El tribunal apartó a la magistrada debido a que se hizo público que filmaba material a escondidas para una miniserie sobre el juicio más importante.

El juicio por la muerte de Diego Maradona vivió este martes un giro inesperado tras la filtración de un tráiler que sacudió al Tribunal Oral N° 3 de San Isidro. El video, que mostraba a la jueza Julieta Makintach como protagonista de una serie documental titulada Justicia divina, provocó un escándalo inmediato y derivó en su salida del tribunal.

El material, presentado durante la audiencia por el fiscal Fernando Ferrari, dejó atónitos a todos los presentes. “Esto no es una entrevista, es un guión. Makintach ofició de actriz y no de jueza”, denunció Ferrari. Las imágenes provocaron lágrimas entre Gianinna Maradona y Verónica Ojeda, presentes en la sala.

El tráiler, de casi dos minutos, tenía una estética cinematográfica, con música dramática, imágenes en blanco y negro y frases impactantes como “Una historia que conmovió al mundo”. Mostraba a la jueza recorriendo tribunales, con primeros planos de su figura, mientras se intercalaban imágenes de archivo de Maradona, audios de la causa, recortes de noticieros y hasta extractos de expedientes judiciales. El documental planeado, según se supo, constaba de seis episodios de media hora y pretendía seguir a Makintach mientras reconstruía los hechos detrás de la muerte del astro.

El documental que no fue:
El tráiler que se mostró en la audiencia sobre la mini serie que realizaría Makintach, ahora ex jueza en el juicio por la muerte de Diego Maradona pic.twitter.com/S0km2gdWxt

— Riso Balvidares (@RisoBalvidares) May 27, 2025

El impacto en el juicio fue demoledor. Los abogados defensores pidieron uno tras otro la recusación de Makintach, acusándola de falta de imparcialidad y de comportamientos incompatibles con su rol. Rodolfo Baqué, defensor de una de las enfermeras imputadas, fue directo: “Me sacaste del juicio para hacer un documental”. Otros abogados cuestionaron el título del proyecto: “¿Qué tengo que pensar? ¿Que ya tenía una condena decidida?”, lanzó el representante del psicólogo Díaz.

Aunque Makintach intentó defenderse afirmando que no conocía el guión y que solo había dado una entrevista, las imágenes mostraban una puesta en escena difícil de justificar. Finalmente, la jueza aceptó su recusación diciendo: “No me puedo hacer cargo. Hago lugar a la recusación”.

El presidente del tribunal calificó la situación como “un bochorno mundial”, mientras que Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, fue lapidario: “Esto no es ni más ni menos que la imagen de la Justicia”. Con la salida de Makintach, el juicio deberá reorganizarse, en medio de una crisis que ya dejó marcada su credibilidad.

La consultora Zuban Córdoba indagó acerca de la imagen de los hombres y mujeres más reconocidos de los medios y el resultado no es bueno para la mirada libertaria. Luis Majul es el periodista con peor imagen del país, con un 60% de rechazo. Es conocido por sus entrevistas obsecuentes al presidente Javier Milei.

En primer lugar, el trabajo revela que un periodista crítico del Gobierno nacional como Rolando Graña es quien tiene mejor imagen positiva y, además, un diferencial positivo por demás voluminoso. Lo sigue de lejos Antonio Laje. 

Entre los periodistas con imagen positiva más alta que la baja aparecen Gustavo Sylvestre, Ernesto Tenembaum, Carlos Pagni, Alejandro Bercovich, este último dueño del diferencial más alto de los medidos. También se suman en este grupo Daniel Ballester, María O´Donnell, Nancy Pazos, Reynaldo Sietecase, Hugo Alconada Mon, Ari Lijalad, Jorge Fontevecchia, Mariana Contartessi, Estefanía Pozzo y Noelia Barral Grigera.

El Banco Central reconoció que gastó USD 400 millones de las reservas para intervenir en el precio del dólar futuro, una opción que estaba explícitamente vedada en el el último acuerdo con el FMI. Al gobierno nacional no le importa nada con tal de mantener la ficción del dólar a 1000 pesos.   

El organismo que preside Santiago Bausili, socio fundador junto al ministro de Economía de la consultora Anker, publicó este viernes datos de la entidad monetaria al 30 de abril ,que muestran una posición vendedora en futuros por más de USD 408 millones. 

