En las últimas horas trascendieron audios comprometedores de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y abogado personal de Javier Milei, en los que detalla un sistema de coimas en la compra de medicamentos que involucra directamente a Karina Milei y a los hermanos Menem.

La crisis política dentro del oficialismo sumó un capítulo explosivo. En las últimas horas trascendieron audios comprometedores de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y abogado personal de Javier Milei, en los que detalla un sistema de coimas en la compra de medicamentos que involucra directamente a Karina Milei y a los hermanos Menem.

En esas grabaciones, difundidas por el canal de streaming Carnaval, Spagnuolo asegura que existe un mecanismo de recaudación ilegal a través de la droguería Suizo Argentina, vinculada a la familia Kovalivker y con lazos estrechos con Martín y Eduardo “Lule” Menem. Según el funcionario, la empresa exige a los proveedores un retorno del 8%, del cual el 3% va a parar a Karina Milei, la todopoderosa secretaria general de la Presidencia.

“Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3%”, se lo escucha decir al funcionario en un encuentro informal. Spagnuolo insiste en que el Presidente no participa del negocio, pero reconoce que se trata de “toda la gente de él” la que recauda a través de estos contratos.

El caso estalla en un momento especialmente delicado: Karina Milei ya se encuentra golpeada por el escándalo Libra, y ahora vuelve a quedar en el ojo de la tormenta por una trama de corrupción que la conecta con un negocio multimillonario de medicamentos.

La filtración, que habría contado con la intervención de Santiago Caputo, sacude el tablero político. Caputo y su socio Rodrigo Lugones ya enfrentan cuestionamientos por la crisis sanitaria del fentanilo adulterado, y las tensiones internas en el gobierno se multiplican. En este contexto, las acusaciones contra los Menem y la hermana del Presidente potencian la disputa entre las distintas facciones del oficialismo.

Los audios son contundentes: Spagnuolo describe cómo la droguería vinculada a los Menem centraliza la recaudación ilegal y presiona a los proveedores. También relata cómo Lule Menem intentó colocar funcionarios en la Andis con el aval de Karina, a quienes señala como parte de un esquema organizado de corrupción.

La denuncia contra la Suizo Argentina ya había surgido en 2023, impulsada por la ministra Sandra Pettovello, y señalaba contratos por más de 27 mil millones de pesos. Ahora, con la voz del propio Spagnuolo detallando la operatoria, la causa adquiere una nueva dimensión y compromete directamente a la hermana del Presidente.

Este nuevo escándalo deja a Karina Milei en una posición política frágil. Si el “caso Libra” había erosionado su poder, las revelaciones sobre las coimas en medicamentos podrían marcar un punto de no retorno para la figura central del armado presidencial.

Tras el rechazo al veto de Milei a la Ley de Discapacidad, cuatro diputados abandonaron la bancada oficialista y acusaron al Gobierno de “robar en nombre del Presidente”.

La interna libertaria explotó en el Congreso. Mientras Javier Milei procesaba en la Casa Rosada el rechazo de la Cámara de Diputados a su veto a la ley de emergencia en discapacidad, el bloque de La Libertad Avanza sufrió una fractura: Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, Carlos D’alessandro y Gerardo González anunciaron que abandonan la bancada para conformar un nuevo espacio bajo el nombre de “Coherencia”.

Las tensiones venían de larga data. Los legisladores que rompieron filas apuntaron directamente contra la conducción de Martín Menem, presidente de la Cámara baja. En el pasado ya se habían dado episodios al límite, como cuando en marzo, en medio de un debate, un legislador le arrojó agua a Lilia Lemoine, referente cercana al Presidente. Ella fue la primera en tildar a los disidentes como “traidores”, acusando especialmente a Pagano de trabajar “desde el primer día” para destruir el bloque.

La réplica desde “Coherencia” no tardó en llegar: “Los traidores son los que roban en nombre del Presidente, ninguno de nosotros lo hizo y no vamos a avalar eso”, respondieron con dureza los nuevos disidentes. La decisión se da en paralelo a un creciente malestar con el armado nacional de La Libertad Avanza y a la intervención de Karina Milei, a través de su operador Eduardo “Lule” Menem.

