El Presidente fue denunciado tras el discurso en el que habló de “kukas inmundos” y “parásitos mentales”, y rarificó su “crueldad” con los “empleados públicos”.

Javier Milei cerró una cena que la Fundación Faro organizó en el Yacht Club de Puerto Madero, con el objetivo de conseguir fondos para La Libertad Avanza (LLA), donde formuló un discurso cargado de exabruptos e insultos dirigidos a sus adversarios ideológicos, en el marco de una campaña electoral que no lo tiene como candidato pero sí en la centralidad política.

Ante empresarios y referentes libertarios, el mandatario se refirió a sus opositores como “kukas inmundos” y “parásitos mentales”, reafirmando su “crueldad” frente a quienes se oponen a su política de ajuste y hasta los “empleados públicos”.

“Sí, soy cruel, kukas inmundos. Soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que le rompen el culo a los argentinos de bien”, gritó un Milei cuyas palabras y gestos traslucían un odio inusitado pero esperable en un mandatario que se jacta cotidianamente de encender las pasiones más bajas entre sus seguidores.

Por esa razón, el Presidente fue denunciado por incitación a la violencia por la abogada Valeria Carreras, quien consideró que la expresión “kukas inmundos”, además de ser una agresión personal, “categoriza y degrada a un grupo de ciudadanos por su ideología política, incentivando la discriminación y el odio”.

En cuanto a los “gastadores y empleados públicos”, la letrada señaló que las expresiones del mandatario “denotan una generalización negativa hacia personas que desempeñan funciones públicas, despreciando su labor y contribuciones”.

Las palabras de Milei “denotan un desprecio hacia sus derechos laborales y su papel en la sociedad, socavando así el respeto que deben recibir como ciudadanos”, añade la abogada en su presentación ante la Justicia.

En medio del deterioro salarial y la recesión, el gobierno bonaerense avala un nuevo aumento en los boletos del AMBA y el interior, empujando aún más el costo de vivir y moverse.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó una nueva suba en los boletos de colectivos urbanos e interurbanos a partir del 1° de julio, en línea con la política de aumentos automáticos que el gobierno nacional y los distritos aliados han decidido sostener pese a la caída del poder adquisitivo.

Mediante la Resolución N° 81/25, publicada este viernes, se aplicará un incremento del 3,5% en el transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gran La Plata y corredores interurbanos cercanos a CABA. El ajuste responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor del INDEC en el Gran Buenos Aires, sumado a un adicional de dos puntos que, lejos de compensar deficiencias del sistema, golpea directamente al usuario.

Con este aumento, el boleto mínimo en La Plata, Berisso y Ensenada pasará de $515,04 a $533,22. En el conurbano, el boleto de entre 0 y 3 kilómetros subirá de $472,91 a $489,61. Pero quienes no tengan su tarjeta SUBE nominalizada pagarán cifras desorbitadas: $847,82 en La Plata y $778,47 en el AMBA.

Mientras desde el gobierno se justifican en la “continuidad del servicio”, los usuarios enfrentan una pérdida constante de ingresos y una prestación cada vez más precaria. Ni los colectivos mejoran su frecuencia ni hay inversiones visibles, pero los precios suben religiosamente todos los meses, con un esquema que ya se naturalizó como si fuera inevitable.

La medida se da en un contexto económico recesivo, con desempleo en alza, salarios congelados y jubilaciones muy por debajo de la línea de pobreza. Pese a ello, las autoridades continúan aplicando tarifazos automáticos sin contemplar la capacidad real de pago de millones de personas que dependen del transporte público para estudiar, trabajar o simplemente vivir.

Con la excusa del orden fiscal, el Ejecutivo repone retenciones a cultivos clave y ahoga aún más al interior productivo.

