Milei avisó que va a cotar la pauta y en TN destrozaron a Bullrich: “está prohibiendo lo que ella misma hacía en el tiempo de la cuarentena”

La señal de noticias del Grupo Clarín arrinconó a la ahora ministra de Seguridad de Milei por el protocolo anti piquete ¿Pase de factura por la amenaza de cortar la pauta?

Durante la tarde de este jueves, la edición de noticias de la señal TN tuvo un incómodo momento al aire protagonizado por el periodista Mario Massacessi y sus compañeras de aire, quienes miraban atónicas mientras su colega hablaba. Y es que, luego de conocerse el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, flamante ministra de Seguridad, el periodista cuestionó la autoridad de la funcionaria para pedirle a la gente que no proteste.

“Patricia Bullrich está prohibiendo lo que ella misma hacía en el tiempo de la cuarentena, que cortaba el Obelisco o era una de las personas que convocaba a protestar contra la cuarentena. Ella también estuvo cortando calles. Es decir que está prohibiendo lo que ella, durante el Gobierno de Alberto (Fernández), sintió la necesidad de hacer”, comenzó diciendo, mientras los rostros de sus compañeras estaban visiblemente desencajados.

Y continuó: “Si ella, en su momento, siente que es legítimo protestar, ¿qué autoridad hay ahora para decirle a los demás que no pueden protestar?”, preguntó de forma retórica y mirando de frente a la cámara.

“Y no participó de una sola manifestación, participó de varias. Nada, lo dejo ahí. Cuando lo hago yo es legítima la protesta, cuando lo hacen otros y soy ministra, no. Esto es apenas una línea de pensamiento”, deslizó, volviéndose viral en las redes sociales, en especial por el mensaje brindado en el canal donde trabaja.

Días atrás, el gobierno de Milei anunció que suspende el pago de pauta de los grandes y pequeños medios. La medida fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, en el marco de un recorte de los gastos que incluye la revisión de todos los nombramientos del último año y el recorte de cargos.

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El ajuste de Milei llegó a las provincias: San Luis pagará los salarios de diciembre y enero en cuotas

Con inflación del 40% mensual.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, anunció el pago de salarios estatales en dos cuotas para los próximos meses, mientras la inflación se dispará al 40% mensual, el triple de la suba de precios actual. Un ajuste brutal.

“Tenemos un déficit de más de 125 mil millones de pesos”, declaró el gobernador para justificar el “estado de emergencia pública”: “La provincia está en rojo”.

“Comparto con todos ustedes el primer informe del estado financiero recibido por el Gobierno Provincial saliente. Dura unos 25 minutos. La solvencia fiscal que era una de las mayores fortalezas de San Luis, pasó a ser una de las mayores debilidades”, aseguró. En San Luis, el gobernador Javier Milei ganó con más del 60% de los votos.

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El Plan Caputo ya llegó a las escuelas porteñas: denuncian que llegan viandas con menor cantidad y calidad

Familias y gremios docentes de la Ciudad denunciaron que en varias escuelas de la Ciudad llegaron viandas de comida con menor cantidad de alimentos y sin la carne correspondiente al “menú del día”.

Días atrás, el gobierno de Javier Milei anunció un plan de ajuste brutal que recaerá sobre todos los argentinos. Este ajuste llegó a las escuelas de la Ciudad, familias de la comunidad educativa y gremios docentes porteños denunciaron que llegaron viandas de comida con menor cantidad de alimentos y sin la carne correspondiente al “menú del día”, que ofrecen las empresas privadas concesionadas por el Ejecutivo porteño.
 Según consignó Tiempo Argentino, cientos de niñas y niños solo comieron arroz blanco cuando según el organigrama del día miércoles de esta semana, la vianda consistía en arroz con carne.

No es la primera denuncia contra las empresas que reciben millones de pesos por año y muchas veces entregan alimentos en mal estado, y menor cantidad de viandas de las que corresponde a cada establecimiento educativo. Un relevamiento realizado este año, asegura que más del 64% de las familias dijo estar disconforme con la calidad de la comida.

En diálogo con Tiempo Argentino, Federico Puy, secretario de prensa del gremio docente Ademys denunció: “Luego de los anuncios del brutal ajuste por parte del ministro de Economía Luis Caputo, las empresas concesionarias de los comedores escolares empezaron a recortar la comida de los chicos y de las chicas”.

“Nos llegó la denuncia al sindicato, por docentes, que ocurrió en al menos dos distritos escolares: el 21 y el 2, pero pueden ser más. La responsabilidad es del concesionario privado Lamerich que solo sirvió arroz, cuando el menú original tenía carne de cerdo”, agregó Puy.

Puy explicó que las empresas privadas que tienen a cargo la elaboración y logística de las viandas y “están jugando con el hambre de los chicos, especulando, sacando jugosas ganancias de la mano del gobierno de Milei y sus planes de ajuste, anuncia que la pobreza crecerá y esto tendrá un impacto muy fuerte en los niños, niñas y adolescentes. No venían por la casta, vienen para quitarle el pan de la boca a nuestros chicos”.
 