Uno de los más críticos, Carlos D’alessandro, sostuvo que el Gobierno lo “defraudó” y que la conducción actual está perdiendo los principios con los que nació La Libertad Avanza. “No hay democracia, estamos perdiendo lo que el Presidente nos enseñó. No aceptamos tutelajes ni negociados, no vinimos para ser casta”, lanzó en declaraciones radiales.

La ruptura también ocurre en medio del escándalo por supuestos audios del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que habría reconocido pedidos de coimas. El funcionario quedó en la mira de la Casa Rosada y su futuro se definirá en las próximas horas, mientras el oficialismo enfrenta una crisis política que golpea de lleno en plena campaña electoral.

Federico Bojanovich, referente libertario en la Tercera Sección electoral, está acusado de golpear, insultar y hostigar a su expareja en un violento episodio ocurrido en La Plata. A pesar de enfrentar un juicio oral, el Gobierno lo designó como funcionario en el Ministerio de Capital Humano.

El candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza en la Tercera Sección electoral, Federico Bojanovich, será sometido a juicio oral acusado de violencia de género y daños materiales. Según la denuncia, el abogado oriundo de Ensenada atacó brutalmente a su expareja a la salida de un boliche en La Plata, en un episodio que incluyó golpes, insultos, amenazas y la rotura de su teléfono celular.

El hecho ocurrió en junio de 2022, cuando la pareja discutió a la salida de un bar ubicado en 44 entre 10 y 11. De acuerdo con la denuncia, Bojanovich empujó y golpeó a la mujer, le arrebató el celular y lo destrozó contra el suelo. Pero la agresión no terminó allí: en el trayecto hacia la casa de la víctima, dentro de un Volkswagen UP, el referente libertario la insultó y le pegó en la cabeza y el rostro contra la puerta del vehículo.

La mujer, que estuvo en pareja con Bojanovich durante tres años, fue asistida en el Hospital San Roque de Gonnet y presentó constancia médica, fotos de las lesiones y mensajes de WhatsApp como pruebas de los ataques. Además, solicitó medidas de restricción perimetral y el cese del hostigamiento.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía N° 13 de La Plata, especializada en violencia de género, bajo la dirección de la fiscal Mariana Ruffino. En agosto de 2024, el juez de Garantías Martín Miguel Rizzo, del Juzgado N° 8, aceptó la elevación a juicio y confirmó que Bojanovich será juzgado por los delitos de lesiones en contexto de violencia de género y daño.

Pese a la gravedad de las acusaciones, el dirigente libertario fue designado la semana pasada como “Asesor principal, responsable de la Agencia Territorial Lomas de Zamora” dentro de la Dirección Regional AMBA, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

Bojanovich ya había sido demorado por Prefectura Naval Argentina durante las elecciones generales de 2023, cuando se presentó como candidato a intendente en Ensenada, lo que permitió a la Justicia notificarlo formalmente sobre la causa. Hoy, a pesar de enfrentar un juicio oral por violencia de género, sigue ocupando un rol clave en la estructura política y laboral del gobierno de Javier Milei.

Almirante Alvin Holsey encabezó en Buenos Aires la cumbre Southdec, reeditando su visita tras el despliegue de marines en la región y alertando sobre la influencia autoritaria de China en América Latina.

El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, regresó a la Argentina para participar de la cumbre regional de seguridad Southdec, que se desarrolló en Puerto Madero. Esta es su segunda visita del año, luego de anunciar el despliegue de 4.000 infantes de Marina en los mares latinoamericanos. Allí mantuvo reuniones con autoridades del Ministerio de Defensa argentino y las Fuerzas Armadas en un marco de intensa cooperación militar regional.

Durante su intervención, Holsey lanzó una advertencia contundente: China representa una amenaza para los pueblos de la región, pues busca exportar su modelo autoritario, extraer recursos y establecer infraestructuras con posible uso dual —incluidos puertos y plataformas espaciales—. Estas declaraciones se enmarcan en una escalada geopolítica en la que EE.UU. busca endurecer su presencia estratégica en América Latina.

