“Gran alegría por la restitución de la identidad de otro argentino”, escribió la Vicepresidenta en sus redes sociales tras el anuncio realizado por organismo que preside Estela de Carlotto.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró este miércoles la restitución de la identidad tarde Abuelas de Plaza de Mayo.

“Las Abuelas lo hicieron de nuevo! Gran alegría por la restitución de la identidad de otro argentino, el nieto 132 en su cuenta de Twitter.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunció este miércoles la restitución de la idllamado Juan, hijo de Mercedes del Valle Morales Romero, detenida-desaparecida en 1976 en Tucumán.
Según se explicó, el hombre aún busca su identidad genética paterna. El nuevo nieto recuperado participó desde Tucumán vía Zoom.

Desde el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Jorge D´Onofrio, exigieron al gobierno nacional que se ponga límites al no cumplimiento del gobierno porteño a la ley del Pacto Fiscal de 2018.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, se refirió a un nuevo episodio del incumplimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el Pacto Fiscal de 2018 que trae como consecuencia el no pago del subsidio del transporte público.

Vale recordar que, con la firma de la ley de Pacto Fiscal durante 2018, las dos jurisdicciones se hicieron cargo de la totalidad de los subsidios de la asistencia para el cumplimiento del servicio.

En ese marco, y ante el incumplimiento de la ley que lleva a la falta de los pagos de parte de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, desde la Provincia reclamaron respuestas a la cartera nacional que conduce Diego Giuliano.

“La Provincia paga el 91 por ciento, CABA tiene que pagar eso porque está en la ley que ellos firmaron, pero se hacen los distraídos y se les permite que sigan con esa actitud”, sentenció el ministro bonaerense, Jorge D´Onofrio, desde cuya cartera aseguraron se hace cargo de la totalidad del subsidio en tiempo y forma.

Ante dicho escenario, el propio funcionario de la Provincia planteó la necesidad de una respuesta nacional ante la doble vara en el funcionamiento del subsidio. “Cómo seguimos”, interrogó D´Onofrio y solicitó una respuesta: “Queremos saber si esto se va a subsanar o si el trato va a ser el mismo para todas las partes”.

“Si no se lo van a cobrar a CABA, que tomen la misma actitud con la provincia de Buenos Aires y que la ley sea pareja para todos”, sentenció D’Onofrio.

Desde el Ministerio aseguraron que cumplen con el pago de los subsidios a más de 200 líneas de colectivos de todo el territorio bonaerense, mientras que el gobierno porteño no reporta el compromiso con las 32 líneas del distrito capitalino.

Qué dijo Nación

En conferencia de prensa, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, afirmó que el Gobierno nacional está en un proceso de negociación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) “para que se haga cargo de su propio transporte”, que comprenderá a las 32 líneas que tienen origen y destino dentro de la jurisdicción.

“Estamos en un proceso de negociación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se haga cargo de su propio transporte, como se ha hecho cargo cada una de las 23 provincias de la Argentina”, dijo Giuliano en Casa Rosada.

“Esto quiere decir que las 32 líneas de transporte que tienen origen y destino dentro del territorio exclusivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como dice la ley, sean administradas, gestionadas y sostenidas por la Ciudad”, dijo el funcionario.

Giuliano aclaró que “el Ministerio de Transporte no se ha retirado nunca ni se va a retirar, porque sigue compensando lo que se llama el ‘atributo social’ para todos los argentinos, algo que en esta gestión fue desarrollado porque en la gestión anterior estaba solamente encapsulado en la zona del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)”.

Además, reiteró a la Justicia su pedido de unificación de las causas judiciales que investiga a la agrupación ligada a Luis Caputo con la que se sigue por el atentado.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reveló que los abogados que la representan pidieron nuevas medidas de prueba y la detención de Jonathan Morel, Leandro Sosa y Gastón Guerra, integrantes de Revolución Federal.

También volvió a pedir a la Justicia la unificación de las causas judiciales que los investigan con la que se sigue por el atentado contra su vida cometido el pasado 1 de septiembre.

A continuación, la expresidenta se preguntó: “¿Qué más necesitarán (los camaristas Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Mariano) Llorens para unificar causas y detener a todos los responsables? ¿Que me maten? En ese caso ya todos y todas sabrán que, además de quien empuñe el arma, habrá otros responsables”.

Según precisa el escrito presentado este miércoles, “el pasado 19 de diciembre, fueron cargados al sistema una serie de informes realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esta prueba, sumada a otra producida tanto en esta causa como en la CFP 2998/2022, obliga a profundizar ciertas líneas de investigación”.

