El ajuste económico del Gobierno impactó de lleno en el consumo de fin de año: la canasta festiva volvió a encarecerse muy por encima de los ingresos y los comercios enfrentan diciembre con ventas débiles y márgenes al límite.

La política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei dejó su marca en la previa de las fiestas. A días de la Navidad, el consumo permanece retraído, la oferta de productos estacionales se achicó y el aguinaldo perdió capacidad para sostener compras que hasta hace poco eran habituales en los hogares argentinos.

En los comercios barriales, tradicional termómetro del consumo popular, el panorama es elocuente. La mercadería navideña llegó más tarde, en menor cantidad y con rotación lenta. Pan dulces, budines y frutos secos ya no ocupan el centro de las góndolas, desplazados por una demanda cautelosa y bolsillos exhaustos.

El deterioro responde a una combinación conocida: salarios y jubilaciones que corren detrás de los precios, subas constantes en alimentos y un fuerte incremento en tarifas de servicios que drenó ingresos durante todo el año. En ese contexto, diciembre dejó de ser el mes de recuperación para convertirse en otro capítulo de supervivencia comercial.

Los datos acompañan la percepción del sector. Un relevamiento de la asociación Consumidores Libres indicó que la canasta navideña registró un aumento interanual del 35,9% respecto de diciembre pasado, sobre una base de 24 productos representativos. El salto contrasta con un salario mínimo que no alcanza los 335 mil pesos, consolidando el desfasaje entre precios e ingresos.

En grandes superficies, las subas fueron incluso más desparejas: oscilaron entre el 20% y el 45%, con picos muy superiores en artículos puntuales. Frutos secos como las avellanas casi duplicaron su valor, mientras que cortes tradicionales como el asado se encarecieron más de un 80% en un año. Productos emblemáticos de las fiestas, como pan dulces de primera marca o almendras, exhiben incrementos cercanos o superiores al 40%.

Con ese escenario, una canasta que a fines de 2024 rondaba los 133 mil pesos hoy se ubica cerca de los 181 mil. La cifra explica la prudencia de consumidores y comerciantes, que ajustaron expectativas ante un cierre de año sin repunte.

La respuesta del sector fue defensiva. Muchos negocios redujeron pedidos y ajustaron stocks para evitar sobrecostos financieros. Incluso los almacenes de barrio, que lograron captar parte de la clientela que dejó las grandes cadenas, eligieron operar con cautela y minimizar riesgos.

Desde el sector comercial señalaron que proliferaron las llamadas “canastas de emergencia”, versiones recortadas de la mesa navideña tradicional. Combos básicos con cinco productos se ofrecieron entre 6.000 y 9.000 pesos y concentraron la mayor parte de la demanda, en una señal clara del cambio de hábitos de consumo.

Las expectativas ahora se concentran en los últimos días de diciembre, aunque el optimismo es limitado. Estudios privados advierten que cerca de un tercio de los trabajadores registrados destinará el aguinaldo al pago de deudas. Con ingresos que no alcanzan a cubrir todo el mes, la Navidad llega atravesada por un ajuste que se siente en las góndolas, en las cajas y, sobre todo, en las mesas familiares.

El Gobierno avanzó con nuevos nombramientos en la principal entidad financiera pública del país, profundizando la colonización política del Banco Nación en plena ofensiva oficial contra el rol del Estado en el sistema bancario.

El presidente Javier Milei oficializó este martes la incorporación de la exdiputada nacional Carolina Píparo al directorio del Banco de la Nación Argentina, en una decisión que refuerza el sesgo ideológico del Gobierno sobre una institución clave para el crédito productivo y el desarrollo federal.

La designación fue formalizada mediante el decreto 907/2025, firmado junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado en el Boletín Oficial. Píparo asumió el cargo el 11 de diciembre tras la aceptación de la renuncia de Rodolfo Carvajal, y su mandato se extenderá hasta el 1 de enero de 2028, completando el período previsto por la Carta Orgánica del banco.

El movimiento se inscribe en una reconfiguración más amplia de la cúpula del Banco Nación. A través del decreto 903/2025, el Ejecutivo también formalizó las renuncias de Daniel Tillard a la presidencia y de Darío Wasserman a la vicepresidencia. En un giro interno, Wasserman fue promovido como nuevo presidente de la entidad, mientras que Tillard recibió un protocolar agradecimiento por los servicios prestados.

Más allá de la formalidad administrativa, las decisiones vuelven a poner en el centro del debate el rumbo que el Gobierno pretende imprimirle al Banco Nación. Mientras el discurso oficial insiste en achicar el Estado y desmantelar herramientas públicas de financiamiento, el Ejecutivo avanza en la ocupación política del directorio de la principal banca estatal, clave para el crédito a pymes, economías regionales y sectores estratégicos.