Tras las denuncias de los equipos de conducción de las escuelas y las familias que integran la comunidad educativa, desde el Ministerio de Educación que desde el 10 de diciembre conduce Mercedes Miguel, respondieron que el cambio en el menú fue autorizado por el área de Nutrición de la cartera educativa.

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Riesgo de hiperinflación: la inflación sería del 100% en los próximos tres meses

Aumentos brutales en alimentos.

Argentina venía de un esquema de inflación alta pero está a punto de saltar a la hiperinflación, por las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei, que en general apuntan a aumentar precios. Por un lado, se produjo una brutal devaluación del 118%, la más fuerte de la historia del país. Pero además, se aumentó el precio del combustible, que acumula subas del 70% en una semana.

Con esas subas, se espera una inflación de más del 20% en diciembre. Entre diciembre de 2023 y febero de 2024, la suba de precios acumulada sería del 100%, un incremento récord. Argentina se encamina a una recesión económica, sumado a una casi hiperinflación. El peor escenario posible.

Además, el gobierno asegura que aumentará tarifas de servicios públicos desde el 1 de enero, lo que meterá más presión a la inflación. También habría aumentos del 50% en prepagas y telecomunicaciones. Al final, el ajuste no lo pagará la casta ni la clase política (de hecho, el gobierno no anunció cambios en los salarios de los funcionarios nacionales). Lo pagarán los trabajadores.

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Plan Caputo: por la suba de combustibles podrían peligrar los servicios de ambulancias y colectivos

Ante la suba de precios de la nafta y gasoil, que acumula un 77% desde principios de noviembre, los servicios de transporte expresaron preocupación por el brusco aumento en sus costos.

Luego de la suba del 37% el valor de naftas y gasoil, que ya acumula 77% desde principios de noviembre, cámaras empresariales del transporte público y las autoridades de la Federación de Cámara de Emergencias Médicas y Salud Domiciliaria (FEM) expresaron su “extrema preocupación por la disparada de precios en uno de los insumos fundamentales de su actividad.

La FEM llamó a autoridades nacionales, provinciales y a empresas de medicina prepaga a actualizar “de manera inmediata el valor de los traslados, urgencias y emergencias, y así poder afrontar el nuevo precio de los combustibles”. Explicaron que este insumo pasó a representar “casi el 50% de los costos” en tan solo una semana. Agregaron también que sus clientes “pagan a 90 días, lo que en este contexto de altísima inflación representa un durísimo golpe que pone en riesgo la supervivencia de muchas empresas“.

Dada esta situación, advirtieron: “Si no logramos una actualización inmediata del valor del servicio y los plazos de pago, muchas empresas cerrarán sus puertas”, explicó Juan Valiente, presidente de FEM.

En ese sentido, anunciaron que si no reciben una respuesta por parte de las autoridadesempezarán a dejar realizar traslados programados (altas de internaciones, derivaciones entre instituciones, traslados por estudios, traslados por mayor complejidad) para priorizar y garantizar la atención de urgencias y emergencias.

Cámaras empresarias de transporte público reclamaron el pago de subsidios estatales

Por el lado de los servicios de transporte público de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las cámaras empresarias que reúnen este sector se expresaron en el mismo sentido y aseguraron que podrían suspender los servicios por falta de pago de subsidios del Estado.

En un comunicado, las entidades empresarias consignaron que ante el brusco aumento del combustible, la devaluación que impacta de manera directa en la mayoría de los insumos y repuestos. Ante este panorama, “las empresas operadoras se encuentran realizando restricciones de servicios de diferente magnitud según las posibilidades de cada una, de manera de evitar una paralización total y abrupta por falta de recursos“.

El comunicado que lleva la firma de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Bs.As. (Ceutupba) puntualiza que “la falta de acreditación hasta el momento de las compensaciones tarifarias correspondientes al saldo del mes de noviembre pasado, genera una incertidumbre adicional con relación al pago del aguinaldo que debería realizarse el próximo lunes 18 de diciembre”.

Por su parte, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), anunció “la reducción de los servicios a los mínimos operativos indispensables y la suspensión de los servicios nocturnos desde las 21:30 horas y hasta el primer servicio diagramado al día siguiente”.

La Fatap sostuvo que asimismo, el impacto generado por las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, que devaluara la moneda de curso legal en un 55%, afectando los precios del combustible a precios mayoristas que en el interior a partir de la fecha se abonan a $ 1.000 por litro, resulta necesaria la restructuración de los servicios hasta tanto se cuentan con medidas que permitan la sustentabilidad de estos”.

Fuente: Ambito.

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¿No quiere votar? Macri vuelve a la justicia amiga para volver a embarrar las elecciones en Boca

Macri versus Boca.

El candidato a presidente de Boca Andrés Ibarra y su vice, Mauricio Macri, volvieron a presentarse a ente la justicia para volver a embarrar las elecciones en el club. Otra vez tiene que resolver la jueza Alejandra Abrevaya, muy cercana a Macri. El caso de Abrevaya es insólito: ella es socia de Boca de forma “irregular”, según lo que denuncian Ibarra y Macri.

