En un encuentro que duró más de dos horas y medias, los mandatarios bonaerenses llevaron unas propuestas al gobernador.
El gobernador Axel Kicillof, encabezó esta tarde una reunión con los intendentes radicales. Durante el encuentro de trabajo llevado a cabo en la Casa de Gobierno, se abordaron aspectos vinculados a la producción al Fondo de Infraestructura Municipal y algunos políticas que lleva adelante el ejecutivo provincial.
Por parte de los mandatarios boinas blancas, estuvieron el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Ángel Fernández; de Suipacha, Alejandro Federico; de Saladillo, José Luis Salomón; y de Rauch, Maximiliano Suescún. Participaron también la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López; y el vicejefe de Gabinete, Juan Pablo de Jesús.
“Así como lo hicimos durante la pandemia, el camino sigue siendo el de contar con mecanismos de diálogo permanentes para abordar las dificultades que atraviesan los y las bonaerenses”, sostuvo Kicillof.
El Gobernador señaló que “vamos a trabajar para sostener el histórico plan de obra pública que estamos llevando adelante en los 135 distritos”.
Además, introdujo los principales lineamientos del programa Buenos Aires CREA: “Acabamos de lanzar esta iniciativa destinada a familias que poseen ingresos de entre uno y cinco salarios mínimos y necesitan reformar o ampliar sus viviendas. Las cuotas serán accesibles y se actualizarán por debajo del aumento de los salarios y la inflación, impactando también en la creación de empleo en cada uno de los municipios”.
En tanto, el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Ángel Fernández, manifestó que “ha sido una muy buena reunión, en la que hemos abordado todos los temas que teníamos previstos para profundizar la cooperación y agilizar los procesos que nos permitan resolver los problemas de la gente”. “Estamos convencidos de la necesidad de trabajar de forma mancomunada, más allá de las diferencias, focalizando en respuestas eficaces para dar soluciones a nuestros vecinos”, dijo.
“Nuestro compromiso es estar a disposición de los 135 municipios acompañándolos y sostener un canal de diálogo permanente para abordar las distintas necesidades”, subrayó Kicillof.
Desde UATRE salieron a cruzar a las patronales del agro por su negativa de otorgar un aumento salarial a los trabajadores rurales.
El Secretariado Nacional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) se cansó y salió a repudiar «enérgicamente» lo que calificaron como «absurda negativa de las entidades de la Mesa de Enlace a otorgar un justificado aumento salarial a los trabajadores y trabajadoras rurales».
«Con dilaciones y chicanas, semana a semana los representantes de las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace privan a los cientos de miles de trabajadores rurales de poder poner el pan en su mesa, de vivir una vida acorde al esfuerzo que realizan», acusaron.
Y agregaron que «en un año en el que tienen ganancias extraordinarias por el alza de los precios internacionales producto de la guerra, los empleadores juegan a empobrecernos como trabajadores».
Desde la organización gremial, a cargo de José Voytenco, además cuestionaron a los empresarios por buscar «desprestigiar a nuestra organización sindical»
Y le pidieron a la Mesa de Enlace que no se confunda: «Hasta ahora, la UATRE y su Secretario General José Voytenco, siempre apostaron al diálogo como forma de resolver las diferencias y los conflictos. Pero no somos mansos. Defenderemos con todas nuestras fuerzas los derechos y hasta las últimas consecuencias, los salarios de cada uno de los compañeros y compañeras que día a día trabajan en los campos de la Argentina».
«No aceptaremos ser pobres mientras ellos facturan en dólares lo que producen gracias a nuestro esfuerzo. Si tenemos que paralizar la producción o salir a las rutas lo vamos a hacer», concluyeron.
Legisladores de distintos bloques políticos se refirieron al régimen de fomento al desarrollo agroindustrial, federal, inclusivo, sustentable y exportador, presentado por el Poder Ejecutivo, luego de que un plenario de comisiones recibiera a representantes y referentes del sector agroindustrial para analizar la iniciativa.
En declaraciones con el canal oficial de la Cámara de Diputados, el diputado Pablo Cervi, de Evolución Radical, aseguró que le medida “es importante” y consideró que “así como se aprobó hace unas semanas el proyecto de las inversiones automotrices, la actividad agrícola también comparte algunas cuestiones, como la dificultad de amortizar las inversiones que se hacen”. En ese sentido, Cervi explicó la problemática de los saldos de IVA en el caso de la actividad del sector: “Al comprar al 21% y vender al 10,5% de IVA tiene saldos que no se recuperan”, expresó.