La llegada de Píparo —una dirigente identificada con el núcleo duro del oficialismo— no pasa desapercibida en un contexto de ajuste, recorte del crédito y señales persistentes de privatización encubierta. Traducido: menos banco público, más obediencia política. Vieja historia, con nuevo elenco.

El nuevo sistema divide a la población únicamente en “hogares con subsidio” y “hogares sin subsidio”, lo que impactará fuertemente en la clase media y en regiones de alto consumo como la Patagonia.

El Gobierno nacional confirmó el fin del esquema de segmentación en las tarifas de luz y gas y avanzó hacia un nuevo sistema que reducirá drásticamente el alcance de los subsidios energéticos a partir de 2026. Con la eliminación de los niveles N1, N2 y N3, la asistencia estatal quedará limitada a una clasificación binaria: “hogares con subsidio” y “hogares sin subsidio”, una modificación que tendrá un fuerte impacto en la clase media y en regiones de alto consumo, como la Patagonia.

La decisión quedó formalizada tras el cierre de la consulta pública dispuesto por la Resolución 592/2025, que habilita la implementación del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La Secretaría de Energía confirmó que el proceso de participación ciudadana concluyó el 20 de diciembre y que el nuevo esquema comenzará a regir el 1 de enero de 2026.

A diferencia del sistema vigente, que contemplaba una categoría intermedia para ingresos medios, el nuevo modelo elimina cualquier gradación. De este modo, miles de usuarios que actualmente reciben subsidios parciales pasarán a pagar la tarifa plena. El cambio afectará especialmente a hogares de clase media y a zonas con mayor demanda energética, donde los incrementos en las facturas serán más pronunciados.

El rediseño responde según el gobierno a un objetivo fiscal: reducir el gasto público y trasladar progresivamente el costo real de la energía a los usuarios. Para ello, el Gobierno estableció criterios de elegibilidad más estrictos que los actuales, lo que dejará fuera del beneficio a una parte significativa de quienes hoy integran el Nivel 3.

El principal requisito para conservar el subsidio será el ingreso total del grupo familiar, que no podrá superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT). A valores estimados de diciembre de 2025, ese límite ronda los $3.640.000 mensuales. Hasta ahora, el tope permitido era de 3,5 canastas, por lo que la reducción del umbral implicará la exclusión automática de numerosos hogares del sistema de asistencia estatal.

La exintendenta de Quilmes le contestó al diputado tras la tensión por la regulación de la actividad de los “trapitos” que trabajan en el municipio.

En Quilmes hubo disturbios durante una protesta contra la ordenanza de regular la actividad de los “trapitos” que trabajan en el municipio. Tras enfrentamientos entre la policía local y militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización liderada por Juan Grabois, la exintendenta de Quilmes Mayra Mendoza le respondió al diputado con un audio donde lo acusó de “fomentar la violencia cuando se ofrece orden y poder tener un trabajo formal”.

Los manifestantes del MTE se enfrentaron con la policía a pocos metros del Concejo Deliberante, donde se aprobó una medida para organizar el estacionamiento medido. Tras lo ocurrido, el diputado nacional Grabois publicó en redes sociales un mensaje contra la intendencia de Quilmes. “Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre”, declaró.

La ex intendenta le respondió: “Yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer”. “Tus formas, tu modo, tu estrategia para querer volver locos al resto y hacer sentir mal a la gente, conmigo no va”, declaró Mendoza, y explicó que a ella los vecinos la eligieron para que pusiera orden en el municipio.

En su descargo, Mendoza le dijo a Grabois que ella no busca “romper nada”. “El que quiere romper todo y lo hicieron, sos vos; realmente me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción. A veces dudo de cuál es tu conducción, Juan Grabois, y qué es lo que verdaderamente representás”, dijo la actual diputada, cargo por el que pidió licencia como intendenta.

En su descargo en redes, el dirigente del MTE dijo que: “La interna entre La Cámpora y el MDF me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja”, en referencia a la pertenencia de Mendoza en La Cámpora, y su oposición al Movimiento Derecho al Futuro, liderado por Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

“Yo no sé, Juan, desde qué lugar y en qué posición te crees que estás vos sobre el resto para tratarnos así”, le respondió Mendoza en el audio difundido. Y también le recriminó a Grabois que durante los enfrentamientos entre la policía y los “trapitos” salió herida una vecina que, ajena a la manifestación, se acercó al lugar para realizar un trámite. “No lo voy a permitir, no lo voy a permitir”, repitió.

