La ministra de Seguridad había acusado a los camaristas que frenaron el capitulo laboral del DNU de “defender intereses particulares” y a la CGT de “extorsionar la gobernabilidad”.

Desde la CGT le respondió el triúnviro Pablo Moyano. “Se empezó a hacer Justicia”, dijo y calificó el fallo como “muy fuerte” , a “favor de los laburantes” y a la ministra le respondió: “Esta señora no tiene autoridad de criticar nada”. En la misma línea salió Hugo Yasky de la CTA y tras el fallo del fuero contencioso administrativo que pegó contra los intereses del Ejecutivo, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que es “un golpe de knock out para la estrategia judicial del Gobierno“.

“En la Justicia no creo que se pueda dar vuelta”, aseguro el líder camionero Pablo Moyano. “Ojalá que la Corte Suprema pueda reivindicarse y anular definitivamente este DNU, que no sólo perjudica a los argentinos, la soberanía y se desprende de todas las empresas del Estado”, explicó sobre el papel de los supremos.

Moyano consideró que “hay un montón de artículos que creo fue un error tremendo de quien le armó este DNU al Presidente”, le puso nombre y apellido a los autores detrás del armado. Dijo: “Un decreto dictado por Paolo Rocca, el Grupo Clarín y Mercado Libre, una flexibilización total de los derechos laborales”. Y no ahorró críticas para Bullrich. “Esta señora no tiene autoridad moral de criticar nada ya que ella fue parte de tres gobiernos que fracasaron, que causaron muertes, causaron miles y miles de despidos, miles de quiebras de pymes. Ahí te demuestra el desprecio que le tiene a la clase trabajadora”.

El dirigente de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, también celebró la cautelar que la misma Cámara Laboral extendió para la presentación de esa central sindical: “El falló para nosotros es muy importante”, dijo. “Hasta que no se sustancie la constitucionalidad del decreto, corresponde la cautelar para establecer un efecto suspensivo del DNU (que) contiene una serie de violaciones a los derechos laborales adquiridos”, explicó Yasky en declaraciones a AM 530 y le respondió a la ministra: “A Bullrich la enerva el hecho que haya un ámbito de la Justicia que no falle siempre a favor de los poderosos”.

En tanto, el secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar (CTA Autónoma), consideró que la decisión judicial “es un golpe casi de nocaut” a la medida. Por su parte, Héctor Recalde discutió la vocación de legislar del DNU. “Los DNU son facultades del Poder Ejecutivo pero está prohibido legislar con ellos. Y eso es lo que pretende Milei. La Cámara actuó de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional”, subrayó y evaluó que la decisión de la Cámara “no se podrá revertir” y que el Gobierno “tendría que apelar a la Corte” para lograr convalidar la normativa.

En un extenso hilo en la red social X, Gil Domínguez también se refirió al revés judicial del Gobierno en el fuero Contencioso Administrativo: “¿Cuál es el efecto principal del fallo del juez (Enrique) Lavie Pico? Cada proceso judicial sigue tramitando donde fue presentado. Por ejemplo: el de la CGT en Laboral y agregó: “También el juez Lavie Pico habilitó la feria respecto de la inhibitoria planteada por el Estado Nacional y la declaró inoficiosa por cuanto ya no existe una acción de clase que haga de fuero de atracción”. Y concluyó: “Un golpe de knock out para la estrategia judicial del Gobierno”.

Fuente: Pagina 12

Un informe calificó como buenos los niveles de endeudamiento, liquidez y capacidad de pago de la entidad, lo que desmiente los dichos del gobierno sobre la necesidad de desprenderse de sus activos.

En la Ley Ómnibus que el presidente Javier Milei pretende que el Congreso apruebe en sesiones extraordinarias se habilita la privatización de más de 40 empresas del estado nacional, entre ellas el Banco de la Nación Argentina (BNA), junto a todas sus unidades de negocios. La idea del gobierno es un fenomenal achicamiento del gasto público, que permita según su lógica acomodar la situación macroeconómica. La decisión generó el rechazo de muchos sus trabajadores, que se declararon en estado “de alerta y movilización” para frenar esta idea, que fue recientemente confirmado por su flamante presidente, Daniel Tillard. Los argumentos de la gestión libertaria giran en cuestiones como terminar con el déficit de las cuentas públicas, que es empujado por empresas que tienen sus números en “rojo”. En este contexto, se conoció un informe externo que auditó la situación financiera del Banco Nación, y que determinó que sus cuentas tienen buenas clasificaciones según los parámetros internacionales. Estos datos coinciden con la mirada de la Asociación de Personal Jerárquico de Bancos Oficiales de la Argentina (APJBO), que rechazó la venta de la entidad por tener una solides “en materia de liquidez como de capacitación y respaldo”.

