“El valor de la harina se disparó, hoy una bolsa sale 11 mil pesos y esto no para. El pago es al contado y el precio es hoy”, dijo presidente de la Federación Industrial Panaderil bonaerense.

Raúl Santoandre, presidente de la Federación de la Industrial Panaderil Bonaerense habló sobre el aumentó del pan y también contó cuál es el precio hoy del pan dulce en las panaderias.

“El valor de la harina se disparó, hoy una bolsa sale 11 mil pesos y esto no para. El pago es contado y el precio es hoy”, aseguró

“El pan está desde 1700 a 2 mil pesos. La docena de facturas está en 3 mil pesos y el pan dulce en una panadería 10 mil”. 

“Antiguamente se dejaba un stock para comercializar internamente y abastecer a todos los argentinos, aparentemente ese stock se exportaría a valor internacional, entonces el trigo, ese mismo trigo que se convierte en harina lo quieren comercializar en nuestro país, eso esta ocurriendo hoy, por eso el valor de la harina se disparo”, afirmo el presidente de la Federación Panaderil Bonaerense.

Fuente: Radio Continental.

Tras la reunión con el Presidente de la Nación, mandatarios de todas las provincias sacaron un comunicado expresando la postura federal.

En las primeras horas del mediodía, el mandatario nacional y los funcionarios provinciales se reunieron en la Casa Rosada para discutir algunas de las medidas económicas y políticas que se habían tomado o tomarán en los próximos días.

Uno de los temas más importantes que se trataron fue el Impuesto a las Ganancias, ya que al recortar los contribuyentes obligados a pagarlos, las provincias sufrirían un recorte de su coparticipación. Por otro lado, la reforma política también ocupó gran parte del debate.

Incluso, días atrás el Gobierno nacional le había pedido a los gobernadores que hagan un recorte en el gasto público -acción que algunos acataron y otros no, como Gildo Insfrán-.

Así, luego de terminar la reunión en Casa de Gobierno, los gobernadores salieron a dar un comunicado en conjunto sobre lo tratado con el presidente Javier Milei.

El comunicado de los gobernadores tras la reunión con Javier Milei

Desde la Casa Rosada, algunos de los gobernadores en representación de los 24, le hablaron a los argentinos para llevar calma.

Guillermo Francos, Ministro del Interior, fue quien introdujo el discurso y explicó que en la reunión se habló sobre el paquete de leyes que se enviará al Congreso en los próximos días.

Luego, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue quien tomó la palabra: “Celebramos los gobernadores este tipo de reuniones y consideramos que Argentina y los argentinos necesitan políticos responsables y que estén a la altura de las circunstancias”.

“Acompañamos lo que tengamos que acompañar. Y también tenemos la posibilidad de decir, lo que entendemos nosotros, no nos parece bien; de que nos escuchen las necesidades que tenemos. Dos horas y media con el Presidente y su Gabinete es un montón”, explicó el funcionario salteño.

Comunicado completo

Esta mañana fuimos invitados junto a los restantes gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a una reunión con el presidente Javier Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y otras autoridades nacionales, con el objetivo de discutir los mecanismos que permitan compensar la pérdida de recursos de las provincias. Al respecto, con la firma de 22 gobernadores se ha presentado un proyecto de ley que dispone la coparticipación de un 70% del impuesto al cheque. El gobierno nacional comenzó a aplicar un plan económico que incluyó una devaluación del 118% – la más grande de la historia – sin medidas compensatorias para los trabajadores y los sectores medios. A partir de ello, se desencadenó de inmediato una aceleración del proceso inflacionario que afectó el poder de compra de la población. Una devaluación no es solamente un ajuste, sino que implica una descomunal transferencia de ingresos desde los sectores trabajadores que tienen sus salarios en pesos hacia los sectores empresariales concentrados y dolarizados. Esto, junto con la pérdida de recursos coparticipables, el freno de la obra pública, la anunciada reducción de subsidios y demás medidas, afecta directamente a los recursos provinciales: no desfinancia a los gobiernos, sino a los pueblos que habitan las provincias argentinas. Es fundamental la búsqueda del diálogo y los consensos para que las provincias recuperemos los recursos que nos corresponden y que son esenciales para contemplar la situación social, dar respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos y apostar, a la vez, al desarrollo armónico del país. En ese sentido, consideramos que la reversión del impuesto a las ganancias no sería el camino adecuado ya que afecta derechos de los trabajadores. Es por eso que seguiremos insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación, como lo es la coparticipación del impuesto al cheque. Una vez más reafirmamos nuestro compromiso con el federalismo.

