La diputada libertaria Juliana Santillán volvió a protagonizar un episodio bochornoso que, más allá de lo patético, expone su bajo nivel de formación y escaso conocimiento de la historia y cultura argentina. Esta vez, en su intento por criticar a Cristina Kirchner, terminó asegurando que a Mariano Moreno lo “fusilaron”.

La diputada libertaria Juliana Santillán “experta en economía austriaca”, volvió a protagonizar un bochornoso error público que, más allá del blooper, expone su bajo nivel de formación y escaso conocimiento de la historia argentina. Esta vez, en su intento por criticar a Cristina Kirchner, terminó asegurando que a Mariano Moreno lo “fusilaron”.

El episodio ocurrió este lunes, luego de que la expresidenta participara de un acto por el Día de la Resistencia Peronista. Allí, Cristina se definió como una “fusilada que vive”, retomando la frase que inmortalizó Rodolfo Walsh en Operación Masacre, en alusión a los fusilamientos de militantes peronistas por parte de la dictadura de 1956. Pero Santillán, en lugar de comprender la referencia histórica, publicó en su cuenta de X:

“Va a ir presa y se compara con el Fusilamiento a Moreno. Desquiciada.”

La insólita frase desató una ola de críticas y burlas, no solo por su contenido ofensivo, sino por el grosero error que encierra: Mariano Moreno, uno de los próceres fundadores de la patria, no fue fusilado. Falleció en altamar en 1811, en circunstancias aún debatidas por los historiadores, pero muy lejos del tipo de ejecución al que aludía la diputada.

Este nuevo traspié se suma a una lista que ya incluye errores ortográficos como “cluacas”, “tubimos” y “atraza”, y desaciertos conceptuales como confundir el costo de la canasta básica individual con el de una familia entera. Pese a todo, Santillán mantiene una presencia activa en redes y en medios, donde actúa como una de las voces más combativas de La Libertad Avanza, aunque su discurso suele ir de la mano de la desinformación.

Lejos de corregir su publicación —algo que podría hacer fácilmente, dado que paga por su cuenta verificada en X—, la diputada dejó el tuit tal como estaba, apostando una vez más a la lógica de “que hablen, aunque sea mal”. En definitiva, su estrategia parece no ser la de informar ni argumentar, sino la de generar escándalo para amplificar su mensaje, aún a costa de revelar una preocupante ignorancia.

Así, Santillán encarna un fenómeno político cada vez más frecuente: el del dirigente que no solo se equivoca, sino que convierte su desconocimiento en bandera, logrando desplazar la discusión de los temas de fondo —como el ajuste, el endeudamiento o la represión— hacia el terreno de lo absurdo.

Este fin de semana, la multinacional Kimberly-Clark despidió sorpresivamente a 220 trabajadores tras anunciar el cierre definitivo de su planta en Pilar, mientras que la histórica empresa alimenticia Georgalos enfrenta un conflicto gremial por despidos y recortes, lo que agita aún más el escenario laboral.

El caso de Kimberly-Clark generó una fuerte conmoción. La empresa de capitales estadounidenses —propietaria de marcas como Huggies, Kleenex y Scott— comunicó el cierre inmediato de su planta en el Parque Industrial de Pilar, donde se producían toallitas húmedas y protectores diarios. Los 220 despidos llegaron sin previo aviso, luego de que la empresa informara falsamente a los operarios que se trataba de una simple parada técnica por mantenimiento.

Según denunciaron desde el Sindicato de Papeleros, el sábado comenzaron a llegar los telegramas, mientras que el domingo a la madrugada los trabajadores se enteraron oficialmente del cierre, durante una asamblea organizada para discutir medidas de acción. El sindicato no descarta movilizaciones esta semana y advirtió que “las multinacionales, cuando toman decisiones, son difíciles de revertir”. La empresa justificó la medida como parte de una reestructuración que centralizará toda su producción nacional en la planta de San Luis, donde proyecta invertir 15 millones de dólares en los próximos 18 meses.