El informe interno de las cuentas y la realidad financiera del Banco Nación lo realizó Fix Scr, una calificadora de riesgo del grupo Fitch con más de 100 años de experiencia en la materia.

La categoría AA (arg) implica “una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país”. “El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de las emisores o emisiones mejor clasificadas dentro del país”, aclaró el trabajo. En tanto, la categoría A1+ (arg) implica “una muy buena capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros”. Cuando las categorías de la emisión o emisor son particularmente sólidas, “se agrega un signo + a la categoría”. La calificación del Banco Nación se funda “en su franquicia que lo posiciona como la primera entidad financiera del sistema y uno de los cinco bancos de carácter sistémico local, y su rol de agente financiero del gobierno”.

Rechazo a la venta

En los primeros días de gestión de Milei, el tema de la privatización del Banco Nación comenzó a circular con fuerza, por lo que la APJBO se declaró en estado de “alerta y movilización”. Lo hizo por la decisión del gobierno de modificar la ley 21.799 para adecuar esa entidad y otras del estado nacional “a una nueva configuración societaria, esto es una Sociedad Anónima”, seguramente para el ingreso de capitales privados. “A mí me llama la atención que no se avance con empresas que ya están privatizadas, como el Banco Hipotecario, que el Estado tiene una parte de las acciones importante, pero no se desprende de ellas”, le dijo a Data Gremial en una reciente entrevista el titular de la APJBO, Arturo Quiñoa.

En la misma entrevista, el dirigente sindical recalcó que sobre las privatizaciones en general “considero que si es una empresa estratégica no debe venderse, dé ganancias o dé pérdida. Ahora, el desafío de un gobierno que quiere ser eficiente es hacer que las empresas estatales que son deficitarias comiencen a ser superavitarias, porque así no sólo se combate el déficit, sino que además se consiguen fondos nuevos”. En este sentido, Quiñoa recordó que “los dos mayores contribuyentes del país son YPF y el Banco Nación, si dejan de serlo estoy bajando la caja de los años próximos. Si esos fondos lo querés cubrir con impuestos es un error, porque está la doble imposición, entonces muchas de esas empresas ni siquiera pagan eso”.

Fuente: Data Gremial

El Consejo Deliberante aprobó que el municipio acceda a un giro en descubierto del Banco Provincia por $4.200 millones destinado principalmente al pago de sueldos del personal estatal.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de General Pueyrredón aprobó este viernes por unanimidad el pedido del intendente local, Guillermo Montenegro, para que el municipio acceda a un giro en descubierto del Banco Provincia por $4.200 millones destinado principalmente al pago de sueldos del personal estatal.

En ese sentido, los concejales de Mar del Plata aprobaron el pedido de Montenegro para prorrogar un artículo de la ordenanza complementaria del Presupuesto 2023, que habilita al Gobierno municipal a “la obtención de financiamiento transitorio”, puesto que aún no está aprobada la partida para el actual ejercicio.

Cabe destacar que, los giros en descubiertos son aquellos créditos sin plazo ni límites determinados con anticipación, o bien fijados en forma “interna”, que solo se utilizan ocasionalmente y cuya cancelación se efectúa en períodos breves, nunca superiores a 30 días corridos.

Si bien, el interbloque oficialista del PRO evitó dar detalles de los motivos que llevaron al Gobierno local a solicitar el préstamo a Banco Provincia, desde la oposición no pusieron trabas al considerar que “es un contexto económico complicado y de angustia en el caso de que esto no sea resuelto”.

Asimismo, la titular del bloque de Unión por la Patria en el HCD de Mar del Plata, Mariana Cuesta, hizo un reconocimiento al “esfuerzo y el compromiso del gobernador Axel Kicillof”, por autorizar el crédito. “Una vez más da muestras de su compromiso con Mar del Plata”, enfatizó.

Cabe destacar que, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Mar del Plata había reactivado en los últimos días el “estado de alerta” ante las imprecisiones sobre la fecha en que se acreditarán los haberes de diciembre.

