Las declaraciones juradas de los integrantes del gabinete libertario revelan que varios ministros mantienen una gran parte de su fortuna en países como Suiza, Estados Unidos y Uruguay.

Según los datos oficiales de la Oficina Anticorrupción (OA), cuatro de los ocho ministros del gabinete nacional reportaron tener más bienes en el exterior que dentro del país. Se trata de Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). Todos ellos informaron tener más del 50% de su patrimonio en el extranjero.

Las declaraciones incluyen cuentas bancarias en Puerto Rico, Suiza, Estados Unidos y Uruguay, además de inmuebles, vehículos y depósitos en el exterior. En el caso de Guillermo Francos (Interior), si bien también posee fondos fuera del país, la mayor parte de su patrimonio está declarado en Argentina.

Gerardo Werthein encabeza la lista como el funcionario con más bienes declarados: al cierre de 2024, su patrimonio ascendía a $92.056 millones, de los cuales el 65% está en el exterior. A comienzos del mismo año, esa proporción era del 52%, lo que refleja un aumento significativo de su capital externo. Gran parte de este incremento se explica por la suba en el valor de títulos y acciones en el fondo “Portfolio Pictet y Cie – Valores Extranjeros”, que pasó de $2.532 millones a $12.607 millones en el transcurso del año.

Por volumen total de patrimonio, Werthein, Cúneo Libarona y Caputo son los tres ministros más acaudalados del gabinete.

Mientras tanto, la OA continúa procesando las declaraciones juradas del resto de los funcionarios, aunque aún no ha recibido la del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (ex-SIDE), Sergio Neiffert.

El gobierno de Chile confirmó este jueves la suspensión de la importación desde la Argentina de “todos los animales y productos de origen animal, que deben cumplir en su certificación veterinaria internacional”.

Las consecuencias de la política de desregulación sanitaria impulsada por el gobierno de Javier Milei comienzan a hacerse sentir con fuerza en uno de los sectores más estratégicos para la economía argentina: la exportación de carne. Chile, uno de los principales mercados de la región, suspendió las importaciones de carne argentina como respuesta directa a la decisión del Gobierno nacional de flexibilizar normas sanitarias que regían desde hace más de dos décadas.

La medida chilena se conoció tras la publicación de la Resolución Exenta N.º 5952/2025, con la que el gobierno de Gabriel Boric dejó sin efecto el reconocimiento sanitario a zonas argentinas previamente catalogadas como “libres de fiebre aftosa sin vacunación”. Esta revocación tiene un impacto inmediato: se prohíbe el ingreso de todos los animales y productos de origen animal que no cumplan con los requisitos de sanidad internacionales exigidos por Chile.

¿Qué provocó esta reacción?

El detonante fue la Resolución 460/2025, firmada en junio pasado por el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger. Esta medida habilitó, tras 22 años de restricción, el ingreso de material reproductivo, carne con hueso y productos cárnicos desde zonas argentinas donde la fiebre aftosa aún no ha sido erradicada, sino que está controlada mediante vacunación.

Aunque el gobierno sostiene que esta apertura representa una modernización de la normativa, el riesgo sanitario percibido por países importadores ha generado reacciones inmediatas, como la de Chile. Pero no se trata de una excepción: otras naciones podrían seguir el mismo camino si consideran que Argentina ha debilitado sus estándares de control epidemiológico.

Una amenaza para todo el mercado exportador

La Patagonia argentina, zona que ostenta el estatus de “libre de fiebre aftosa sin vacunación” reconocido por la OMSA, corre también peligro de perder esa certificación si se profundiza esta flexibilización. Este cambio encendió alarmas entre gobernadores y productores patagónicos, quienes denuncian que las nuevas resoluciones del Senasa —avaladas por Sturzenegger— ponen en riesgo el posicionamiento internacional de los productos cárnicos argentinos más valorados.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, fue contundente: calificó la medida como “arbitraria y unitaria”, y advirtió que el sur del país podría perder su condición sanitaria de excelencia, lo que traería consecuencias económicas devastadoras. Desde Santa Cruz, el Consejo Agrario Provincial también rechazó las modificaciones por no ofrecer garantías suficientes.