El Gobierno nacional restableció las alícuotas plenas para la soja, el maíz, el sorgo y el girasol, revirtiendo las rebajas aplicadas meses atrás y profundizando el ajuste sobre el sector agropecuario. La medida fue oficializada mediante el decreto 439/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El nuevo esquema vuelve a llevar las retenciones de la soja al 33%, las del maíz y el sorgo al 12%, y las del girasol al 7%. En cambio, las alícuotas del trigo y la cebada permanecerán en el 9,5% hasta marzo de 2026.

El decreto también establece la obligación de liquidar el 90% de las divisas dentro de los treinta días hábiles posteriores a la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), bajo amenaza de tributar la alícuota plena si no se cumple ese plazo.

Desde las entidades del campo advierten que la decisión impactará de lleno en un escenario ya deteriorado por la sequía, la inflación en dólares y la falta de financiamiento. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) denunció que el regreso de los derechos de exportación “ahonda el desincentivo a la inversión, reduce la competitividad y empuja a miles de productores a abandonar la actividad”.

“Es una medida que golpea a la producción y al empleo, especialmente en las economías regionales del interior profundo. Además, terminará afectando la recaudación por el parate que provocará en toda la cadena agroindustrial”, señalaron.

Desde Coninagro, en tanto, exigieron “reglas claras y duraderas” y reclamaron previsibilidad para los productores. “No se puede seguir improvisando con el esfuerzo de quienes sostienen la economía real del país”, indicaron.

Pese al relato oficial, que justifica la marcha atrás como parte de un plan fiscalista, el impacto económico y político de la medida reabre el conflicto con el agro. Mientras Milei insiste en una supuesta “libertad económica”, los productores enfrentan cada vez más trabas para producir y exportar, y son una de las principales variables de ajuste de un modelo que les exige cada vez más y les devuelve cada vez menos.

En un mensaje enviado al 52° Congreso Nacional de la Bancaria, la ex presidenta volvió a cuestionar el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y advirtió que el país atraviesa una situación crítica tanto en lo financiero como en lo social.

Cristina Fernández de Kirchner volvió a marcar la agenda política con un discurso que combinó diagnóstico económico, memoria histórica y denuncia política. Fue en el marco del Congreso Nacional de la Asociación Bancaria, conducida por el diputado y sindicalista Sergio Palazzo. Desde su domicilio en San José 111, la expresidenta agradeció el respaldo recibido durante la movilización del 18 de junio y en los días posteriores, pero centró su intervención en el deterioro del presente: “Este modelo económico se cae. No es una postura ideológica, es puro pragmatismo sobre lo que está pasando”.

A lo largo de más de veinte minutos, Cristina desarmó uno a uno los pilares de la política económica del gobierno de Javier Milei. Con datos concretos, sostuvo que “ni siquiera pudieron renovar la totalidad de la deuda en pesos” y que por el 58% que sí lograron refinanciar, “tuvieron que pagar tasa positiva, o sea, por encima de la inflación”. Para la expresidenta, eso es una señal clara del colapso del sistema financiero.

Uno de los fragmentos más potentes fue cuando se refirió a la fuga de divisas tras la flexibilización del cepo: “En abril se fueron casi 2.200 millones de dólares y en mayo otros 1.700 millones. En 45 días se fumaron 4 mil millones de dólares, un tercio del segundo préstamo del Fondo Monetario”. Según explicó, esos dólares salieron por compras individuales de personas físicas, que formaron activos en el exterior. “Esto confirma lo que veníamos diciendo: el sistema no es sostenible”.

En términos políticos, Cristina cruzó al gobierno por haber construido un modelo de crecimiento “basado en la concentración de la renta y en la exclusión social”. “El poder económico necesita pobreza para sostener su acumulación. Le llaman crecimiento a una bicicleta financiera que solo favorece a un sector cada vez más chiquito”, denunció. Y agregó: “Ese es el famoso modelo peruano o paraguayo, donde la economía puede crecer, pero la mayoría vive mal. Eso no es desarrollo, eso es un modelo fallido”.