“Al leer los informes realizados por la PSA sobre los teléfonos secuestrados en esta causa, lo que primero surge es la evidente cercanía entre la conducta de los miembros de Revolución Federal y sus allegados con el atentado sufrido por Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre”, agrega la presentación.

Así lo anunció la cuenta de twitter de Abuelas de Plaza de Mayo.

La organización Abuelas de Plaza de Mayo anunció hoy la restitución de la identidad del nieto número 132 separado de sus padres en la dictadura cívico militar, y brindará esta tarde una conferencia de prensa para dar más detalles.

“Convocamos a medios de comunicación y periodistas a una nueva conferencia de prensa para anunciar otra restitución de identidad, la 132”, informaron a través de su sitio web oficial y en las redes sociales.

La conferencia se realizará hoy a las 16 en la Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, avenida del Libertador 8151, CABA, “para dar a conocer detalles de esta historia”, indicaron.

Asimismo, manifestaron que “el 2022 finaliza así con la resolución de un nuevo caso que renueva las esperanzas de este camino de verdad, memoria, justicia e identidad” y señalaron que: “Esperamos que el 2023 nos reciba con muchos más encuentros“.

Abuelas de Plaza de Mayo había anunciado el jueves pasado la restitución de la identidad del nieto 131 y en esa oportunidad, la titular de la organización, Estela de Carlotto, sostuvo que el hecho “nos da esperanza de encontrar a los que faltan”.

Allí, sostuvo que el nieto número 131 es hijo de Lucía Nadin y Aldo Quevedo, militantes del PTR – ERP, quienes fueron secuestrados en 1977 y fueron llevados al Centro Clandestino de Detención “Club Atlético” en la ciudad de Buenos Aires.

En una conferencia de prensa, Carlotto precisó que Nadin estaba embarazada de dos o tres meses cuando fue secuestrada en 1977 y que hay sospechas de que el parto podría haberse producido en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA).

También comentó en esa oportunidad que Nadin y Quevedo eran mendocinos, que se conocieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, y que eran militantes del PTR-ERP.

Dichos de Mario Secco, intendente de Ensenada.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, se refirió a las recientes palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acto en Avellaneda: “Cristina es el cuadro político más importante que tenemos”, describió.

“La justicia está tomando decisiones políticas que no debería”, agregó. Y se refirió a las palabras de CFK: “Lo que dijo Cristina fue ´haganse cargo, yo no puedo con todo´”.

“Cristina no será candidata pero estará atrás de todo, ella ya dijo que hará todo lo que sea necesario para que gane un gobierno peronista”, insistió Secco en una entrevista radial.

Por último, el jefe comunal defendió la gestión de Axel Kicillof en Buenos Aires: “El Gobernador está haciendo milagros con los recursos que tiene, se los cortaron y le dejaron muchísima deuda”.

El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos bonaerense firmó un convenio con el presidente del Consejo Profesional de Agrimensura.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, firmó un convenio de colaboración con el presidente del Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Buenos Aires, Lucas Zanella Kohli, con el objetivo de trabajar en la regularización dominial y avanzar en tareas de agrimensura y elaboración de planos en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se informó hoy oficialmente.

Durante el encuentro, del que participó la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti, se trabajó en torno a la necesidad de alcanzar un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, como también un mayor cumplimiento de las normativas vigentes, para lo que las partes realizarán posteriormente los convenios específicos que sean necesarios.

Además, se tiene como objetivo optimizar el desarrollo de tareas de agrimensura que serán las que posibiliten, a futuro, la regularización dominial de determinados barrios de la provincia de Buenos Aires.

La IGJ comprobó más de media docena de irregularidades documentales y societarias.

Trascendió que el diputado de Juntos por el Cambio y mano derecha de Patricia Bullrich, Gerardo Milman, se encuentra involucrado en un hecho grave de corrupción relacionado con las denominadas “Sociedades pantallas”.

Este martes por la tarde, un juez nacional del fuero comercial decretó la intervención en grado de veeduría de la sociedad de acciones simplificada Salvattore Group, una firma creada por dos asesores del legislador a la cual la Inspección General de Justicia (IGJ) le detectó una decena de supuestas irregularidades que motivaron una presentación judicial.

La intervención fue dispuesta por el juez nacional en lo Comercial Daniel Frick, quien nombró para esa función a la abogada Anahí Cordero, a quien le asignó la tarea de producir “un informe mensual sobre el giro social de Salvattore Group S. A. S. durante un término de seis meses, contado desde la aceptación del cargo”.