Una decisión que puede costarle caro al país

Lejos de tratarse de una medida técnica aislada, la desregulación sanitaria promovida por Sturzenegger ya tiene consecuencias concretas: un mercado cerrado y un escenario de desconfianza que puede escalar. Si países como la Unión Europea o Estados Unidos consideran que Argentina ha debilitado su estatus sanitario, el país podría perder no solo a Chile, sino también a los mercados más exigentes y rentables del mundo.

En su afán por desregular, el gobierno parece haber subestimado el valor estratégico de la trazabilidad y la confianza internacional. Las exportaciones argentinas de carne, uno de los principales motores de ingreso de divisas, hoy están en riesgo por decisiones apresuradas que priorizan ideología sobre evidencia sanitaria.

El Gobierno de Javier Milei no ocultó su malestar tras una nueva jornada adversa en el Congreso. El miércoles por la noche, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la Ley de Financiamiento Universitario y declaró la emergencia en salud pediátrica, con eje en la crítica situación del Hospital Garrahan. Ambos proyectos fueron girados al Senado, y representaron un duro traspié para el oficialismo.

El encargado de expresar el fastidio fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien sintetizó el mal resultado legislativo sin eufemismos: “Perdimos todas”. La frase, pronunciada este jueves en Radio Mitre, reflejó la magnitud de la derrota parlamentaria que sufrió La Libertad Avanza, aislada y sin capacidad de bloquear iniciativas impulsadas por la oposición.

Como siempre, Francos acusó al kirchnerismo de capitalizar el descontento social y forzar las votaciones con respaldo de otros bloques: “Estamos en una etapa preelectoral donde creo que el kirchnerismo se aprovechó de la situación para obtener el apoyo de otros legisladores del radicalismo, la Coalición Cívica, etcétera, y hacer un poco de demagogia”, lanzó. Un día, el gobierno asegura que el kirchnerismo no existe más, otro día, que logra triunfos políticos clave.

Las declaraciones del funcionario exponen el escenario complejo que enfrenta el Gobierno en el Congreso, donde incluso proyectos sensibles en términos sociales logran avanzar sin el respaldo libertario. La reacción oficial confirma, además, que el Ejecutivo empieza a leer la dinámica legislativa como parte del clima electoral que se empieza a configurar de cara a 2025.

En una maratónica sesión de casi 12 horas, la Cámara de Diputados le propinó esta madrugada un fuerte golpe al presidente Javier Milei: rechazó seis decretos delegados firmados por el Ejecutivo y avanzó con proyectos que el oficialismo había intentado frenar sin éxito.

La Cámara Baja votó en contra de decretos que apuntaban a la disolución de Vialidad Nacional, la reestructuración del INTA y el INTI, la fusión de organismos culturales como el Instituto Nacional del Teatro, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos y el régimen de excepción para la Marina Mercante. Para que el rechazo quede firme, aún falta que el Senado los rechace.

Horas antes, el oficialismo también había quedado en minoría frente a la avanzada de la oposición, que logró aprobar por amplia mayoría la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición del salario docente, con 158 votos afirmativos, 75 en contra y 5 abstenciones.

Además, se le dio media sanción —con 159 votos a favor— a la emergencia sanitaria pediátrica y de las residencias médicas nacionales, que se extendería por un año.

En otro frente, se aprobó la moción para que el próximo martes se reúna la Comisión de Asuntos Constitucionales junto a la de Peticiones, Poderes y Reglamento, con el fin de constituir una Comisión Investigadora sobre la criptomoneda estatal $Libra, un proyecto lanzado durante la gestión de Cambiemos y relanzado por la administración Milei sin controles claros.

Mientras tanto, en las calles, distintas organizaciones expresaron su descontento. Los jubilados autoconvocados se movilizaron frente al Congreso —como cada miércoles—, esta vez también para rechazar el veto presidencial a leyes clave. Los trabajadores del Hospital Garrahan denunciaron el vaciamiento del sistema de salud pública, y las Abuelas de Plaza de Mayo exigieron la preservación del Banco Nacional de Datos Genéticos, así como la sanción de leyes de emergencia “para todos los sectores vulnerados”, según señalaron en un comunicado.

Bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, miles de personas se movilizan desde el santuario de Liniers hasta Plaza de Mayo. Denuncian despidos, pobreza y destrucción del empleo.