Ahora, piden que 13 mil socios que fueron observados por la oposición voten de forma separada. Ante una derrota, intentar generar un mecanismo que les permita objetar el resultado de las elecciones.

Según todas las encuestas, Juan Roman Riquelme le lleva entre 8 y 15 puntos a Macri. De allí el interés del macrismo de que no se vote y buscar un “golpe institucional” para que intervenga la Justicia el club. Esa estrategia falló. Ahora, Abrevaya deberá decidir de nuevo. Lo increíble de la situación es que ella misma podría quedar excluida como votante, porque fue asociada de modo irregular.

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Belliboni: “Como complemento de los anuncios bestiales de Caputo sale el brazo armado del ajuste que es Patricia Bullrich”

El dirigente de Polo Obrero repudió el protocolo “anti piquetes” impulsada por la ministra de Seguridad de la Nación.

Al comienzo de la enrtrevista, el dirigente social se refirió al llamado protocolo de mantenimiento del orden público e indicó: “Como complemento de los anuncios bestiales de Caputo sale el brazo armado del ajuste que es Patricia Bullrich”, manifestó.

En dialogó con la AM530-Somos Radio, Belliboni habló sobre los efectos de los anuncios económicos del gobierno y acerca del “protocolo antipiquetes” impulsado por la ministra de Seguridad de la Nación y señaló: “La protesta tiene que estar garantizada para todo el mundo”.

Luego, el dirigente expresó que “a la gente se le va rápido el poder en la Argentina, sobre todo a los gobiernos que reprimen” y en ese sentido agregó: “No pueden adjudicarse el poder político total y decir ‘el Estado soy yo'”.

“Los regímenes que quieren ser dictatoriales crean climas para generar un sentido común de que no valen los derechos”, agregó el militante del Polo Obrero.

Al cierre de la entrevista, Belliboni habló sobre las mentiras manifestadas en campaña por parte de La Libertad Avanza y puntualizó: “Milei dijo que la crisis no la iban a pagar los trabajadores y está ocurriendo todo lo contrario”.

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Extrema derecha: aliado de Milei pidió “cárcel o bala” para una diputada de izquierda

La violencia avanza.

El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, amenazó desde su cuenta de X/Twitter a dirigentes de Izquierda que se pronunciaron en contra del “protocolo antipiquetes” que anunció este jueves la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “Cárcel o bala” escribió sobre una colega. La violencia de la extrema derecha.

Por X, Espert comenzó reaccionando a un tuit de la diputada Myriam Bregman en el cual planteó que el protocolo contra las manifestaciones “es absolutamente inconstitucional”. “La que se ubica en el terreno de la ilegalidad es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos, sin ese, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo”, sostuvo.

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La APDH solicitará la derogación del protocolo “antipiquete” de Bullrich por ser inconstitucional

Para el organismo es una “remake recargada” del que presentó al mes de asumir el mismo cargo durante el gobierno de Mauricio Macri. Nunca fue utilizado por ser ilegal.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) rechazó el “protocolo para el mantenimiento del orden público” con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes, anunciado ayer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y adelantó que pedirá la “derogación por vía judicial”.

Para el organismo, el protocolo “es una remake recargada del que presentó al mes de asumir el mismo cargo en el gobierno de Mauricio Macri, y que nunca fue utilizado por ser manifiestamente ilegal”.

Desde la APDH se analizó que “la norma contraría totalmente nuestro ordenamiento jurídico y abre las puertas a la comisión de delitos graves por parte de las fuerzas de seguridad federales encargadas de implementarlo reprimiendo a quienes participen de marchas y movilizaciones callejeras”.

Ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el denominado “protocolo para el mantenimiento del orden público” con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, lo cual derivó en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron a la medida como “inconstitucional” y una “amenaza” ante una posible conflictividad social tras las medidas del Gobierno.

Desde APDH, se evaluó que “el Estado, en todos sus estamentos, debe garantizar el respeto a los derechos a disentir y a reclamar” y se apuntó que “la fuerza pública debe utilizarse para que no se impida el ejercicio de esos derechos, jamás para reprimirlo”.

“La protesta social pacífica, en sus diferentes expresiones -movilizaciones, reuniones y también cortes de rutas y calles-, es parte de una expresión democrática porque la democracia, en sociedades diversas y desiguales como la nuestra, no reposa en los acuerdos sociales sino en los desacuerdos. La democracia es la posibilidad de convivir aún en el desacuerdo”, se sostuvo.

Para la Asamblea, “la libertad de expresión y los derechos que de ella se derivan son los que están más cerca del nervio democrático de la Constitución Nacional, y por ende los que todo gobierno debe defender con mayor energía y compromiso”.

En ese marco, se consideró que el protocolo es “inconstitucional y rotundamente antidemocrático”, y se aseguró que “la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos rechaza la deplorable decisión gubernamental, anuncia que postulará su derogación por vía judicial y reafirma su compromiso en defensa de las libertades y los derechos fundamentales que la norma pretende cercenar”.

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