Desde el Municipio describieron a la ordenanza aprobada como “un Plan Integral de Ordenamiento Urbano y Vial, orientado a mejorar la circulación, la seguridad vial y el uso del espacio público en todo el distrito”. También informaron que la medida contempla a quienes ya cumplían en la informalidad las tareas de tránsito, para contratarlos y otorgarles derechos laborales como son aportes jubilatorios y obra social.

La Justicia federal ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que informe el destino de los lingotes de oro enviados al exterior durante la gestión de Luis Caputo, luego de que el organismo se negara de manera reiterada a brindar esa información y alegara una “reserva total” sin fundamentos suficientes.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó este lunes un fallo de primera instancia y dio lugar al amparo presentado por la Asociación Bancaria en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. El tribunal consideró que el BCRA vulneró los principios de transparencia y máxima divulgación al negar sistemáticamente los datos requeridos.

En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V sostuvo que la autoridad monetaria no logró justificar de manera concreta por qué ocultó información clave sobre el envío de lingotes de oro fuera del país. Según el fallo, la negativa oficial se apoyó en “meras afirmaciones genéricas” que impidieron verificar si la reserva invocada era legítima.

“La forma en que la demandada respondió a los requerimientos resulta incompatible con los principios de publicidad, máxima divulgación y transparencia”, afirmaron los magistrados. La Cámara recordó además que el Banco Central también se había negado a informar a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el destino del oro.

El reclamo judicial se originó a partir de varios pedidos de acceso a la información presentados en julio y agosto de 2024, en los que se solicitaban precisiones sobre los envíos de lingotes al exterior, las decisiones administrativas que los autorizaron, los funcionarios intervinientes, los expedientes correspondientes, la contratación de seguros y la eventual intervención de la sindicatura del BCRA.

En primera instancia, el amparo había sido rechazado bajo el argumento de que la difusión de esa información podía afectar la seguridad de las reservas y el funcionamiento del sistema financiero. Sin embargo, la Cámara rechazó ese razonamiento y advirtió que “la configuración de alguna de las excepciones legales no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado”.

El tribunal remarcó que es el Estado quien debe demostrar de forma concreta que la divulgación de los datos solicitados podría causar un daño real a un interés protegido, algo que el Banco Central no hizo. También subrayó que la información reclamada está vinculada a “un asunto de indudable interés público”, como es la administración de las reservas internacionales.

En línea con el dictamen del fiscal general, la Cámara ordenó al BCRA que entregue la información solicitada o que, en su defecto, explique “circunstanciadamente y punto por punto” qué datos no pueden divulgarse, dónde se encuentra actualmente el oro y de qué manera su difusión podría afectar al sistema financiero. Las costas del proceso fueron impuestas al Banco Central.

¿Se terminaron los dibujos de Marco Lavagna en el INDEC? Con esa ironía, muchos consultores miraron los datos del estimador mensual de actividad económica (EMAE) que finalmente mostró una disminución del 0,4% respecto de septiembre en la medición desestacionalizada. Todas las consultoras estaban marcando la caída brutal de la economía real (no financiera), solo le faltaba reconocerlo al INDEC…

Sin embargo, el indicador mantuvo una variación positiva en la comparación interanual. En el decimo mes del año, el EMAE creció 3,2% frente al mismo mes del año anterior, impulsado por el desempeño de la mayoría de los sectores que integran el indicador. Ahora, los rubros que más crecen son intermediación financiera, impuestos y pesca. Todo el resto, en caída libre.

Del 3,2% que “creció la economía” según el INDEC, el 1,32 puntos porcentuales lo explica intermediación financiera que se da por los intereses altísimos actuales, que solo benefician a los banqueros y perjudican a la economía real. Eso explica por ejemplo, que la industria cayera casi 3% interanual. Los bancos ganan plata y los que producen, pierden. Esa película ya se dio en Argentina.

El gobierno de Javier Milei y otro papelón en el Congreso. A pesar de tener muchos más diputados y senadores ya sabe qu no podrá evitar la aprobación del Capítulo XI del Presupuesto que incluye el financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. El ministro de interior, Diego Santilli, había prometido que estarían los números pero fracasó en su debut como “negociador con los gobernadores”.

Ahora, Milei está analizando sacar un decreto para anular las dos leyes. Esto sucedería una vez que el Congreso apruebe el Presupuesto y comience el receso legislativo.

Milei declaró el domingo que no va a vetar el Presupuesto y que reasignará partidas para cumplir con la meta del déficit cero. Pero en ningún momento dijo -ni le preguntaron- si aplicará las leyes que intentó derogar.