La diputada de La Libertad Avanza cargó contra su compañera Marcela Pagano por participar de una sesión impulsada por la oposición. La acusó de responder a “intereses extranjeros” y de operar contra Javier Milei.

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados para debatir el financiamiento universitario y la emergencia en hospitales no solo fue significativa por el temario, sino porque volvió a exponer las tensiones internas dentro del oficialismo libertario. La diputada Marcela Pagano, perteneciente a La Libertad Avanza, fue la única del bloque que bajó al recinto para habilitar el quórum junto a la oposición. Su presencia desató la furia de Lilia Lemoine, quien la acusó públicamente de estar conspirando contra el Gobierno.

“¿Qué carajos hacés dando quórum con los kirchneristas y los opositores al gobierno?”, cuestionó un usuario en X. Lemoine no tardó en sumarse al reproche y redobló la apuesta: “¿Vos me decís que los diputados que responden a Frigerio y la diputada Pagano acaban de dar quórum en una sesión para voltear al Presidente? ¿Por qué no se arman un bloque con los K que se llame ‘Unión Pro Los Chorros’?”, disparó.

Pagano llegó al recinto con termo y mate minutos antes de las 12:20, cuando aún faltaban varias bancas para alcanzar el quórum. Su ingreso fue clave para que la sesión comenzara, y fue leído por el resto del oficialismo como un gesto de deslealtad.

La rivalidad entre ambas diputadas no es nueva, pero esta vez escaló a niveles de acusación grave. Lemoine incluso deslizó vínculos de Pagano con servicios de inteligencia extranjeros, entre ellos el venezolano SEBIN, y la acusó de tener una agenda ajena a los intereses del país. “No se trata de una pelea de minitas”, aclaró, “ella está trabajando con organismos contrarios al rumbo de nuestra política exterior”.

También criticó el supuesto interés de Pagano por integrar la Comisión de Juicio Político. “Ella no puede decir la verdad, pero en parte salió a la luz”, sostuvo Lemoine, sugiriendo que su colega busca socavar la figura presidencial desde adentro.

La interna libertaria suma así un nuevo capítulo que evidencia el creciente desgaste dentro de La Libertad Avanza, cada vez más fragmentado entre los leales a Javier Milei y quienes reclaman mayor autonomía parlamentaria.

Mientras el presidente de Brasil llega a Buenos Aires y visita a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria, el gobierno de Milei evita el diálogo y redobla la persecución judicial contra la expresidenta.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, fue autorizado por la Justicia a visitar a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio del barrio Constitución, donde cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 accedió al pedido presentado por su abogado, Alberto Beraldi, para habilitar la visita, en el marco de las normas restrictivas impuestas por los jueces.

Lula participará de la cumbre del Mercosur, donde asumirá la presidencia pro témpore del bloque, pero no se reunirá con Javier Milei. El libertario, fiel a su estrategia de destruir puentes con los principales socios comerciales del país, optó por evitar cualquier contacto con el mandatario brasileño, con quien mantiene una tensión pública desde la campaña presidencial.

La visita de Lula se da en medio de una ofensiva judicial sostenida contra Cristina Kirchner. Mientras la expresidenta reclama que se le permita recibir visitas sin el corset procesal que impuso el TOF 2, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola insisten en enviarla a una cárcel común. Argumentan que no existen razones para su morigeración, ignorando su edad, su rol institucional y el contexto político que rodea su condena.

La causa Vialidad, cuya sentencia aún no está firme, fue utilizada desde sus inicios como herramienta de disciplinamiento político. El intento de impedir incluso que reciba a un presidente extranjero en su domicilio exhibe el absurdo al que ha llegado la judicialización de la política en Argentina. Y la decisión del gobierno de no recibir a Lula confirma que no hay voluntad de recomponer la diplomacia regional: se gobierna con resentimiento y se desprecia la soberanía.

La Cámara Federal de Casación Penal tratará el próximo 7 de julio el nuevo recurso de los fiscales. Para entonces, Lula ya estará de regreso en Brasil. Y la Argentina, cada vez más sola.

La reunión de los ministros de Economía de 17 provincias con el enviado de Luis “Toto” Caputo terminó mal y ahora los gobernadores decidieron acelerar el paquete de leyes para cobrar los fondos que les retiene la Nación. Desde que llegó Javier Milei a Casa Rosada, el gobierno ajusta sobre las provincias para lograr un superávit “trucho”, como señalan desde las provincias.

“Los ATN son recursos que vienen de la masa coparticipable y tienen como destino a las provincias,, cuando un estado nacional recauda ATN y no distribuye, lo que está contabilizando es un superávit por el retraso del envío a las provincias, por lo tanto está generando un superávit con plata de las provincias”, dijo Olivares, funcionario de la provincia de Santa Fe.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que la Coparticipación Federal cayó un de 3,9% interanual el último mes, pese a que la recaudación por IVA se incrementó 8,3% interanualmente en términos reales. El dato más fuerte es que el impuesto a las Ganancias se desplomó 18,7%, lo que según el informe constituye una pésima noticia para las arcas provinciales.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, cruzó fuertemente a Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperín, a la que acusó de favorecer el narcotráfico en su provincia. Bomba.