El Día de San Cayetano volvió a ser el escenario de una protesta nacional contra el ajuste económico del gobierno. Desde temprano, columnas de la CGT, las CTA y la UTEP marcharon desde Liniers hacia el centro porteño, combinando la tradicional devoción religiosa con un reclamo político y social que se amplía.

La consigna que unifica la jornada es “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, y refleja el descontento de sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles, jubilados y organismos de derechos humanos. A lo largo del recorrido y en la Plaza de Mayo, se oyeron críticas al modelo económico libertario por el aumento de la pobreza, los despidos y la desindustrialización.

“Esta movilización tiene que ser la antesala de un nuevo paro general”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en medio de un clima de creciente presión sindical.

Desde la CGT también participaron gremios que, hasta ahora, se habían mostrado más moderados. Entre ellos, la UATRE, que afirmó acompañar “en unidad con los movimientos sociales y en apoyo a los reclamos legítimos del movimiento obrero”.

Por su parte, la UTEP —liderada por Alejandro Gramajo— denunció la “destrucción sistemática de la economía popular” y la “ola de despidos en el sector público y privado”.

Mientras tanto, miles de fieles llegaron al santuario de San Cayetano en Liniers para agradecer y pedir trabajo. La misa central fue encabezada por el arzobispo Jorge García Cuerva, quien pidió “esperanza y compromiso” ante la crisis.

Las expresiones religiosas y sociales se entrelazaron una vez más en una jornada que, lejos de ser solo conmemorativa, volvió a mostrar el pulso de la protesta callejera.

La mayor planta industrial de la ciudad bonaerense anunció un parate total de actividades por tiempo indefinido, producto de la caída sostenida en las ventas. Es la segunda vez en el año que la firma frena operaciones.

La siderúrgica Acerbrag suspendió toda su actividad industrial por tiempo indefinido, en medio de una fuerte retracción de la demanda. La decisión deja en vilo a más de 600 trabajadores y genera alarma en Bragado, una ciudad cuya economía depende en gran parte de la planta.

La firma, propiedad de un grupo brasileño y emplazada en el Parque Industrial local, ya había interrumpido parte de sus operaciones a comienzos de año. Esta vez, la paralización es total y sin horizonte claro de reactivación.

“Frente a la falta de expectativas de mejoras en la demanda y ante la sostenida crisis industrial que sigue golpeando al sector siderúrgico y particularmente a Acerbrag, la empresa deberá parar nuevamente sus operaciones”, señalaron voceros de la compañía al canal Bragado TV.

Con una población de 46.000 habitantes, la ciudad sufre el impacto económico y social de la medida, que afecta no solo a los trabajadores directos, sino también a proveedores y comercios vinculados a la actividad siderúrgica.

Según notificó Interpol a la Justicia argentina, no existen registros oficiales sobre la identidad de Julián Peh, quien se presentó como CEO de la firma Kip Protocol y fue recibido por Milei en octubre de 2024. Tampoco esta registrado su ingreso al país. ¿Quien es y por dónde entró?

El gobierno de Javier Milei quedó nuevamente en el centro de un escándalo político de alto voltaje, tras confirmarse que el Presidente recibió en la Casa Rosada a un supuesto empresario asiático cuya identidad es, al menos, dudosa. La información fue revelada por la periodista Vanesa Petrillo y confirmada por la agencia Noticias Argentinas, y forma parte de la investigación penal por la presunta estafa internacional vinculada a la criptomoneda $LIBRA.

Según notificó Interpol Singapur a la Justicia argentina, no existen registros oficiales sobre la identidad de Julián Peh, quien se presentó como CEO de la firma Kip Protocol y fue recibido por Milei en octubre de 2024. Lo más alarmante: no hay constancia de que Peh haya ingresado al país ni de que haya transitado por ningún otro territorio antes de pisar suelo argentino. Sin embargo, fotos y videos oficiales documentan su encuentro con el Presidente.

El dato fue elevado al fiscal federal Eduardo Taiano, que lidera la causa. La hipótesis que toma fuerza es tan insólita como preocupante: Milei podría haberse reunido con una persona que operaba con una identidad completamente falsa, lo que no solo revela una falla grave en los protocolos de seguridad de la Presidencia, sino que abre la puerta a una posible infiltración internacional, delitos financieros y lavado de dinero a través de las más altas esferas del poder.

