El hecho, que fue registrado por un peatón y difundido en redes sociales, muestra a varios policías de la Ciudad y agentes rodeando al trabajador, mientras se escucha la indignación de testigos: “A los laburantes les hacen eso, vergüenza les tiene que dar“.

Un nuevo episodio de violencia institucional tuvo lugar en pleno corazón de Balvanera, frente a la estación Once del tren Sarmiento. Efectivos de la Policía de la Ciudad, junto a inspectores de Espacio Público, protagonizaron un operativo que terminó con el descarte intencional de los termos de café de un vendedor ambulante en una alcantarilla. Además, le incautaron una caja con facturas, dejándolo sin su fuente de ingreso.

El hecho, que fue registrado por un peatón y difundido en redes sociales, muestra a varios policías y agentes rodeando al trabajador, mientras se escucha la indignación de testigos: “A los laburantes les hacen eso, vergüenza les tiene que dar”.

Policía CABA y el Cafetero

Le tiraron los termos con leche, café, agua caliente y mate cocido a la alcantarilla.
Este hombre no robaba, trabajaba dignamente, para q otros laburantes pudieran tomar algo calentito por unas monedas.
Parece q ser pobre fuera un delito.
VERGÜENZA… pic.twitter.com/zNuXM1RAm8

— Juan Carlos (@27juancarlos27) July 1, 2025

Este tipo de escenas se repiten cada vez con más frecuencia desde que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzó su política de persecución hacia la venta ambulante, tras el desalojo de los manteros en octubre de 2024. En nombre del orden, se persigue y humilla a quienes solo intentan ganarse la vida en un contexto de profunda crisis económica.

La actitud de los efectivos no solo es injustificable, sino profundamente vergonzosa. Tirar a la basura el trabajo de un vendedor ambulante no es “hacer cumplir la ley”, es ejercer violencia contra los más vulnerables. Es criminalizar la necesidad de miles de personas que buscan sobrevivir en el dia a dia.

Estos operativos ya no sorprenden, pero siguen indignando. Urge una respuesta social y política que ponga freno a estas prácticas represivas. Porque la pobreza no se combate con uniformes, se enfrenta con justicia, dignidad y trabajo.

El régimen de incentivo sobre las exportaciones incrementales no se renovó como en años anteriores. Las automotrices hablan de perjuicio a la competitividad y riesgo de perder mercados

En una medida tan insólita como perjudicial para la industria nacional, el Gobierno decidió no renovar el régimen de exención de retenciones a las exportaciones incrementales del sector automotriz. A partir de julio, las terminales comenzarán a pagar derechos de exportación por los vehículos que superen el umbral establecido, afectando directamente a las empresas que más producen y más dólares generan para el país.

Desde 2021, se había implementado un esquema que liberaba del pago de retenciones a las exportaciones que superaran las 137.000 unidades anuales, con el objetivo de incentivar la producción nacional y fortalecer el ingreso de divisas. Este incentivo clave, que cada año se renovaba hacia mayo, quedó este 2025 en un limbo: el tope se alcanzó, pero la prórroga nunca llegó.

Una medida contra el que más produce

En lugar de premiar a quienes más exportan y generan empleo, esta decisión castiga precisamente a las automotrices más competitivas. “No sólo es un pésimo impuesto, sino un pésimo mensaje”, denuncian desde una terminal. El sistema, además, penaliza a quienes integran más componentes nacionales en sus vehículos, encareciendo aún más su producto final en los mercados externos. “Una locura que no se entiende”, lamentan en el sector.

Las retenciones, con una alícuota nominal del 4,5%, afectan desigualmente según el nivel de integración nacional de los vehículos. Aquellos con mayor contenido local terminan pagando más. En promedio, la carga efectiva ronda el 2,5%, pero puede llegar al 3,1% en los modelos con mayor producción nacional.

Riesgo real de perder mercados

Solo en mayo se exportaron más de 26.000 vehículos, y en lo que va del año ya se superaron las 130.000 unidades. Con el ritmo actual, el umbral de las 137.000 será sobrepasado justo al comenzar julio, obligando a las empresas a pagar retenciones por cada unidad adicional. “Esto nos pone en desventaja frente a competidores de otros países y amenaza nuestra posición en mercados clave. Recuperar un cliente perdido puede llevar años, si es que se recupera”, advierten desde una automotriz, recordando el caso de Ford y la Ranger en México.

Retroceso en plena crisis

Lo más preocupante es que esta medida contradice los esfuerzos recientes por mejorar la competitividad del sector exportador, en un contexto de estancamiento del mercado interno y necesidad de divisas. “Estuvimos trabajando con el Gobierno para bajar impuestos distorsivos. Esto es un paso atrás que tira por la borda todo lo avanzado”, afirman con frustración.