Antes, la empresa había informado que iba a “diferenciar sus cargos según los impuestos locales de cada provincia”, siendo el distrito conducido por Maximiliano Pullaro uno de los lugares donde aumentarán los costos.

Tras darse a conocer la noticia, Olivares desmintió a la compañía líder en venta online y la acusó de “facilitar indirectamente las transacciones de los narcos“. No es la primera vez que se señala a Mercado Pago como una plataforma que permite transacciones irregulares sin mayores controles públicos.

La jueza Loretta Preska ordenó transferir papeles al fondo Bainbridge como pago parcial de una sentencia separada a la de la expropiación de la petrolera. El Gobierno responsabilizó al entonces ministro de Economía.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó este martes al presidente Javier Milei “por darle la razón a los demandantes” beneficiados por el fallo en Nueva York que trata la expropiación de YPF. “Pone en riesgo YPF”, sostuvo porque la jueza estadounidense exige que el Estado argentino entregue sus acciones en la petrolera.

Durante una conferencia de prensa, Kicillof explica las razones de la expropiación de la compañía de petróleo impulsada en 2012 por la segunda presidencia de Cristina Kirchner. En ese entonces, el actual mandatario bonaerense era entonces ministro de Economía. Además criticó el fallo y sostuvo que no puede estar por arriba de las leyes y la constitución argentinas.

“Lo grave es que hoy quien gobierna es Milei, que está de acuerdo con privatizar todo”, señaló Kicillof. “Con sus modos, con los insultos, lo que dice al conocer esta decisión de la jueza es que se va a apelar, pero al mismo tiempo que la culpa es nuestra”.

Esta postura “contradictoria” sería un riesgo para el país. “Es peligroso que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional“, señaló.

“Lo que dice al conocer esta decisión de la jueza, es que se va a apelar. Mientras el Estado argentino va a decir que esto no corresponde, él sostiene que la culpa la tengo yo o los que participamos de la decisión. Es contradictorio y peligroso. Que el presidente de la Nación (Javier Milei) le dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional”, advirtió Kicillof.

La postura de Milei es delicada, según Kicillof, “porque empieza a poner en riesgo YPF y el superávit comercial energético, que puso en marcha Vaca Muerta”.

Además, adelantó que van a investigar los posibles vínculos entre el Presidente y los fondos buitre que litigan contra Argentina por la expropiación de YPF. “Se sabe que Milei, su gobierno, tiene vínculos con representantes con ese fondo. No lo puedo afirmar, pero lo vamos a investigar”.

Las razones de la expropiación de YPF

“Por culpa de Repsol falta combustible y divisas. La privatización de YPF terminó en un descalabro“, afirmó Kicillof para explicar la decisión de recuperar la empresa petrolera en 2012, cuando se decidió la expropiación a través de una ley aprobada por amplia mayoría.

Kicillof repasó los resultados de la gestión privada de YPF en manos de Repsol (1999-2012). A través de unos gráficos que mostró a los periodistas, dio cuenta de la caída al 50% en la producción de gas y petrolero durante esos años. Lo mismo se redujo la cantidad de reservas de la compañía, provocando una crisis energética en el país, obligando a importar, con su consecuente déficit en dólares.

La critica al fallo de Nueva York: “no tiene validez legal”

Kicillof afirmó que el “fallo que obtuvo un fondo buitre en Nueva York está por fuera de sus competencias“. Por lo tanto, no tendría validez legal. Por el contrario, por arriba de estas decisiones extranjeras están las leyes y constitución nacionales.

En un repaso de la situación legal luego de la expropiación, Kicillof recordó que ningún accionista afectado inició ningún juicio contra el país. Sólo sucedió cuando uno de ellos vendió los derechos para litigar a un “fondo buitre”.

“Las acciones de YPF sólo se pueden entregar por una ley votada por dos tercios del Congreso” como lo establece la ley que se aprobó en 2012 por amplia mayoría, dijo Kicillof.

Es “escandaloso” que esta cuestión se litigue en Nueva York y que una jueza estadounidense pase por arriba de la constitución argentina, aseguró Kicillof, quien estableció en un fallo que los accionistas deben ser resarcidos con acciones de YPF.

Se prevén desembolsos iniciales por algo más de 380 millones de dólares para la compra de vehículos blindados y otros equipamientos.