La empresa había quedado en la mira de la IGJ luego de ser mencionada en distintos medios de comunicación como una “sociedad pantalla” que pudo haber sido creada para movilizar, a ­través de testaferros, dinero del ­diputado Milman, que este no podría justificar.

En noviembre de este año, la IGJ inició un expediente administrativo “debido al hecho de trascendencia pública sucedido el 1º de septiembre con el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación y, posteriormente, por la posible relación –que también tomó estado público– de algunas actuaciones del diputado nacional Gerardo Milman y de una de sus colaboradoras en el Congreso de la Nación, Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, pasibles de ser vinculadas con el señalado atentado”, según se informó.

“A raíz de las actuaciones sumariales, la IGJ comprobó más de media docena de irregularidades documentales y societarias de Salvattore Group Sociedad por Acciones Simplificada, cuyos socios formales resultaron ser Carolina Elizabeth Gómez Mónaco y Fernando Agustín Daga, ambos ligados a Gerardo Milman; la primera, por ser su asesora parlamentaria y empleada del Congreso de la Nación; y el segundo, por estar contratado por el propio Milman para realizar funciones en la Cámara baja del parlamento argentino”, explicaron desde el organismo.

Será con un préstamo de 1.140 millones de dólares.

Mediante el decreto 852/2022 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno aprobó el establecimiento de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para invertir 1.140 millones de dólares en el “Programa de Inversiones para Promover la Descarbonización del Sector Energético en Argentina”.

El objetivo de la iniciativa es “contribuir a la descarbonización del sector energético, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas y promover el desarrollo económico del país, a través de inversiones que permitan un suministro eléctrico sostenible, confiable y eficiente”.

En tanto, la Línea de Crédito Condicional tiene un plazo de utilización de 15 años, contados a partir de la fecha de suscripción del Acuerdo.

Por otro lado, también el BID invertirá 200 millones dólares en el “Programa Federal de Transporte de Energía Eléctrica (PFTEE)”.

El objetivo general del plan es “contribuir con la descarbonización del sector eléctrico al disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y al desarrollo humano, a través de la ampliación y modernización de los sistemas de transporte de energía eléctrica”.

Asimismo, los objetivos específicos son: disminuir el uso de generación basada en combustibles fósiles, aumentar la capacidad de transporte de energía eléctrica para la atención de nueva demanda y la inyección de energía renovable al sistema interconectado, mejorar la confiabilidad y eficiencia del sistema eléctrico, y promover la participación de las mujeres en el Programa.

A su vez, el referido programa se desarrollará a través de dos componentes: Inversiones en Infraestructura sostenible y Fortalecimiento Institucional y estudios técnicos.

Denuncia penal.

La Aduana denunció a 18 empresas importadores por irregularidades en sus operaciones que involucran bienes por más de $1.430 millones, según informó hoy el organismo. “Las empresas en cuestión se ampararon en un régimen especial para no abonar aranceles por una serie de importaciones, pero no cumplieron con los requisitos que aquél establece”, argumentó la Aduana.

Según explicó la dependencia a cargo de Guillermo Michel, “los insumos importados bajo el Régimen Especial de Importación Temporaria para Perfeccionamiento Industrial luego deben ser exportados; sin embargo, se sospecha que las empresas denunciadas los utilizaron en el mercado interno”.

La denuncia sostiene que estas compañías “sacaron provecho indebido del Régimen Especial de Importación Temporaria para Perfeccionamiento Industrial, dado que no pudieron dar pruebas de haber realizado las exportaciones que son condición sine qua non para ampararse en el mencionado régimen especial”.

Desde distintos bloques consideraron que podría ser una oportunidad para retomar el diálogo y sesionar para avanzar con proyectos pendientes.

Legisladores del oficialismo y de la oposición coincidieron en que, de convocarse a sesiones extraordinarias, sería una oportunidad para volver a buscar consensos y tratar iniciativas que pendientes.

En tal sentido, en el Canal Diputados TV, Ricardo Herrera del Frente de Todos afirmó: “Estamos a disposición cuando este proyecto político lo requiera. Si se abre un período de sesiones extraordinarias vamos a participar. Nos parece muy bien porque han quedado temas pendientes”.

De igual manera, el diputado Jorge Vara (Unión Cívica Radical), expresó: “Estamos preparados para concurrir a Extraordinarias. Esperemos que se disipe la niebla y se pueda avanzar. Me parece que es fundamental el tiempo y que se pueda discutir. Podemos estar de acuerdo o no, pero es importante discutir y fijar las posiciones”.

“Creo que todo puede ser analizable y discutible; sobre todo en la búsqueda de consensos”, indicó además.