Lejos de promover la producción nacional y el agregado de valor, la falta de renovación del incentivo envía un mensaje desalentador: es más rentable importar componentes que desarrollarlos en el país. Y peor aún, se penaliza precisamente a las automotrices que más invierten, más integran proveedores locales y más exportan.

En un momento en el que la economía argentina necesita crecer y exportar más, el Gobierno da un golpe inesperado a una de las pocas industrias que aún genera empleo, tecnología y dólares genuinos. La falta de continuidad en una política que funcionaba no solo genera incertidumbre, sino que mina la competitividad de la industria automotriz nacional y pone en juego su presencia en el mundo.

Así lo reveló una encuesta realizada por la Universidad Di Tella. El respaldo al mandatario cae con fuerza entre jóvenes y profesionales, dos sectores clave para su legitimidad.

La gestión de Javier Milei continúa perdiendo respaldo ciudadano, según el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) difundido por la Universidad Di Tella, basado en una encuesta de la consultora Poliarquía. El informe revela que en junio la confianza cayó 4,6% respecto al mes anterior, marcando una tendencia descendente sostenida desde diciembre.

Lejos del entusiasmo que el propio Milei expresó por redes sociales tras la difusión del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) —que mostró una suba interanual del 7,7% en abril—, los datos de percepción pública pintan otro panorama. La desconexión entre el relato oficial y la realidad cotidiana de los argentinos vuelve a quedar en evidencia.

La medición ubicó el nivel de confianza en 2,34 puntos sobre un máximo de 5, el tercer registro más bajo desde el inicio de su mandato. Los sectores que más se alejaron del gobierno son los jóvenes y las personas con educación universitaria, grupos que alguna vez entusiasmaron a Milei y hoy parecen darle la espalda ante la falta de resultados concretos.

“Con este descenso, el ICG de junio vuelve prácticamente al mismo nivel que tuvo en abril, el punto más bajo del año, y consolida un deterioro progresivo de la confianza social en la administración libertaria”, señala el informe.

En lo que va de la gestión, el gobierno solo logró superar mínimamente en promedio los niveles de confianza que obtuvieron Macri y Fernández en sus primeros 18 meses. Pero ese consuelo estadístico pierde peso frente al dato político: Milei no logra transformar sus indicadores macroeconómicos en mejoras tangibles para la sociedad.

El desempleo, la caída del salario real y el ajuste en áreas clave como salud, educación y transporte han golpeado la calidad de vida, y eso se refleja en el ánimo social. La “esperanza libertaria” pierde fuerza, y el espejismo del “milagro económico” comienza a desgastarse frente al malestar cotidiano de amplios sectores de la población.

Milei podrá seguir celebrando gráficos, pero el termómetro social ya no le responde.

El Gobierno evitó la destitución del juez federal Marcelo Bailaque, procesado y con prisión preventiva, aceptando su renuncia antes de que el Consejo de la Magistratura lo sancionara. Así, conservaría una jubilación de privilegio, pese a estar acusado de delitos graves. Crece el malestar por el doble discurso oficial.

En una decisión que genera críticas incluso dentro del oficialismo, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, procesado por una serie de delitos que van desde la extorsión hasta presuntos vínculos con el narcotráfico. La salida fue anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien aclaró que el exmagistrado ya no cuenta con fueros, aunque evitará la destitución por parte del Consejo de la Magistratura, medida que lo habría privado de su millonaria jubilación.

El caso provocó una oleada de cuestionamientos en redes sociales y en el ámbito político. Legisladores opositores señalaron que la jugada del Ejecutivo no solo blinda al exjuez de una sanción institucional, sino que contradice el discurso anticasta que Milei repite desde su campaña.

“En algún momento tendrán que explicar por qué no lo destituyeron. Bailaque debería haber sido apartado por sus vínculos con la corrupción, pero hoy se retira con todos sus beneficios intactos”, expresó la diputada santafesina Lionella Cattalini.

Bailaque está imputado por múltiples delitos: extorsión, prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica, allanamiento ilegal y vínculos con estructuras del narcotráfico. La causa es llevada adelante por la fiscalía federal y había sido avalada por el Juzgado Federal N°4 y la Cámara de Apelaciones de Rosario.

Desde el Gobierno intentaron matizar las críticas. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, aseguró que no se busca encubrir a nadie y que si la Justicia avanza con una condena firme e inhabilitación, el exjuez podría perder su jubilación. “No hay intocables”, insistió. Pero en los hechos, la renuncia aceptada por el Ejecutivo le abre una puerta lateral para salir del sistema judicial sin enfrentar las consecuencias institucionales más severas.