Por otra parte, Montenegro logró la sanción de las ordenanzas preparatorias Fiscal e Impositiva, las cuales contienen un incremento del 120% en las tasas municipales y la autorización para que el Ejecutivo de Mar del Plata las actualice a lo largo del año en función de la inflación oficial del INDEC.

Con resistencia de los bloques vecinalistas, libertarios y de Unión por la Patria, las normativas fueron aprobadas en la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Mar del Plata, por lo que los expedientes para aprobar el aumento de tasas pasaron la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para su sanción definitiva.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal n°6 dio curso al recurso de amparo presentado por 500 intendentes contra el DNU de desregulación económica presentado por Javier Milei.

La Federación Argentina de Municipios (FAM) informó este viernes que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal n°6 dio curso al recurso de amparo presentado por 500 intendentes contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación económica presentado por el presidente Javier Milei.

Según precisó la FAM en un comunicado, el juez Enrique Lavié Pico dio curso a la acción presentada el martes 2 de enero, primer día hábil del año.

En el recurso, que lleva la firma del presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se pidió que se deje sin efecto el DNU 70/2023 “hasta tanto se dicte sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”.

A la vez, solicitó “que se ordene, como medida urgente de protección cautelar, la inmediata suspensión de los efectos del decreto hasta tanto las Cámaras del Congreso de la Nación se expidan por la aceptación o rechazo del Decreto 70/23”.

“Desde la Federación Argentina de Municipios hemos decidido trabajar para ponerle un freno al accionar inconstitucional que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei. Por eso, 500 intendentas e intendentes de todo el país presentamos este recurso de amparo ante la Justicia para frenar el DNU que avasalla los derechos de las argentinas y argentinos”, explicó Espinoza en un comunicado.

Para el dirigente peronista, el decreto presidencial “afecta gravemente muchos aspectos de la vida de nuestras vecinas y vecinos, deja desprotegidos a nuestros jubilados y jubiladas, y atenta contra nuestras pymes y los productores regionales”.

En el pedido de acción de amparo se señaló que “el decreto cuestionado viola el presupuesto de validez esencial fijado por la Constitución, por cuanto arremete contra el principio general consagrado por el art. 99 inciso 3º, que es la prohibición del Presidente de dictar disposiciones de carácter legislativo”.

“Pero para ello, y sin la intermediación -como corresponde- del Congreso, prefirió arrogarse facultades extraordinarias equivalentes a ejercer la suma del poder público y así derogar el siguiente paquete normativo de amplia vigencia en el país“, mencionó.

Y se sostuvo que el DNU “viola el principio rector que sustenta el estatuto del poder: la separación de poderes y conduce a la suma del poder público” y se destaca que “constituye una amenaza cierta e inmediata sobre el sistema democrático”.

En ese sentido, Espinoza consideró que “a días de haber asumido Milei, ya se generó un antes y un después en la Argentina. Vemos cómo se van cayendo argentinos del sistema laboral y cómo se está generando un desmoronamiento del poder económico de todo el pueblo”, afirmó.

“Nosotros, como primer escalón de la democracia, tenemos la responsabilidad de defender las voces de millones de mujeres, hombres, abuelas y abuelos, estudiantes, trabajadores y trabajadoras y pymes, productores rurales y regionales que representamos en cada una de nuestras ciudades”, dijo.

El documento firmado por Milei el 20 de diciembre pasado deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, en el que el presidente Javier Milei dispuso derogar cientos de leyes y normas para desregular la actividad económica y social del país, ingresó este viernes al Senado de la Nación para su tratamiento y posterior aprobación o rechazo.

Como paso necesario -y al margen de si la Justicia ordenó suspender total o parcialmente el DNU de Milei- el documento firmado por Milei el 20 de diciembre pasado deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Esa comisión está integrada por 16 legisladores (ocho miembros de Diputados y ocho, del Senado) que deberán firmar dictamen. Si la Bicameral no se reuniera en un plazo de diez días hábiles, el pleno de cada Cámara está habilitado a debatirlo.

Por su parte el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, consideró este viernes que el oficialismo “tendrá mayoría” para aprobar el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (la “Ley Ómnibus”) pero aseguró que la iniciativa puede tener “correcciones” si es necesario.

“Queremos ponernos a trabajar y trabajar la ley, tenerla preparada a mitad de mes, si se puede. Consideramos que vamos a tener mayoría, la vamos a aprobar en Diputados y la vamos a girar al Senado. Vamos a escuchar a todo el mundo. Si debemos corregir puntos del paquete de leyes lo vamos a hacer”, declaró Zago a Radio Splendid AM990.

Además, el líder de la bancada oficialista en Diputados señaló que consiguieron conformar ayer las cuatro comisiones para tratar la ley, si bien reconoció que se llevó adelante “con un poco de ruido de algunos bloques que tenían derecho a la discusión”.

El jueves de esta semana el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con el gobernador de Chubut Ignacio Torres y trataron la modificación de la ley de pesca propuesta en la ley Ómnibus.

“El gobernador de Chubut por el tema de pesca está siendo escuchado y seguramente va a exponer en la comisión, si hay algo que corregir lo vamos a hacer”, sostuvo Zago.

Además, el diputado también se refirió al nuevo protocolo de seguridad que prohíbe la reunión de más de tres personas en la vía pública.

“Fuera de contexto, creo que sí (se modificará). Tengo dos hijas y mi señora, ya cuatro no vamos a poder caminar por la vereda. Seguramente se modificará si lo tenemos que hacer”, reconoció.

En cuanto a la modificación de las modalidades del derecho a huelga, Zago expresó que no sabía “si se iba a modificar”. “Vamos a hacer pasar a todos los ministros que tocan las cuatro comisiones, si tenemos que corregir algo lo vamos a hacer”, repitió.

Finalmente, el presidente del bloque aseguró que la Cámara de Trabajo está “en todo su derecho” de rechazar las modificaciones laborales del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Ejecutivo y advirtió que el Gobierno “apelará a la Corte”.

“El Gobierno apelará a la Corte, dónde será tratado el próximo amparo que haga la CGT y la CTA”, concluyó.

Hace una semana Zago afirmó que los legisladores de La Libertad Avanza habían quedado sorprendidos por “los alcances del paquete enviado al Congreso” a fines de 2023.

“No teníamos conocimiento del contenido del proyecto, así que en eso estamos en igualdad de condiciones con los legisladores de la oposición. No creo que se busque darle la suma del poder público al Presidente. Eso no es tan así“, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

El DNU 70/2023 implica una profunda desregulación de la economía, propone un “plan de estabilización de shock”, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.

Cuestionaron el comunicado de Cancillería al cumplirse 191 años de la usurpación. “Ya vivimos la época de las relaciones carnales”, recordaron.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata tildó de “engañoso” el comunicado difundido por Cancillería argentina al cumplirse 191 años de la usurpación británica a las Islas Malvinas y denunció un “plan de entrega del Gobierno de Javier Milei de nuestra soberanía nacional”.

En el escrito se cuestionó el comunicado emitido desde la Cancillería donde, según denunciaron, “advertimos un entrelíneas en un párrafo engañoso que coincide con lo que LLA dejó por escrito en su plataforma electoral, que dice: ‘En este marco, el Gobierno argentino desea mantener una relación madura con el Reino Unido, que contemple un diálogo sustantivo y constructivo sobre todos los temas de interés común con miras a generar un clima de confianza propicio para la reanudación de las negociaciones'”.

En ese aspecto, rechazaron que “ya vivimos la época de las relaciones carnales en los años 90 con los acuerdos de Madrid I y II, con la política de los ositos Winnie Pooh que se repite en los ciclos neoliberales con el nefasto acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2016 durante el Gobierno de (Mauricio) Macri y la canciller (Susana) Malcorra, acuerdo conocido como Foradori-Duncan firmado en la bodega de la Embajada Británica en Buenos Aires donde se entregaba la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur”.

“No hay soberanía posible cuando cada día queda más en evidencia a un gobierno que responde a una corporación política ajena a la defensa de los intereses nacionales”, sentenció el CECIM La Plata.

A la vez, resaltó que “hoy estamos nuevamente en manos de una fuerza de tareas para entregar todo vestigio de política soberana y así lo declararon en su plataforma electoral la Libertad Avanza”.

“La última gestión de gobierno neoliberal endeudó y fugó divisas que generaron las condiciones las que estamos sufriendo día a día. La brutalidad con la cual quieren avanzar en forma antidemocrática merece el mayor de los compromisos de los sectores populares. Defendemos una Argentina Soberana con un amplio sentido social”, enfatizó la entidad.

Se completará con una segunda suba en febrero cuando la tarifa pasará a $ 125.

El pasaje del subte en la Ciudad de Buenos Aires pasó a costar desde hoy $ 110, un incremento de 37,5%, como parte del primero de los dos tramos de aumentos autorizados por el Gobierno porteño el mes pasado.

La modificación del cuadro tarifario, tratada y aprobada en una audiencia pública desarrollada el 4 de diciembre pasado, se completará con una segunda suba en febrero, cuando la tarifa pasará a $ 125.

La tarifa del Premetro, en tanto, pasó a ser de $ 38,50.Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), firma estatal a cargo de la supervisión del subte -operado por la privada Emova- señaló en un comunicado que el aumento permitirá “seguir garantizando el mantenimiento y correcto funcionamiento del servicio”.

“La actualización responde, principalmente, a la variación de la tarifa técnica, que refleja el costo de la explotación del servicio y consiste en el cociente entre dichos costos y el número de pasajeros pagos, de manera tal de mantener sustentable el sistema de transporte público”, indicaron.

Con el nuevo aumento seguirá vigente el descuento de Red SUBE realizado en el caso de combinar con colectivos y trenes dentro de una ventana de dos horas.

Asimismo, continuará el beneficio para pasajeros frecuentes: a partir de los 21 viajes mensuales, el boleto pasa a ser de $ 88, desde los 31, $ 77; y desde los 41 viajes en adelante, saldrá $ 66.Además, seguirán vigentes los pases gratuitos para jubilados y pensionados, estudiantes, personas con discapacidad, personas trasplantadas; y los abonos social, maestro y estudiantil.

El aumento del subte se suma al de los colectivos, que pasaron el 1 de enero a cobrar una tarifa mínima de $ 76,92 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque aún, en muchos casos, sigue cobrándose la tarifa anterior por retrasos en la implementación en las máquinas de cobro.

Los trenes del área metropolitana, por su parte, cobrarán una tarifa mínima de $ 37,38 desde el lunes 15 de enero en las líneas Roca, Belgrano Sur y Belgrano Norte; y de $ 43,38 en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín y Urquiza.

En ambos casos, se trata de un incremento del orden del 45%.En los próximos días se realizará una audiencia pública para definir una nueva tarifa, con recortes de subsidios, tanto para trenes como para colectivos.

A dichos recortes de subvenciones, se le sumarán incrementos mensuales de acuerdo con la inflación acumulada, según lo dispuso la Resolución 8/2023 publicada el miércoles pasado.

El Gobierno Nacional invitó a otras jurisdicciones a sumarse a esta fórmula de aumento, aunque se desconoce aún si la Ciudad de Buenos Aires adherirá a la misma con los subtes.

Así lo determinó el juez Enrique Lavié Pico, del fuero Contencioso Administrativo Federal. Ayer la Justicia aceptó la cautelar impulsada por la central obrera y frenó parte del decreto.

El juez Enrique Lavié Pico, del fuero Contencioso Administrativo Federal, habilitó este jueves la feria para tratar por separado amparos presentados contra la totalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei y, de esta manera, desarmó la posibilidad de un proceso colectivo por lo que la cautelar que frenó parte del decreto en el fuero laboral continuará allí.

El magistrado declaró la inadmisibilidad formal de la acción como proceso colectivo (como había sido considerada la presentación del Observatorio de Derecho de la Ciudad) y comunicó al Registro de Procesos Colectivos, para su “desvinculación inmediata”, informó la agencia de noticias estatal Télam.

En esa línea, Pico (quien se encuentra de turno en la feria judicial) ordenó que sean remitidas a “las jurisdicciones correspondientes las actuaciones que hubieran sido vinculadas al presente proceso” colectivo. La medida tomada por la juez habilita a que los magistrados federales de distintas jurisdicciones puedan tramitar los casos que se abran contra el DNU de Milei.

En este marco, el magistrado consideró que es “inoficioso” el pedido del Estado nacional de migrar del fuero laboral al Contencioso la cautelar impulsada por la CGT (que aceptó ayer la Cámara Nacional del Trabajo) que frenó parte del decreto. El Gobierno nacional podría ir ahora a la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo Federal para que la decisión sea revisada.

Centenares de artístas de nuestro país firmaron un comunicado de la Mesa de la Industria y de la Actividad Musical que rechaza el desfinanciamiento del Instituto Nacional de la Música.

Charly García, León Gieco, La Renga, Susana Rinaldi, el sexteto de jazz Escalandrum y Jairo fueron algunos de los músicos y bandas que acompañaron con su firma el comunicado de la Mesa de la Industria y de la Actividad Musical que rechaza el desfinanciamiento del Instituto Nacional de la Música (Inamu) previsto en el proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso por el presidente Javier Milei para ser tratado en sesiones extraordinarias.

“Nuestro país, que es un ejemplo de producción cultural, pasaría a dejar que sea ´sólo´ la lógica de mercado la que determine qué cultura se produce en la Argentina. El resultado de esa lógica sería una producción cultural que tiene más que ver con la competencia, que con la transmisión de sentimientos y valores”, destacó el comunicado firmado por García, Gieco y organizaciones como la Federación Argentina de Músicxs Independientes y el Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos, entre otras.

“Los abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por el proyecto de Ley presentado a sesiones extraordinarias llamado Ley de Bases y Puntos de Partida parala Libertad de los Argentinos que apunta a dejar sin efecto cientos de derechosconstruidos y consensos alcanzados por nuestra sociedad en décadas de trabajo”, remarca el texto conocido este jueves.

“El proyecto -señala el comunicado- propone modificar totalmente al Inamu y eliminar una experiencia que hizo del mismo un ejemplo de transparencia, federalismo y optimización de los escasos recursos con que cuenta… valorado por las referencias culturales de todo el mundo, que federalizó su conducción y la elección de los beneficiarios”.

“El Inamu es un Ente-público No-Estatal… El nuevo proyecto, no solo lo desfinancia, sino que afecta su figura dejando subordinado todo lo descripto anteriormente a la decisión arbitraria de un funcionario de turno de la Secretaría de Cultura de Nación”, finaliza el llamamiento, que remarca que el Instituto de la Música fue creado a través de la Ley 26.801, votada por unanimidad en el Congreso.

Gustavo Santaolalla, Litto Nebbia, Adrián Dargelos, Osvaldo Piro y Lidia Borda son algunos de los cientos de músicos que también apoyaron el comunicado con su firma. También organizaciones como la Unión de Musicxs Independientes (UMI), la Red Multisonora, la Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros de Audio, la Federación Argentina de Músicos, el Sindicato de Músicos de Córdoba, Rosario, La Plata, entre decenas de organismos.

Posible caso de corrupción.

Desde Casa Rosada aseguran que el presidente Javier Milei no se mudó a la Quinta de Olivos porque aún no están realizadas las reformas que le permitirían vivir allí con sus cuatro perros. Mientra tanto, el mandatario se aloja en el Hotel Libertador con un costo aproximado de 450 dólares por día. Es decir, 450 mil pesos por noche. Hace casi dos meses que está en ese hotel lujoso. Es decir, pagó 27 millones de pesos. ¿Los pagó él, de su bolsillo? De eso no se habla.

El hotel pertenece nada menos que a Eduardo Elsztain, un importante empresario, con muchos negocios inmobiliarios, muchos de los cuales tienen como proveedor al mismo Estado nacional. Pero las irregularidades no terminan ahí. Milei designo a un alto ejecutivo de IRSA como titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Se trata de Nicolás Pakgojz. De confirmarse, se podría tratar de un caso elemental de dádivas.

La AABE, además, tiene entre sus principales competencias la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de los bienes inmuebles del estado nacional en uso, concesionados y/o desafectados. También se encarga de la gestión de la información del Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado y su evaluación y contralor; la coordinación de las políticas, normas y procedimientos relacionados con los bienes inmuebles del estado nacional; el control permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de las jurisdicciones y entidades que conforman el sector público nacional.

En concreto, la entidad es quien propone las políticas, normas y procedimientos para la utilización y disposición de los bienes inmuebles del Estado nacional; coordina la actividad inmobiliaria del Estado y administra los inmuebles estatales.

Esas responsabilidades hoy están en manos de un directivo ligado Eduardo Elsztain, uno de los empresarios más influyentes en el ámbito inmobiliario de Argentina, aunque también tiene importantes inversiones en minería, en el rubro financiero y el dato no menor: es dueño del hotel donde reside Javier Milei.