“Son cuestiones que hacen a la viabilidad del negocio que entendemos que son importantes, pero el proyecto que envió el Ejecutivo también contempla las creaciones de registro y de mayor burocracia que son cuestiones que hay que revisar”, agregó.
Por su parte, Daniel Arroyo, del Frente de Todos, destacó el rol de los bloques federales para la aprobación del proyecto. “El Congreso hoy es: nosotros, que somos 118 diputados, Cambiemos son 116, y hay un conjunto de bloques provinciales, federales, en el medio que terminan definiendo que se hace. Esos bloques creo que actúan con mucha racionalidad, que cuando les parece algo correctamente, como el tema de Boleta única, hacen articulación con la oposición, y cuando creen que hay otras cuestiones que son positivas, como algunas leyes que han votado con nosotros, nos acompañan”, indicó.
“Entiendo que, en este caso, debería acompañar por lo menos una parte importante de los bloques de provincias del interior la Ley de Agroindustria”, finalizó Arroyo.
Actualmente, el proyecto de Ley de Desarrollo Agroindustrial, que busca promover el incremento de la inversión y el empleo; impulsar la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas agroindustriales, ya está siendo trabajado por las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Industria, con miras a obtener dictamen para poder ser tratado en el recinto.
En el marco del debate, el plenario recibió días atrás a representantes y referentes del sector agroindustrial, entre los que estuvo el presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins. En su exposición, Martins consideró que el proyecto “lo que implica, y lo que a nosotros nos parecía oportuno traer a la mesa, es la industrialización”. En ese sentido recalcó la importancia de “ver de qué forma podemos agregar valor para crecer en exportaciones con valor agregado”.
“Somos muy eficientes en exportar productos primarios, creo que hoy tenemos la obligación de ver cómo agregamos valor, porque esto tienen una fuerte implicancia en la generación de divisas y eso es lo que va a ayudar a estabilizar una macroeconomía”, agregó.
A su turno, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, resaltó el “aliento a la producción, el aliento al empleo y la promoción al federalismo”. Y también destacó: “Las economías regionales estamos directamente vinculados a la inclusión porque damos mucho empleo por las características de nuestras producciones. Este proyecto alienta el asociativismo en los servicios, elemento fundamental para tener escala”.
En aquella reunión, además estuvieron presentes Alfredo Paseyro (gerente general de la Asociación Semilleros Argentinos-ASA), Jorge Chemes (presidente de Confederaciones Rurales Argentinas-CRA), Matías Lestani (secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación), Nicolás Pino (presidente de la Sociedad Rural Argentina-SRA), legisladores, representantes del consejo agroindustrial argentino, referentes del sector, entre otros.
Se trata de obras de gran magnitud que generarán más de 9 mil puestos de trabajo y beneficiará a más de dos millones de bonaerenses.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo una reunión virtual junto al embajador argentino en el país asiático, Sabino Vaca Narvaja, la empresa China Energy Engineering Int. Corporation (CEEC) y la argentina Grupo Aristar para avanzar en obras por un total de 2.530 millones de dólares, que se espera beneficien a más de dos millones y medio de habitantes y generen más de 9.000 puestos de trabajo.
A través de un encuentro, del cual también participó la ministra Consejera Económica y Comercial de la embajada de China, Diya Xia, se acordó avanzar en la construcción del acueducto noroeste; la ruta nacional 9 Zárate-Rosario y la ampliación de las plantas depuradora de El Jagüel y Laferrere.
Todas ellas son parte de la iniciativa de La Ruta de la Seda y la Franja y la Asociación Estratégica Integral Argentina-China que firmó el presidente Alberto Fernández durante su viaje a China, del cual participó el gobernador.
“Fortalecer nuestros vínculos comerciales es una herramienta clave para potenciar el desarrollo de la provincia, llevando adelante obras fundamentales para las y los bonaerenses”, aseguró Kicillof, quien destacó el memorándum de entendimiento en materia de cooperación bilateral firmado durante la gira que realizó el Presidente por Asia en febrero.
Según se informó, el acueducto buscará satisfacer las necesidades de agua potable de un millón de personas que viven en 23 partidos en el noroeste bonaerense. El mismo tendrá una inversión de 1.500 millones de dólares y una longitud de 1.300 kilómetros para una zona de influencia de 73.200 kilómetros cuadrados.