Desde que se firmó con el FMI, el gobierno no deja de perder reservas y apunta ahora a un nuevo blanqueo que permita “sacar los dólares del colchón”, provengan de actividades legales o no, según dijo el propio Javier Milei. ¿El FMI va a permitir que plata de delitos se usen en un blanqueo? Nadie lo tiene en claro y por eso todavía hay más dudas que certezas sobre la política libertaria.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó a Patricia Bullrich y el gobierno nacional por las cifras de homicidios dolosos difundidas la semana pasada.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional, Javier Milei, y referentes de La Libertad Avanza y el PRO, acusándolos de manipular políticamente el tema de la seguridad y “caranchear con el dolor” de la gente.

Las declaraciones del mandatario bonaerense llegaron tras la difusión de las estadísticas oficiales sobre homicidios dolosos, que indican una baja en la tasa nacional —3,8 por cada 100.000 habitantes en 2024—, calificada por el propio Gobierno como la más baja de Sudamérica y la menor desde que existen registros en el país. Sin embargo, Kicillof advirtió que “cuando ocurre un hecho trágico en la Provincia, desde el Gobierno Nacional se caranchea con el dolor y se explota la angustia de la gente para sacar ventajas políticas”.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Kicillof señaló que en la provincia de Buenos Aires la caída de homicidios fue incluso mayor al promedio nacional, con un descenso del 10,2%. Pero enfatizó que el enfoque del oficialismo nacional sobre el tema resulta oportunista: “La seguridad no se construye con marketing o frases efectistas. La motosierra no lleva protección ni paz a ningún barrio”.

Hace unas horas el Ministerio de Seguridad nacional comunicó que la tasa de homicidios dolosos está en su nivel más bajo en décadas: en lo que va de 2025, el propio Gobierno Nacional celebra una baja en los homicidios del 9,6% con respecto al año anterior. En la Provincia, ese…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 26, 2025

El gobernador también puso en evidencia lo que consideró una contradicción del Gobierno de Javier Milei. “Frente a cada episodio de inseguridad grave, el Presidente se desentiende y afirma que la seguridad es responsabilidad de los gobernadores. ¿En qué quedamos? ¿Es mérito del Gobierno Nacional cuando las cifras mejoran y culpa de las provincias cuando hay problemas?”, cuestionó.

En un tono firme, Kicillof desmintió la narrativa oficialista sobre la situación en territorio bonaerense: “Al licenciado Milei, que le gusta repetir que la provincia ‘es un baño de sangre’, se le escapa una verdad importante: es matemáticamente imposible que los homicidios bajen a nivel nacional si la Provincia —que representa cerca de la mitad del país— fuera realmente un ‘baño de sangre’”.

La seguridad no se construye con marketing o frases efectistas y la motosierra no lleva protección ni paz a ningún barrio. Se necesita coordinación, seriedad y responsabilidad. Es, además, una cuestión de múltiples dimensiones, por lo que necesita una política coordinada de todas…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 26, 2025

El mandatario también apuntó contra la alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, a la que responsabilizó de utilizar el miedo como herramienta de campaña. “Se vienen elecciones, pero no todo vale por un voto”, advirtió, y reclamó que “los funcionarios y candidatos de La Libertad Avanza se abstengan de hacer una explotación política del miedo y del dolor”.

Finalmente, exigió al Gobierno nacional la devolución de los fondos de coparticipación que, según denunció, fueron recortados a la provincia. “Esos recursos, que estaban destinados a cuidar a las y los bonaerenses, equivalen a la compra de 10.000 patrulleros”, remarcó Kicillof, quien insistió en la necesidad de “un Estado sensible, presente y protector”.

Por el ajuste de Javier Milei, el principal hospital pediátrico del país atraviesa una crisis sin precedentes. Más de 200 profesionales se fueron por los bajos salarios y la falta de respuesta oficial. “Hay riesgo de vida para los chicos”, denunció Norma Lezana, secretaria general de los profesionales del hospital.

Mientras el presidente Javier Milei se reúne con figuras del negacionismo sanitario como Robert Kennedy Jr., el Hospital Garrahan —referente nacional en atención pediátrica de alta complejidad— vive una situación crítica. “Nos están llevando a todos a una situación muy límite”, denunció Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital.

“El hospital está en una situación prácticamente de colapso”, alertó Lezana. Según la dirigente, ya se fueron más de 200 profesionales del equipo de salud, incluidos médicos de planta, residentes y becarios, debido a la crisis salarial y la falta total de respuestas por parte del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones. “No hay concursos para cubrir las vacantes. Los equipos se desarman y no se reemplaza a nadie”, explicó.