Georgalos: despidos y ajuste en el corazón de la industria alimenticia

A la par, la compañía Georgalos —dueña de marcas como Mantecol y Toddy— despidió a cinco trabajadores en su planta de San Fernando y suspendió el bono por productividad, lo que provocó la intervención del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) y una paralización de actividades.

Desde el gremio denuncian que los despidos fueron represalias por reclamos laborales y que existe una marcada desigualdad en el pago de bonos entre distintas plantas. El STIA ya presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y advirtió que, de no haber avances, el conflicto podría escalar en las próximas semanas.

La tensión en Georgalos se produce en medio de una búsqueda de inversores por parte de la compañía, que espera recaudar hasta 100 millones de dólares para financiar su expansión en América Latina. Sin embargo, el conflicto gremial en su planta local pone en duda la viabilidad de estos planes en el corto plazo.

Un síntoma de una crisis más amplia

Estos casos no son aislados. En lo que va del año, empresas como Molinos Río de la Plata, SanCor, Tía Maruca y Verónica también han protagonizado conflictos laborales, marcando una preocupante tendencia de ajuste en el sector industrial.

La creciente ola de despidos, suspensiones y recortes en beneficios laborales en grandes compañías refleja un contexto económico adverso, donde la caída del consumo interno, el encarecimiento del crédito y la incertidumbre macroeconómica están comenzando a impactar directamente en el empleo. Sindicatos de diversos rubros advierten que el panorama podría agravarse si no se implementan políticas urgentes de protección al trabajo y reactivación productiva.

Mientras el Gobierno lanza medidas para seducir los billetes en negro, los ahorristas los esconden cada vez más.

Mientras el Gobierno lanza medidas cada vez más urgentes para tentar a los dólares fuera del sistema —los famosos “canutos”—, los ahorristas parecen responder con una señal clara: desconfianza total. Lejos de ingresar sus billetes al circuito formal, muchos optan por retirarlos y reforzar el colchón como refugio.

Desde que se puso en marcha el programa de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el pasado 22 de mayo, los depósitos en dólares retrocedieron en US$ 429 millones, según Profit Consultores. En vez de atraer los fondos escondidos, el efecto fue el contrario: más fuga.

Esto ocurre incluso después de que, en abril, un millón de personas compraron US$ 2.000 millones vía homebanking tras la salida del cepo. Pero una porción significativa de esos dólares no ingresó al sistema financiero: volvió directamente al resguardo personal.

Según Econviews, durante el período 2016-2019, la demanda de dólares para atesoramiento rondaba los US$ 1.806 millones mensuales, con la diferencia de que entonces también las empresas podían acceder al mercado. Hoy, ese flujo busca salidas alternativas: se aceleró el gasto en turismo y continúa la fuga por Inversión Extranjera Directa, según advierte la consultora 1816.

Economistas como Lucas Llach y Camilo Tiscornia anticipan que el impacto de los nuevos incentivos será limitado: no se espera un regreso masivo de billetes al sistema. Para ellos, el problema es estructural.

Carlos Melconian lo resumió con crudeza: “El canuto no se mancha. ¿Por qué? Porque el canuto es el canuto. ¿Para qué tiene canuto la gente en Argentina? Por las dudas”.

En síntesis: mientras el Gobierno ofrece herramientas para formalizar los dólares escondidos, los ahorristas duplican la apuesta y profundizan su desconfianza. El colchón, lejos de ceder, sigue ganando.

Los trabajadores del Hospital Garrahan lanzan una medida de fuerza ante la indiferencia oficial y la falta de propuestas salariales concretas.

El Hospital Garrahan atraviesa un conflicto en escalada: sus trabajadores anunciaron un paro total de 48 horas desde este martes, exigiendo una urgente recomposición salarial frente a sueldos que califican como “de miseria” y un proceso de vaciamiento institucional.

La medida se confirmó luego de una audiencia sin representantes de peso del gobierno nacional, donde solo asistieron directores administrativos del hospital que dijeron “enterarse” del conflicto para elevarlo al Concejo de Administración. La falta de oferta y compromiso oficial provocó un rechazo absoluto de los gremios ATE y APYT.