La ampliación de la planta El Jagüel contempla la provisión del servicio de saneamiento de los efluentes cloacales en Esteban Echeverría y Lomas de Zamora, con una inversión de 180 millones de dólares.
“Este acuerdo es un hito importante para nuestra relación, ya que en este caso Argentina es el que transfiere tecnología a China”, celebró Vaca Narvaja.
La planta depuradora Laferrere contará con una inversión de 400 millones de dólares y mejorará el saneamiento de los efluentes cloacales en Virrey del Pino, Gregorio de Laferrere y González Catán.
El tramo de la ruta 9, el más transitado del país, contempla la rehabilitación integral de la calzada y la ejecución de las obras en los accesos a los puertos de Zárate y San Nicolás, para lo que se destinará una inversión de 450 millones de dólares.
La Embajada de esa nación euroasiática afirmó que es “infundada” la acusación de los diputados opositores. Otra opereta para perjudicar al Gobierno con una falsa denuncia.
La Embajada de Turquía en Buenos Aires expuso la fake news que publicó el diario La Nación que usaba como base la denuncia de los diputados de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman y Ricardo López Murphy, en la que afirmaban que la Agencia Federal de Inteligencia había sido alertada por la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía sobre la presencia del avión venezolano iraní antes de su llegada a la Argentina.
“El supuesto intercambio de inteligencia con respecto al avión de carga por parte de la Organización Nacional de Inteligencia Turca con sus contrapartes argentinas y brasileñas es completamente infundado”, explicó la Embajada de Turquía en una nota dirigida al secretario general de la redacción de La Nación.
El propio titular de la AFI, Agustín Rossi, se hizo eco de la comunicación de la Embajada turca que los medios no difunden.
“Brasil y Turquía habrían alertado a la AFI por el avión venezolano y la oposición pide investigar a siete funcionarios”, era el enfoque que le dio La Nación a la noticia que luego se replicó en todos los medios de manera corporativa.
“una vez revisado detenidamente, se puede ver claramente que se trata de un documento fraudulento que contiene un emblema inexacto de la agencia de inteligencia turca que probablemente haya sido copiado y pegado de Wikipedia”, indica el mensaje de la embajada contra la nota.
La agencia de inteligencia turca “no tiene ningún papel ni participación en el caso judicial en curso con respecto en curso con respecto al avión de EMTRASUR”. Y agregó: “Reitero que todas las referencias hechas a Turkiye en su noticia del 5 de julio son infundadas y no reflejan la realidad”, dice la nota.
En medio de la cruzada entre el Gobierno y la Corte Suprema, tanto en las redes sociales como en todo el país se viralizó la frase “Con Cristina no se jode”.
En una semana marcada por el video que publicó Cristina Fernández de Kirchner, titulado “De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia“, donde la vicepresidenta cargó contra el “Poder Judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen”, tanto las redes sociales como varias paredes del país aparecieron con una nueva consigna: “Con Cristina no se jode”.
Desde este martes en varios puntos del país, se pudieron observar diferentes pintadas en apoyo a la ex presidenta.
Además de las pintadas, en las redes sociales cuentas de organizaciones políticas, y distintos usuarios también se viralizaron flyers y mensajes de apoyo a Cristina.
El ex presidente realizó una recorrida por esa localidad del Conurbano bonaerense y fue abordado por vecinos que lo rechazaron.
Este miércoles, Mauricio Macri junto a dirigentes del PRO realizó una recorrida por Ituzaingó, pero fue repudiado cuando buscó una foto con vecinos de esa localidad del Oeste bonaerense, que recordaron su pésima gestión de gobierno.
Primero, un kiosquero de diarios se negó a saludar a Macri y le dijo “acá no sos bienvenido” y lo dejó con el brazo extendido. “Yo no te doy la mano”, repitió ante la insistencia del ex mandatario.
Segundo, una vecina le grito al ex mandatario: “Danos de comer con la que te robaste, con eso danos de comer”, mientras Macri buscaba salir airoso del desplante del kioskero.
Todo quedó registrado en video por una vecina, que lo acercó al diario La Ciudad de Ituzaingó. le insiste la mujer al funcionario, que continuó su camino junto a una comitiva de media docena de funcionarios.
El gobierno jujeño de Gerardo Morales realizó espionaje contra decenas de organizaciones políticas, sociales y sindicales y armó fichas de los referentes de cada sector.