El militar estadounidense detalló que la influencia china tiene consecuencias graves en el Cono Sur, y apuntó a puntos clave como el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake, que podrían utilizarse para interrumpir el comercio, proyectar poder o desafiar la soberanía regional, incluida la neutralidad de la Antártida. Además, mencionó la acción conjunta con Argentina frente al narcotráfico, que genera unos 358.000 millones de dólares al año en ingresos ilegales, como parte del entramado de amenazas simultáneas.

Según informó Página/12, esta segunda visita del almirante se produce en un contexto de fortalecimiento del vínculo militar con la Casa Blanca. El evento regional es una oportunidad para que la Argentina muestre su alineamiento estratégico con EE.UU., en el marco del rol presidencial de Javier Milei y el nuevo rearmado de las Fuerzas Armadas.

La repetida presencia de Holsey en Buenos Aires —y su rol como anfitrión del foro de seguridad— confirma el interés de EE.UU. en consolidar su influencia militar en la región y contrarrestar el avance chino. La cumbre SOUTHDEC expone cómo la política de defensa se convierte en eje en una Argentina inserta en el tablero geopolítico global.

El gobierno de Javier Milei sigue pasando la gorra en el exterior. Tras recurrir a diferentes mecanismos financieros internacionales y desembolsos del FMI, ahora negocia apoyo directo del Tesoro de Estados Unidos, buscando un nuevo salvavidas para sostener la frágil situación cambiaria y fiscal de la Argentina.

Fuentes cercanas a las tratativas confirmaron que las conversaciones en Washington están “avanzadas” y, aunque aún no se definió el monto, la asistencia de la primera potencia mundial representaría un espaldarazo clave en un momento de fuerte inestabilidad en los mercados locales.

La iniciativa habría surgido del propio secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien en abril visitó Buenos Aires y planteó la posibilidad de activar un crédito a través del Fondo de Estabilización Cambiaria de Estados Unidos. En aquel momento, Bessent había condicionado el eventual apoyo a que el gobierno argentino “mantenga el rumbo” de sus reformas y la subordinación política a Washington.

Mientras tanto, el Banco Central sigue mostrando una débil acumulación de reservas y el dólar atraviesa semanas de fuertes fluctuaciones, contenidas solo a costa de tasas de interés que duplican o triplican la inflación esperada. Analistas privados alertan que esta fragilidad aumenta la dependencia del financiamiento externo en plena antesala electoral.

El pedido de respaldo estadounidense también se lee como parte del alineamiento político e ideológico entre Javier Milei y Donald Trump, quien ve en el presidente argentino a su principal aliado en Latinoamérica, en contraste con su relación distante con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil quien persigue un proyecto de país con mayor margen de autonomía y soberanía.

Un aspecto no menor es que el Tesoro norteamericano busca desplazar la influencia de China en la región. Durante su visita, Bessent instó a que la Argentina cancele el swap vigente con el Banco Popular de China, por un total de 18.000 millones de dólares en yuanes, de los cuales 5.000 millones fueron utilizados por el gobierno anterior y aún permanecen pendientes.

Lejos de reducir la dependencia financiera, la estrategia del oficialismo se concentra en seguir abriendo nuevas líneas de endeudamiento externo. Ahora, la expectativa está puesta en si la administración de Milei logrará cerrar un acuerdo directo con el Tesoro de Estados Unidos para intentar estabilizar una economía en permanente tensión.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta a fines de agosto vencimientos de deuda en pesos que lo colocan ante uno de los mayores desafíos financieros de su gestión y que ponen en tensión al mercado cambiario. Se estima que solo en este mes los compromisos superan los 30 billones de pesos, convirtiéndose en el calendario más cargado de toda la administración actual. En algunos días puntuales, la concentración es tan alta que llega a superar los 20 billones de pesos en una sola jornada, lo que incrementa la presión sobre el Tesoro para lograr la renovación de los títulos.