Además, el miércoles a las 16, los trabajadores marcharán desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo para exigir respuestas, en un contexto de creciente desconfianza hacia el Ejecutivo.

Norma Lezana, secretaria general de APYT, fue tajante: “La propuesta fue cero. No hay voluntad política para resolver el conflicto”. Rodolfo Aguiar, de ATE, señaló: “Solo vinieron a escucharnos para hacer caja, no para dar soluciones. El Gobierno abandona a los trabajadores del Garrahan y a la salud pública”.

El paro y la movilización reflejan la crisis que atraviesa uno de los centros pediátricos más importantes del país, que enfrenta no solo la precarización salarial sino también un sostenido deterioro de recursos y condiciones laborales, sin respuestas oficiales a la vista.

Expresidentes, juristas y referentes de América Latina y Europa denunciaron graves irregularidades en la causa Vialidad y exigieron garantías para el ejercicio pleno de los derechos políticos de la exmandataria.

A la espera de una definición de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad, el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) lanzaron una campaña global en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y denunciaron una persecución judicial que, de avanzar, “no solo afectará a una persona inocente, sino al peronismo y al sistema democrático argentino”.

En un documento firmado por expresidentes, líderes políticos y destacados juristas, los espacios señalaron que el proceso judicial contra la exmandataria está “viciado de parcialidad y arbitrariedad” y remarcaron que la condena dictada por el tribunal oral “fue construida sin pruebas directas ni indiciarias, violando garantías constitucionales elementales”.

“La causa fue impulsada desde el gobierno de Mauricio Macri con fines políticos. Se aplicaron teorías jurídicas forzadas para responsabilizar a Cristina por decisiones administrativas de funcionarios subalternos, en una clara desviación del principio de legalidad”, sostiene el comunicado.

El pronunciamiento también alerta sobre los efectos institucionales de una eventual confirmación del fallo. “Si la Corte Suprema convalida esta condena sin revisión, se consolidaría una práctica judicial que anula el derecho a la defensa y limita la participación política de una figura central de la oposición”, advirtieron.

Además, señalaron que la intención de excluir a Fernández de Kirchner del escenario electoral busca “disciplinar a quienes promueven la justicia social” y “desmoralizar al electorado”, generando “una alteración grave del equilibrio democrático”.

La declaración concluye con un llamado a la comunidad internacional a observar el proceso y a rechazar toda forma de lawfare. “Condenar a una persona sin pruebas es atentar contra el Estado de Derecho. ¡Exigimos justicia y respeto por la democracia!”, afirmaron.

Entre los firmantes se destacan José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia), Baltasar Garzón (España), Marco Enríquez-Ominami (Chile) e Irene Montero (España), entre otros.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, habló sobre persecución judicial-mediática a Cristina Kirchner. Fue uno de los ministros de Axel Kicillof que ayer estuvo presente en el Partido Justicialista en un encuentro que recordó los fusilamientos de 1956 y sirvió de excusa para denunciar el intento de proscripción a la dirigente peronista.

“Todo el peronismo tiene que acompañar a Cristina. Va a haber una reacción del peronismo, es muy serio lo que está pasando. No sé qué están buscando. Quieren disciplinar a toda la dirigencia”, describió el funcionario bonaerense.

“Quieren que el pueblo no se atreva a disputar la forma en que se toman decisiones en la Argentina. Pero no puede quedar así. Es un tiempo bisagra en Argentina. Estamos todos ocupados”, advirtió Katopodis en diálogo con AM 530.

Mientras la justicia opera contra la principal dirigente de la oposición, Cristina Kirchner, el gobierno de Javier Milei sigue con su política de deuda y más deuda externa. Ahora busca colocar un REPO para quedarse con 2 mil millones de dólares. ¿Quién pagará la fiesta?

Ya quedó lejos la frase de Milei de campaña que toda deuda era una estafa porque involucraba a las futuras generaciones, que quedaban endeudadas por una decisión de la que no habían participado. Esa frase fue una mentira más del líder libertario. En un año y medio ya tomó más de 30 mil millones de dólares.