La gravedad de la situación quedó expuesta este lunes, cuando los residentes —cuyos salarios rondan los 700 mil pesos por jornadas de hasta 60 horas semanales— comenzaron un paro por tiempo indeterminado. Como resultado, desde las 16 hasta las 8 de la mañana siguiente no hay guardias cubiertas. “Ayer hubo médicos que quedaron solos a cargo de 30 pacientes internados. Son chicos en cuidados intensivos y moderados, que en otros lugares estarían en terapia”, relató Lezana.

Según denunció, la dirección del hospital ignoró los pedidos de contingencia: “No suspendieron cirugías, no derivaron pacientes. No hicieron nada. A las 4 de la tarde respondieron que se arreglen como puedan”. Por esa desidia, presentaron una denuncia penal contra las autoridades del hospital por abandono de persona.

Lezanano dejó dudas: “Nos están llevando a todos a una situación muy límite. No se puede pretender que un médico viva con 700 mil pesos. Tienen que trabajar después con aplicaciones, sin dormir. No dan más”.

Frente al colapso, hoy se realizará una asamblea en el hospital con participación de todos los sectores: profesionales, residentes, becarios y conducción intermedia. El objetivo es exigir una solución urgente, pero también apuntar más allá del conflicto salarial. “Estamos pidiendo una ley que blinde el financiamiento del Garrahan. Hay chicos y chicas que no encuentran atención en ningún otro lugar, ni siquiera en el sistema privado”, subrayó Lezana.

En paralelo, el gobierno nacional evita el tema. Mientras se multiplican los reclamos y las denuncias, el secretario de Salud Mario Lugones se mostró más interesado en la agenda internacional de la OMS y los protocolos ante una catástrofe nuclear, que en garantizar la atención médica a los niños y niñas de su propio país.

La empresa Molinos Rio de la Plata anunció despidos y rebajas salariales, dos medidas drásticas que desde la firma fueron justificadas por “la caída de las ventas”. 

La profunda recesión económica y el desplome del consumo ya impactan de lleno en el corazón del sector alimenticio. Molinos Río de la Plata, una de las compañías más emblemáticas del país y parte del poderoso Grupo Pérez Companc, anunció un fuerte ajuste que incluye despidos y recortes salariales. La firma justificó estas medidas en la caída sostenida de las ventas y en un contexto de precios regulados por debajo del incremento de costos.

Desde la planta ubicada en Esteban Echeverría, la Comisión Interna denunció que la empresa puso en marcha un proceso de reducción de personal que “deja la operación en la ilegalidad” y compromete seriamente la seguridad laboral. “Quieren producir lo mismo con menos trabajadores, lo que pone en riesgo la salud de quienes permanecen y condena al desempleo a cientos de familias”, alertó Luciano Greco, delegado gremial.

Según el gremio, la empresa pretende recortar adicionales salariales de convenio y achicar la planta de personal, afectando a unos 200 puestos de trabajo. Estas decisiones, afirman los trabajadores, se dan en un contexto de creciente precarización, donde incluso se estarían ocultando denuncias de accidentes laborales ante la ART y desconociendo licencias médicas.

La empresa, por su parte, informó que atraviesa un delicado momento financiero. En su último balance, reportó una pérdida neta de $5.460 millones durante el primer trimestre del año. Molinos explicó que esta caída se debe a un consumo interno deprimido y a que los precios de sus productos aumentaron apenas un 8,4% interanual, frente a una inflación del 55,9%, mientras que sus costos escalaron un 24% en el mismo período.

A pesar de haber logrado un leve repunte del 6,1% en volumen de ventas, la compañía no logró sostener su rentabilidad, lo que derivó en un fuerte ajuste que ahora impacta directamente en sus trabajadores.

En un país donde la crisis golpea transversalmente a la industria, el caso de Molinos Río de la Plata evidencia que ni las empresas más grandes y consolidadas son inmunes al deterioro económico. El conflicto laboral abierto en sus plantas no solo expone el drama del empleo en la Argentina actual, sino que también refleja cómo la política económica nacional y la caída del consumo están erosionando la capacidad productiva de sectores clave.

Aprovechando la visita oficial de Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. y figura envuelta en múltiples controversias por sus posturas conspirativas, el Ministerio de Salud argentino anunció una serie de reformas estructurales que siguen los mandatos impuestos desde Washington.