Investigación internacional y silencios incómodos

Frente al vacío de información, Taiano envió un pedido de cooperación diplomática a la embajada de Singapur en Buenos Aires, solicitando datos sobre la existencia jurídica y comercial de Peh en ese país. Hasta el momento, no hubo respuesta.

La investigación penal se originó por múltiples denuncias de estafa y fraude financiero vinculadas al token $LIBRA, un supuesto proyecto de criptomoneda que ofrecía retornos millonarios y que fue públicamente respaldado por figuras cercanas al gobierno. Incluso el propio Milei elogió a sus impulsores en redes sociales.

Reveses judiciales en EE.UU. y el rol de Karina Milei

Mientras el paradero de Julián Peh sigue siendo un misterio, su socio y cofundador de $LIBRA, el empresario estadounidense socio de Javier Milei, Hayden Davis, enfrenta graves cargos en Estados Unidos. Una jueza federal de Nueva York rechazó el pedido para descongelar más de 100 millones de dólares, retenidos en cuentas a su nombre, en el marco de una demanda colectiva por estafa piramidal.

En esa causa, Davis es acusado de usar figuras públicas —entre ellas el presidente Milei— para legitimar su emprendimiento cripto. Documentos judiciales incluso mencionan a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, como presunto nexo directo entre Davis y funcionarios del Ejecutivo, lo que la coloca en una posición cada vez más comprometida.

Una reunión fantasma y una pregunta sin respuesta

En medio del creciente malestar social y las dificultades económicas, este escándalo representa un nuevo golpe a la debilitada credibilidad institucional del Gobierno. Que un personaje cuya identidad nadie puede verificar haya tenido acceso directo al Presidente de la Nación plantea un interrogante de máxima gravedad: ¿Cómo llegó un fantasma a la Casa Rosada?

Por ahora, el Ejecutivo guarda silencio. Pero la causa avanza, y con cada nuevo dato, la línea entre ingenuidad política y complicidad activa se vuelve más delgada.

El oficialismo perdió todas las votaciones en la Cámara de Diputados. Se aprobó el financiamiento para Universidades y el Garrahan, también se rechazaron 5 DNU.

En una de las sesiones más duras desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la oposición en la Cámara de Diputados logró una victoria contundente al imponerse en las 12 votaciones clave que se llevaron a cabo durante una jornada maratónica que se extendió hasta la madrugada del jueves.

El bloque oficialista sufrió un duro revés político, sin lograr frenar la aprobación de dos leyes de alto impacto social, el rechazo de cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el Presidente y el emplazamiento a comisiones para tratar otros cinco temas sensibles para la agenda opositora.

Dos proyectos con media sanción

Financiamiento Universitario: Con 158 votos a favor, se aprobó una iniciativa que garantiza fondos adecuados para las universidades nacionales y contempla la recomposición salarial del sector docente.

Emergencia Pediátrica – Ley Garrahan: Con 159 votos afirmativos, se dio media sanción a la ley que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en el sistema de residencias médicas.

Cinco DNU rechazados

En una clara señal de rechazo a la política de desregulación del Estado impulsada por el Ejecutivo, la Cámara Baja votó en contra de cinco decretos:

• Disolución de organismos dependientes del Ministerio de Economía.
• Reorganización de la Secretaría de Transporte.
• Reforma de organismos culturales.
• Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.
• Régimen de excepción para la Marina Mercante.

Cinco temas forzados a comisión

Además, se votó el emplazamiento de comisiones, una herramienta legislativa que obliga al tratamiento de proyectos que el oficialismo venía postergando:

• Proyectos de gobernadores sobre coparticipación de ATN y el Impuesto a los Combustibles.
• Declaración de la emergencia en Ciencia y Tecnología.
• Proyecto de ley sobre la enfermedad de Alzheimer.
• Funcionamiento de la comisión investigadora del caso $LIBRA.

La jornada, signada por momentos de fuerte tensión y cruces entre legisladores, deja en evidencia el aislamiento del oficialismo y refuerza el rol articulado de la oposición, que logró consolidarse como un bloque con capacidad de imponer agenda y frenar iniciativas del Ejecutivo.