Una investigación que surgió a partir de una causa judicial provincial, reveló que el gobierno jujeño de Gerardo Morales realizó espionaje contra decenas de organizaciones políticas, sociales y sindicales y armó fichas de los referentes de cada sector.
Según especificó el periodista Franco Mizrahi para el portal El Destape, entre las víctimas figuran concejalas con fueros que fueron vulnerados, dirigentes gremiales y militantes sociales. Las tareas de inteligencia las realizó la policía local a pedido de un fiscal provincial. ¿El objetivo? “Individualizar a los referentes de cada organización” que se manifestó contra el gobernador el 1 de abril pasado durante el acto de apertura del año legislativo de la Cámara de Diputados de Jujuy, cuando Morales dio un discurso.
“Siendo las 8:00 horas se designaron los grupos de trabajo que se infiltrarían en las distintas organizaciones”, se lee en el acta que da inicio a las actuaciones sumarias. La orden de infiltrarse la dio el día previo el fiscal Diego Funes, quien encomendó la tarea a la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad jujeño, es decir, al propio gobierno de Morales.
El objetivo fue “proceder a la individualización e identificación de los dirigentes y de las personas que tomen asistencia a los miembros pertenecientes a los distintos movimientos y se recepcione denuncia a los individuos que resulten víctimas de los diferentes inconvenientes que susciten”. Es decir, ya había una presuposición de que habría “inconvenientes”. Para realizar este procedimiento se “conformaron diversas comisiones” en la policía local.
En el marco de esta causa, el 6 de julio se realizaron 16 allanamientos en casas de los referentes y sedes de los movimientos sociales espiados. Una de las allanadas es la concejala de Calilegua, Fani Martínez, de la Tupac Amaru, a quien le vulneraron los fueros. “A ella le allanaron la casa. El allanamiento para los legisladores establece que primero se los debe imputar, luego indagar y finalmente se les puede hacer un allanamiento, por única vez. Nada de eso se respetó”, explicó la abogada de Martínez, Alejandra Cejas.
Martínez no fue la única concejala a la que le violentaron los fueros. Lo mismo sucedió con la concejala Lorena Alfaro del bloque FORJA, quien integra el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. En su caso, le hicieron inteligencia, le sacaron fotos y hay un expediente con sus datos particulares. Pero no actuó ningún juez de control en el proceso contra ella.
La causa judicial iniciada por el fiscal Funes continúa abierta. Este martes, por ejemplo, la Justicia inició el análisis de los equipos secuestrados por la policía de Morales durante esos 16 operativos. Parece una “excursión de pesca” en pos de ver qué se encuentra ya que la investigación se inició sin una denuncia concreta.
¿Qué se investiga? Según un comunicado que emitió el Ministerio Público de la Acusación (MPA) jujeño el 6 de julio, el día de los 16 allanamientos, se investigan “hechos denunciados por supuestos damnificados que señalan que serían extorsionados por dirigentes de organizaciones sociales que los amenazarían con quitarles los planes sociales si no realizan aportes o asisten las marchas que convocan, entre otras circunstancias”. Es decir, se investiga una supuesta extorsión y una asociación ilícita por la presunta denuncia de damnificados. Pero la forma en que se inicia la pesquisa fue falseada por el MPA en su comunicado.
El propio Funes mintió al día siguiente, el 7 de julio, cuando ante la prensa sostuvo que el caso se inició “a raíz de diversas denuncias que pusieron en conocimiento de la autoridad policial y de la Fiscalía que en algunos casos personas vulnerables social y económicamente habían sido amenazadas o amedrentadas con perder sus beneficios sociales en caso que no asistieran a marchas o no pagaran una suma de dinero para las organizaciones”.
El expediente da cuenta de que las actuaciones se iniciaron de oficio por voluntad del fiscal Diego Funes el 31 de marzo pasado cuando ordenó la infiltración de las organizaciones y no por denuncias de supuestos damnificados. Los presuntos “damnificados” se fueron a buscar a la manifestación con la infiltración de las organizaciones. “Las denuncias las armaron posteriormente”, explica Cejas.
Es tal la desprolijidad de la justicia jujeña que los abogados defensores de las personas que fueron espiadas recién pudieron acceder el expediente el pasado 15 de julio. Es decir, tres meses y medio después de iniciado el caso. Allí se toparon con las órdenes de infiltración y las fichas de los dirigentes políticos, sociales y sindicales.