La estrategia oficial ha sido mantener un torniquete monetario con tasas de interés muy elevadas, encajes bancarios reforzados y licitaciones segmentadas, buscando absorber la mayor cantidad de pesos posible y evitar que esos fondos liberados se vuelquen de manera directa al dólar. El resultado inmediato: la economía real está paralizada mientras el sector financiero disfruta de la bicicleta financiera. Prioridades…

Sin embargo, las últimas operaciones no lograron resultados plenos: en una licitación se renovó poco más del 60 por ciento de los vencimientos, lo que dejó en circulación varios billones de pesos que representan una amenaza latente para la estabilidad cambiaria.

Frente a ese riesgo, el Gobierno recurrió también a canjes con el Banco Central para diferir pagos, pero aún resta afrontar un volumen muy significativo que difícilmente pueda renovarse en su totalidad. En este contexto, los analistas advierten que si no se logra contener los pesos que quedan en la plaza, la presión sobre el dólar podría intensificarse, acelerando la depreciación del peso y poniendo en jaque la política cambiaria.

Agosto, de este modo, se convierte en un mes clave: con vencimientos récord y un mercado atento a cada movimiento del Tesoro, la capacidad del Gobierno para administrar la deuda en pesos será determinante no solo para su programa económico inmediato, sino también para la estabilidad del dólar en los próximos meses.

La candidatura de José Luis Espert aparece rodeada de interrogantes por sus vínculos con Fred Machado, un abogado detenido desde 2020 y con pedido de extradición a Estados Unidos, acusado de participar en un millonario contrabando de cocaína junto al Cartel de Sinaloa.

La relación entre ambos quedó expuesta en 2019, cuando Espert era candidato presidencial y agradeció públicamente a Machado por facilitarle un vuelo a Neuquén. Según trascendió, el empresario habría financiado parte de aquella campaña electoral.

Las conexiones no terminaron allí. El vehículo en el que se trasladaba Espert y que fue atacado a piedrazos el pasado 6 de agosto estaba registrado a nombre de Claudio Zicarelli, primo hermano de Machado. Ese detalle reavivó las sospechas en torno al entramado que une al dirigente liberal con el detenido.

Lo que aún no está claro es qué buscaba obtener Machado al sostener la campaña de Espert, ni tampoco qué tipo de contraprestación pudo haber mediado en esa relación. El economista, por su parte, no se pronunció sobre los hechos ni sobre los antecedentes de su antiguo benefactor.

El caso se inscribe en un clima político en el que los vínculos oscuros y las operaciones cruzadas entre sectores parecen ser la regla. Muchas de estas conexiones no surgen de investigaciones judiciales o periodísticas, sino de las delaciones propias de una interna feroz que enfrenta a diferentes espacios de poder.

En ese contexto, el proceso electoral adquiere un matiz particular, marcado por la presencia de figuras excéntricas y listas cargadas de personajes que bordean lo circense, un escenario que deja en evidencia la fragilidad del sistema político actual.

Las renuncias del director de Estadísticas de Condiciones de Vida del Indec, y de la directora del Índice de Precios al Consumidor, despertaron las sospechas sobre la manipulación de las estadísticas oficiales por parte del organismo que dirige Marco Lavagna.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) atraviesa una seria crisis de credibilidad tras las renuncias de dos de sus principales especialistas en áreas sensibles: Guillermo Manzano, director de Estadísticas de Condiciones de Vida, y Georgina Giglio, directora del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ambos tenían bajo su responsabilidad los indicadores más críticos para evaluar la situación social y económica: la medición de la pobreza y la inflación.

Las dimisiones, sin explicaciones claras por parte de la conducción del organismo, intensifican las sospechas de interferencia política en la elaboración de las estadísticas y disciplinamiento de sus cuadros técnicos. Manzano, considerado uno de los técnicos más respetados del Indec y artífice de la nueva metodología para medir pobreza, dejó su cargo en medio de la parálisis de ese sistema, que por alguna razón nunca llegó a implementarse. La actualización del IPC, a su vez, también permanece congelada, en un contexto en que se teme que los números reales choquen con el discurso oficial.

La salida de Giglio, comunicada como un “regreso por razones personales” a la Dirección Provincial de Estadística bonaerense, tampoco disipó las dudas. Su reemplazo por Josefina Rim se dio en paralelo a las denuncias de sectores sindicales y opositores que advierten sobre un posible subregistro deliberado de la inflación.