“Que la libertad del mercado se vaya al carajo, la gente está primero”, explicó el intendente Francisco Echarren.

De cara a las fiestas, y en un contexto minado de aumentos por las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei y Mauricio Macri, el municipio bonaerense de Castelli fijó los precios de varios cortes de carne un 60 % más baratos que el valor de mercado.

Su intendente, Francisco Echarren, explicó por AM750 que en el municipio se podrá comprar un kilo de asado por $2.900, cuando, por ejemplo, en una reconocida cadena de supermercados el precio ascendía a $5.500.

Al justificar la decisión, Echarren aseguró que “como intendente, desde el punto de vista humano, uno no se puede quedar de brazos cruzados viendo cómo un presidente destroza la economía del país, empobrece a los trabajadores y produce situaciones injustas”.

Por eso, aseguró que si bien entiende que no va a poder “evitar las consecuencias macroeconómicas”, dijo que sí va a estar “en un lugar de defensa de la gente”. Y lo sintetizó todo en una idea contundente: “Para mí es una enorme alegría poder hacer esto para los vecinos. Que la libertad del mercado se vaya al carajo, la gente está primero”.

“Es un grito de rebeldía ante esto que estamos viviendo, que se perdió el valor de los salarios por la devaluación, donde hay un desquicio por el aumento de precios. Que no tiene que ver con el retiro del Estado en los controles. Toda una serie de cuestiones que hacen que las expectativas construyan una espiral de inflación que afectan a los trabajadores y la clase media”, se lamentó.

Además, Echarren destacío que “en este escenario no nos pensamos quedar de brazos cruzados”, sino que buscarán “defender con justicia social a cada vecino, sobre todo en esta época del año”. “Vamos a intervenir con la estructura de costos, con las humildes herramientas que tenemos, pero con la firme convicción de creer en un Estado que regule el precio de los alimentos en un proceso de ajuste y recesión”, indicó.

De esta manera, Castelli comprará directamente la carne a los productores, hará la faena en una empresa local a cambio del adelanto de impuestos futuros y la suministrará a las carnicerías locales habilitadas para que las mismas puedan tener, también, un repunte en las ventas que vienen en picada. 

Advertencia de economista peronista.

El economista y ex funcionario kirchnerista, Guillermo Moreno, habló sobre la situación económica en Argentina. “Tengo un mayorista de ferretería hace más de 40 años. Nunca viví que nos pasaron aumentos del 100%. Es una locura. Mirá que pasé gobiernos malos, como Alfonsín o De la Rúa. No saben lo que están haciendo”, describió.

“El gobierno no tiene la menor idea. Además, te piden pagos a 7 días. Es una locura total, nunca visto”, insistió en diálogo con AM 530.

Después, se refirió al protocolo antipiquete de Patricia Bullrich: “Cuando hay hambre ese protocolo no existe. El hambre hace ingobernable cualquier sistema. La gente que está preocupada por el protocolo de Bullrich es porque no sabe de mercado”, aseguró.

“No le importa a nadie ese protocolo. Hay que hablar de las cosas que están pasando hoy, la gente no tiene para comer. El kilo de carne sale 8 mil pesos. Cuando hubo hambre en Francia, la gente hizo una revolución. Qué importan los protocolos o la represión. Si tenés hambre se acaba todo”, advirtió.

El municipio reclama asistencia habitacional urgente pero aún no tiene respuestas de Nación. Más de 90 mil personas afectadas. Susbielles pedirá un ATN para las tareas de reconstrucción.

En Bahía Blanca crece la indignación por la escasa respuesta del gobierno de Javier Milei frente al trágico temporal que arrojó como saldo 13 muertos y que generó destrozos habitacionales que impactan sobre más de 90 mil personas.

Dos días después del desastre, este lunes el gobierno de Javier Milei le pidió al municipio un listado de necesidades, aunque sin garantizar que atenderá a esas demandas. Ese letargo ante un panorama de emergencia recrudeció la bronca que ya había dejado la fugaz visita del presidente.

Por lo pronto, la asistencia nacional en territorio ante la catástrofe se reducía a 110 efectivos de fuerzas federales (repartidos entre Gendermería, Prefectura y Policía Federal), actualmente abocados a remover árboles caídos, junto a una docena de vehículos. Ese caudal lejos está de ser suficiente: a este lunes, el 65% de la ciudad seguía sin luz.

