investigación en Salud Mental.

El jefe de Estado concurrirá al foro regional tras dialogar con el mandatario mexicano. No habrá una “contracumbre” y se espera un rol protagónico como presidente de la Celac.

Tras varias vueltas, se confirmó que el presidente Alberto Fernández participará en la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles desde el próximo lunes 6 de junio y se extenderá durante toda esa semana.

Luego de las críticas que el mandatario realizó sobre la organización del evento, al afirmar que siente “vergüenza” de que “haya un bloqueo de seis décadas a Cuba y de cinco años a Venezuela y que no haya cambiado durante la pandemia”.

Por su parte, el presidente de México, Manuel López Obrador, informó que no asistirá al evento porque aseguró que la Constitución de su país no se lo permite. En una charla telefónica habría instado a Alberto a que participe, ya que él no tiene esa limitación constitucional, y a que lo haga en nombre de la CELAC.

López Obrador descartó que exista un plan para realizar una “contracumbre” pero admitió que “hay un acuerdo” entre los países miembros de la CELAC para acompañar la denuncia argentina sobre la política de invitar “solo a los que se considera amigos”.

Alberto estará acompañado de una reducida comitiva que integrarán Santiago Cafiero (canciller), Gustavo Beliz (secretario de Asuntos Estratégicos), Julio Vitobello (secretario General de la Presidencia), Gabriela Cerruti (portavoz presidencial) y Jorge Arguello (embajador argentino en Estados Unidos).

Pidió endurecer la legislación sobre Salud Mental.

Marina Charpentier, madre del artista Chano, habló en el Congreso sobre la adicción de su hijo. “No quiero ir a su velorio. Quiero que el Congreso me ayude”, pidió.

Charpentier reclamó modificar el artículo de la ley nacional de Salud Mental, que establece requisitos para que un adicto pueda ser internado contra su voluntad. “Les pido a ustedes que nos ayuden, no doy más”, siguió. Todos los especialistas defienden ese punto que objeta la madre de Chano: actualmente, la ley es muy exigente y pide que un equipo de salud determine si una persona está apta o no para decidir sobre cómo ser tratado. La cuestión tiene lógica: un mayor de edad tiene que poder decidir sobre cómo quiere abordar la problemática que lo afecta.

“Hace 20 años que sabemos y sufrimos su adicción. Hay adictos que no tienen voluntad, que no se pueden levantar de su cama. Mi hijo está muy enfermo. No puede dejar de consumir, porque solo no se puede”, contó.

“Mi hijo se quiso escapar del Sanatorio Otamendi”, relató. “Muchas veces pedí ayuda y no me la dieron. Nos tienen que ayudar, a mi, que por ahí tengo recursos y una prepaga, pero también a tantas madres que no sabemos qué hacer”, cerró.

El ministro de Educación bonaerense informó que un centenar de escuelas pasarán a tener jornada completa de ocho horas en la provincia de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires anunció la concreción de unos de sus principales objetivos en materia de educación. Luego del receso de invierno, unas 26 escuelas primarias se incorporarán a la jornada completa lo que elevará el número de establecimientos a más de 100 bajo esa modalidad. Con la disposición, unos 20 mil estudiantes pasarán a tener de 4 a 8 horas diarias de clases.

La novedad fue confirmada por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, durante un acto realizado en Mar del Plata en el marco de la “Agenda para la Educación Pública de Calidad” que lleva adelante la cartera educativa bonaerense.

“Compartimos la alegría de estas comunidades, porque si los chicos están más tiempo en la escuela es mejor para ellos, construyen una mejor infancia. En estos días estamos concretando el pase a jornada completa de 26 escuelas, y tras el receso de invierno serán más de 100 en toda la Provincia”, expresó Sileoni.

La medida implica un cambio organizacional en las escuelas, que pasarán a tener una jornada escolar de 8 horas diarias y se enmarca en la propuesta del gobierno nacional de ampliar el período de escolaridad.

En la Provincia existen diferentes opciones para concretar la propuesta de lograr más tiempo de escuela: la jornada completa de 8 horas, la jornada extendida de 6 horas y una hora adicional en escuelas de jornada simple. “Iremos analizando la medida más adecuada para cada escuela”, aclaró el titular de la cartera educativa.