Las renuncias golpean el corazón del Indec y reavivan el recuerdo de los años en los que el organismo perdió legitimidad por manipulación de datos. Hoy, encuestas reflejan que gran parte de la población desconfía de las cifras oficiales, especialmente de las que informan sobre la inflación y los niveles de pobreza.

Con estas salidas, la gestión de Marco Lavagna enfrenta un desgaste interno y externo: dentro del Indec, por la pérdida de técnicos de peso sin reemplazos a la altura; y hacia afuera, por la percepción de que el organismo se aparta de su misión de garantizar información confiable y transparente. En definitiva, el Indec se encuentra en el centro de un escenario de desconfianza que amenaza con minar la credibilidad de sus estadísticas en el momento en que resultan más necesarias.

La Cámara baja discute una agenda cargada de proyectos que van desde la reforma jubilatoria hasta la emergencia en discapacidad, con el trasfondo de fuertes movilizaciones en las calles y tensiones con el Poder Ejecutivo.

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles en una jornada que se anticipa extensa y de alto voltaje político, al poner en consideración los vetos presidenciales a dos iniciativas que habían reunido amplio consenso opositor: la reforma previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

La convocatoria, impulsada por un bloque de legisladores opositores con respaldo transversal, también incluye la discusión de proyectos vinculados a los recursos provinciales, como el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos (ICL), además de la emergencia en Bahía Blanca y la modificación del Régimen Penal Tributario.

En paralelo, se definirá la integración de la comisión investigadora del caso conocido como “$LIBRA”, con el objetivo de establecer un nuevo esquema de funcionamiento para evitar parálisis en el tratamiento de la causa.

Desde el oficialismo, los diputados libertarios se preparan para sostener la validez de los vetos dictados por Javier Milei, bajo el argumento de que resultan necesarios para mantener la disciplina fiscal. En la vereda opositora, en cambio, aseguran que buscarán “poner un límite” a lo que describen como un “ajuste sobre los sectores más vulnerables”.

La sesión se desarrolla en medio de una protesta “multisectorial” en los alrededores del Congreso. Jubilados, gremios estatales y organizaciones de la CTA confluyeron con familiares y personas con discapacidad, que reclaman la anulación de los vetos y la aplicación efectiva de las leyes sancionadas por el Parlamento.

Con un temario amplio y votaciones que pueden modificar el clima político de las próximas semanas, la jornada se perfila como una de las más decisivas del año legislativo.

En los primeros 18 meses del gobierno libertario, se perdieron más de 220 mil puestos de trabajo en blanco y el 3% de las firmas empleadoras bajaron sus persianas. El retroceso golpea especialmente a las pymes y a sectores como transporte, construcción e industria.

La política de estabilización económica aplicada por el presidente Javier Milei derivó en un fuerte retroceso del aparato productivo: en un año y medio cerraron 15.564 empresas y se destruyeron 223.537 empleos registrados, según cifras oficiales.

El ajuste sobre la economía real muestra que el 99,7% de las firmas que dejaron de operar eran pymes, lo que evidencia la vulnerabilidad del entramado productivo. La contracción alcanzó al 3% de los empleadores, con pérdidas concentradas en transporte y almacenamiento (-10,3% del empleo), servicios inmobiliarios (-8,8%) y construcción (-8%).

En términos absolutos, los sectores más golpeados fueron la administración pública (-98.653 puestos), la construcción (-80.873), el transporte y almacenamiento (-54.935) y la industria manufacturera (-39.016).

Dirigentes empresarios advierten que el programa económico “achica” el potencial de crecimiento de las pequeñas y medianas compañías. “Las pymes son empresas que tienden a expandirse, no a retraerse, y hoy están sin margen para sobrevivir”, planteó un representante sectorial.

La recesión responde, entre otros factores, a la apertura importadora, la reducción del consumo interno, el encarecimiento de costos y el desarme de organismos de apoyo como el INTA y el INTI.

Mientras el Ejecutivo celebra la desaceleración inflacionaria y el superávit fiscal, el impacto social se traduce en menos empresas, menos empleo y un horizonte de mayor precariedad laboral.