Advierten que el gobierno de Javier Milei ha decidido paralizar importantes obras hídricas, a pesar de contar con más de 75 millones de dólares ya disponibles para financiarlas.

Las graves inundaciones que afectaron recientemente al norte de la provincia de Buenos Aires fueron, en gran medida, inevitables debido a la intensidad de las lluvias. Sin embargo, el impacto pudo haberse mitigado con obras de infraestructura adecuadas que favorezcan el escurrimiento del exceso de agua. Es precisamente ese tipo de obras las que el gobierno de Javier Milei ha decidido paralizar, a pesar de contar con más de 75 millones de dólares ya disponibles para financiarlas.

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, creado en 2001 por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo mediante el decreto 1381/01, nació para hacer frente a los daños de la gran inundación que ese año azotó zonas productivas de Buenos Aires. Desde entonces, se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido (GNC) destinado a vehículos automotores.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, este fondo fue clave para impulsar proyectos como el Plan Maestro de la Cuenca del Salado y el reacondicionamiento del Canal San Antonio-Arroyo de las Tortugas, en el límite entre Córdoba y Santa Fe. Estas obras, aunque con interrupciones, continuaron en la gestión de Alberto Fernández.

La llegada de Milei a la Casa Rosada significó un virtual cierre del grifo del fideicomiso: las obras hídricas fueron prácticamente paralizadas, pero el ingreso de fondos jamás se interrumpió. Según datos oficiales, solo en 2024 el Fondo registró ingresos por 98.538 millones de pesos —93.403 millones provenientes directamente de los bolsillos de automovilistas y transportistas—, mientras que a fines de 2023 ya acumulaba un saldo de 85.129 millones de pesos, equivalentes a más de 75 millones de dólares al tipo de cambio actual.

Pese a tener esa suma a disposición, no se ha dado ninguna explicación oficial sobre la drástica reducción en la inversión en infraestructura. Además, al tratarse de un fideicomiso no auditado, el gobierno tiene libertad para redirigir esos recursos sin rendición de cuentas clara, lo que abre interrogantes sobre su uso actual.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, desactivó numerosos fideicomisos en el último año, el de Infraestructura Hídrica se mantiene activo. Liquidarlo implicaría un ingreso inmediato al Tesoro, pero también eliminaría la vía de recaudación que representa el impuesto específico sobre combustibles. Así, el gobierno mantiene una fuente de fondos sin destino preciso ni ejecución visible.

En definitiva, mientras miles de hectáreas permanecen bajo agua y la amenaza climática persiste, no hay razones técnicas ni financieras que justifiquen la paralización de obras vitales. Salvo, claro, que los fondos estén siendo utilizados con otros fines, lejos del objetivo original del fideicomiso.

Los barrios populares le dieron la espalda a Javier Milei después de haberlo apoyado fuertemente en 2023. En cambio, crece el apoyo en las comunas de ingresos medio y alto. Es el resultado de las políticas económicas libertaria, que están generando un país más desigualdad.

Así las cosas, en las villas 1-11-14 y la 21-24, por ejemplo, el gobierno nacional quedó segundo detrás del peronismo después de haberse impuesto en las elecciones presidenciales.

La muestra es pequeña, pero significa una advertencia para el gobierno nacional. En casi toda la franja sur de la Ciudad se impuso Leandro Santoro. En las comunas donde el ingreso familiar estuvo por debajo de los 2200 dólares se impuso el peronismo según un estudio del economista Hernán Lechter.

Por eso, las comunas 4, 8, 9, 5 y 3 ganó el PJ, mientras que los libertarios triunfaron en la 6 y la 7 por una diferencia de 730 y 231 votos. El gobierno bajó en los sectores populares y creció en los barrios de clase media o alta, y eso tiene que ver con su modelo económico que favorece una desigual distribución de la riqueza.

Esa tendencia se mantuvo en los barrios populares de la Ciudad, donde el ausentismo fue mucho mayor que en el resto del distrito con niveles de entre 20 y 33% de asistencia.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este martes que el presidente Javier Milei vetará cualquier proyecto de ley que implique un aumento en el gasto público, en particular el incremento de las jubilaciones que podría ser aprobado esta semana en la Cámara de Diputados.

Durante su participación en el foro empresarial de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Francos fue enfático:
“Estamos convencidos de que toda norma que se apruebe y que vaya contra alguno de los ejes básicos de nuestra política, el Presidente la va a vetar”, afirmó al ser consultado sobre la posible sanción de una ley que aumente los haberes jubilatorios.

La advertencia llega en la antesala del debate legislativo previsto para este miércoles, en el que diputados de distintos bloques podrían avanzar con una actualización de los montos que perciben los jubilados, una medida rechazada por el Ejecutivo por su supuesto impacto fiscal.

Francos justificó la postura del Gobierno al sostener que cualquier medida que genere déficit va en contra del rumbo económico adoptado por la administración de Milei: “Sabemos que son las reglas de juego del sistema democrático y tenemos que lidiar con eso, pero no vamos a ceder en los principios que sostienen nuestro programa”, afirmó.

En otro tramo de su exposición, el jefe de ministros señaló que el Gobierno necesita fortalecer su respaldo legislativo para avanzar con su plan de reformas estructurales.
“El objetivo fundamental es conseguir apoyo parlamentario, que es lo que nos ha faltado. Necesitamos más fuerza para encarar las reformas de segunda generación”, dijo.

Además, recordó que Milei tiene previsto un plan de reformas escalonado: “El Presidente decía en campaña: ‘tengo reformas de primera, de segunda y de tercera generación, y cada una tiene su momento’” pateando de esta forma de manera indefinida la recomposición de los haberes percibidos por los jubilados los cuales luchan por subsistir.

Francos destacó que medidas como el DNU 70/23 y la Ley Bases fueron parte del primer paquete de reformas, pero señaló que los cambios más profundos, como la reforma laboral y tributaria, requieren de mayor consenso político:
“Hay que simplificar el sistema tributario argentino, pero para eso se necesita una base parlamentaria más sólida”, concluyó.