No se enviaron alimentos, tampoco se giraron recursos ni material de infraestructura para resolver lo urgente. Esa foto alimenta las acusaciones de distintas ramas de la dirigencia política bahiense que considera que Milei fue a la ciudad “para la foto y para decir que no hay plata”.

El Presidente hizo el domingo una visita fugaz a la ciudad acompañado de ministros y vestido de militar, emulando a Volodímir Zelenski.

Según pudo saber LPO, el municipio conducido por el peronista Federico Susbielles envió al área de Políticas Sociales de la cartera de Capital Humano una lista con los pedidos más urgentes, focalizado en alimentos y en lo habitacional.

Por otro lado, la comuna también le pedirá asistencia financiera al gobierno libertario. Así lo adelantó en las últimas horas de este lunes el jefe comunal, que especificó que pedirá un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) para afrontar “las tareas de reconstrucción”. Al momento, no hubo respuesta de Milei.

Además de alimentos, chapas y tirantes, en el municipio pidieron a la Nación un kit para hacer módulos de emergencia habitacional.

Bahía tiene más de 35 barrios populares, el grueso de ellos asentados en el sur de la ciudad, justamente por donde ingresó el frente de tormenta. Eso, dejó un tendal de 9 mil familias afectadas, muchas con casas de chapa que volaron por completo.

Por eso, uno de los reclamos centrales del municipio al gobierno de Milei tiene que ver con asegurar un módulo seco de 20 metros para poder contener ahí a las familias evacuadas hasta tanto puedan rehacer sus viviendas. Para eso, también requirieron material a la Nación.

Sin respuestas al momento de Milei, la gestión de Susbielles envió con recursos propios alimentos a los sectores más castigados por el temporal, a la par también de la asistencia del gobierno bonaerense.

En el municipio aseguran que la ayuda de Axel Kicillof “fue desde el primer minuto” y que “sigue llegando”. “Una capacidad de respuesta diametralmente opuesta a la de Milei”, dijo una voz que participa del operativo de emergencia.

En ese sentido, enumerar acciones provinciales como la presencia con módulos sanitarios “que fueron los primeros en bajar a territorio”, equipos sociales, alimento, chapas, tirantes, colchones y zapatillas. También, la Provincia aportará este martes logística de kits para reconstruir techos. 

Fuente: LPO

Los bioquímicos salieron a advertir nuevamente que se triplicaron sus costos por la devaluación y que están a un paso de dejar de prestar servicios.

En algunas provincias comenzaron a cobrar copagos, pero a esta altura los bioquímicos ya advierten que el trabajo “es inviable” tras el salto del dólar oficial, y afirman estar a un paso de dejar de prestar el servicio.

Manifiestan que se triplicaron sus costos por la devaluación, y sumando la alta inflación, empeoraron aún más la situación.

Luis García, presidente de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA), dijo hoy:

“hace meses que todos los actores del sistema de salud” vienen advirtiendo “los problemas que se han presentado por la terrible inflación existente, la dificultad de importar insumos con facilidad, los altos costos que se transfieren desde los gastos indirectos, etc; y poco ha hecho el gobierno anterior para solucionar los problemas del sector“.

“Ahora, con estas primeras medidas dictadas por el nuevo gobierno, sobre todo con la devaluación del dólar oficial; se complica más. El dólar se duplicó, no hay insumos o no quieren entregarlos y si nos venden insumos lo hacen a un valor exorbitante o sin poner un precio cierto, sin cotización. La situación es insostenible“, sostuvo el directivo. 

En su reclamo, García explica que el aumento de los costos recae “no solo en los insumos importados, que representan el 80%” del gasto laboral, sino también en el aumento de tarifas, salarios y servicios, entre otras cosas, lo que hace que el trabajo “sea inviable, en la situación actual de atraso de los pagos que realizan las obras sociales y prepagas“. 

En noviembre, la misma Confederación había advertido que comenzarían a cobrar un copago a los afiliados de las prepagas, por montos que oscilan entre $3.000 y $5.000, lo que ya se lleva a cabo en algunas provincias. Así, los reconocidos estudios de “laboratorio” tienen un costo adicional en diversos distritos. 

De acuerdo a CUBRA, esa medida fue tomada “como una forma de generar recursos que permitan afrontar los gastos que las prestaciones implican y que las empresas no reconocen como debieran, pero no es suficiente y estas medidas empeoran el cuadro“. 