“Desde fines de marzo hasta los allanamientos no sabíamos que existía este expediente”, afirmó a este medio el abogado Luis Paz, quien defiende a tres integrantes de la Tupac Amaru, a un integrante del Movimiento Evita y a otro militante del Frente de Organizaciones por la Liberación, que son solo algunos de las decenas de espiados. “Lo que revela esta causa es que en Jujuy, las libertades de reunión, expresión y de protesta están seriamente comprometidas por el avance grotesco de Morales y su Poder Judicial”, añadió el letrado.
Dado la gravedad de este expediente, en el que se vulneraron los derechos más elementales, se analiza el pedido de nulidad de todo lo actuado, realizar una denuncia contra el fiscal Funes y otra contra Morales en la justicia federal por la violación de la Ley de Inteligencia Nacional.
La infiltración
En la causa quedó registro de una cronología casi minuto a minuto de la manifestación de las organizaciones. Por ejemplo, se informa qué agrupaciones llegan primero a la evento del 1 de abril, cuántos militantes son y demás detalles. A la vez, tal como consta en el expediente, se anexaron “informes con fotografías” de los asistentes a la manifestación.
Por eso, a lo largo del expediente pueden verse fotografías e identificación de los referentes de las diversas organizaciones que participaron de la marcha del 1 de abril. Entre los espiados aparecen concejales con fueros, dirigentes de ATE y del SEOM (el gremio que nuclea a los Empleados y Obreros Municipales), la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), exdiputados provinciales del FIT, militantes del Movimiento Evita, de Barrios de Pie, de UTEP, del Polo Obrero, de la CCC y la lista continúa.
En diversos casos, a la imagen se acompaña DNI, dirección y hasta el Facebook de los “objetivos”. También hay un anexo fotográfico con imágenes de los locales partidarios y hasta de las viviendas de los “investigados”.
Personal de la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad jujeño, que estaba a cargo del comisario general Marcelo Rodríguez, llevó adelante la “identificación” de los manifestantes.
“Es todo ilegal. No hay delito. No hay un denunciante”, explica la abogada la abogada Alejandra Cejas. “El fiscal ordena que la policía se infiltre en las organizaciones y vea qué saca. Así aparecen en el expediente estas fotos de casi toda la dirigencia opositora a Morales. Y la policía dice que, en el marco de la infiltración, habló con personas que no se animan a denunciar pero que dicen que sufrieron delitos. Esa sería la base de la supuesta extorsión”, añade la letrada en diálogo con este medio.
A esto se suma que el 13 de abril pasado el abogado Luis Paz presentó un habeas corpus colectivo porque las organizaciones estaban denunciando la presencia policial en las puertas de sus sedes y en las casas de sus referentes. “Ante esa presentación, la Justicia respondió que no había una investigación en proceso. Entonces ¿qué están haciendo? Inteligencia”, grafica Cejas.
“La revelación de este expediente y el uso de prácticas de infiltración de las fuerzas de seguridad provinciales develan la alta complicidad y las relaciones espurias entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial de Jujuy y el Ministerio Público de la Acusación”, señala Luis Paz. Y aclara: “Digo esto porque el expediente se inicia de oficio a través de una agencia policial, que depended exclusivamente del ministerio de Seguridad, o sea de Gerardo Morales, y que fue creada en 2016 y puesta en funcionamiento en 2018 con la finalidad de perseguir delitos de narcomenudeo. Tenía como una de sus herramientas la infiltración pero a organizaciones mafiosas de narcotráfico”.
Esto implica que hubo una manipulación de una agencia creada para otra cosa para infiltrar a organizaciones políticas, sociales y sindicales.
“Han violado preceptos constitucionales muy claros”, afirma Cejas. Y advierte: “Jujuy es un laboratorio donde la derecha ve qué puede hacer para luego llevarlo a todo el país”.
Por tal motivo, la abogada adelantó que están “trabajando en una defensa técnica y política”. “Acá no solo discutimos el Código de Procedimiento de Jujuy. Se violaron normas nacionales e internacionales de primer nivel, que son la esencia de nuestra democracia”, sentenció.
Se trata de Teresa María Luján Scorza, agente de la Comuna 4 de la Policía porteña, que fue reconocida por una de las víctimas durante un procedimiento de reconocimiento fotográfico que se llevó a cabo a principios de julio
La Justicia ordenó la detención inmediata de una integrante de la Policía de la Ciudad acusada de encubrir a otros policías por el crimen de Lucas González, el adolescente baleado en Barracas en noviembre de 2021, y de torturar a a tres amigos del joven.