En medio de un contexto nacional marcado por recortes presupuestarios en áreas sensibles como la salud, la educación y la ciencia, el gobierno de Javier Milei avanza sin reparos en importantes desembolsos de fondos y endeudamiento para la compra de armas. Esta semana, el ministro de Defensa, Luis Petri, viajará a Washington para mantener una reunión de alto nivel con el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, donde se discutirán nuevas compras de armamento que comprometerán cientos de millones de dólares.

El encuentro forma parte de la actualización del llamado “diálogo estratégico” entre Argentina y Estados Unidos, en el que se profundizará la cooperación en materia de defensa, ciberseguridad y ejercicios militares conjuntos. Sin embargo, uno de los ejes centrales de la visita será la negociación para la adquisición de vehículos blindados a rueda Stryker 8×8, fabricados por la empresa General Dynamics. La operación, según lo planteado por el propio gobierno en el presupuesto 2025, implicaría un desembolso inicial de más de 380 millones de dólares.

Esta compra se suma a la reciente incorporación de 24 cazas supersónicos F-16 adquiridos de segunda mano a Dinamarca, pero de origen estadounidense, en una operación que Petri calificó como “la más importante en décadas”. Ahora, Defensa planea adquirir 209 vehículos blindados en distintas versiones, incluyendo caza tanques, transportes de tropas y otras versiones especializadas, a través del programa estadounidense FMS (Foreign Military Sales), reservado para países aliados.

Mientras se afianzan los vínculos militares con Estados Unidos, el gobierno de La Libertad Avanza justifica internamente la necesidad de estas adquisiciones en nombre de la modernización del Ejército. Sin embargo, el contraste es evidente: mientras se ajustan partidas esenciales y se promueven discursos de “austeridad” y “sacrificio” hacia la ciudadanía, se destinan recursos públicos millonarios a la compra de armamento en el exterior y en desconexión con la propia industria de defensa.

El viaje de Petri al Pentágono, acompañado por el secretario de Asuntos Internacionales Juan Battaleme, se da además en un momento propicio para fortalecer los lazos geopolíticos con Washington. Allí también se avanzará en acuerdos sobre ciberdefensa, en base a un memorándum firmado en marzo, y en la participación de Argentina en ejercicios combinados como UNITAS, maniobras con fuerzas especiales estadounidenses en regiones extremas del país y la posible instalación de una base militar estadounidense en la Isla de Tierra del Fuego.

El plan de “rearme nacional”, diseñado y defendido por el gobierno de Milei, se presenta como un avance estratégico. Pero para vastos sectores de la sociedad, golpeados por el ajuste, representa una clara señal de prioridades invertidas: se congelan fondos para la salud pública, se desfinancia la investigación científica y se limita el acceso a la educación superior verdaderos multiplicadores de la soberanía nacional, mientras se destinan cientos de millones de dólares a equipamientos de dudosa utilidad ya que responden mas a los alineamientos geopolíticos de turno que a las reales necesidades del instrumento militar del país.

La empresa Molinos Río de la Plata no acató la conciliación obligatoria, y procederá a nuevos despidos, además presiona para aplicar una rebaja salarial.

El conflicto laboral en la planta de Molinos Río de la Plata, ubicada en Esteban Echeverría, atraviesa su momento más crítico. La empresa no solo continúa con el despido de trabajadores, sino que también desconoce abiertamente la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, mientras presiona para imponer una rebaja salarial bajo amenaza de cierre.

Según denunció el delegado sindical Luciano Greco, la empresa impide el reingreso del personal cesanteado y avanza en una ofensiva que combina ajuste de plantilla, deterioro de condiciones laborales y un intento de disciplinamiento gremial. “Desde el 18 de junio, Molinos no acata la conciliación obligatoria y continúa con los despidos. Ahora, además, buscan aplicar una baja salarial extorsiva: nos dicen que si no aceptamos, pueden cerrar la planta”, advirtió.

El conflicto comenzó el 9 de mayo con un primer recorte de personal. Sin embargo, la situación se agravó con seis nuevos despidos el pasado 17 de junio, lo que desencadenó un paro por tiempo indeterminado impulsado por la filial Buenos Aires del Sindicato de la Alimentación (STIA).

A la pérdida de puestos de trabajo se suma la intensificación de ritmos de producción con menos personal, lo que, según Greco, compromete la seguridad e higiene en la planta y pone en riesgo la salud de los trabajadores, al violar normativas vigentes.

Desde la Comisión Interna denuncian además que la empresa está llevando adelante una “segunda etapa de reforma laboral y sindical de hecho”, en sintonía con el clima político nacional. Entre sus objetivos estarían el desmantelamiento de la negociación colectiva, la eliminación de derechos adquiridos y el reemplazo de personal sindicalizado por mano de obra precarizada.

El conflicto sigue sin solución a la vista. Con trabajadores en estado de alerta y movilización permanente, el reclamo central sigue siendo claro: cumplimiento inmediato de la conciliación obligatoria y reincorporación de los despedidos.