Además del diagnóstico económico, la expresidenta trazó una radiografía social estremecedora: “Más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes y se está endeudando, pero no para viajar o comprarse una casa, sino para comer”. Y apuntó directamente al corazón del conflicto social: “La verdadera grieta no es la que nos achacaban a nosotros. La verdadera grieta es esta: entre los que pueden viajar al exterior y los que no pueden garantizar la comida”.

Con el mismo tono, denunció al poder económico como el principal responsable de esta situación: “Tiene un sesgo depredador, antinacional, fugador. Sustraen dólares de la actividad económica y generan una tragedia estructural. Si de verdad queremos volver a ser un país en serio, eso alguna vez tiene que ser abordado”. Y remarcó: “Ellos son los que generan la grieta económica que después se traduce en tragedia social”.

Cristina también recordó los años de gestión kirchnerista, diferenciándose de forma nítida del rumbo actual: “Néstor construyó trabajo. Nosotros después recuperamos el poder adquisitivo. En 2015, los trabajadores alcanzaron la mayor participación en el PBI de la historia argentina. Que lo cuenten como quieran, pero esos son los números”.

Hacia el final, vinculó su proscripción política al fracaso del gobierno actual. “Porque el modelo se les cae a pedazos y ellos lo saben, decidieron meterme presa y sacarme de la cancha. No sea cosa que tanta inversión en persecución haya sido en vano”, ironizó. Y cerró con un mensaje directo a los bancarios: “Hay que volver a armar el rompecabezas. Nadie mejor que ustedes sabe que cuando el sistema financiero solo sirve para especular y fugar, la historia termina mal. Ya lo vimos en el ’76, en el 2001. No podemos repetirlo”.

Finalmente, convocó a recuperar un horizonte de justicia social y desarrollo con inclusión: “Lo que hicimos entre 2003 y 2015 no fue un milagro, fue una decisión política. Reorientamos el ahorro y la inversión hacia la producción, el valor agregado, la industria, la tecnología. Ese es el camino, esa es la lucha y esa es la bandera que tenemos que volver a llevar a la calle”.

La empresa suiza Clariant con mas de 60 años en el mercado nacional, anunció el cierre definitivo de su planta en Zárate para empezar a importar desde Brasil los productos que hasta ahora elaboraba en la Argentina.

En el marco de las políticas económicas impulsadas por el gobierno nacional, que promueven la liberalización comercial y la apertura indiscriminada a las importaciones, la multinacional química suiza Clariant anunció el cierre definitivo de su planta en Zárate, provincia de Buenos Aires. La empresa informó que reemplazará la producción local por productos importados desde su filial en Brasil, dejando a 50 trabajadores sin empleo.

La planta, que funcionaba desde 1958 y que fue símbolo del desarrollo químico argentino, dejará de operar tras más de seis décadas de actividad. En sus instalaciones se elaboraban colorantes, aditivos y especialidades químicas para diversas industrias. Ahora, en lugar de producir localmente, Clariant importará esos productos desde el exterior, aprovechando el escenario favorable para las compras externas generado por el modelo económico actual.

En un comunicado oficial, la compañía justificó la decisión tras un “análisis exhaustivo de la capacidad de producción, la viabilidad financiera y las alternativas del sector químico y petroquímico en Argentina”. No obstante, para el Sindicato de Trabajadores Químicos y la Federación Festiqypra, se trata de un accionar unilateral, sin diálogo ni respeto por la negociación colectiva, que vulnera derechos laborales.

“El cierre de Clariant no es solo una tragedia para los 50 trabajadores despedidos, sino un golpe fuerte para toda la comunidad de Zárate, cuya economía local depende en gran parte de la actividad industrial”, expresó Emilio Di Serio, secretario general de la federación. Comercios, servicios y proveedores también sentirán el impacto del cierre.

Clariant aseguró que mantendrá una presencia comercial en el país, aunque sin producción nacional. Así, otro caso se suma a la creciente lista de industrias que bajan sus persianas y reemplazan empleo argentino por productos importados, en un contexto de desindustrialización acentuado por las actuales políticas económicas.