Mientras el oficialismo predica el fin de los privilegios, decisiones como esta alimentan la sospecha de que ciertas figuras, incluso cuestionadas, siguen contando con protección política. Para muchos, lo de Bailaque no fue una renuncia: fue una jubilación asistida desde Casa Rosada.

En junio y julio habrá subas significativas en servicios esenciales como la salud, la educación, la vivienda y la movilidad. La suba de precios en junio ya estaría de nuevo por arriba del 1,5% de mayo y en julio el número también estaría en el orden del 2%.

De esta manera, la inflación volverá a subir en un contexto donde el dólar está planchado desde principio de año, excepto un movimiento en marzo que subió el dólar un 20%. Ahora, muchos descartan que tarde o temprano el gobierno de Javier Milei deberá devaluar de nuevo, lo que volverá a meter presión sobre los precios que no paran de crecer cada mes.

Mientras, el gobierno mantiene las paritarias en torno al 1%, muy por debajo de la suba de precios, lo que golpea sobre el poder adquisitivo de la gente y sobre la actividad económica.

Un informe de JP Morgan recomendó que los fondos de inversión abandonen Argentina por el brutal déficit externo y el atraso cambiario. Ahora trascendió que otro fondo de inversión, Pimco, redujo posiciones por USD 1.600 millones, lo que podría profundizar la desconfianza de los mercados.

En 2025, el déficit externo fue récord, de USD 5.100 millones. El informe de JP Morgan titulado “Tomándose un respiro”, insta a “dar un paso atrás y esperar mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos” ante posibles ruidos electorales y salidas por turismo.

“Si Pimco se está yendo, es porque algo huele mal”. Otro especialista agregó: “Ya les pasó antes. La escena de hecho guarda similitudes con la crisis del 2017/18 del macrismo: un mercado que se adelanta, capitales que buscan la salida”, destacaron operadores de mercado.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, remarcó la gravedad de permitir que el destino del sector energético nacional quede en manos de tribunales extranjeros.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, lanzó duras críticas al fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes por la nacionalización de la empresa realizada en 2012. En diálogo con El Destape 1070, Rucci reclamó una defensa firme de la soberanía energética y de los recursos naturales del país:

“Argentina puede apelar el fallo o directamente desconocerlo”, sostuvo.

Rucci remarcó la gravedad de permitir que el destino del sector energético nacional quede en manos de tribunales extranjeros, en especial en un contexto en el que el país busca potenciar su producción en Vaca Muerta.

“Las cortes extranjeras nunca van a fallar a favor de nuestro país. Poner un recurso estratégico como el energético en manos de un juez extranjero es inadmisible”, advirtió.
Y fue aún más categórico:
“Vivir de los fondos buitres es poner a la Argentina de rodillas ante los norteamericanos”.

El dirigente sindical, con amplia experiencia en el sector, advirtió sobre el modus operandi de los fondos especulativos:

🗨️ Marcelo Rucci se opinó sobre la noticia de la entrega del 51% de las acciones de YPF: "Esta dependencia de las Cortes extranjeras nunca van a favor de nuestro país porque históricamente nunca lo han hecho" pic.twitter.com/8eDE0xWn9C

— eldestape1070 (@eldestape_radio) June 30, 2025

“Ya sabemos cómo actúan los fondos buitres. Por eso, hay que litigar en la Argentina y defender nuestra soberanía jurídica”.

Críticas a la gestión energética y advertencia por el gasoducto

Además del reclamo geopolítico, Rucci apuntó contra el Gobierno por no avanzar en decisiones clave para el desarrollo energético del país. En ese sentido, expresó su preocupación por el estancamiento de la infraestructura de transporte de gas y petróleo.

“El gobierno no ha dado pasos para la reversión del gasoducto”, señaló.

“Las inversiones están puestas en los caños que van hacia Río Negro, pero estamos en un cuello de botella y no se puede sacar toda la producción”, agregó.

Para Rucci, el desarrollo de los hidrocarburos representa una de las principales salidas económicas para la Argentina:

“Una de las grandes salidas para este país es el gas y el petróleo. No creo que haya un gobierno que quiera desaprovechar esa posibilidad, pero hoy se lo está ignorando”.

Con sus declaraciones, Rucci no solo dejó en claro su rechazo al fallo judicial extranjero, sino que también llamó a una defensa activa de los intereses nacionales frente a presiones externas, en especial en el ámbito de los recursos estratégicos como el petróleo y el gas.