La lógica de endeudamiento genera dudas en el mercado lo que hace que el riesgo país siga alto, porque todo el mundo duda de la sustentabilidad de un esquema que no genera dólares genuinos a partir de exportaciones. Los mercados empiezan a creer que la fiesta actual en algún momento habrá que pagarla y no quieren estar para llevarse la peor parte.

A horas de lo que podría ser la confirmación por parte de la Corte Suprema de su condena en la denominada Causa Vialidad, Cristina Kirchner seguirá definiendo hoy la estrategia política y electoral del peronismo de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo.

Tras encabezar el acto por un nuevo aniversario de los fusilamientos de José León Suárez, la dos veces presidenta Cristina Kirchner convocó al cuerpo de senadores nacionales del peronismo a una reunión para este martes por la mañana en la que continuarán delineando la estrategia política y electoral del partido de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo y ante la perspectiva de un eventual fallo de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad.

Según consignó Ámbito, el encuentro comenzará a las 10.30 en la sede del Partido Justicialista (PJ) en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo de la presidenta del PJ es definir y poner en práctica un plan de acción con los diferentes componentes del peronismo para sostener la unidad en caso de que la Corte Suprema confirme su condena y se le impida competir en las elecciones.

Habida cuenta de las dificultades que mostró el peronismo en el último tiempo para encauzarse detrás de un programa político, la exmandataria aspira a reunirse con los principales referentes del justicialismo de cada rincón de la política, el sindicalismo y la sociedad civil, para insistir en la necesidad de dejar de lado las diferencias y aglutinarse en pos de la construcción de una alternativa a Javier Milei.

Muestra de ello fue el acto que encabezó este lunes, también en la sede del partido, al que asistieron diputados, intendentes y dirigentes del espacio, incluso aquellos con los que mantiene diferencias programáticas y de estrategia electoral como el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La participación del mandatario provincial en el encuentro refleja el deshielo que atraviesa la relación entre ambos. En los últimos días, mantuvieron un diálogo telefónico y posteriormente se vieron cara a cara tras meses de distanciamiento. En principio, el reencuentro estuvo propiciado por el anuncio de Cristina de ser candidata por la Tercera Sección Electoral. Sin embargo, se vio acelerado también ante la urgencia que propició el rumor sobre el encarcelamiento de la exjefa de Estado. La sentencia desfavorable del máximo tribunal estaría al caer.

Quien se comunicó también con Cristina en las últimas horas fue el exministro y candidato presidencial, Sergio Massa, parte del armado de Unión por la Patria. Según informaron fuentes cercanas al tigrense, anoche habló por teléfono con Cristina. No se descarta una reunión cara a cara. Desde el entorno de Massa aseguraron que está analizando manifestarse institucionalmente a través del Frente Renovador sobre la condena a Cristina.

La titular del PJ se refirió ayer a una posible detención por la causa Vialidad. Según afirmó, su encarcelamiento respondería a un pedido “de los grupos hegemónicos económicos” ante las dificultades que atraviesa el gobierno de Milei, al cual calificó como “modelo agotado e inviable”. “Creen que van a solucionar esto metiéndome presa. ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar a las escuelas y hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el FMI y los bonistas?”, se preguntó.

También tuvo palabras para los miembros de su partido, por las dificultades que enfrentan para poder comprender la realidad de la sociedad. “Lo único que escucho es ‘qué lugar me toca en las listas’. Déjense de joder de una vez por todas”, manifestó enojada y les pidió abandonar “las mezquindades y estupideces” para poder construirse como alternativa al modelo libertario.

“No importa el nombre, importa la unidad”, resaltó. El futuro político de la exmandataria podría verse afectado por el eventual fallo de la Corte. A menos de una semana de que anunciara su postulación, se conoció que el juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2 que la condenó en primera instancia, visitó una dependencia de la Policía Federal ubicada en Cavia y Figueroa Alcorta, en Palermo Chico, para validar el lugar para una posible detención de la expresidenta.