La policía, Teresa María Luján Scorza, revista en la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comuna 4 de la Policía porteña, y fue reconocida por una de las víctimas durante un procedimiento de reconocimiento fotográfico que se llevó a cabo a principios de julio.
El arresto de Scorza fue ordenado por la jueza de Instrucción Paula González, quien avaló el requerimiento elevado por el fiscal del caso, Leonel Gómez Barbella. Fuentes judiciales estimaron que la policía sería indagada este miércoles.
El medio Página12, repasó que en diciembre del año pasado, Gómez Barbella ya había solicitado la detención de Scorza y otros dos policías, Santos Ochoa y Damián Ezequiel Lobos. En esa ocasión, el juez de instrucción Martín del Viso no hizo lugar al pedido al considerar que, “más allá de sus posibles permanencias físicas en el sitio donde se detuvo a las víctimas”, no había elementos que hagan suponer “la eventual participación” de esos policías en el crimen.
Sin embargo, a principios de este mes, uno de los amigos de Lucas, Joaquín Zuñiga Gómez, identificó a Scorza en un reconocimiento fotográfico. El joven explicó que fue ella quien,“cuando tenía los brazos esposados por detrás me agarró el dedo para desbloquear el teléfono” y le revisó el celular. “Me decía dónde tenía la droga, que era un chorro, que a su amigo le tiraron porque hizo las cosas mal. Todo el relato era con ironía”, detalló.
Por ello, en su dictamen el fiscal consideró acreditado que Scorza “fue una de las mujeres policías que le produjo sufrimientos psíquicos a Joaquín Zuñiga Gómez mientras se encontraba ilegítimamente detenido”. Para Gómez Barbella, la policía incurrió en “encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el ilícito precedente especialmente grave en concurso real con privación ilegal de la libertad calificada al tratarse de un funcionario público que actuara con abuso de sus funciones y por haber cometido torturas impediría una eventual condena en suspenso”.
Para el fiscal, existe riesgo de que las víctimas, sus familiares y los testigos del crimen sean presionados por Scorza, quien como integrante de la Policía podría rastrear a las víctimas y dar con ellas. En la causa, recordó el fiscal, ya se denunciaron en más de una ocasión intimidaciones a víctimas y sus familiares.
Así lo aseguró el ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien además recordó que “esta Corte Suprema fue diseñada por ‘Pepín’ Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, renovó este miércoles sus críticas contra la Corte Suprema de Justicia, al considerar que sus integrantes “actúan a nado sincronizado” con “el macrismo y el poder mediático”.
“Esta Corte Suprema fue diseñada por ‘Pepín’ Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay. Son 4 varones de la zona sojera del país que actúan en nado sincronizado con el macrismo y con el poder mediático. Por eso los protegen y se ponen en pie de guerra cuando buscamos mejorar la justicia”, afirmó el ministro a través de su cuenta de Twitter.
De esta manera, el ministro reafirmó las criticas realizadas el martes a través de varios medios de comunicación contra los integrantes de la Corte.
“Denunciamos a Macri y sus jueces amigos por las visitas clandestinas. Un fiscal cerró la causa para ‘no seguir esmerilando’ al Poder Judicial. No investigaron porque sabían que las excusas eran insólitas: Borinsky ‘jugaba al pádel’ en Olivos cuando Macri se operó de la rodilla“, agregó el ministro sobre la documentación que presentó la noche del martes en C5N.
Soria mostró documentos que demuestran que “una de las primeras visitas fue el 27 de junio de 2016”, y cuestionó: “Que me explique cómo jugaba al paddle con Macri, si (el mandatario) estaba recién operado de la rodilla”, al exhibir una nota del diario Clarín del 23 de junio de 2016 que se tituló “Operan a Macri tras la lesión en la rodilla”.
Las declaraciones de Soria se suman a las realizadas por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cuestionó el lunes a la Corte Suprema de Justicia a través de un video publicado en sus redes sociales, en el cual afirmó que existe “un Poder Judicial devenido en partido político, que es protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen”.
En ese sentido, la exmandataria evaluó que ante la situación actual que atraviesa la Justicia, “los ciudadanos y ciudadanas de Argentina se encuentran en una situación de libertad condicional”
Soria se hizo eco de las opiniones de la vicepresidenta, y finalmente recordó que la actual corte fue diseñada por “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay.