Advierten que el calculo realizado por el Gobierno tiene varias limitaciones y sesgos que no permiten brindar un panorama completo de la situación.
El Gobierno de Javier Milei celebró este lunes la publicación de los nuevos datos oficiales sobre pobreza en Argentina, que reflejan una fuerte caída en el segundo semestre de 2024. Sin embargo, especialistas advierten que la metodología utilizada para medir la pobreza presenta serias limitaciones y podría estar ofreciendo una imagen distorsionada de la realidad social del país.
De acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de pobreza cayó al 38,1 % en el segundo semestre de 2024, registrando un retroceso de 14,8 puntos porcentuales respecto al primer semestre, cuando se ubicó en el 52,9 %, el nivel más alto desde 2003. La tasa de indigencia, por su parte, se redujo al 8,2 %, una caída de 9,9 puntos porcentuales en el mismo período.
Sin embargo, economistas y analistas sociales ponen en duda la validez de estos números, señalando que la medición oficial excluye sectores vulnerables y no refleja el deterioro de las condiciones de vida de amplias franjas de la población.
Metodología limitada y exclusión de sectores vulnerables
Uno de los principales cuestionamientos a las cifras oficiales es que el cálculo del Indec solo considera los 31 principales centros urbanos del país, lo que equivale a 29,8 millones de personas sobre una población total de aproximadamente 47 millones. “La medición cubre únicamente a ciudades de 100.000 o más habitantes, sin captar la situación en ciudades pequeñas o áreas rurales, donde la estructura de la pobreza podría ser distinta”, advirtió el economista Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
Además, el Indec mide la pobreza únicamente en función de los ingresos declarados por los hogares y su capacidad para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios, sin considerar otros factores clave como el acceso a vivienda, salud o educación. Expertos del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina remarcan que la metodología actual no tiene en cuenta el peso creciente de los gastos fijos, como tarifas de servicios públicos o transporte, lo que impacta de manera significativa en la capacidad adquisitiva de los hogares.
“Las mejoras en el ingreso familiar real no implican necesariamente mejores consumos corrientes”, señala el ODSA, al advertir que, pese a la reducción oficial de la pobreza e indigencia, otros indicadores como la pobreza multidimensional, la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a medicamentos y salud han seguido en aumento.
La pobreza encubierta: los “casi pobres”
El economista Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, sostiene que Argentina atraviesa una transformación estructural en la distribución del ingreso, con una clase media en rápido proceso de desaparición y un sector cada vez mayor de la población ubicado en la franja de los “casi pobres”. Este grupo tiene ingresos apenas superiores al umbral de pobreza, pero vive en condiciones similares a quienes están formalmente bajo la línea de pobreza.
Si se suman los pobres y los “casi pobres”, cerca del 80 % de la población argentina estaría en situación de vulnerabilidad. Un ejemplo claro es el caso de los jubilados, muchos de los cuales sobreviven con pensiones apenas por encima de la línea de pobreza del Indec, pero muy por debajo del costo real de la canasta básica de la tercera edad calculada por la Defensoría de la Tercera Edad.
En paralelo, la demanda de asistencia alimentaria en comedores sociales ha crecido significativamente, y el número de personas en situación de calle en Buenos Aires y otras ciudades sigue en aumento. Según organizaciones sociales, la cantidad de personas sin techo en la capital oscila entre 4.000 y 12.000, dependiendo de la fuente consultada.
Deficiencias en la metodología del Indec
Especialistas del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierten que los bruscos cambios en los precios relativos durante 2024 distorsionan el índice de inflación y, por ende, afectan la medición de la pobreza por ingresos. Según el CEPA, la actualización de la Canasta Básica Total (CBT) se basa en patrones de consumo desactualizados y en encuestas que no reflejan la estructura actual del gasto de los hogares.
Uno de los problemas clave es la utilización de la Encuesta de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/5 para estimar la relación entre gasto alimentario y no alimentario, lo que genera un coeficiente que subestima el peso de servicios y transporte en la economía de las familias. En un contexto de fuertes aumentos en estos rubros, la metodología del Indec no logra captar el impacto real en el poder adquisitivo de la población, lo que lleva a una subestimación de la pobreza.
El deterioro del poder adquisitivo y el consumo
A pesar de la desaceleración de la inflación, el poder adquisitivo de los trabajadores ha seguido deteriorándose. Según el último informe del Indec, los salarios de los trabajadores registrados crecieron un 2,3 % en enero, mientras que los empleados públicos solo recibieron un incremento del 0,9 %. En ambos casos, la inflación erosionó los ingresos, lo que se reflejó en una caída del 10 % en el consumo de alimentos en el primer mes del año.
Las proyecciones privadas indican que la inflación habría vuelto a acelerarse en marzo, impulsada por aumentos en alimentos, transporte y educación. Consultoras como Analytica, LCG y Eco Go estiman que el índice de precios al consumidor (IPC) de marzo se ubicó entre el 2,5 % y el 3 %, lo que afectará aún más el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
Una imagen distorsionada de la pobreza
El análisis de los especialistas deja en evidencia que los datos oficiales sobre pobreza ofrecen solo una visión parcial de la realidad social de Argentina. La metodología utilizada por el Indec presenta serias limitaciones y no refleja adecuadamente el impacto del ajuste económico y la inflación en las condiciones de vida de la población.
El Gobierno de Milei deberá enfrentar en los próximos meses el desafío de explicar cómo conciliará su relato sobre la reducción de la pobreza con el deterioro evidente del poder adquisitivo y el creciente malestar social. Con una inflación en ascenso y paritarias aún insuficientes para compensar la pérdida de ingresos, la supuesta mejora de los indicadores sociales podría convertirse en una ilusión estadística de corta duración.