El gobernador Axel Kicillof cuestionó duramente a Javier Milei tras el fallo que exige entregar acciones de YPF y alertó sobre el riesgo de una privatización.

Axel Kicillof reaccionó con dureza al fallo de una jueza de Estados Unidos que ordenó entregar el 51% de las acciones de YPF y acusó al presidente Javier Milei de alinearse con los fondos buitre. Para el Gobernador, se trata de una amenaza directa a la soberanía energética nacional.

Según el mandatario bonaerense, el fallo representa una “intolerable intromisión” sobre un recurso estratégico, y lo más grave no sería la decisión judicial, sino que Milei “elige ponerse del lado de los poderes extranjeros” en vez de proteger los intereses del país. Kicillof también ironizó sobre el look del presidente en un streaming reciente.

En ese contexto, alertó que el candidato oficialista en la provincia “confesó sin disimulo” la intención de privatizar YPF. Ante este escenario, anunció una conferencia de prensa para este martes a las 18, con el objetivo de advertir sobre el impacto de estas políticas en la economía y la soberanía nacional.

Peligra la soberanía energética

Kicillof recordó que la recuperación de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue respaldada por amplias mayorías legislativas y permitió que la empresa volviera a invertir, crecer y crear empleo. Además, destacó que YPF fue clave en el desarrollo de Vaca Muerta y en fortalecer la producción energética local.

LA ENTREGA AVANZA

Una jueza de los Estados Unidos, sucesora del inolvidable Juez Griesa, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitre, exigiendo que el Estado argentino —¡soberano!— entregue el 51% de las acciones y el control de YPF. Se…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 30, 2025

“YPF no se vende”, enfatizó Kicillof al rechazar la posibilidad de privatización y denunció que el Gobierno nacional defiende los intereses de Estados Unidos y de compañías extranjeras. Para el exministro de Economía, el país enfrenta una nueva ofensiva de los fondos buitre, esta vez con la complicidad del Poder Ejecutivo.

Desde la provincia de Buenos Aires, el Gobernador se posicionó como una de las principales voces de rechazo frente al avance judicial y político contra la petrolera estatal, en un nuevo capítulo de disputa por el control de los recursos estratégicos del país.

El gobernador encabezó este lunes en Berazategui la apertura de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses y aprovechó el acto para cuestionar al gobierno nacional por los recortes en deporte, cultura y educación.

Durante el lanzamiento oficial de los Juegos Bonaerenses 2025, el gobernador Axel Kicillof encabezó un acto cargado de contenido político, donde arremetió con fuerza contra los recortes impulsados por la administración de Javier Milei. Ante un auditorio colmado en el Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo”, el mandatario bonaerense denunció el desfinanciamiento en áreas clave como el deporte, la cultura y la educación.

“Estamos en una época donde gobierna Javier Milei. Desfinanció a las universidades, al INCAA, al Instituto del Teatro. La motosierra se la están poniendo a la cultura argentina”, disparó Kicillof, elevando el tono frente a intendentes, funcionarios, deportistas y docentes presentes en el evento.

Sin escatimar en críticas, el gobernador también apuntó contra la lógica de gobierno del presidente: “El otro día lo escuché decir que el Estado no está para cumplirle los sueños a nadie. Eso se lo puede decir a un millonario, pero no a los millones de pibes y pibas de esta provincia que esperan estos Juegos para competir, disfrutar y tener más oportunidades”.

Una de sus frases más contundentes resonó con fuerza en la jornada:
“Plata hay, de a montones. Nada más que se la están dando a los que más tienen, a los que viven afuera, a los grandes empresarios. Yo tengo una regla: los recursos bonaerenses son para el pueblo de la Provincia”.

Kicillof también criticó el desmantelamiento de programas nacionales, como los Juegos Evita, y reivindicó la continuidad de los Juegos Bonaerenses como una política activa de inclusión y acceso. En sintonía, el ministro Andrés “Cuervo” Larroque denunció que “de 25 mil finalistas de la provincia, solo llevaron 8 mil. Gobernar para un tercio de la población es lo que tienen en la cabeza”.

El evento también tuvo espacio para reconocimientos: Tornquist recibió la Copa Comunidad, Lomas de Zamora la Copa Desafío Bonaerense, y se homenajeó a trabajadores históricos de la competencia. Kicillof celebró en sus redes sociales: “¡Felicitaciones por llevar en alto #LaPasiónDeLaProvincia!”.

Para cerrar, Kicillof recordó que esta competencia nació en 1992 y que, pese a los vaivenes políticos, la Provincia sigue apostando a la cultura y el deporte como políticas de Estado. “Que no les digan que no hay plata. El problema es que no quieren invertir en el pueblo”, remató.