Mientras el gobierno de Javier Milei predica aplica un ajuste feroz que recorta fondos a la educación, la ciencia y la defensa nacional, destinará más de 60 millones de pesos para cubrir los gastos de las fuerzas militares de Estados Unidos durante su polémico despliegue en territorio argentino.
El dato, revelado en un documento oficial al que accedió el portal En Orsai, encendió la indignación: el Estado argentino pagará por la presencia de tropas extranjeras en tres enclaves estratégicos —Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia—, puntos clave para el control marítimo y antártico.
El colmo del cipayismo: Argentina financia su propia ocupación.
Un desembolso que hiere la soberanía
Según el documento, el operativo asciende a $60.211.157, cubiertos con fondos del presupuesto de la Armada. El objetivo declarado del ejercicio conjunto sería “intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre fuerzas especiales para operar en escenarios complejos”.
En la práctica, esto significa que el Estado argentino financiará la estadía, la logística y las operaciones de las tropas estadounidenses que desembarcarán en bases nacionales para “entrenar” a nuestras fuerzas.
Tres puntos neurálgicos —Mar del Plata, la base naval de Puerto Belgrano y Ushuaia, en el extremo sur ,serán escenario de esta “cooperación” que deja más dudas que beneficios.
Cooperación o subordinación
El texto oficial habla de “potenciar las capacidades nacionales” mediante el “aporte doctrinario y técnico novedoso” de la Armada estadounidense. Sin embargo, más que una instancia de intercambio, el planteo suena a subordinación: las fuerzas argentinas asumen el rol de aprendices frente a una potencia que ha intervenido una y otra vez en América Latina bajo el pretexto de la “asistencia técnica”, “seguridad hemisférica” y la “coordinación multinacional”.
Paradójicamente, el documento destaca como “recurso invaluable” la experiencia militar de Estados Unidos, sin mencionar que buena parte de esa experiencia proviene de invasiones, golpes de Estado y operaciones encubiertas en países del continente y la comisión de delitos de lesa humanidad en distintas partes del mundo.
La retórica de la “asistencia humanitaria” junto con la de la “lucha contra el terrorismo” vuelven a funcionar como pantalla para justificar la presencia de tropas extranjeras, mientras el gobierno argentino no solo la legitima, sino que además la financia con dinero público.
Subordinación absoluta con Washington
Lejos de ser un hecho aislado, esta decisión se inscribe en la línea de alineamiento absoluto del gobierno de Milei con los Estados Unidos.
Desde el respaldo a la OTAN y a Israel hasta el abandono de los vínculos con el BRICS y el relajamiento del reclamo por Malvinas, la política exterior argentina muestra un giro drástico hacia la dependencia.
Mientras se paralizan proyectos estratégicos de INVAP y Fabricaciones Militares, y se desmantelan programas de defensa nacional, el Ministerio de Defensa —a través de la Armada— destina recursos públicos a sostener la presencia militar extranjera en nuestras bases.
Ejercicios combinados o ensayo de control regional
Estos llamados “ejercicios combinados” no son nuevos, pero en el contexto actual adquieren otra lectura: son mecanismos de inserción operativa de fuerzas extranjeras, con acceso a información sensible y control sobre zonas estratégicas.
La inclusión de Ushuaia en el operativo es especialmente significativa.
Posicionada como puerta de ingreso privilegiada a la Antártida, la base naval del extremo sur argentino es una puerta de acceso a recursos naturales y rutas marítimas de enorme valor geopolítico.
El desembarco de tropas estadounidenses allí no puede entenderse como un simple entrenamiento, sino como un gesto de control y monitoreo del Atlántico Sur.
Un país convertido en protectorado militar extranjero
Que el propio Estado argentino pague la estadía de las fuerzas estadounidenses es más que un gesto diplomático: es una decisión política que expone un modelo de país subordinado y semicolonial.
Un país donde la soberanía se terceriza, los recursos se entregan y la defensa nacional se convierte en un apéndice del Pentágono con un disfraz discursivo de engañosa defensa de la soberanía.
Mientras los salarios de las Fuerzas Armadas locales permanecen congelados y los institutos de formación padecen recortes, la cúpula militar destina más de 60 millones de pesos para hospedar y entrenar a soldados extranjeros de una potencia militar que gasta miles de millones de dólares todos los días en mantener su brutal maquinaria militar a la largo y ancho del mundo.
La “libertad” que pregona el gobierno se traduce, en los hechos, en la entrega de los resortes estratégicos del Estado. En el mientras tanto Argentina paga su propia ocupación.
Y lo hace en medio de un ajuste brutal, con fondos públicos, y a costa de su propia soberanía.