García aseguró que ante este contexto extremo y dificultoso, y ante la indiferencia de quienes tienen a cargo el financiamiento de la salud, los bioquímicos están “a un paso de no lograr mantener el normal funcionamiento” de los servicios e “incluso llegar a cerrar” los laboratorios. 

Finalmente, García consideró que “es indispensable una atención especial a un sector de la salud que atiende a un 70% de la población a través de la red privada de laboratorios clínicos“. 

Autoridades de la Federación de Cámara de Emergencias Médicas y Salud Domiciliaria (FEM) expresaron este martes su “extrema preocupación por el efecto directo del aumento del precio de los combustibles en la normal prestación de los servicios de urgencias, emergencias y traslados sanitarios en todo el país”. 

De acuerdo al comunicado de la FEM, los incrementos del 37% en el precio de los combustibles, que se suman al 30% de la semana pasada y acumulan 232% en todo el año, “afectan de manera directa en la estructura de costos de las empresas prestadoras de servicios de urgencias, emergencias y traslados sanitarios, a los que se suman los precios de móviles, repuestos, insumos médicos y medicamentos“.

Desde la FEM consideran que, de no haber una respuesta inmediata por parte de los financiadores y autoridades nacionales, “las empresas empezarán a dejar de realizar traslados programados (altas de internaciones, derivaciones entre instituciones, traslados por estudios, traslados por mayor complejidad) para priorizar y garantizar la atención de urgencias y emergencias“.

“En la FEM representamos pequeñas y medianas empresas de emergencias. Si bien es un problema nacional, en el interior de las provincias el problema se agudiza por dos motivos: el precio de los combustibles es más caro que en el AMBA y las distancias que recorren los móviles suelen ser más largas“, detalló Valiente.

“El gobierno israelí utiliza la inanición de civiles como método de guerra en la Franja de Gaza ocupada, lo que constituye un crimen de guerra”, denunció en un informe la ong con sede en Nueva York.

Internacional Human Rights Watch (HRW) acusó al Gobierno israelí de someter intencionadamente a la población civil de Gaza a una hambruna como parte de su ofensiva en el asediado territorio palestino, a lo que Israel le respondió a la organización no gubernamental acusándola de “antisemita y antiisraelí”.

“El gobierno israelí utiliza la inanición de civiles como método de guerra en la Franja de Gaza ocupada, lo que constituye un crimen de guerra”, denunció en un informe la ong con sede en Nueva York.

“Las fuerzas israelíes bloquean deliberadamente el suministro de agua, alimentos y combustible, al tiempo que impiden intencionadamente la ayuda humanitaria, arrasando aparentemente zonas agrícolas y privando a la población civil de objetos indispensables para su supervivencia”, añadió.

El ministerio de Salud de la Franja de Gaza afirmó que más de 18.800 personas, en su mayoría mujeres y menores de 18 años, han muerto por la ofensiva de Israel.

Tras meses de intensos bombardeos y combates, la mayor parte de la población de la Franja de Gaza se ha visto desplazada y sufre la escasez de alimentos, agua, combustible y medicinas.

Israel aprobó el viernes la entrega “temporal” de ayuda a través de su paso fronterizo de Kerem Shalom. Un primer convoy entró ayer, indicó un funcionario de la Media Luna Roja egipcia bajo condición de anonimato.

El gobernador bonaerense también solicitará que sigan las transferencias no automáticas, rechazará la idea de reinstalar el Impuesto a las Ganancias y reemplazarlo con otras alternativas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pedirá este martes al presidente Javier Milei los fondos para continuar con las obras públicas en marcha en territorio bonaerense, que mantenga los giros complementarios a la coparticipación federal de impuestos y ayuda para los municipios afectados por el temporal.

Entre los principales trabajos, destacan las 150 nuevas escuelas ya en construcción, la creación de más centros de atención primaria de la salud y de parques industriales, las mejoras en caminos rurales y -sobre todo- el último tramo de la obra del Río Salado.

A la vez, el gobernador reiterará el pedido de ayuda que hizo este lunes ante el Gobierno nacional para los 46 municipios bonaerenses afectados por el devastador temporal de viento y lluvia registrado el fin de semana que provocó voladuras de techos, caída de árboles, daños en viviendas e instituciones, muertos y heridos.