El gobierno de Javier profundiza su alineamiento incondicional con los Estados Unidos, y esta vez lo hace en un área clave de la soberanía nacional: el sistema de salud. Aprovechando la visita oficial de Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. y figura envuelta en múltiples controversias por sus posturas antivacunas, el Ministerio de Salud argentino anunció una serie de reformas estructurales que siguen de cerca el modelo impulsado desde Washington, expandiendo las áreas de injerencia como ya sucedió con seguridad, energía y defensa.

Presentadas como una “modernización basada en evidencia científica”, las medidas apuntan a una “revisión profunda” del funcionamiento de los organismos nacionales de salud. Bajo el discurso de combatir la burocracia y actualizar normas, se abre paso a una reforma que responde más a la agenda de intereses extranjeros que a las necesidades del pueblo argentino. Todo esto sucede mientras el gobierno formaliza su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alejándose de consensos sanitarios internacionales y acercándose peligrosamente a posturas pseudocientíficas que han generado preocupación global.

La reunión entre Kennedy Jr. y los ministros Mario Lugones y Federico Sturzenegger dejó en claro la sintonía ideológica: desregulación de obras sociales y prepagas, promoción de biosimilares sin regulación firme, implementación de receta electrónica, y reducción de estructuras estatales. Esta hoja de ruta no es otra cosa que una reproducción del modelo estadounidense que Kennedy Jr. viene promoviendo, incluso a costa de miles de empleos en la FDA y los CDC en su propio país.

Resulta alarmante que una figura tan cuestionada como Kennedy Jr., acusado de difundir desinformación sobre vacunas, con teorías desacreditadas incluso por su propia familia, sea recibida como socio estratégico para reconfigurar el sistema sanitario argentino.

Sus afirmaciones infundadas sobre el autismo, la seguridad de las vacunas, y su campaña contra la inmunización han sido refutadas ampliamente por la comunidad científica internacional. Sin embargo, es ahora él quien parece tener influencia directa sobre las políticas de salud pública en nuestro país.

La supuesta “eficiencia” que promueve Kennedy —basada en recortes, privatizaciones y un Estado ausente— ya ha mostrado sus consecuencias en EE.UU.: un sistema costoso, desigual, y con pobres resultados sanitarios. Exportar ese modelo a la Argentina no es solo un acto de imprudencia, sino una claudicación de la soberanía sanitaria.

Así, con cada paso, el gobierno de Javier no hace más que confirmar su vocación de subordinación: desde las decisiones económicas hasta las políticas de salud, el Estado argentino se entrega sin condiciones a los intereses de Washington, incluso cuando estos van en contra de la evidencia, la salud pública y los derechos de la ciudadanía.

La central obrera presentó un amparo para frenar el decreto que amplía al extremo las actividades “esenciales” y limita el derecho constitucional a la protesta. “Quieren borrar la huelga de un plumazo”, advirtieron.

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes una acción de amparo sindical para frenar el decreto del gobierno de Javier Milei que busca restringir el derecho a huelga al declarar como “esenciales” a una lista ampliada de actividades. La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, a cargo de la jueza Moira Fullana.

La ofensiva contra la huelga quedó oficializada la semana pasada con la publicación del Decreto 340/2025, que impone nuevas condiciones para las medidas de fuerza, exigiendo un funcionamiento mínimo del 50% al 75% en una veintena de actividades. Desde el sector sindical lo interpretan como un intento de vaciar de contenido el principal instrumento de protesta del movimiento obrero.

“El decreto intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate”, había señalado la CGT en un comunicado que anticipaba el paso por los tribunales. La central obrera remarcó que dará la batalla “en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo”.

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, recordó que la Justicia ya se había pronunciado contra intentos similares contenidos en el DNU 70/2023. “Están reiterando lo mismo. Pretenden cercenar el derecho de huelga para muchas actividades, llevándolo a la imposibilidad de ejercer medidas de acción directa”, señaló.

La norma firmada por Milei incluye como esenciales a sectores estratégicos como salud, educación, energía, telecomunicaciones, transporte, aduanas, internet y hasta el cuidado de menores, con lo cual deja bajo un régimen restrictivo a casi toda la estructura de servicios del país. Para la CGT, la decisión representa un retroceso en derechos laborales y una violación directa a convenios internacionales firmados por Argentina.

La jugada oficialista, que busca blindarse frente a eventuales paros nacionales en medio del creciente malestar social, ya generó un nuevo frente judicial con el sindicalismo organizado. Desde la central obrera confían en que la Justicia volverá a frenar el intento libertario de imponer por decreto el silenciamiento de la protesta social.