Por otro lado, Kicillof solicitará la continuidad las transferencias no automáticas. “Hasta ahora, de la totalidad de las transferencias no automáticas, la provincia de Buenos Aires recibió el 40%. No es casualidad: tenemos el 40% de la población del país, el 50% de la producción y aportamos 40% a la recaudación”, graficaron las fuentes del Poder Ejecutivo bonaerense.

Aclararon que, además, Buenos Aires es la provincia que “menos gasta por habitante y la segunda provincia en menor cantidad de trabajadores estatales por habitante después de Córdoba”.

Así, expusieron que se pedirá que se mantengan los recursos que se giran en concepto del Fondo de Seguridad, la actualización por inflación del Consenso Fiscal, el Convenio Anual por Comedores y el dinero del programa MESA, entre otros, dado que “se trata de recursos esenciales para sostener servicios básicos para los ciudadanos”.

Paralelamente el gobernador rechazará la idea de reinstalar el Impuesto a las Ganancias y propondrá “sustituir o compensar” el impacto que tuvo esa medida en la masa de la coparticipación con otros instrumentos o alternativas.

Para Kicillof, se debe analizar la posibilidad de coparticipar el 50% del Impuesto al Cheque o coparticipar el aumento de las retenciones agropecuarias anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

En simultáneo, en el Gabinete provincial consideraron que si la administración nacional insistiera con restablecer Ganancias, pedirán que sea sólo para los salarios más altos y no para la cuarta categoría.

La aplicación está siendo utilizada para extorsionar que participan en las movilizaciones.

Tras el anuncio de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre la política social, el Gobierno generó repudio al utilizar la aplicación Mi Argentina para advertir que los beneficiarios de planes sociales perderán sus beneficios si participan en movilizaciones o cortan el tránsito.

En una conferencia, Pettovello detalló los planes ministeriales para los sectores vulnerables, especialmente aquellos que reciben prestaciones estatales.

Siguiendo las directrices de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto al “protocolo antipiquetes”, Pettovello señaló a quienes protestan contra el ajuste en programas sociales.

“Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente: el que corta no cobra”, afirmó la ministra.

El mensaje se difundió en la aplicación Mi Argentina, asegurando a los beneficiarios que cumplir con la ley les garantizará la protección de sus beneficios. Además, insta a denunciar anónimamente cualquier intento de obligar a cortar vías bajo amenazas al número 134.

La publicación desató indignación, siendo criticada en redes sociales por utilizar una herramienta estatal para cuestionar la legitimidad de la protesta social. La medida revive el debate sobre el derecho a manifestarse y la relación entre el Estado y los ciudadanos.

Así lo anunció la administración bonaerense a través del ministro de Gobierno.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires liderado por Axel Kicillof remarcó este martes que no formará parte del protocolo antipiquete anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para las movilizaciones que tengan corte de calles e impidan que la sociedad llegue a sus destinos en tiempo y forma.

“Sé que hay contactos entre nuestro ministro de Seguridad y el de la Nación, como corresponde, son contactos institucionales y operativos. No nos han solicitado que apliquemos el protocolo y no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones, que entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta”, expresó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco por Radio La Red.

Y agregó: “Por supuesto que las protestas tienen que ser con cierto orden, pero lo que han hecho sobrepasa un límite que hemos tenido en todos estos años de democracia. Recién escuchaba cuestiones de reconocimiento facial que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal. Son cosas que habrá que analizar”.

El funcionario sostuvo que “nadie hace una protesta si no tiene una necesidad” y se mostró a favor en trabajar para que no haya desmanes ni caos en las calles.

“Nadie quiere una situación de violencia, de desmanes y de caos, por eso vamos a trabajar en la provincia para que no se produzcan ninguna de estas situaciones”, dijo.

Sobre las personas que se movilizarán este miércoles y que reciben planes sociales, Bianco afirmó que es una “cuestión persecutoria” la que hace el Gobierno Nacional con amenazar en quitarle los beneficios a los que marchen.

“Creemos que tienen que cobrar los programas que vinculan trabajo y distintas actividades laborales que se realizan en la provincia, lo tienen que pagar en tanto y en cuanto cumplan con sus obligaciones. Esto me parece una cuestión persecutoria. Nosotros, juntos con los municipios y las cooperativas, siempre trabajamos para que estos programas reciban lo que corresponda. Esa es nuestra posición”, explicó.

Mañana se espera una masiva marcha de agrupaciones sociales rumbo al Centro poreño para manifestarse en contra de las medidas económicas dispuestas por el Gobierno de Javier Milei y pedir una ampliación en los fondos destinados a planes sociales.